Según las autoridades, este nuevo dato se debería a la omisión de personal al momento de realizar el censo. Es decir, personas que no fueron tomadas en cuenta. Recalcó que la omisión representa tan solo el 4 % de la población.

En septiembre de 2023, el subdirector de la entidad, Jorge García, aludió que «confiaba en las cifras que entregaba el INEC» por el bienestar del país. En aquel momento, tenía la certeza que entre 2010 y 2020, el país creció en 2.5 millones de personas. No obstante, el censo 2010 proyectó el aumento de 18.1 millones de ecuatorianos para el 2023.

El exdirector del INEC, Byron Villacís ya advirtió que no se puede confiar en los datos de este censo. Añadió que las consecuencias políticas serían nefastas y sin estadísticas certeras las acciones y medidas de políticas públicas del Estado serían erróneas.

Un censo lleno de problemas

En una rueda de prensa, la institución anunció que los resultados del censo 2022 se presentarán a partir de septiembre y noviembre de 2023. El calendario para la entrega de estos datos se cambió por más de tres ocasiones.

La entidad aseguró que – para ese entonces – ya estaba completo el proceso. No obstante, las cifras sobre LGBTIQ+ y otros sectores estarían listos para el 2024. La excusa que presentaron para esta demora fue que no pueden exponer a los censistas a la ola de violencia e inseguridad en el país.

A fiscalizar todo…

El INEC anunció la creación de un comité que revisará todo ese proceso, luego de que varios ciudadanos y autoridades cuestionaran su ejecución. La mesa estaría conformada por 13 expertos en temas estadísticos y con personal de ONU, Unfpa, Celade-Cepal.

Allí no quedaría el asunto, la asambleísta Paola Cabezas mencionó que fiscalizará el proceso del censo. Además, alegó que el mayor riesgo del proceso era la invisibilización social. Comentó que en su despacho recibió la denuncia de al menos 30 asociaciones afrodescendientes ante la falta de difusión del censo.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, el 20 de febrero de 2024, la fiscalización de este proceso con 123 votos afirmativos y 3 abstenciones. La moción fue presentada por Cabezas.

Cosillas chuecas

El censo arrancó el 7 de noviembre de 2022 y tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo -en primera estancia- se extendió hasta el 31 de diciembre. Después se aplazó a enero de 2023, luego a marzo de 2023. Finalmente, la espera terminó en febrero de 2024.

En diciembre del 2022, excensistas y exsupervisores comentaron a La Calle una serie de irregularidades que estaría cometiendo el INEC en la fase presencial del Censo. Las fuentes manifestaron que ocurrió de todo.

Unos explicaron que la institución vulneró sus derechos laborales, otros detallaron que sus superiores los obligaron a registrar datos erróneos de las personas censadas. Se reportaron robos y hubo censistas mujeres que sufrieron acoso sexual.

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García justificó, en entrevista con Radio La Calle, que la diferencia que se presentó en la estimación poblacional de los 18.2 millones de ecuatorianos se debe a una «omisión censal», es decir, a una parte de la población que no pudo ser censada.

Repitió que si esa omisión representa el 5 % o 10 % los «resultados son fiables». No obstante, señaló que todo eso se verificará cuando se ajusten los valores. Según los cálculos de García, si esa omisión podría representar el 4 % o 5 % de la población, o sea, entre 170 mil o 680 mil personas. Sin embargo, cientos de ciudadanos denunciaron que nunca fueron censados.

Datos no oficiales y presupuestos

Los resultados del censo 2022 deberían detallar la cantidad de habitantes por sector, condiciones de vida, carencias, otros, y dependiendo de esos factores, el Estado ecuatoriano destinaba un presupuesto.

Aunque el subdirector mencionó esa repartición no proviene de los datos, sino de la estimación que realizan, si no existe un dato real, el dinero para los GAD’s se reducirá.

