Las cifras fueron expuestas en el informe denominado »Panorama general: impuestos a la riqueza para la equidad y el crecimiento». Este documento es una actualización de las cifras de julio del 2024, en donde el organismo pronosticaba un crecimiento del 0.7% para el Ecuador, es decir, en menos de tres meses hubo un decrecimiento del 0.4%.

Los datos evidencian el panorama económico del país, incluso, se desconoce si las proyecciones tomaron en consideración el colapso actual de la crisis energética. Las expectativas para el 2025 y el 2026 son más optimistas, pues el Banco Mundial pronosticó un crecimiento del 1.6% y 2.2% respectivamente.

Por otro lado, las últimas cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) proyectaron un crecimiento del -1% al 9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Más deuda para pagar deuda

El pasado 31 de mayo el Ecuador accedió a un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un valor de USD 4.000 millones y un desembolso inmediato equivalente a USD de 1.000 millones, a través del programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con una duración de cuatro años.

En su discurso oficial, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, señaló que la inyección de estos recursos servirían para «sostener la seguridad ciudadana, impulsar obra pública, garantizar la protección social y direccionar al país por la senda de un crecimiento económico inclusivo». No obstante, el dinero está destinado para pagar viejas deudas, según expertos y asambleístas.

Cuatro meses después, la cartera de Estado busca una nueva obligación con el FMI. El ministro Vega confirmó que un segundo acuerdo con el FMI podría concretarse a mediados del 2025 bajo el programa de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad con una duración de 18 meses. (AGM).

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La convocatoria fue realizada el pasado 19 de agosto desde las 11h30 en los diversos centro petroleros a nivel nacional.

La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo (ANTEP) denunció que el Ejecutivo está privando de fondos a Petroecuador para frenar sus inversiones y a su vez disminuir la producción de crudo y sus derivados. La intención sería plantar a la opinión pública el argumento de que existe »ineficiencia» por parte de la empresa pública.

»¡No a los intereses privados sobre los recursos de todos los ecuatorianos! (…) El campo Sacha no se vende», gritaron al unísono los trabajadores del Bloque 60.

Según David Almeida, secretario general de ANTEP, la justificación del Gobierno sobre una supuesta incapacidad de operatividad está disfrazada de una política de »autosabotaje» para privatizar algunos campos petroleros, sobre todo la zona Sacha que se posiciona como la más productiva a nivel nacional.

»Lo que vamos a exigir es que el Ministerio de Finanzas garantice las rentas que le corresponden a Petroecuador para su operación y que cese la política de privatización de campos. Sabemos que debajo de la mesa están negociando la posible entrega del campo Sacha», dijo en entrevista para La Calle.

La protesta pacífica es la primera medida una serie de acciones que tienen planificadas. Almeida señaló que prevén movilizarse a Quito para exigir sus demandas, pero aún no se concreta una fecha.

Privatización de Sacha

A inicios de agosto el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, indicó que los campos importantes de Petroecuador podrían pasar a manos de empresas extranjeras para incrementar la producción de barriles y enfatizó este interés en el campo Sacha.

»El Ecuador tiene un potencial de producir un millón de barriles por día y estamos convencidos que esa senda es la inversión privada”, dijo el funcionario en entrevista para Visionarias.

Sacha podría ser entregado este año al sector privado. También manifestó que se deben realizar acuerdos a través de consorcios liderados por empresas públicas internacionales para que el proceso sea inmediato, puso de ejemplo a la compañía árabe Saudi Aramco. (AGM).

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» El Ecuador debería tener tranquilamente un potencial de producir un millón de barriles por día y estamos convencidos que esa senda es la inversión privada», dijo el funcionario en entrevista para Visionarias.

Agregó que el campo Sacha podría ser entregado este año al sector privado. También mencionó que para que los procesos sean inmediatos se deben realizar acuerdos a través de consorcios liderados por empresas públicas internacionales una como la empresa árabe Saudi Aramco.

Trabajadores petroleros rechazan la propuesta

Por su parte, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) rechazaron lo expuesto por el ministro y denunció que la negociaciones para la entrega del campo Sacha a manos extranjeras se estaría realizando a escondidas.

Los cálculos realizados la asociación expusieron que el costo total de producción promedio de los últimos 7 años es de USD 7 por barril.

