Los bonos fueron renegociados en 2020 y tienen plazos en 2030, 2035 y 2040. La esperanza del gobierno es que este pago «alivie en algo» la crisis económica que atraviesa el país. Además, asegura que los mercados «están atentos y optimistas de creer que el Gobierno sí pagará los bonos».

De la misma manera, en su afán de conseguir recursos para cancelar este proceso, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega; y su viceministra Ana Cristina Avilés mantuvieron reuniones con «prestamistas de Estados Unidos«. El principal en la lista el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otra parte, el economista Marco Flores detalló en los últimos tres meses el país pagó USD 1076,5 millones por la deuda externa de la siguiente manera: noviembre 2023: USD 534,4 millones; diciembre 2023: 269,1 millones y enero 2024: 273 millones

«Pero los neoliberales criollos tratan de aterrorizar a los ecuatorianos y dicen que la economía está al borde del colapso», expresó en su cuenta de X.

Del otro lado de la moneda

Mientras el gobierno desembolsó los pocos recursos que tiene el país en el pago de esos bonos, pide a los ecuatorianos de clase media y baja «arrimar el hombro» para salir de la crisis y «transformar el país», alejando de este propósito -de cierta manera- a la banca y los grandes contribuyentes. Como si eso no fuese poco, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para combatir el crimen organizado y la crisis social y económica que proponía el aumento del IVA al 15 %.

Según el mandatario, ese incremento no afectaría a la mayoría de los ecuatorianos porque los productos de la canasta básica no suman IVA. Sin embargo, el economista aludió que en este nuevo propósito no se considera las prendas de vestir y otros de primera necesidad.

Además, médicos, profesores, servidores del sector público y miembros de los GAD’s «claman» por ayuda del gobierno para solventar la crisis de inseguridad que día a día cobra la vida de cientos de ecuatorianos.

Un chiste de mal gusto

En el segundo informe del proyecto que iba a analizar la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, se implementó una artículo en el que pretendían cobrar otro impuesto a los servidores públicos y privados que ganen más de USD 1000.

No obstante, se redujo el impuesto que debía pagar la banca por sus utilidades al 15 %. En el primer debate, la jefa de bancada del oficialismo, Valentina Centeno, alegó que las entidades bancarias debían pagar un impuesto que iba desde el 10% al 25%, dependiendo de sus utilidades.

Los legisladores que analizaron el documento no dieron paso a las últimas condiciones del Gobierno y decidieron eliminar del informe el doble impuesto para servidores públicos. De la misma manera, se fijó el porcentaje que debía pagar la banca.

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