“Condenamos esta insólita fijación salarial. En una situación de crisis económica y recesión, USD 10 representan apenas 0.33 centavos diarios, equivalente a 0.04 centavos por hora trabajada. Es inaceptable”, declaró José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

Agregó que esta medida beneficia a los grandes grupos económicos y desatiende el mandato constitucional que exige un salario progresivo que cubra el costo de la canasta básica familiar, la cual supera los USD 840 mensuales en varias ciudades del país.

Villavicencio también denunció la precarización laboral y criticó al Ministerio del Trabajo por convertirse en “una agencia de los empleadores”, permitiendo el despido injustificado de trabajadores con muchos años de servicio. Además, anunció una Gran Convención Nacional el 11 de enero del 2025, en Quito, para definir acciones jurídicas y de resistencia frente a estas políticas.

Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), alertó sobre las graves consecuencias sociales del escaso incremento salarial. “Más de 300 mil niños y niñas están fuera de las aulas debido a la pobreza. La canasta básica sobrepasa los USD 800 , y un aumento de USD 10 no resuelve nada. Esto agrava la deserción universitaria, el trabajo infantil y la migración irregular”, afirmó.

Quishpe también destacó el incremento de la mora crediticia, que supera el 7%, y acusó al gobierno de cargar la crisis económica sobre los trabajadores mientras los sectores financieros obtienen ganancias significativas. “La banca acumuló más de USD 264 millones en utilidades el último año. Es falso que hayan perdido en esta crisis”, indicó.

Ambos dirigentes coincidieron en que estas políticas profundizarán la desigualdad social y llamaron a los trabajadores y organizaciones sociales a movilizarse para exigir medidas que garanticen un salario digno y condiciones laborales justas.

Propuestas sobre la mesa

En las reuniones del Consejo Nacional de Salarios, lideradas por la ministra del Trabajo, Ivonne Nuñez, se presentaron propuestas de diversos sectores, aunque con posturas marcadas. Los representantes de los empleadores propusieron un aumento de USD 4 , argumentando que esta cifra era técnica y viable en el contexto económico actual. Por otro lado, Marcela Arellano, representante del FUT, insistió en la necesidad de incrementar el salario básico en USD 102.

Frente a la falta de consenso, los representantes laborales solicitaron una extensión del diálogo para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, al no lograr un entendimiento, el Ministerio del Trabajo tuvo que tomar la decisión final.

La ministra Nuñez explicó que el cálculo del incremento podría basarse en indicadores como la inflación y el crecimiento económico proyectado para 2025, o en un método que combine ambos factores.

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Núñez argumentó que este mecanismo se aplicó en «varios países del mundo y dieron resultados positivos». No obstante, este mecanismo se eliminó de Ecuador en 2008. ¿Pero qué opinan los expertos?

El abogado Washington Andrade argumentó, para Radio La Calle, que en el marco jurídico y constitucional actual esta «alternativa» no sería posible. Sin embargo, anotó que el país no se puede negar a nuevas modalidades de contratación; siempre y cuando se garanticen los derechos laborales.

Recalcó que si las autoridades pretenden implementar esta medida deberán demostrar que no es una manera de precarización, sino «una forma de aumentar la producción cuando se requiera«.

Para eso, la primera modificación que deberían realizar es el cálculo del valor de la hora de trabajo a un costo más alto. Mencionó que eso compensaría de alguna manera la ausencia de una indemnización al final del contrato o período laboral que se podría dar.

«Esta modalidad debería implementarse con la combinación de una reforma legislativa, constitucional y los acuerdos ministeriales para que no se cataloguen como ilegales e inconstitucionales«, puntualizó.

Otro escenario planteó el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, quien difirió con la mención de la ministra. Aseguró que esto solo sería retroceder en la lucha de los derechos laborales, lo que representaría normalizar una mano de obra barata, flexibilidad y precarización laboral.

«Esto no es una alternativa para resolver el tema del desempleo. Lo que deberían implementar es un empleo digno y estable con todos los beneficios de ley», dijo para La Calle.

Resaltó que con estas decisiones, el 2024 se convertiría en un escenario de lucha y confrontación a la intención de «seguir protegiendo a los grupos acomodados y perjudicar a los ecuatorianos».

«Se sacrificarán algunos derechos»

Andrade aludió que la reforma laboral deberá combinará las nuevas reglas -en caso de implementarse- y las que ya se alcanzaron. Aclaró que si no existe esa unión algunos derechos como la liquidación, indemnizaciones, flexibilización laboral, entre otros, se sacrificarán.

