Luego de que Fiscalización rechazara el informe sobre Coca Codo Sinclair, al asambleísta no quedó otra opción que acudir a la FGE y asentar su denuncia. Villavicencio solicitó acciones penales en contra de los responsables en la negociación, adjudicación y construcción del proyecto hidroeléctrico.

Entre los responsables que mencionó están los expresidentes Rafael Correa, Lenín Moreno, el exvicepresidente Jorge Glass, ministros de electricidad, exgerentes de Coca Codo Sinclair, CELEC y representantes de las compañías chinas.

El informe presentado por Villavicencio contó con el respaldo de los asambleístas Pedro Velasco (independiente) y Bruno Segovia (independiente). Mientras que la bancada oficialista y UNES le dieron la espalda. En este proceso, la asambleísta Ana Belén Cordero y Marco Troya se abstuvieron de votar.

“Lo que tiene que hacer el gobierno de Lasso y la colega Ana Belén Cordero es explicarle al país por qué voto en contra o se abstuvo de votar. Ella argumentó que iba a recibir la Central Hidroeléctrica del gobierno, lo dijo en la sesión y ante la comisión. Ella tiene que explicar”, resaltó.

Hipótesis en el caso Coca Codo Sinclair

Para el legislador, el Gobierno debe responder a todas las incongruencias presentadas en este caso. Informó que Lasso debe explicar si se está realizando un acuerdo de Libre Comercio con China, negociaciones petroleras o una nueva línea de crédito.

Villavicencio detalló que, del pago total de sobornos, USD 18 millones pasaron a manos de la empresa Recorsa S.A. Explicó que este pago se realizó en el marco de las negociaciones del contrato y líneas de crédito. Reveló que fue el Estado ecuatoriano que pagaba con sus recursos y este es un delito que la FGE aún no ha investigado.

Recalcó que la hidroeléctrica, que costó más de USD tres millones, posee más de 17 mil fisuras y fallas irreparables. Además, insistió que Lasso no debería aceptar la central mientras no se reparen las fallas y garantice una vida útil por lo menos de 50 años.

Según el asambleísta, las autoridades de Correa tuvieron conocimiento hasta el año 2014-2015 de las fallas de origen que poseía el acero de China. Sin embargo, autorizaron su importación y el encolado del acero sin especificaciones.

Además, Villavicencio señaló que no solamente se trataría del presunto delito de asociación ilícita, sino también delincuencia organizada.

Informes técnicos

Los informes técnicos presentados por Villavicencio señalaron que las reparaciones “como parches”, no solucionarán los problemas estructurales que posee la central. Comunicó que hasta el próximo mes de noviembre vence el plazo que el gobierno de Lasso tiene para demandar a la compañía fiscalizadora de la obra.

“Algunos piensan que mientras exista un arbitraje no se puede llevar una acción y no es así. Ahora estamos pidiendo acciones legales contra Correa y Moreno”, aseguró.

Respuesta de la Comisión de Fiscalización y Control Político

Gabriela Molina, miembro de la Comisión de Fiscalización, comunicó que la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair representa el 28% de la producción energética. Si se llega a paralizar sus operaciones representaría una catástrofe para el país.

Ana Belén Cordero informó que este caso se maneja bajo un arbitraje internacional, en el que la empresa constructora incumplió varios acuerdos del contrato.

“No debieron permitir que se instale ni un centímetro de la maquinaria que llegó del exterior, conociendo que tenían fallas”, recalcó el asambleísta Pedro Velasco. (N.J.C)

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Por el momento, Glas cumple sus penas fuera de la cárcel gracias a un habeas corpus, concedido el pasado 9 de abril pasado por un juez de Manglaralto, en Santa Elena. El miércoles 18 de mayo, en la Corte Provincial, se dará la audiencia en la que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y la Procuraduría apelarán esta decisión.

El exvicepresidente tiene dos penas en firme, por delitos relacionados con actos de corrupción: seis años por una asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebreck y ocho años de prisión por cohecho dentro del caso Sobornos 2012 – 2016.

Según Loaiza, el que se otorgue la pena única va a generar que la condena de ocho años por cohecho absorba a los seis años del caso por asociación ilícita. Por ello, el abogado expresó que Glas debería devengar los ocho años de cárcel. Con esa realidad, la defensa técnica solicitaría el beneficio penitenciario de rebaja de penas por méritos que es de hasta el 50%.

“Jorge Glas tiene detenido más de cuatro años y medio. Él cumplió el 50%” de la condena de ocho años el 2 de octubre de 2021, pues fue detenido el 2 de octubre de 2017. Se va a solicitar la aplicación del beneficio que es hasta del 50% de rebaja de la condena. Con eso se va a extinguir la condena y al momento que se extingue esta por cumplimiento de la condena, él va a recuperar sus derechos civiles y políticos”, sostuvo Loaiza.