“Cualquier fórmula (tarifa o contrato de participación) disfrazada de inversión extranjera que supere este costo de producción no será beneficiosa para el Estado ecuatoriano por la disminución de la renta que esto significa y no es otra cosa que pura privatización”, dicta el comunicado. (AGM).

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El presidente de la mesa parlamentaria, Patricio Chávez, señaló que este acuerdo debió aprobarse por el Legislativo, pues tiene características que componen la estructura de un tratado internacional.

Por otro lado, resaltó que el préstamo concedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) no tiene como finalidad financiar el gasto social. Por el contrario, el crédito buscaría pagar la deuda con la misma entidad financiera. El 29.7% del desembolso que equivale a USD 2.761 millones corresponden al valor de esta deuda.

»El resto sería un crédito destinado para pagar a otros acreedores del Estado, en conclusión, este préstamo sería pagar otro préstamo», indicó el legislador.

Chávez expuso que el acuerdo también sería inconstitucional al no respetar la soberanía del país ya que el gobierno tendría que consultar al FMI sobre el manejo de su política económica para la toma de decisiones. En este sentido, el parlamentario denunció la inobservancia de las claúsulas por parte del ministro de Economía, Juan Carlos Vega.

El informe fue aprobado con ocho votos a favor y una abstención. Fue respaldado por los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK). (AGM),

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«Este año esperamos la entrada de USD 4.000 millones a la economía, de los cuáles han entrado USD 1.000 millones, eso ha facilitado avanzar en los atrasos tan grandes del gobierno anterior que se están cumpliendo con ingresos permanentes», dijo el ministro en una entrevista.

El Ministerio de Economía espera en julio que el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) entreguen USD 2.500 millones en conjunto. Quedarían entre USD 500 a 600 millones por entrar.

Impuestos

«Los ingresos a la caja fiscal del IVA como flujo recién empiezan a entrar en mayo. Están gravados en abril, pero comienzan a entrar en mayo y esos se están usando para fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad que están más fuertes y activas, sobre todo en zonas muy complicadas como Manta y Manabí y se han visto los resultados de eso», dijo a Radio Centro.

En el tema de salud, Vega dijo que están trabajando desde el primer día con el Ministerio de Salud y que hay algunos temas que están trabados desde el Ministerio en términos de auditorías y revisiones. «Desde esta semana estamos haciendo pagos muy importantes tanto al IESS como al Ministerio de Salud para avanzar con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca y también con los centros de diálisis». Se prevé que entreguen USD 140 millones adicionales. Los recursos de los impuestos (IVA, IVA a la banca, empresas por el incremento del ISD) están yendo a la salud y la seguridad. (MIB)

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El documento titulado “Política para la elaboración, clasificación, registro y custodia de la documentación pública, reservada y confidencial” fue publicado en el Registro Oficial el pasado 13 de mayo con la firma del ministro de Economía, Juan Carlos Vega.

Según lo estipulado por la cartera de Estado, se conoce como información reservada a la documentación que requiere de forma excepcional limitación en su conocimiento y distribución por existir un riesgo claro, probable y específico de daño a intereses públicos. En este sentido, existen dos clasificaciones:

• Los documentos e información calificados, por disposición legal, como reservados,
  solicitados y recibidos por el Ministerio de Economía para ser utilizados exclusivamente en los fines institucionales
• Comunicaciones a nivel nacional e internacional sobre temas relacionados a propuestas,
  políticas, comentarios a proyectos de ley, reglamentos y otros instrumentos cuya reserva se encuentre debidamente motivada.

Para el procedimiento, la distintas áreas de la entidad deberán emitir un listado semestral de los datos que pretenden declarar como reservados y argumentar sus motivos.

La información previamente clasificada como reservada permanecerá con tal carácter hasta
un periodo de 10 años desde su clasificación, incluso, podrá alcanzar los 15 años de acuerdo a la justificación. La divulgación del contenido puede traer consecuencias administrativas, civiles y penales.

Las restricciones

Ante la difusión de esta normativa el Ministerio de Economía aclaró que la normativa a no tiene relación alguna con el crédito que está en proceso de aprobación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo contenido »será transparente y público en su totalidad apenas sea suscrito».

A opinión del economista Marco Flores, calificó a la reserva de información como una amenaza y prohibición para mantener en silencio a la Academia.

