Ese el riesgo, lo reconoce el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, pues si antes César Litardo,expresidente de la Asamblea, lo cobijó y ahora cuenta con el respaldo de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

“Ya le he enviado dos solicitudes para que de paso al juicio, pero no me contesta, hoy (18 de agosto) le enviaré otra solicitud más”, aclara el representante de las filas de Unión por la Esperanza, (UNES).

De acuerdo al artículo 131 de la Constitución Política del Estado, “la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.

Un año en el exterior

Martínez renunció un 7 de agosto de 2020, con una lacónica carta en la que precisaba su aporte al Gobierno y el aumento de beneficiarios a los “proyectos sociales” de ese gobierno y otros detalles. Tachoneó la carta con tal de agregar como encabezado: “querido presidente”.

Martínez fue un hombre con suerte. En su periodo, cinco juicios políticos fueron paulatinamente postergados, hasta que en septiembre de 2020, pasaran a la Comisión de Fiscalización. Los juicios estuvieron impulsados por los legisladores: Juan Lloret y Yofre Poma (RC); Vicente Taiano (PSC); Jimmy Candell (BIN) y Raúl Tello (BADI).

Lloret considera que es posible otra interpretación del 131 de la Constitución que permita saltar la salvedad del periodo de tiempo y es que el pedido de juicio fue presentado durante el ejercicio del funcionario.

La acusación contra Martínez es incumplimiento de funciones; alrededor de ello, los acusadores afirman que el funcionario no asignó recursos económicos para los gobiernos autónomos descentralizados; incumplió en el pago de los incentivos a los jubilados del magisterio; afectó al presupuesto del sector educativo tanto al sistema inicial, básica, bachillerato y universitario; también lo responsabilizan de un supuesto mal manejo en las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria provocada por el COVID-19; y además, cuestionan que manejó mal el proceso de pago de la deuda externa.

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Además, sostuvo que no queda claro si existió la omisión o si hubo intencionalidad en no avanzar con la notificación a la presidencia de la Asamblea. En este sentido, señaló que la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, permite sancionar conductas de este tipo.

“El artículo 26, en el último inciso, establece que se podrá remover a los presidentes y vicepresidentes por incumplimiento de sus funciones. Sus funciones son cumplir con lo que establece la Ley, la Constitución, con los plazos, con el debido proceso”, señaló.

El asambleísta afirmó que es evidente que Villavicencio no cumplió adecuadamente en el ámbito de la actuación de la presidencia de la comisión, que es la que lleva adelante la parte administrativa y operativa.

Asimismo indicó que Gabriela Molina, asambleísta de UNES y miembro de la Comisión de Fiscalización, ratificó que Villavicencio debería ser sancionado. Para ello, explicó, se necesita el apoyo de las dos terceras partes de los miembros de la comisión.

La sanción podría ser la destitución del cargo de presidente, más no como legislador. “La comisión deberá resolver que hace con Villavicencio”, apuntó.

Transparencia del proceso

Lloret asegura que la comisión cumplió con el debido proceso hasta el día del error de Villavicencio. “Se cumplió con la posibilidad de recibir las comparecencias, las pruebas documentales y las pruebas de cargo y descargo. Es decir ese proceso está totalmente limpio”, dijo.

Asimismo, informó que con la posición de los legisladores de la comisión, el juicio se sostendría.

“Yo no creo que nadie en su sano juicio, ante los hechos, ante las pruebas que han sido difundidas, ante los elementos de convicción que se han presentado, pueda actuar en contra de la censura de este funcionario, que a todas luces dista mucho de preceptos importantes como la honradez, la probidad para ejercer un cargo público”, señaló.

Indicó que son múltiples las causales para el enjuiciamiento. “No solo es el tema de delincuencia organizada, es la intromisión en otra función del Estado. Es la legalidad al frente de la Contraloría, son las glosas de Odebrecht”, dijo

“Yo no creo que ninguna bancada se pueda dar ese tiro en el pie. Lo que si me llama la atención es lo que nos ha tocado vivir para llevar adelante este juicio político. No olvidemos que el 25 de junio hubo votos para un juicio político que no cabía. Y el error de <<buena fe>> de Villavicencio, que casi nos tumba el juicio”, concluyó.

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