Una apelación pendiente

Lo que ha frenado dicho pedido es que aún está pendiente la resolución de la apelación a la pena de ocho años de prisión por peculado, en el caso Singue.

Para Loaiza, es importante que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declare inocente a su defendido en este nuevo caso. Según él, existe una resolución de triple reiteración de la CNJ que deja sin efecto el acto administrativo de la Contraloría General por prescripción. Según el jurista, espera que los jueces declaren la nulidad desde la formulación de cargos, por la inexistencia del delito de peculado.

La Reducción

El artículo 32 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social establece que la rebaja de la pena por méritos operará sobre un sistema que permita evaluar la buena conducta y colaboración activa del interno en su rehabilitación. Esto se demostrará por la participación en procesos culturales, educativos, laborales.

Para la rebaja, el Departamento de Diagnóstico y Evaluación de la cárcel donde estuvo Glas debe informar al director del centro de privación de la libertad (CPL) la nómina de las personas que puedan beneficiarse de esta acción.

Posteriormente, el caso deberá pasar a un juez penitenciario, quien decidirá si ese beneficio procede o no.

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Según lo señalado por la Corte Nacional de Justicia, el Estado Ecuatoriano ahora podrá cobrar el monto antes señalado sin problema alguno ya que existe un mandamiento de ejecución legal que le da la potestad de empezar con el cobro.

En ese sentido y ante la necesidad de la Corte Nacional de Justicia, la Procuraduría General del Estado (PGE) habría enviado alrededor de  28 solicitudes insistiendo en la obligatoriedad de agilizar el proceso, que se consolidó semanas atrás.

El tribunal conformado por los jueces Byron Guillen, Felipe Córdova y Javier de la Cadena, desde hace 10 meses, habrían notificado a las partes la última resolución. 

«Este Tribunal de Ejecución ha dispuesto que se ejecute todo lo ordenado en la sentencia de fecha 23 de enero de 2018 de manera inmediata”, señala la resolución. Así mismo, se ha  exigido que dentro de este proceso se incluya toda  reparación integral a favor del Estado ecuatoriano.

Según los magistrados el proceso tuvo demoras porque tuvieron que trabajar con algunos frenos, como el cambio del tribunal original, la renovación parcial de jueces, el resorteo de la causa y hasta una gran disparidad de los criterio técnicos y judiciales en cuanto a la competencia de los jueces nacionales. No obstante, esto fue resuelto hace menos de tres meses por el Pleno del Consejo Nacional de Justicia.

Como resultado de esta resolución, la Procuraduría General del Estado ha dado la orden de embargar todos los bienes y activos necesarios que tengan los sentenciados, pero  antes , tendrán que conocer si esto cubre el monto de  indemnización o si deben también investigar fondos en el extranjero.

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El exvicepresidente fue encarcelado hace cuatro años por el Gobierno de Lenin Moreno, tras acuasarlo por sociación ilícita, en la trama de corrupción por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Actualmente, Jorge Glas se encuentra detenido en la cárcel de Latacunga, donde ha recibido amenazas de muerte y su estado de salud se ha deteriorado, a causa de la situación que se vive en esa cárcel.

En el último año, los motines y asesinatos en los centros penitenciarios del país han dejado 316 muertos. Desde el Gobierno aún no existen respuestas que garanticen la seguridad de los internos y el control de las penitenciarías.

Según el portal del movimiento Izquierda Unida, este grupo de verificación nace con el espíritu de vigilar no sólo los derechos fundamentales de Glas, sino de todos los internos las cárceles de Ecuador.

En este sentido, confirma que los eurodiputados enviaron, este miércoles, una comunicación oficial, de conformación del grupo, al presidente Guillermo Lasso; a la fiscal general del Estado; al presidente de la Función Judicial; al Defensor del Pueblo y al director general del SNAI. Asimismo, notificaron al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrel.

El exvicepresidente solicitó, a principios de este mes, la unificación de penas pendientes, para poder acogerse al beneficio penitenciario del 40% del cumplimiento. Sin embargo, el juez desestimó su petición.

Entre las medidas que solicitan los miembros de La Izquierda está, precisamente, que se acepte la petición de Glas, ante el peligro que corre su vida.

Los objetivos de la comisión son: vigilar la ejecución de los beneficios penitenciarios de las personas privadas de la libertad en Ecuador; observar que las instituciones públicas realcionadas con temas carcelarios cumplan con la normativa internacional, constitucional y legal; conocer los procesos que correspondan, antes, durante y después del cumplimiento de los beneficios penitenciarios; solicitar a las entidades pertinentes información y documentación necesaria para el desempeño de su actividad, a cualquier servidora o servidor público, persona natural o jurídica que tenga cualquier vinculación con esta comisión de verificación; y realizar visitas in situ en los Centros de Rehabilitación Social de Ecuador, que consideren pertinente, previa coordinación con las autoridades del Estado ecuatoriano.

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