»Como si el manejo y conducción de las finanzas públicas debería realizarse en secreto. La única información no solo sensible sino secreta es la que tiene que ver con la seguridad nacional», dijo vía X. (AGM).

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La cartera de Estado detalló que el país busca acceder al Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por 48 meses por un monto de crédito USD 3.000 millones, es decir, alrededor USD 4.000 millones y el 430 % de la cuota, según lo establecido por el FMI.

»Me complace anunciar que el personal del FMI y las autoridades ecuatorianas han llegado a un acuerdo en apoyo al plan de política económica de Ecuador. En medio de un panorama macroeconómico desafiante, nuestro objetivo ha sido y sigue siendo apoyar los esfuerzos de las autoridades para mejorar los niveles de vida de todos los ecuatorianos, con un enfoque en proteger a los más vulnerables y promover el crecimiento sostenible», dijo el jefe de la misión del FMI, Varapat Chensavasdijai.

Según el ministro Juan Carlos Vega, que al aprobarse este crédito, el país accederá a recursos frescos que »ayudarán a sostener la seguridad ciudadana, impulsar obra pública y garantizar la protección social».

Deuda para pagar deuda

Según el economista Marco Flores, este crédito en realidad servirá para pagar al propio FMI parte de los USD 8.000 millones que se le debe. Destacó que los gobiernos pasados no han utilizado ni siquiera parte de los créditos del FMI para impulsar crecimiento económico sostenido con empleo.

Por ejemplo, señaló que las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso recibieron USD 7.500 millones del FMI y »jamás la economía ni el empleo salieron del estancamiento».

Actualmente, el FMI prevé que el crecimiento del PIB en Ecuador sea solo del 0.1 % anual. No obstante, a su criterio los apagones en el país colocarían a la economía en un crecimiento negativo por debajo del 0.0 %.

¿Y el precio de los combustibles?

Por su parte, el economista Andrés Arauz expresó que el país deberá esperar un aumento al precio de los combustibles. Esto debido a las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ya no un aumento de USD 0.05 sino un aumento de USD 4.50 la extra y la ecopaís; a USD 3.80 el diésel. Hay que ver si el gobierno se va a atrever a esa movida después del tremendo No que recibió en temas económicos. El país debe conocer que está por concretarse un acuerdo con el FMI, el tercer acuerdo en los tres gobiernos únicos y ya sabemos que estas no son buenas noticias para el Ecuador significan más ajuste, despidos y privatizaciones”, dijo en entrevista para La Calle.

A lo del combustible se suma la reducción de servidores públicos, al reducirlos en el plano administrativo, “van por los trabajadores de la salud y educación. Están enfocados en la privatización y buscan una focalización de derechos ciudadanos. En vez que sean derechos universales, quieren hacer un registro social, donde solamente las personas que reciban el bono accedan a la salud y educación pública”, agregó. (AGM).

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«La salud es un derecho, la diálisis es vida», gritan los pacientes renales en los exteriores de la plataforma gubernamental, al norte de Quito.

Por su parte el ingeniero Alejandro Espín, representante legal de una las clínicas de diálisis, mencionó que el Gobierno se olvidó de estas instituciones que buscan «alargar el tiempo de vida de sus enfermos». Detalló que el IESS adeuda desde mayo de 2023, el Seguro Social Campesino desde diciembre de 2022 y el Ministerio de Salud Pública desde marzo de 2023.

Detalló que es un año que han esperado para que las autoridades paguen por sus servicios. Además, comentó que el panorama que enfrentan no es claro, pues los responsables no establecen una hoja de ruta para este problema. Aseguró que lo más preocupante es que los médicos o prestadores de servicios decidan suspenderlos.

«Si fuera un gobierno claro y organizado, el futuro de 2024 sería muy distinto, pero eso no está ocurriendo», terminó.

Desde el dolor…

Varios pacientes con varios carteles en sus manos, con gorras o bajo sombrillas y con las pocas fuerzas que reservan, piden al Gobierno que se haga responsable de los pagos que adeudan. Uno de los afectados, se descompensó en medio del plantón, aunque los médicos le brindaron atención de inmediato, su rostro palidecido ya no podía gritar de la misma manera.

La doctora Pamela Luna alertó que esa es la realidad que viven muchos pacientes. Recalcó que son personas de “primera línea” que necesitan recursos, atención, personal operativo. Enfatizó que el país ya no necesita un gobierno indolente o improvisado. Recalcó que la salud es un derecho y debe ser la prioridad del Estado.

