El pasado 27 de abril la organización política posesionó a la nueva directiva que quedará al mando del exasambleísta y exconsejero presidencial, Juan Fernando Flores. Por su parte, Bernal fundó un nuevo colectivo nacional bajo el nombre de »Todos» y cuenta con el respaldo de »líderes de 18 provincias».

El exfuncionario Bernal carga sobre sus hombros una prohibición de ejercer cargos públicos por dos años, tras la resolución de censura por parte de la Asamblea Nacional en el 2023. El político reveló a Diario El Universo que la organización política decidió impulsar nuevamente la candidatura presidencial de Lasso, una resolución a la que se opuso y decidió dar un paso al costado. Asimismo resaltó el bajo nivel de aceptación con el que terminó el gobierno del exmandatario.

“Yo reconozco grandes logros en el gobierno (de Lasso) y enormes errores también en el gobierno, que tienen que estos últimos tener la capacidad suficiente de redireccionarnos para que gente joven, gente nueva, nuevos liderazgos que emergieron justamente a partir de un proceso de gobernanza, permitan tener alternativas. Y me puse, indudablemente, contrario a la posibilidad de una nueva opción para el expresidente Lasso”, dijo al medio de comunicación.

Actualización 16h26

El partido político CREO informó que el expresidente Guillermo Lasso no ha manifestado su interés para ser candidato a la Presidencia en el 2025.

»En la Asamblea Nacional nos planteamos metas para las siguientes elecciones y eso incluye dar paso a nuevos políticos y a jóvenes interesados en construir un país más justo y equitativo para todos», dijo el exmandatario en X.

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A menos de seis meses de terminar el período del Gobierno de Lasso de manera imprevista se realizan nuevos cambios. Tras el decreto de la muerte cruzada, tres exasambleístas fueron acomodados en el gabinete del mandatario.

Premio a la lealtad

El 19 de mayo el jefe de Estado designó al exparlamentario Juan Fernando Flores como nuevo consejero de Gobierno. Ahora, consiguió el reemplazo de Luis Verdesoto, quien renunció en enero a la Secretaría Anticorrupción.

Al abandonar la cartera de Estado, Verdesoto entregó un informe con siete hipótesis sobre los mecanismos de corrupción en las empresas públicas.

Este cargo lo ocupará la exasambleísta de la bancada oficialista, Ana Belén Cordero, quien fue vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, esta mesa parlamentaria fue clave en el juicio político contra Lasso. La exlegisladora defendió la supuesta inocencia del mandatario ante las acusaciones de presunto peculado.

Por otra lado, Raúl Tello dejará de ser el representante del Gobierno en el CTEA , su reemplazo será Llori, quien durante su período en el Legislativo fue acusada de presunto cobro de diezmos. Además, fue destituida de la Presidencia del Legislativo por incumplimiento de funciones. (A.G.M).

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«Al Gobierno ecuatoriano no le ha interesado, no ha movido un solo dedo y no le ha importado que nosotras estamos aquí en indefensión», dijo para La Posta. Asimismo, manifestó que las autoridades quieren callar y silenciar el caso.

Según Ibarra, hay un poder político y económico para que algo el caso «se hunda en el silencio». De la misma manera, explicó que ellos están moviendo las cosas a su favor porque ellas siguen «siendo violentadas».

El 12 de junio, tras la denuncia de Ibarra, la Cancillería del Ecuador informó que se comunicó con la víctima para conocer el caso y brindarle apoyo. Sin embargo, la afectada expresó que «solo le hicieron un par de llamadas y nada más«.

Los lazos de Gómez

Ibarra aseguró que no sabe si la embajada está de un lado u otro, pero que tanto el embajador como el consejero de Gobierno, Juan Fernando Flores llevan trabajando varios años juntos con Enrique Gómez. «Son considerados como una familia, tienen lazos bastantes fuertes entre el embajador y el hijo que es el consejero de Lasso», sostuvo.

La periodista agregó que los poderes se han unido con Gómez para armar «un escudo y darle impunidad». La víctima también dijo que el Estado no le ha quitado la inmunidad diplomática a Gómez.

