Guarderas afirma que, tras analizar más de 5.000 actas, sus proyecciones indican que los resultados podrían variar significativamente, sugiriendo incluso una posible victoria en primera vuelta para el presidente-candidato Daniel Noboa. Destaca casos en zonas rurales de Pichincha, como Pintag, donde se registró un ausentismo nulo e, incluso, mesas con más votantes que los inscritos, situaciones que califica de «imposibles y absurdas».

«Mi tesis aquí es que utilizaron todas las actas de ausentismo para llenarlas a favor de Luisa González«, afirmó en rueda de prensa.

Culpa al CNE

El exconsejero responsabilizó al Consejo Nacional Electoral (CNE) por permitir estas inconsistencias y no ejercer un control adecuado durante y después del escrutinio. Además, sugiere un supuesto favorecimiento hacia los partidos Revolución Ciudadana (lista 5) y Partido Social Cristiano (lista 6). El exfuncionario sugirió el cambio de personal del órgano electoral en la segunda vuelta.

Censurado por la Asamblea

El 27 de diciembre de 2024, la Asamblea aprobó la censura y destitución de Guarderas por incumplimiento de funciones, incluyendo acusaciones de abuso de poder, uso indebido de recursos públicos y tráfico de influencias. El exvocal del Cpccs calificó el proceso de nulo, argumentando la falta de notificación adecuada y la violación de su derecho a la defensa.

Previamente, en noviembre de 2024, Guarderas presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta infracción electoral. Aunque buscaba su destitución, la jueza Ivonne Coloma impuso una multa a Abad, sin retirarle sus derechos políticos.

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La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, cuestionó las acciones legales emprendidas por Guarderas para intentar frenar el proceso. Según Aguirre, el consejero presentó dos acciones de protección contra ella y la presidenta de la Asamblea , Viviana Veloz.

La primera fue rechazada por un juez, mientras que la segunda está en espera de resolución. Aguirre calificó estas medidas como intentos de intimidación y aseguró que no detendrán el desarrollo del juicio. «Rechazamos esa persecución. No le tememos a la Función Judicial. No nos van a intimidar. Continuaremos con este proceso en estricto apego a la ley», afirmó.

Guarderas denuncia falta de notificación y acusa motivaciones políticas

En un comunicado Guarderas sostuvo que no fue notificado oficialmente sobre las sesiones relacionadas con su juicio político. «No fui convocado a través de ninguno de los canales oficiales: ni Quipux, ni Zimbra, ni Lotus, ni al correo personal, ni mediante notificación física», afirmó el consejero.

Además, Guarderas acusó a la RC de buscar su destitución para ganar mayoría en el Cpccs, lo que permitiría al bloque designar a Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glas, en su lugar. El consejero señaló que esta maniobra ocurre en un momento clave, dado que el Cpccs está en medio de procesos de renovación de autoridades en entidades como la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura.

«Nos vemos en la Comisión», expresó Guarderas en días anteriores, aunque no acudió a la sesión de este 12 de diciembre.

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Según argumentó Guarderas, la funcionaria hizo campaña antes del tiempo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), es decir, del 3 de enero al 2 de febrero del 2023. Este sería el segundo juicio electoral interpuesto por el consejero, luego de la demanda al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por proselitismo político.

Ella no sería la única en la lista, pues el vocal señaló que tomó tres de los casos »más descarados» de los comicios electorales del año pasado para interponer una demanda ante el TCE. La acusación también pesa sobre Guillermo Churuchumbi, actual dirigente de Pachakutik y excandidato a la Alcaldía de Cayambe; y Francisco Suárez, excandidato a la Prefectura de Tungurahua.

La evidencia presentada serán vídeos difundidos en redes sociales y una pericia comunicacional que expondría que »Abad no estaba opinando sobre el futuro de Cuenca sino pidiendo votos».

¿Y Noboa?

El CNE determinó que el período para la campaña para las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023 sea del 13 de julio al 17 de agosto. No obstante, las redes sociales revelan que el presidente Daniel Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad y otros legisladores de la bancada oficialista, realizaron campaña antes del plazo determinado.

Asimismo, del 7 al 18 de abril del 2024 era el período de campaña por la Consulta Popular y el Referéndum, sin embargo, el Ejecutivo no respetó el cronograma. El mandatario no desperdició su intervención en diferentes eventos gubernamentales para hacer campaña por el SÍ. En la mayoría de sus discursos el mandatario resaltó el rol de sus opositores y su intento de afectar la Consulta Popular, en ese momento invitaba a la ciudadanía a votar once veces SÍ.

