En entrevista con Radio Centro, el exfuncionario de Daniel Noboa evitó confirmar formalmente su postulación, pero admitió que «la Fiscalía es una de esas instancias donde cree que puede servir». Cuando se le cuestionó sobre su capacidad para investigar a un gobierno del que fue pieza clave hasta este martes, respondió con un discurso de principios: «Mi compromiso es con la verdad […] queremos un país donde la justicia no obedezca al poder». Sin embargo, no detalló mecanismos concretos para garantizar imparcialidad ante eventuales casos que involucren al gobierno.

Antecedentes

Durante el último concurso para Fiscal General en 2019, obtuvo 65/100, ubicándose penúltimo entre 14 aspirantes. Este antecedente contrasta con su actual aspiración al máximo cargo persecutor del Estado, especialmente cuando la Fiscalía deberá investigar a exministros por los contratos fallidos en el Caso Progen y otras investigaciones.

La ambigüedad calculada de De La Gasca —»tomaré la decisión cuando corresponda»— alimenta sospechas de una jugada política coordinada. 

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La audiencia, instalada en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 1, al norte de Quito, presentó 25 elementos probatorios que sustentan la acusación, incluyendo testimonios, peritajes y documentos. Fiscalía solicitó prisión preventiva para el legislador, alegando que los hechos ocurrieron en un contexto de «cercanía» con la víctima.

Paralelamente, las declaraciones del ministro de Gobierno, José De La Gasca, han generado una aguda controversia. En entrevista con Democracia TV, el funcionario anticipó que el contenido del celular del legislador revelaría «trafasías, atracos, pactos oscuros y vínculos con narcodelincuencia». De La Gasca vinculó el Caso Ligados, sugiriendo que evidencias digitales revelarán irregularidades de «la clase política que nos gobernó durante una década». Además, insinuó que Díaz podría ofrecer una «colaboración eficaz» en casos ajenos a la violación, afirmando que: «Lo que él deba decir será revelador para el país».

La abogada Mónica Luzárraga cuestionó la legitimidad de estas declaraciones: «¿Es un montaje para chantajear y convertir a acusados en voceros del poder?», advirtiendo sobre la violación al debido proceso. Subrayó que el Ministerio de Gobierno carece de atribuciones para predecir contenidos bajo custodia judicial.

¿Entrega voluntaria?

El ministro del Interior, John Reimberg, reveló que la entrega «voluntaria» de Díaz respondió a allanamientos policiales donde se incautaron 8 teléfonos con «información clave». Reimberg admitió que fue una «entrega bajo presión».

Según Reimberg, los dispositivos contienen información clave para el proceso investigativo. También enfatizó que, pese a la entrega voluntaria, el delito cometido es grave y debe tener consecuencias.

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«Ayer en la noche yo me trasladé a Olón para felicitar al presidente Daniel Noboa y hemos conversado sobre la Asamblea Constituyente, es una prioridad. En eso nos vamos a concentrar como Ministerio de Gobierno. Hay muchas cosas que mirar», dijo De La Gasca en entrevista para Teleamazonas frente a esta propuesta que planteó el mandatario durante los comicios electorales.

¿Cuál es el proceso para realizar una Asamblea Constituyente?

El marco constitucional establece que la Corte Constitucional es la entidad que dictaminaría si es viable el establecimiento de una nueva normativa o si serían suficientes las reformas fragmentarias.

La abogada Verónica Hernández explicó que el proceso exige cumplir requisitos legales y superar el escrutinio de la Corte Constitucional (CC). Este mecanismo, contemplado en la Constitución, busca responder a necesidades profundas de cambio social, político o económico, pero debe garantizar que no se vulneren los principios democráticos. El proponente debe presentar la siguiente documentación:

1. Justificación legal y social: Un escrito de justificación que explique con claridad por qué es necesaria una nueva Constitución. Este debe incluir razones de fondo (sociales, económicas, políticas o jurídicas) y argumentar por qué otros mecanismos, como una enmienda o reforma parcial, no son suficientes.
2. La propuesta de consulta popular
   • Los considerandos: Textos explicativos que informen a la ciudadanía sobre la necesidad o conveniencia de convocar la Asamblea. Deben ser claros, objetivos y libres de sesgos, para que el elector vote con libertad y conciencia.
   • La pregunta: Debe ser simple y directa. La CC verificará que no haya ambigüedades o manipulación en su redacción.
3. El estatuto de la Asamblea
   • Un reglamento que detalle cómo se elegirán a los asambleístas y un reglamento para el proceso

Si la Corte avala los documentos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza la consulta popular. Si la ciudadanía vota “Sí”, se convocan elecciones para elegir a los asambleístas. Una vez redactada la nueva Constitución, esta debe someterse a un referéndum para su aprobación definitiva.

