La decisión ratifica el fallo dictado el 5 de noviembre de 2024 por una jueza de instancia, tras la denuncia presentada por el exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas.

El pleno del TCE negó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Abad, argumentando que no se demostró que la sentencia original presentara deficiencias o vicios procesales. La jueza basó su resolución en el artículo 278, numeral 7, del Código de la Democracia, que tipifica la campaña anticipada como una infracción electoral grave. En su sentencia, la magistrada indicó que la imposición de la multa tiene como objetivo disuadir a otros actores políticos de incurrir en este tipo de infracciones, sin necesidad de sanciones más severas.

Sanción económica

Según el fallo ratificado, la multa impuesta a Abad, equivalente a 20 salarios básicos unificados, busca disuadir a otros actores políticos de incurrir en conductas similares en el futuro. La normativa establece que el pago debe efectuarse en un plazo de 30 días en la cuenta “Infracciones Ley de Elecciones” del Banco BanEcuador. De no cumplirse con la obligación dentro del tiempo estipulado, se procederá con la cobranza por vía coactiva, conforme al artículo 299 del mismo código.

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La decisión del TCE responde a una denuncia interpuesta por Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien acusó a Abad de realizar actos de precampaña mediante sus redes sociales, donde utilizó imágenes, mensajes y símbolos de campaña antes del inicio oficial del periodo electoral.

A pesar de que la primera denuncia, presentada en junio, no fue admitida, Guarderas insistió en el trámite en julio, y tras la evaluación de pruebas documentales y periciales, el Tribunal emitió su fallo.

En su sentencia, el TCE explicó que si bien la conducta de Abad fue reprochable, no causó un impacto significativo en el proceso electoral, por lo que consideró que la sanción económica sería suficiente para disuadir conductas similares en el futuro. La vicepresidenta tiene 30 días para realizar el pago en una cuenta designada de BanEcuador, en caso de incumplimiento, la multa será cobrada de manera coactiva.

Esta medida es parte de una serie de acciones recientes relacionadas con Abad, quien también enfrenta otras denuncias por violencia política de género y ha solicitado acciones de protección.

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Guarderas, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), planteó la causa en julio de este año, supuestamente en calidad de ciudadano común. Así como otros procesos que ha venido ejecutando en contra de autoridades de gobierno, como Pabel Muñoz, a los que considera amenazas para el gobierno de Noboa. A pesar de haber asumido el cargo como consejero el 6 de octubre de 2023, luego de la destitución de Alembert Vera, se ha mantenido en que su trabajo como denunciólogo lo viene haciendo durante toda su carrera. Pero sus nexos con el gabinete del actual gobierno le han otorgado un poder ad honorem sobre el TCE para hacer y deshacer sobre estos y otros procesos.

El equipo de Guarderas

La denuncia contra el alcalde de Quito, por ejemplo, la realizó el 10 de noviembre – un mes después de ser obtener la titularidad en el CPCCS – junto a Mónica Jaramillo, quien entonces fungía como su asesora. Esta vez, en el proceso contra Abad tuvo como compañía a su reciente exequipo de trabajo. Pues, durante la audiencia de hoy estuvieron presentes Pablo Sempertegui, exasesor y exsecretario técnico de transparencia, y Alicia Celorío Suárez, quien fue asistente administrativa de su despacho y prosecretaria encargada hasta julio de 2024.

Todos contra Abad

Luego de suspenderse la audiencia, Guarderas dijo ante los medios de comunicación que rechaza la decisión de la jueza y aseguró que se notificó a la vicepresidenta “bajo exhorto” desde agosto pasado. La defensa de Abad, por su parte, dijo que apenas hoy pudo acceder al expediente íntegro que contiene 800 páginas y que, por lo tanto, fue imposible leerlo antes de la diligencia ante el TCE. En este objetivo que persigue el Ejecutivo también se solicita la suspensión de sus derechos políticos, petición que llevan adelante la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, dentro del proceso de sumario administrativo retomado después de la negativa a la acción de protección planteada por Verónica Abad.

Juan Esteban Guarderas fue funcionario del Consejo Nacional Electoral en 2018, 2020 y 2021, y director de la Fundación Lucha Anticorrupción. Actualmente, en su calidad de consejero, impulsa la renovación total de los vocales del CNE, aunque esto no se encuentre establecido en los reglamentos para el concurso. En mayo de 2024 promovió la denuncia contra el expresidente del CPCCS, Alembert Vera, por haber sido parte de la “Liga Azul” ante lo que el TCE resolvió sancionar con una multa económica y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años, proceso que busca también para los consejeros del CPCCS, Augusto Verduga y Yadira Saltos.

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Mientras el consejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas, realizaba una rueda de prensa pidiendo la renuncia del alcalde, en el Palacio Municipal, un grupo de simpatizantes mostraron su apoyo al burgomaestre.