Pese a las claras evidencias, Guarderas señaló en entrevista para Ecuavisa que no demandará al jefe de Estado porque él »no es el CNE y no le compete enjuiciar a todos», en ese sentido admitió que el excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+) también hizo precampaña. Más adelante en una rueda de prensa señaló que no descarta una denuncia al presidente Noboa y aclaró que no lo ha hecho porque »las pruebas no son tan fáciles de detectar». (AGM).

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El mismo juez dio a trámite la denuncia interpuesta por el consejero Juan Guarderas en contra del actual alcalde de la capital, Pabel Muñoz.

Yunda en su cuenta de X mencionó que Torres lo habría citado en el edificio del Salvador y Portugal y que ese día estaban cinco personas reunidas.

«Sin derechos políticos, pero tranquilo. Cuánto le pedirán a este pana», expresó.

No fue la primera vez

El fundador Frente de Perjudicados de la Contraloría General del Estado (CGE), Alejandro Rodas comentó que el juez, a través de un exasesor, le pidió USD 12 mil. Rodas señaló que el exasesor le habría mencionado que el juez lleva más de 65 años de experiencia y le hará pagar «casa por cárcel».

«Ese es el nivel de ciertos jueces del TCE, que es una entidad innecesaria y extremadamente corrupta», puntó.

El inicio del problema

La noche del 23 de noviembre, el juez del TCE admitió a trámite la denuncia interpuesta por Guarderas en contra de Muñoz.

El consejero argumentó que el alcalde supuestamente incurrió en una infracción electoral. Guarderas tuvo el primer llamado de atención cuando no argumentó el motivo de la acusación y la entidad le dio un plazo de dos días para que complete el documento.

Los derechos política de Yunda

El 27 de agosto, el TCE aclaró y amplió la sentencia del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Ahora, el exburgomaestre perdió sus derechos políticos por dos años.

Además, debía pagar una multa de USD 13.500 por la “infracción electoral muy grave” de la que fue acusado, pues Sebastián Guarderas lo denunció por supuestamente desacatar la orden del TCE y mantenerse en el puesto luego de su remoción.

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«Qué valentía para llevar adelante algo infundado que podría ocasionar la destitución. De ser el caso, correrá la misma suerte del exconsejero al que está reemplazando», dijo en Radio La Calle.

Recordó que el expresidente del Cpccs, Alembert Vera fue destituido del cargo por «desacatar una resolución de la Corte Constitucional (CC)» y mencionó que el actual consejero estaría incurriendo en el mismo caso.

Terán alegó que su proceso transcurrió de manera «legal y transparente». Según él, se cumplió con la terna emitida por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la comisión ciudadana para verificar el proceso, la presencia de una veeduría ciudadana, la exposición de los planes de trabajo y la resolución de la CC de elegir al presidente del CJ de la cuarta terna.

«El moroso del gobierno»

Además, el presidente del CJ señaló que el Gobierno no ha cumplido con la orden de cancelar USD 250 millones que estaba presupuestado para la entidad. El régimen tenía 15 días para pagar desde que un juez aprobó la acción jurisdiccional que interpuso Terán. Sin embargo, hasta la fecha el Ejecutivo no ha cancelado el monto. «Todo es una mora infame», repitió.

El ministro de Economía, Pablo Arosemena, rechazó esta acusación desde el primer momento y señaló que «no existen los recursos para solventar esta demanda y aseguró que esto es un problema de gestión en la Judicatura».

“Habría que trabajar más duro para mantenerlos a ellos (…) Bien saben que pretender más recursos significa quitarles a otros o subirle los impuestos a los ecuatorianos”, dijo.

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La petición la realizó el excandiato del Cpccs, Juan Guarderas el 24 de abril. Según él, Vera incumplió las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) al salir en un video de campaña del expresidente Rafael Correa, en 2023.

«Gracias al apoyo de partidos políticos ganaron ciertos candidatos, hoy el TCE nos da la razón y esas personas tendrán que enfrentarse a la justicia», expresó en su Twitter.

Con esta nueva decisión, un juez tendrá que revisar la denuncia y analizar la posibilidad de destituir a Vera.

El artículo 279 del Código de la Democracia indica que las infracciones a faltas muy graves irán desde 21 a 70 salarios básicos, destitución o suspensión de dos a cuatro años. Uno de los incisos respondería al incumplimiento de las disposiciones del TCE y el CNE.

Sin embargo, el abogado Marlon Martínez indicó que el el citar ese artículo no es un argumento suficiente para la denuncia, pues no ratifica que esté registrado en el movimiento.

Vera a la presidencia del Cpccs

La entidad designó a Vera como presidente con seis votos a favor y una abstención de Yadira Saltos.

“Ecuador no esta para discursos, está para acciones, para empleo. El Consejo debe ser el simbolismo de actuar con democracia y ser un ejemplo para la ciudadanía“, refirió. (N.J.C)

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