Algo similar expresó Villavicencio, quien cuestionó que esta intención no garantiza tres aspectos importantes en el campo:

• – Estabilidad laboral.
• – Beneficios de ley como seguridad social, décimo tercero, décimo cuarto, entre otros.
• – No vulnerar a los convenios 87 y 88 que engloban la libertad sindical y la contratación colectiva ratificada por el Estado.

Para el representante del FUT, con eso solo se crearían medidas de «esclavitud moderna en la delicada situación que atraviesa el país«.

«Deberían revisar la historia y saber en qué condiciones pasaban los trabajadores cuando había el trabajo por horas antes del 2008», ratificó.

Tiene un riesgo agresivo

Según el abogado, esto también representaría un peligro para los trabajadores de mayor estancia en las empresas, aquellos que ya tienen derecho a una jubilación patronal proporcional y completa. Explicó que con la aprobación del proyecto de Ley Económico Urgente enviado por el presidente Daniel Noboa y los incentivos que recibirían las empresas por la contratación juvenil, las autoridades se exponen a que exista un despido masivo.

«Los empleadores por recibir esos beneficios tributarios pueden despedir al personal antiguo y contratar nueva mano de obra en todos los sentidos. Los que más corren peligro son las personas de mediana y avanzada edad», apuntó.

Afirmó que el nuevo marco reglamentario -en caso de ejecutarlo- debería cuidar las normas de empleo definidas e imponer sanciones a los empleadores que pretendan beneficiarse a costa de despidos masivos.

Un segundo camino por analizar

Por su parte, Villavicencio indicó que hay otra posibilidad para generar empleo y es el «Trabajo parcial permanente», este incluye todos los beneficios de ley. Es decir, es una propuesta que les otorga la posibilidad de trabajar cuatro horas seguidas -sea en la mañana o en la tarde- y a la vez tener la oportunidad de estudiar.

Detalló que hay 800 mil jóvenes que no estudian ni trabajan por las condiciones en las que se encuentra el país. Además, mencionó que de ese 63 % no tiene mayor oportunidad en el campo profesional y laboral.

«Con eso trabajarían 20 horas a la semana y 80 al mes, y no una hora en la mañana y otra en la noche como ellos (los empleadores y autoridades) buscan. El único objetivo es la precarización», aludió.

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Los miembros de la organización sindical manifestaron que el valor de estas remuneraciones debe cubrir el costo de la Canasta Familiar Básica que actualmente está en USD 782.42, según datos del INEC.

Los miembros de la organización señalaron que el mandatario ofreció elevar el salario básico anualmente hasta llegar a un sueldo de USD 500 en 2025. Sin embargo, la conmoción social y su repentina salida deja inconclusa su promesa.

El FUT planteó que la elevación del SBU no debe ser menor al 22.22% al actual. La organización resaltó que se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución.

»Lo que si perjudica al país es la elusión, evasión y remisión de impuestos que suman más de 13.000 millones de dólares, recursos económicos que en un gran porcentaje se van a los paraísos fiscales, perjudicando el trabajo, la vida, la salud, educación y la seguridad de los sectores populares», resaltó la organización sindical en un comunicado.

Ante esta situación, el sector de trabajadores expresó su descontento sobre el incumplimiento de aumento salarial. José Villavicencio, presidente del FUT, expuso que esperarán la posesión de Daniel Noboa para plantear las exigencias que prometió el anterior gobierno. Además, aclaró que “el Consejo Nacional del Trabajo tiene plazo para resolver este requerimiento hasta el mes de noviembre de este año”.

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Explicó que en la decimoquinta convención, realizada el 11 de diciembre del 2021, se ha venido trabajando para que la jornada del 19 de enero se cumpla a cabalidad.

“A los trabajadores, a las organizaciones sociales y al pueblo ecuatoriano, en general, le sobran razones para organizarse”, manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, detalló que algunos de los puntos importantes para fundamentar estas movilizaciones tienen que ver con el alza del precio a los combustibles, la deuda que mantiene el Gobierno con el IESS y las privatizaciones.

Villavicencio reiteró que, a pesar de la pandemia, sobran las razones para movilizarse. Recordó que las marchas van en pro de la lucha por los derechos de los ecuatorianos.

Por último, manifestó que las organizaciones sociales han tratado de trabajar en conjunto con el movimiento indígena. “La unidad será con quienes han venido legislando en beneficio de los ecuatorianos”, recalcó el dirigente.

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