«Esto que pretenden hacer es un absurdo jurídico. Tengo la claridad, la convicción, la firmeza de decir que no hemos cometido ninguna infracción electoral. Tanto así que el día de hoy han dejado claro lo que quieren. Es evidente que para algunos, determinados alcaldes somos incómodos», dijo Muñoz a los ciudadanos.

Agregó que «si uno fuera de la alcurnia que a ellos les interesa, seguramente no habría problema. Si uno trabaja del lado del pueblo humilde, sencillo, ahí empiezan las preocupaciones». Muñoz dijo que lo que buscan es su renuncia y que para él evidentemente «le entra por aquí (un oído) y me sale por acá (otro oído)».

«Para mí es una obligación cumplir con ustedes, las ofertas de campaña. Eso me entra por un oído y me llega al corazón. La mejor forma de decirles a ellos que pierden su tiempo con sus absurdos jurídicos y de estar con la gente es dedicándome a trabajar como lo hago. 24 horas al día por la ciudad», expresó.

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La objeción fue presentada por Juan Esteban Guarderas, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en el marco de una denuncia por supuesta infracción electoral por parte del burgomaestre.

La complicada trama legal inició con la recusación del primer juez designado, Ángel Torres, quien fue excluido debido a un supuesto vínculo cercano con otra denunciante, Mónica Gabriela Jaramillo. Tras el sorteo de un nuevo juez, la causa recayó en Richard González, quien también fue recusado en esta ocasión por la otra parte demandante.

La juez Ivonne Coloma evaluó la segunda recusación y el pleno del TCE determinó su improcedencia. La decisión se basó en el hecho de que el juez Joaquín Viteri, a quien González estaba subrogando, recuperó sus funciones.

«A la fecha, la recusación presentada por el señor Juan Esteban Guarderas Cisneros deviene en improcedente por cuanto el abogado Richard González Dávila, juez suplente, perdió competencia al haber dejado de subrogar al doctor Joaquín Viteri Llanga, juez de instancia asignado por sorteo en la presente causa», reza el comunicado.

Este cambio implica que el juez Viteri asumirá ahora la responsabilidad de conocer la demanda contra el alcalde Muñoz.

Contexto

La acusación contra Muñoz se centra en el supuesto uso indebido de su cargo para promocionar la candidatura presidencial de Luisa González durante las elecciones pasadas-

La infracción electoral que se imputa a Muñoz conlleva sanciones que van desde multas equivalentes a 11 a 20 salarios básicos unificados, hasta la destitución y/o suspensión de derechos de participación por períodos que oscilan entre seis meses y dos años.

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La mañana del 13 de octubre, el consejero Guarderas llegó a las inmediaciones del CJ para recibir el »pedido ciudadano». El funcionario estaba acompañado por escolta policial y equipado con chaleco antibalas y un casco.

Guarderas citó el artículo 55 del Ley Orgánica del Cpccs, en donde se detalla que los concursos públicos de méritos y oposición deben efectuarse a través de una comisión ciudadana, a excepción de que la terna de participantes haya sido enviada por el Ejecutivo.

El vocal argumentó que el nombre de Terán fue enviado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y que no existió ninguna comisión ciudadana. Por otro lado, la sentencia de la CorteConstitucional (CC) dictaba que este concurso debía llevarse a cabo »sin la menor dilación».

»Esto no quería decir que podían saltarse los mecanismos y las exigencias legales. Desde mi punto de vista hay una nulidad insubsanable en la designación de Wilman Terán», dijo a los medios de comunicación.

Agregó que durante esta semana gestionará la denuncia ciudadana en el Cpccs para tomar cartas en el asunto. Posteriormente se retiró del lugar acompañado de su escolta policial. (AGM).

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»Es infracción en tanto yo pueda estar convocando a votar por alguna candidata o candidato. Lo que quieren es encontrarle la quinta pata al gato a un trabajo que hacemos con absoluta responsabilidad», dijo el burgomaestre a los medios de comunicación.

Además, enfatizó en que él se debe a la organización política que lo llevó al cargo que hoy ejerce, sin embargo, aclaró que no ha ido en contra del reglamento electoral. Con estas declaraciones exhortó a Guarderas a presentar las pruebas en su contra para que un juez resuelva el caso.

Agregó que no tiene temor en presentar todo lo que requiera la autoridad electoral. »A mi en particular lo que me quita el sueño es lo que le quita el sueño a la gente: el desempleo, la inseguridad y la pobreza», indicó.

Las acusaciones de Guarderas

«Hay pruebas demasiado contundentes de que el alcalde de Quito está haciendo campaña por Luisa González», dijo el nuevo vocal del Cpccs, Juan Esteban Guarderas.

El funcionario manifestó que presentará una denuncia contra Muñoz en el TCE y expuso como evidencia un video en donde sale el alcalde de la capital junto a la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González. (AGM).

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