«Pónganse la mano en su pecho, tenemos un poco de vida. Muchos pacientes han muertos y por eso nos vemos obligados a salir a pedir que nos ayuden, que cancelen», exclamó otra paciente.

Luna también detalló que la diálisis es una enfermedad catastrófica que debería estar en primera línea para que se atienda. Resaltó que son más de 16 mil pacientes y más de 500 familias se ven afectadas por esta decisión.

«Hemos tenido que vender algunos bienes, pero ya no tenemos cómo sobrevivir. Esto también nos mata, al igual que la inseguridad», refutó.

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Vega mencionó que esta decisión servirá para financiar la «exitosa campaña de seguridad» que el gobierno lleva contra el crimen organizado. Aludió que el incremento iniciará desde que el veto a la decisión de la Asamblea Nacional se publique en el registro oficial y se haga ley. Comentó que la variación del IVA será una prorrogativa del presidente Daniel Noboa.

«Por este momento debemos sostener el IVA para mantener la seguridad e iremos monitoreando la economía para saber en qué momento no es necesario un IVA», dijo en Teleamazonas.

Otras «medidas urgentes»

Vega aseguró que en la focalización de subsidios no afectará a la gente más necesitada. Según él, los planes y programas están listos para aplicarlos. Sin embargo, aún no los han socializado. De la misma manera, aseguró que este proceso no afectará al gas de uso doméstico o a la competitividad económica. El ministro también alegó que, inicialmente, no se «topará al diésel y de hacerlo no afectará a la clase necesitada».

«Existe un paquete tributario robusto que refleja democráticamente lo que querían las bancadas», expresó.

Sobre el pago de las entidades bancarias, mencionó que pagarán «una proporción más alta para el ajuste». No obstante, las autoridades calcularon un déficit de USD 10 mil millones, por lo que «indispensable» aplicar todas las medidas económicas previstas. En cuanto al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), detalló que se tomará esa decisión «en el momento adecuado» para sostener la seguridad.

También, comentó que en la proforma presupuestaria se incluye la reducción de extracción petrolera por el cierre del bloque petrolero del ITT. Para él, serían uno USD 300 o USD 400 millones menos a partir de agosto. La Corte Constitucional (CC) otorgó un plazo de un año, que vence en agosto de 2024, para terminar las operaciones petroleras en el lugar. No obstante, el ministro señaló que el cierre podría tomar unos meses más si desean hacer un proceso adecuado y que no contamine el medio ambiente.

Las inversiones

Dentro del plan general para 2024 que contempla USD 35.536, se consideró un presupuesto de inversiones de USD 1700 millones. Vega mencionó que en este punto se incluyen las dos cárceles que tienen planeado realizar. El monto para esas construcciones sería de USD 125 millones, pero si añaden gastos adicionales sumarán USD 140 millones.

De la misma manera, mencionó que la reducción del gasto público ha sido una norma que se pospuso durante varios años. Anticipó que se eliminarán instituciones públicas que «no tienen sentido y son ineficientes» y de fusionar otras «para la optimización de recursos». Recalcó que este proceso está en curso, pues existen alrededor de 175 establecimientos que deben tener una mejor hoja de ruta.

«Necesitamos reducir el gasto público y volver al Estado más eficiente en todos los sentidos. Eso sí, sin descuidar los enfoques principales«, repitió.

La entrada Ni el gobierno tiene claras sus acciones, el IVA sube al 13 % se publicó primero en La Calle.

Con el incremento del IVA al 15 %, Noboa asegura que las necesidades básicas de los ecuatorianos no se verán afectadas. Recalcó que la canasta básica, alimentos, salud, educación, transporte, entre otros, no pagan IVA.

De acuerdo con las declaraciones del jefe de Estado, en el tiempo que ha permanecido en el Palacio de Carondelet creó cerca de 50 mil empleos jóvenes. Repitió que esto recuperará la seguridad y la integridad del país que sufre de un periodo de estancamiento. Sin embargo, no se ha especificado en que ámbitos laborales se proporcionaron estas plazas de trabajo.

¿Un mundo mejor?

