“Yo rechazo que me vengan a juzgar grupos políticos, en los cuales, sus cabecillas, están hoy en día en La Roca por corrupción y ligados al crimen organizado”, fue la respuesta del Primer Mandatario ante la decisión del Legislativo.

Con 79 votos a favor, 38 en contra y 15 abstenciones el primer poder del Estado resolvió rechazar el Informe a la Nación del pasado 24 de mayo. La moción fue presentada por el asambleísta Jorge Luis Vallejo (RC), quien detalló que existen inconsistencias en los datos expuestos por el jefe de Estado.

Por su parte el legislador Jorge Peñafiel (Construye), miembro de la comisión que analizó el informe, manifestó que no se puede defender a un Gobierno que ya ha perdido toda credibilidad. Señaló que el Ejecutivo no ha enviado la información requerida y que no ha cumplido con lo que se debía entregar, lo que indica un nivel preocupante de desorganización.

Conclusiones del Informe a la Nación

El informe realizado por la mesa parlamentaria evidenció cifras alarmantes, pues en lo que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2021- 2025 establecido en la administración del expresidente Guillermo Lasso, solo el 26.31% de las 133 metas planteadas presentaron el avance esperado y el 41.35 % de las metas no cuentan con todo la información disponible.

Por otro lado, el PND 2024-2025 correspondiente al actual gobierno establece un total de 107 metas, de la cuales el presidente Noboa expuso solo 18 en su informe, es decir, omitió 89 lo que equivale al 83%. De igual manera, únicamente 4 metas lograron un avance esperado.

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El legislativo debate 86 reformas al COIP, las cuales engloban temas polémicos como endurecer las penas en delitos graves, la posibilidad de que la Asamblea conozca la información reservada de las indagaciones previas de Fiscalía y el recurso de revisión de sentencias por parte de organismos de derechos humanos. Esta última propuesta generó diversas reacciones.

»Los artículos reformados vienen con una agenda de impunidad. Ahí prácticamente se establece el regreso político del expresidente Rafael Correa’‘, dijo el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel.

Agregó que ser necesario pediría el archivo del proyecto y que la alianza entre el oficialismo el Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) está haciendo efecto. A su criterio no tienen voz en las comisiones más importantes y se enteran a »última hora» sobre del contenido de los informes que debaten en el Pleno.

Salazar en oposición

La Fiscalía señaló que el paquete de reformas al COIP serían un intento por »instaurar la impunidad en el país». En el caso de que se apruebe el mecanismo de que los entes internacionales revisen las sentencias nacionales, la entidad resaltó que »todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia ejecutoriada sea puesto en libertad».

Respecto al levantamiento de la información reservada en investigaciones penales al Legislativo, Judicatura y otras instancias manifestó que este artículo pondría en riesgo los operativos de la Fiscalía en coordinación con la Policía.

¿Qué dice la RC?

“No tenemos la intención de beneficiar al expresidente Rafael Correa”, dijo la asambleísta de la RC, Viviana Veloz, ante los cuestionamientos de la propuesta al COIP.

La parlamentaria argumentó que no confían en los jueces que muchas veces ceden a presiones políticas y quizá a preocupación de »ciertos sectores políticos» es que los magistrados internacionales revisen sentencias que se dieron de »manera espuria» en este país.

Ratificó la falsedad del argumento del movimiento Construye respecto al supuesto regreso de Correa con la aprobación de esta reforma. Indicó que las reformas al COIP no abordan la extinción de una pena. (AGM).

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