«Cuando los datos sean corregidos a través de otros estudios y análisis se entregará el presupuesto a los municipios. El censo solo dice qué parte del pastel le corresponde», apuntó.

Un censo fallido

El subdirector afirmó que el censo enfrentó varios problemas por el despliegue territorial en las zonas peligro, la masiva renuncia de censistas y los obstáculos de la pandemia. Según él, el mayor problema fue la deserción de los empleados, pues hizo proceso se alargue hasta los primeros meses de 2023.

De la misma manera, debido a la serie de fallas que presentó, el proceso se realizó de manera virtual, lo que generó más trabas. García mencionó que cerca de 2.3 millones de personas se censaron en esa modalidad.

Sobre la denuncia de que preguntaban a los vecinos, enfatizó que el censo contaba personas y viviendas, por lo que «si no le abrían una puerta interrogaban a los vecinos».

«Los que dicen que no fueron censados pueden estar dentro de la omisión que existe. Ya sea porque no estaban o porque los guardias y los presidentes de los condominios no aceptaron que pasemos. Solo se preguntaban ciertos datos», dijo.

«No les crean hasta que diga la veeduría»

En junio del 2023, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) abrió la convocatoria para que se lleve a cabo la veeduría al Censo de Población y Vivienda 2022. Los observadores que forman parte de este proceso sugirieron que se realice una auditoría a los resultados del Censo.

Además, los actores sociales resaltaron que esta evaluación debe realizarse por universidades internacionales y no por los mismos funcionarios del INEC porque serían juez y parte.

García comentó que no le ha llegado ninguna solicitud sobre el proceso de veeduría que solicitaron los exdirectores del INEC. Detalló que este recurso lo solicitaron hace unos meses, pero solo han mantenido una reunión.

«No me han enviado o preguntado algo. Esto es algo que vienen repitiendo dos meses o tres antes de que arranque el censo de población», señaló.

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»Nos faltan semanas para terminar con el procesamiento y arrancar con el análisis de aproximadamente cuatro semanas», dijo en entrevista para Radio Sonorama.

El censo, que arrancó el 7 de noviembre de 2022, tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre, después a enero de 2023 y finalmente a marzo. El fin es “asegurar la cobertura de todas las viviendas del país”.

El 5 de abril el INEC concluyó la fase de verificación y control de calidad para empezar con el procesamiento de información. Este proceso lo harían con el acompañamiento de organismos internacionales para garantizar su transparencia.

Desajustes en los tiempos

Dentro de la primera planificación del INEC se tenía previsto que la entrega de resultados sea en mayo del 2023. Según la entidad, los eventos de inseguridad suscitados en el último trimestre de 2022 generó una significativa deserción de censistas en varias provincias del país, lo cual limitó el cumplimiento de los plazos previstos.

Ante la justificación expuesta en su página web la institución anunció la reestructuración de nuevas fechas. En agosto del 2023 se tiene previsto la entrega de resultados con información básica »sobre cuántos somos, donde estamos y cómo vivimos».

Para noviembre del 2023 se tiene planificada la segunda entrega de resultados, que contempla la liberación de la base de datos y análisis especializados sobre temáticas de interés nacional. En conclusión, el proceso general del censo poblacional tardó un año en dar resultados al país.

La deserción de censistas

En diciembre del 2022, excensistas y exsupervisores comentaron a Radio La Calle toda la serie de irregularidades que estaría cometiendo el INEC en la fase presencial del Censo.

Las fuentes manifestaron que ocurrió de todo. Unos explicaron que el INEC vulneró sus derechos laborales, otros expresaron que sus superiores los obligaron a registrar datos erróneos de las personas censadas. Se reportaron robos y hubo censistas mujeres que sufrieron acoso sexual.

El exdirector del INEC, Byron Villacís advirtió no se puede confiar en los datos de este censo. Añadió que las consecuencias políticas son nefastas. Sin estadísticas certeras todas, las acciones y medidas de política pública del Estado serán erróneas. (A.G.M).

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