Aclaró que la ministra de Energía, Andrea Arrobo, presenta medidas con energías alternativas que son complementarias. Es decir, son «el colchón para la generación de energía». Sin embargo, eso no garantiza que se suspendan los apagones y que adquieran energía más barata. Además, anticipó que el perjurio para el Estado y los ecuatorianos supera los USD 2 mil millones.

«Es una medida parche porque no soluciona el problema de raíz, el cambio debería ser la modificación en la matriz energética», señaló.

Los únicos culpables

Recalcó que los principales responsables son el expresidente Guillermo Lasso, Fernando Santos y Gonzalo Uquillas. «Los tres tienen que responder a la justicia», expresó. También comentó que este problema no sería de emergencia, sino de negligencia del régimen.

Indicó que las autoridades no ejecutaron las inversiones necesarias ni los protocolos de mantenimiento que debieron seguir.

Enfatizó que los juicios políticos terminan en «sanciones morales» que «a la corta o a la larga se les olvida».

Una denuncia con más trabas

Alvear informó que la denuncia que interpuso sobre supuestos sobreprecios ahora está en el despacho de la fiscal General del Estado, Diana Salazar.

Explicó que la fiscal de turno, Consuelo Tapia, puso una consulta de «última hora» en el departamento jurídico de la Fiscalía para determinar si está o no con fuera de corte. Es decir, si el tema involucra a un funcionario, pasa automáticamente a manos de Salazar.

«Es increíble como la fiscal lo toma tan a la ligera y es una cuestión que incluye a todo el país, no nos notifica y nos hace perder el tiempo», comentó.

«Un mercado para desesperados»

Alvear explicó que el mercado spot, en el que se hicieron las últimas acuerdos, es un «negociado para los desesperados», pues utilizan a los que se encuentran en una situación crítica y venden los productos a un valor más alto.

El experto cuestionó que la ministra no haya publicado los términos con los que se contrató el precio de la energía con Colombia. Además, comentó que el «proceso correcto» era presentar una licitación para las empresas colombianas que pretendan vender el país.

«Por ejemplo, tenía que especificar la compra de energía cada dos años cuando haya estiaje, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo fue el proceso. La solución no es seguir comprando energía», repitió.

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Según Alvear, hay sobreprecio en la compra de «54.4 megawatts (mw) a un total de USD 65 millones, a través de las 32 máquinas generadoras de electricidad». Recalcó que el precio normal de los mw es de USD 739 mil o USD 740 mil. No obstante, el país paga USD 1’194 por los mw. Apuntó que esa compra la estarían realizando mediante una intermediaria que la FGE deberá investigar.

«Compraron maquinitas del 2009 de casi USD 500 mil; si eso multiplicamos por los 32 equipos da un total de USD 16 millones y eso pagan», apuntó.

«Todo es negligencia»

El analista aclaró que la falla en el sistema eléctrico no es un «problema de emergencia, sino de negligencia del régimen». Indicó que las autoridades no ejecutaron las inversiones necesarias ni los protocolos de mantenimiento que debieron seguir.

Mencionó que, ahora el Estado deberá pagar USD 600 millones a Colombia por la compra de energía durante seis meses y a eso se suma los USD 300 millones que pagarán por comprar gas.

Sin embargo, en 2021, el gerente general de Celec, Gonzalo Uquillas, presentaba una realidad diferente. Aseguró que con una inversión de USD 800 millones se daría mantenimiento a las termoeléctricas y ya no habría apagones, pero el pasado 4 de octubre, el Gobierno alertó que sobre posibles apagones por la crisis en el sistema eléctrico.

«Nunca se invirtió y nunca hicieron nada. Ahora, el país tendrá que pagar USD 600 millones por energía. Quieren hacer lo que les da la gana a cuando les queda pocos días para irse», dijo.

Una primera alerta

El pasado 4 de octubre, Alvear advirtió que las irregularidades en el sistema eléctrico del país crearían un perjuicio para el Estado de alrededor de USD 310 millones.

«Estamos en manos de funcionarios que, sabiendo el problema, no previeron nada para generar una emergencia que desemboca en contrataciones y compras irregulares”, explicó para Radio La Calle.

El experto anticipó que Uquillas debería ser investigado por la Fiscalía por el perjuicio millonario que crea al Estado. “No es nada ligero lo que está gente, a través de esta negligencia, ha cometido”, finalizó.

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