Los ecuatorianos tardaron varios meses en detectar cuáles fueron las acciones y hojas de ruta concreta del Plan Fénix. Una promesa de campaña que aseguraba que la ciudadanía recuperaría la tranquilidad. Sin embargo, el presidente aseguró que las cosas están mejorando.

«No solo se trata de dar calma, sino también de sostener esa calma», alegó en RTS.

Para el primer mandatario, la mejor manera de mantener la paz en el país es con la militarización de las calles y los centros de reclusión. Además, detalló que la depuración de ciertos jueces que cometen actos contra la ciudadanía como un factor primordial en esta «transformación«.

De la misma manera, apuntó que el decomiso y eliminación de droga es uno golpe al «bolsillo del narco». Detalló que las cuatro leyes de carácter urgente que envió a la Asamblea Nacional y fueron aprobadas, son la prueba fehaciente de ese cambio. Para él, el apartado de extinción de dominio le permite al país utilizar los bienes -que fueron utilizados por antisociales para intimidar a la sociedad- para el bien social.

Aferrado a la consulta

Noboa recalcó que la consulta popular, valorada en USD 60 millones, planteará las primeras acciones en el sistema judicial y que los antisociales «no abusen de las acciones de protección«. En cuanto al trabajo por horas, explicó que mantendrá algunos beneficios del seguro social.

«A mayor ingreso por hora, mayor aportación al seguro. No es una medida que precariza, ni un retroceso», apuntó.

Sobre la focalización de subsidios

Alegó que utilizará un sistema de bandas y se aplicará de manera gradual para que no afecte la productividad del país. El presidente mencionó que la focalización irá directo a las gasolinas «Ecopaís y Extra». Según él, no afectaría al diésel que se utiliza con alimentos, actividades agrícolas, entre otros.

Mientras el jefe de Estado dijo que no se habla de un cierra total de las instituciones públicas, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, alegó que ya mantienen una hoja de ruta para el cierre o fusión de las entidades.

«Pero hay que fortalecer los costos y volverlas eficientes. Una de ellas CNEL, CELEC, Pacífico, Transelectric, Petroecuador», enfatizó.

A elecciones de 2025

Noboa mencionó que lo más probable es que sí se postule a las elecciones de 2025. No obstante, detalló que dependerá de las metas personales, su tiempo y los planes familiares. «Por ahora mi afán es servir a los ecuatorianos», refirió.

El primer mandatario no consideró que su vacante debería ser ocupada por la vicepresidenta, si en el transcurso de su lapso político no se presentan más desmanes. La relación entre el binomio empeoró a raíz de los resultados de las elecciones. El conflicto escaló a tal punto que la vicepresidenta alegó que el presidente la quiere lejos. En cambio, Noboa detalló que hará lo posible por alejar a la gente que no comparta su agenda.

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Vega mencionó que esta decisión servirá para financiar la «exitosa campaña de seguridad» que el gobierno lleva contra el crimen organizado. Aludió que el incremento iniciará desde que el veto a la decisión de la Asamblea Nacional se publique en el registro oficial y se haga ley. Comentó que la variación del IVA al 13 % será una prorrogativa del presidente Daniel Noboa.

«Por este momento debemos sostener el IVA para mantener la seguridad e iremos monitoreando la economía para saber en qué momento no es necesario un IVA del 15 %», dijo en Teleamazonas.

Otras «medidas urgentes»

Vega aseguró que en la focalización de subsidios no afectará a la gente más necesitada. Según él, los planes y programas están listos para aplicarlos. Sin embargo, aún no los han socializado. De la misma manera, aseguró que este proceso no afectará al gas de uso doméstico o a la competitividad económica. El ministro también alegó que, inicialmente, no se «topará al diésel y de hacerlo no afectará a la clase necesitada».

«Existe un paquete tributario robusto que refleja democráticamente lo que querían las bancadas», expresó.

Sobre el pago de las entidades bancarias, mencionó que pagarán «una proporción más alta para el ajuste». No obstante, las autoridades calcularon un déficit de USD 10 mil millones, por lo que «indispensable» aplicar todas las medidas económicas previstas. En cuanto al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), detalló que se tomará esa decisión «en el momento adecuado» para sostener la seguridad.