La falta de este documento impide que a Ibarra le den medidas de restricción. Además, no puede sacar una orden de alejamiento a su favor, incluso no puede pedir a la Fiscalía o Policía que la acompañen a su antiguo domicilio para recoger sus cosas y la de su familia.

«No podemos continuar con algunos trámites que se requieren porque la embajada no ha anunciado de forma escrita a la Fiscalía el levantamiento de esta inmunidad», afirmó.

El apoyo panameño

Para la afectada, las autoridades panameñas son las únicas que han brindado ayuda, pues ha sido beneficiaria de apoyo psicológico y jurídico. Asimismo, le brindan productos de aseo personal, y artículos para su bebé como fórmula y pañales.

«Todas esas cosas debería hacer mi país, no un país extranjero. ¿Por qué nos han dejado solas?, ¿Por qué no se han pronunciado con la verdad? ¿Por qué no han hecho nada?», se cuestiona Ibarra.

La víctima explicó que este caso ha sido ampliamente difundido en Panamá y a nivel internacional. «Hay organismos internacionales de alto nivel, que tiene los ojos sobre este caso, porque es un caso que puede marcar un precedente con las mujeres a nivel diplomático«, respondió. (DCJ)

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Los nuevos integrantes de régimen aparecen luego de que el jefe de Estado firmara la muerte cruzada en medio del juicio político que llevaba en su contra por el delito de presunto peculado.

Con el decreto ejecutivo 744, Flores se encargará de la asesoría política de Lasso. Antes de que el mandatario disuelva la Asamblea Nacional, los exlegisladores del BAN anunciaron que lo apoyarían y formarían un nuevo equipo de trabajo que «refuerce el trabajo del gabinete».

La muerte cruzada

Lasso disolvió la Asamblea Nacional a través del decreto 741 de muerte cruzada la mañana del miércoles 17 de mayo de 2023.

Ahora, el jefe de Estado gobernará vía decretos-ley los siguientes seis meses sin el contrapeso del Legislativo, pero no terminará su mandato. Sin embargo, la Corte Constitucional verificará que sus decisiones no sean contrarias a la Carta Magna.

De acuerdo con el documento, el primer mandatario firmó el decreto considerando la existencia de “una grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador”.

Algunos no se querían ir

Los jueces Jhoel Escudero y Enrique Herrería serían los encargados de conocer las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por los exasambleístas de la República contra el decreto de muerte cruzada promulgado por el presidente.

Escudero conocería la demanda planteada por Esteban Torres (PSC) y Yeseña Guamaní (ID). Mientras que Herrerría tramitaría la demanda de los Ángel Maita, Mireya Pazmiño, Dina Farinango, Janeth Llano y Fernando Cabascango (facción de PK).

Sin embargo, la noche del 18 de mayo, la Corte Constitucional rechazó las demandas de los exlegisladores y aceptó la legalidad de la muerte cruzada. Con eso, el CNE dio por inaugurado las elecciones anticipadas 2023 en las que se elegirán autoridades presidenciales y legislativas. (N.J.C)

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“Las causales que pretenden darse para este juicio político no son claras ni evidentes para sancionar al presidente de la República”, dijo la asambleísta de PK, Jéssica Castillo.

En ello coincide su homólogo de la ID, Alejandro Jaramillo, quien manifestó que está “enquistada” la corrupción en las empresas públicas, no solo de este Gobierno sino de los anteriores períodos.

Considera que con el informe emitido por la Comisión Ocasional no puede existir un juicio político, pues no respondería a las respectivas formalidades y estaría mal armado.  “40 días para sacar un informe patojo, un informe que no tiene los elementos suficientes”, agregó el legislador.

Desde el oficialismo…

Desde la bancada oficialista, el asambleísta Juan Flores ratificó su posición respecto a la falta de elemento y causales que presenta el informe para enjuiciar al presidente Lasso. Para él, los que votaron a favor de este documento le dieron “legalidad” a algo que no tiene sentido. “Hay muchos legisladores que se arrepienten de su decisión”, resaltó. (A.G.M).

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“No poseen un informe que cumpla con sus objetivos golpistas, toda vez no han encontrado prueba alguna de los supuestos nexos del presidente con los hechos denunciados”, dice el BAN.