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En entrevista para FM Mundo, De la Gasca afirmó que el fallo no afecta el encargo de la Vicepresidencia a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración, y subrayó que la Corte no se pronunció sobre la causal de «fuerza mayor» invocada por Noboa para apartarse temporalmente del cargo por motivos de campaña. Sin embargo, evitó precisar cómo procederá el mandatario para el cierre de su campaña o ante una eventual segunda vuelta electoral.

El Ministro insistió en que la decisión de la Corte solo establece que Noboa no puede delegar la Presidencia por decreto y reiteró que la situación de Verónica Abad no ha cambiado, argumentando que su negativa a trasladarse a la embajada en Turquía podría derivar en una “ausencia indefinida” del cargo.

Gobierno defiende legalidad de la designación de Gellibert en la Presidencia

El Ministerio de Gobierno difundió un comunicado en el que argumentó que los decretos ejecutivos 500, 505, 513 y 519 tenían como objetivo “proteger los recursos públicos y evitar un vacío de poder”, asegurando que Noboa no utilizó bienes estatales ni recibió remuneración durante su campaña.

Según el Ejecutivo, la sentencia confirma que la Corte no tiene competencia para analizar la existencia de la fuerza mayor alegada por el Presidente, ni para cuestionar la validez del Decreto 494, que designa a Gellibert como vicepresidenta encargada. También sostuvo que el fallo refuerza el criterio de que Noboa no está obligado a solicitar una licencia sin sueldo para realizar campaña electoral.

Asamblea Nacional: Noboa actuó contra la Constitución

En contraste, la Asamblea Nacional señaló en un comunicado que la anulación de los decretos 500 y 505 evidencia que el Primer Mandatario actuó fuera del marco constitucional.

“Este accionar debe ser observado por las instancias competentes, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Todos los ciudadanos, sin excepción, debemos cumplir la normativa”, indicó el Legislativo, recordando que devolvió los decretos a la Presidencia con el pedido de que Noboa se ciña a la Constitución y solicite licencia.

Estrategia política y escenario legal

El constitucionalista André Benavides explicó a Visionarias que el Gobierno busca ganar tiempo hasta que se configure la ausencia definitiva de Verónica Abad, lo que ocurriría tras 90 días sin ejercer funciones. De cumplirse este plazo en marzo, el Ejecutivo podría enviar una terna a la Asamblea para designar una nueva vicepresidenta, lo que coincidiría con los tiempos de la campaña electoral.

Por su parte, Ismael Quintana argumentó en Centro Digital que la Corte solo ratificó lo básico: en caso de ausencia del Presidente, debe asumir quien ostente la Vicepresidencia. No obstante, criticó la interpretación de Abad de que el fallo le da la razón, ya que la Corte no estableció explícitamente que ella deba ocupar el cargo.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Vicepresidencia sigue sin resolverse, mientras el Gobierno mantiene su estrategia de consolidar el liderazgo de Gellibert en la línea de sucesión presidencial.

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De la Gasca no es nuevo en el ámbito público. Se desempeñó como secretario Anticorrupción en el Gobierno de Lenín Moreno. Es abogado con especialización en Derecho Penal, y cuenta con una maestría en Criminalística y Ciencias Forenses. Además, tiene un máster en Anticorruption and Diplomacy.

El nuevo funcionario de Noboa ha sido becario del Programa de Liderazgo para la Competitividad Global, en Washington. Trabajó como docente universitario, consultor político y participó en la elaboración del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Ecuador asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU el 1 de diciembre de 2023. El país ocupará este cargo durante un mes, hasta el 31 de enero de 2024. Cada miembro se rota la presidencia de forma mensual.

Previamente, el país había sido parte del grupo entre 1950 y 1951; entre 1960 y 1961, y entre 1991 y 1992.

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