También, comentó que en la proforma presupuestaria se incluye la reducción de extracción petrolera por el cierre del bloque petrolero del ITT. Para él, serían uno USD 300 o USD 400 millones menos a partir de agosto. La Corte Constitucional (CC) otorgó un plazo de un año, que vence en agosto de 2024, para terminar las operaciones petroleras en el lugar. No obstante, el ministro señaló que el cierre podría tomar unos meses más si desean hacer un proceso adecuado y que no contamine el medio ambiente.

Las inversiones

Dentro del plan general para 2024 que contempla USD 35.536, se consideró un presupuesto de inversiones de USD 1700 millones. Vega mencionó que en este punto se incluyen las dos cárceles que tienen planeado realizar. El monto para esas construcciones sería de USD 125 millones, pero si añaden gastos adicionales sumarán USD 140 millones.

De la misma manera, mencionó que la reducción del gasto público ha sido una norma que se pospuso durante varios años. Anticipó que se eliminarán instituciones públicas que «no tienen sentido y son ineficientes» y de fusionar otras «para la optimización de recursos». Recalcó que este proceso está en curso, pues existen alrededor de 175 establecimientos que deben tener una mejor hoja de ruta.

«Necesitamos reducir el gasto público y volver al Estado más eficiente en todos los sentidos. Eso sí, sin descuidar los enfoques principales«, repitió.

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A pesar de los desafíos financieros, Vega reconoció los esfuerzos del Estado para también cubrir los sueldos de diciembre, comprometiéndose a hacerlo antes de fin de año o, en el peor de los casos, a principios de enero.

¿Cuál es la situación de las finanzas del país, a la fecha?

Al informar sobre las finanzas estatales, el ministro reveló un saldo cercano a los USD 300 millones en la cuenta del Estado, destacando el apoyo del sistema financiero y del sector privado.

No obstante, el Gobierno todavía debe enfrentar cuentas significativas por pagar en áreas críticas como seguridad y salud, que ascienden a USD 4.317 millones.

JR

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»No dejaron identificadas ninguna fuente de financiamiento para el pequeño saldo de la caja fiscal», dijo en entrevista para Teleamazonas. También aseguró que no quedó nada listo para cubrir los meses más complicados del año.

¿Qué decía Arosemena?

 “La transición de la cartera de Economía y Finanzas se realizará con transparencia, orden y evidenciando el financiamiento contratado para 2024″, decía el exministro Arosemena antes de la posesión del presidente Daniel Noboa.

Según él haría énfasis en cómo se entregaría la economía en términos de reducción de deuda y déficit, crecimiento económico y reservas. De igual manera, aseguró que el gobierno había conseguido USD 896 millones del financiamiento contratado.

Una economía en estado crítico

En su primer día de funciones Vega señaló algunas de las cifras más preocupantes de la economía del país:

• En la cuenta única del Tesoro actualmente existen USD 184 millones.
• Existen atrasos por USD 2.872 millones con IESS, Gobiernos Autónomos Descentralizados y más instituciones del sector público y privado.
• El déficit fiscal proyectado para el cierre de 2023 superará los USD 5.000 millones, es decir el 5 % del PIB del Ecuador.
• El monto total de deuda recibida es de USD 63.000 millones (entre deuda externa e interna).
• Recibimos un país con una caída del 9 % del ingreso per cápita en los últimos 10 años, por el escaso crecimiento en términos reales. Es decir, es una nación extremadamente empobrecida.
• El riesgo país está acercándose a los 2.000 puntos básicos. Lo que implica que Ecuador sea excluido del acceso a mercados normales de deuda y complica la atracción de inversiones.

Sin empleo formal

También afirmó que el Gobierno actual recibe una economía que no genera empleo formal, ni adecuado; por lo cual se vuelve una gran semilla para la inseguridad y la violencia. Además, existe una legislación laboral que fomenta la informalidad. A esto se suma que para 2024 hay algunas complicaciones adicionales:

• El fin de la contribución patrimonial.
• La disminución adicional al ISD.
• La reversión de la reforma tributaria.

Todo esto frente a necesidades absolutamente prioritarias como el fenómeno de El Niño, la crisis energética, la situación en seguridad, salud, entre otras. (AGM).

La entrada Una »cortita» reunión en Zoom resumió la crisis económica del país se publicó primero en La Calle.

El gobierno prevé cerrar el 2023 con un atraso de pagos por USD 5.017 millones en el Presupuesto General del Estado (PGE). Además existen cuentas pendientes cercanas a los USD 4.317 millones con la seguridad social, GAD, entidades públicas y proveedores del Estado.