Agregó que en lugar de llevar una investigación seria y un control político responsable, “pretenden forzar y manosear la Constitución para inculpar al presidente Guillermo Lasso y con ello, justificar un supuesto juicio político”.

Debate en la Asamblea

La moción para extender el plazo de la Comisión fue interpuesta por la legisladora Viviana Veloz, quien preside la mesa parlamentaria. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la moción con 108 votos afirmativos.

Antes de la resolución, se discutió la gestión de la Comisión en un debate. Por parte del oficialismo, 20 asambleístas votaron en contra de la moción y cuatro se abstuvieron.

El jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, manifestó que “no van a avalar más mentiras y mucho menos el oportunismo político”. Además enfatizó en que no existen vínculos del presidente de la República con temas del narcotráfico y “no ha logrado comprobarse” esta acusación.

“¿Para qué necesitan 10 días? ¿O es que acaso están esperando que les envíen el informe desde Bélgica o desde México”, resaltó. (A.G.M).

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El Pleno de la Asamblea sesionó en modalidad virtual y registraron 135 asambleístas, es decir, existieron dos ausencias. La moción de prórroga fue interpuesta por la legisladora Viviana Veloz a 48 horas de cumplirse los 30 días de plazo para entregar el informe de la Comisión Ocasional.

» La comisión especializada podrá pedir justificadamente a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, una prórroga de máximo veinte días para presentar un informe detallado», dice el artículo 58 de Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

El debate parlamentario

Antes de la resolución del Pleno de la Asamblea, se discutió la gestión de la Comisión en un debate. Por parte del oficialismo, 20 asambleístas votaron en contra de la moción y cuatro se abstuvieron.

El legislador Juan Fernando Flores manifestó que «no van a avalar más mentiras y mucho menos el oportunismo político». Además enfatizó en que no existen vínculos del presidente de la República, Guillermo Lasso, con temas del narcotráfico y «no ha logrado comprobarse» esta acusación.

«¿Para qué necesitan 10 días?», dijo Flores, «¿o es que a caso están esperando que les envíen el informe desde Bélgica o desde México'», resaltó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Ocasional detalló que hasta el momento se han realizado 19 sesiones y se han recibido 40 mil hojas de información. Como justificación para el requerimiento de la prórroga señaló que no es un tema sencillo por lo que deben ser prolijos y cuidadosos al momento de fiscalizar.

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“No participaremos de los procesos viciados, no avalaremos ilegalidades, no permitiremos que se atropelle la ley”, expresó el oficialista Juan Fernando Flores.

En una rueda de prensa manifestaron la posición de la bancada respecto a las declaraciones de ciertos asambleístas sobre la conformación de una comisión encargada de fiscalizar a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.

“Rechazamos los actos al margen de la ley cometidos en la sesión No. 772. ¡Todo dentro de la Ley, nada fuera de ella!”, manifestó Flores.

Flores recalcó que todo lo que se estaba constituyendo en la sesión del Pleno carece de validez porque, pese a la apelación de la presidencia de la Asamblea, en ninguna parte de la Ley se establece que cuando se apela la presidencia la sesión vuelve a cero.

“Si los cambios del orden del día ya habían sido tratados de ninguna manera se podían volver a restituir los procesos”, sostuvo Flores.

Además, aclaró que no se oponen a una evaluación, pero que esta no puede ser sobre una sola persona, sino que tiene que ser sobre los miembros del CAL, las comisiones e incluso sobre los 137 asambleístas.

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«Conocemos que existen al menos seis asambleístas de Pachakutik que tienen la intención de acercarse al correísmo. No es algo nuevo, ya hemos visto las intenciones que tienen y no deben respondernos a nosotros sino al pueblo ecuatoriano», dijo el legislador.

Flores no dio sus nombres e indicó que «la historia será quien los juzgue y en el momento oportuno conoceremos sus nombres. Todos siempre están identificados, en la política no hay nada oculto ni sorpresas», añadió.

Denuncias

El legislador indicó que se denunciará un intento de golpe de Estado y también «se terminará de comprobar la responsabilidad en los eventos que han sucedido en las últimas horas como generar la inestabilidad en el país y la idea de conmociòn social para lograr lo que quieren destituir al presidente de la República».

Las denuncias estarán dirigidas a quienes están dentro pero también fuera del Legislativo.

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