Tres asambleístas de Revolución Ciudadana –Juan Andrés González, Lenín Barreto y Blasco Luna– formalizaron el 31 de julio ante la presidencia de la Asamblea Nacional una solicitud de juicio político contra Manzano. La petición, respaldada por más del 25% del Legislativo (según artículo 79 de la LOFL), alegó causales constitucionales y legales (artículos 78-79 LOFL y 131 Constitución).

Los legisladores vinculan a la ministra con el Caso Progen –contratos adjudicados el 2 de agosto de 2024 para construir las centrales hidroeléctricas El Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW)–, donde la Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal y civil.

González manifestó que «la Asamblea no puede evadir su deber de control político ante posibles actos de corrupción», mientras Barreto alertó que el escándalo «ha comprometido todo el sector energético». La Fiscalía General del Estado mantiene una investigación penal paralela por el caso.

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