Para la obtención de fondos económicos se colocó sobre la mesa el análisis de la focalización de subsidios y la venta oro de las reservas del BCE, una alternativa que no sería completamente viable debido a una prohibición legal.

¿Qué dice la ley?

El Código Monetario y Financiero prohibe que el BCE otorgue préstamos para introducir liquidez al Ministerio de Finanzas. En este sentido, si se llega a vender el oro de las reservas, la cartera de Estado solo podrá acceder a la utilidad o ganancia de la venta, es decir, cerca de USD 70 millones.

El economista Robertho Rosero dijo a Radio La Calle que dentro de la reservas internacionales el rubro del oro monetario contempla más de USD 2 mil millones y el producto de la venta se quedaría en el BCE para financiar a la banca.

»Ellos son los que se han beneficiado de la política del gobierno anterior, un gobierno de banqueros y se van a seguir beneficiando en este período también», resaltó.

Por su parte, el economista Marco Flores señaló que la venta de una parte de ese oro no generaría los USD 300 millones de utilidad que el ministro Vega calcula que irían al PGE »para seguir tapando huecos con ingresos temporales», dijo en su cuenta de X.

Entre el 20 de enero y 8 de diciembre las reservas internacionales perdieron USD 4.281 millones, una situación preocupante para la economía del país.

¿Las soluciones?

Para Rosero la solución para recuperar la economía el país está en implementar un impuesto a la riqueza. Desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central se calculó que un impuesto progresivo a los grandes grupos económicos podría apaciguar la situación del país.

Resaltó que en Italia, aunque suene paradójico, el gobierno de ultra derecha aprobó un impuesto a los bancos, considerando sus ganancias más que extraordinarias del último periodo, esta recaudación será del 40 % aproximadamente.

En el caso ecuatoriano el estudio propone un aporte de estas características, según el número de entidades financieras, que va desde el 1,50 % al 3%. Se estima a 2020 -última cifra disponible- se generaría USD 228 millones, es decir, USD 73 millones más que la recaudación del impuesto a la renta a personas. (AGM).

La entrada La venta de oro monetario no sacaría de apuros al país se publicó primero en La Calle.

En un comunicado del 1 de diciembre, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, mencionó que esos recursos serán reembolsados en un corto plazo con alternativas de ingresos y financiamiento. Aclaró que esa «gestión de liquidez» no afectó ni afectará la operatividad de las entidades.

Además, recalcó que trabajan para superar la inoperancia de su antecesor analizando e implementando políticas económicas para evitar que los empleados asuman esas consecuencias.

«Nuestro compromiso siempre estará con unas finanzas públicas sanas y sostenibles (…) Ahora, el monto total cancelado cubre el 100 % de la nómina de las entidades registradas en el presupuesto», reza el comunicado.

Otro préstamo para aliviar la crisis

En medio de una difícil situación de la caja fiscal, la Corporación Financiera Nacional (CFN) entregó USD 139 millones de su liquidez al Ministerio de Finanzas, en una operación realizada el 30 de noviembre de 2023.

Así lo confirmó el gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, quien aclaró que el BCE solo participó como agente pagador, indicó Primicias. 

“No es una operación de liquidez ni préstamo del BCE a Finanzas”, dijo Avellán, y recalcó que tampoco se han usado las reservas internacionales, lo que está prohibido por Ley. Y añadió que el Banco Central no autoriza ese tipo de transferencias, sino que solo las ejecuta.

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»Realmente tenemos la peor historia de la caja fiscal con apenas USD 184 millones en la cuenta única del tesoro», dijo el actual ministro de Economía, Juan Carlos Vega en cadena nacional.

Después de este preocupante anuncio, el mandatario emitió su primer proyecto de ley económico urgente al Legislativo a las 22h52 del 27 de noviembre. Esta propuesta sería el primer paso que daría el nuevo gobierno para solucionar la crisis económica. Ahora la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para tramitar, debatir y aprobar el documento.

¿Qué contiene la ley?

El proyecto incluye 39 artículos reformatorios y 55 para la creación del régimen para la atracción de inversiones. Su objetivo es fortalecer y rescatar la situación económica de la nación a través de la implementación de incentivos tributarios, de inversión nacional y extranjera y creación de empleo.

La propuesta enmarca políticas que buscan promover la inversión privada nacional y extranjera a través de la simplificación de trámites, la reducción de la carga impositiva para las empresas y la implementación de incentivos fiscales.

Vuelve la discusión de las Zonas Francas

A la Asamblea volverá a discusión el tema de las llamadas Zonas Francas. El actual gobierno argumentó que este régimen tiene el potencial de generar hasta 180 mil empleos, tanto directos como indirectos. »Los estudios indican que aproximadamente el 1% de la población local donde se establecen las Zonas Francas es contratada o trabaja en ellas», resaltó el informe.

El documento señala que el Ecuador al no contar con un régimen franco y carecer de un acuerdo comercial con Estados Unidos durante las últimas dos décadas, ha recibido menor proporción de inversión extranjera directa con respecto al PIB, en comparación a los países de la región.

En este sentido, la propuesta del Estado es que los usuarios de Zonas Francas calificadas no paguen impuesto a la renta por los primeros cinco años de declaratoria. Posteriormente, gozarán de una tarifa del 15 % del pago de impuestos por el tiempo restante de su declaratoria como usuario del régimen franco.

Lasso y la Ley de Inversiones

En febrero del 2022, el gobierno de Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional la Ley de Inversiones relacionada a la creación de zonas francas. Sin embargo, algunos legisladores consideraron que el proyecto de ley desembocaría en una creciente privatización indiscriminada de activos y servicios públicos.

La vez en la que el presidente Noboa tuvo los reflectores de la Asamblea fue justamente en la ponencia para la aprobación de la Ley de Inversiones enviada por el Ejecutivo, pero fue archivada.

Este proyecto también pasó por la Corte Constitucional (CC) tras la disolución del Legislativo y tampoco fue aprobado. Según el órgano de control generaría un desequilibrio en el mercado y existiría prácticas monopólicas.

Actual rechazo

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) indicó que el proyecto de Ley Económica Urgente enviado por el presidente Daniel Noboa es una «recopilación de las reformas enviadas por su antecesor Guillermo Lasso».

Advirtió que ese proyecto entrega al capital transnacional los recursos y abre las puertas al trabajo precario y barato. “Demandamos al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que rechace ese proyecto (…) por ser regresivo en norma laboral”, reza el comunicado difundido en redes sociales.

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) indicó que el proyecto de Ley Económica Urgente enviado por el presidente Daniel Noboa es una "recopilación de las reformas enviadas por su antecesor Guillermo Lasso".

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— Radio La Calle (@radiolacalle) November 28, 2023

Incentivos tributarios

La propuesta de ley también establece la exoneración del impuesto a la renta para las nuevas inversiones productivas enfocadas en transición y seguridad energética, que serán las de generación de energías renovables no convencionales e industrialización de gases natural y asociado en Ecuador. Las empresas que tengan estos requisitos tendrán derecho a la exoneración del impuesto a la renta por 10 años.

Otro incentivo tributario sería para los empleadores que incrementen nuevas plazas de trabajo y contraten a jóvenes de entre 18 y 29 años. Esta deducción adicional aplica respecto del gasto de sueldos y salarios sobre los que se haya aportado a la seguridad social en los casos que corresponda.

Los lineamientos manejan condiciones específicas. Por ejemplo, este incentivo tributario no aplicaría si la persona contratada es dependiente del mismo empleador, de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, accionistas o representantes legales o de las partes relacionadas al empleador en los tres ejercicios anteriores al de su contratación.

Además, el beneficio solo aplica para contrato bajo relación de dependencia por un período mínimo de un año con corte al final del ejercicio fiscal correspondiente. Por otro lado, se aumentará un punto porcentual adicional si dentro del grupo de las nuevas plazas de empleo se contrata al menos a un egresado o graduado de universidades públicas ecuatorianas.

Empleo a exprivados de la libertad

El proyecto de ley también promueve la deducción adicional del 50% de las remuneraciones y demás beneficios sociales a las empresas que contraten bajo relación de dependencia a quienes hayan sido sancionados con penas privativas de libertad.

La medida aplica para personas que hayan estado en la cárcel más de un año o a sus cónyuges o parejas en unión de hecho. Las condiciones son las mismas aplicadas a los incentivos tributarios al empleo juvenil. (AGM).

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