“Esperamos que este intento de tomarse el Consejo de Participación no se concrete. Hasta altas horas de la noche del día de ayer la fuerza pública seguía intentando entrar a las instalaciones”, afirmó durante una entrevista con Radio La Calle.

Dávalos expresó que se encuentran frente a un intento autoritario y dictatorial de tomarse otra función del Estado. Hizo un llamado a la sociedad, actores políticos y sociales a defender el Consejo de Participación.

“Hay que respetar el Estado de derecho y la democracia. La policía no tiene nada que hacer afuera de una institución que no necesita de la fuerza pública para resolver sus conflictos internos”, manifestó.

Un posible delito penal

Además, recalcó que los hechos suscitados ayer se constituyen como un posible delito de arrogación de funciones que consta en el Código Orgánico Integral Penal. “Nosotros como consejeros no podemos sesionar sin la convocatoria previa de la presidenta del Consejo de Participación”, sostuvo Dávalos.

Por otro lado, recalcó que fue el consejero Hernán Ulloa quien dispuso y dio órdenes a la Policía Nacional de respaldar el ingreso por la fuerza de los cuatro consejeros. Los gendarmes forzaron las cerraduras de las puertas de la sala de sesiones del Pleno

“Es muy clara la sintonía que se tiene por parte de estos cuatro consejeros con los grandes medios de comunicación y los intereses que están detrás de la eliminación del Consejo, antes y ahora con la toma de arbitraria e ilegal de esta institución”, afirmó.

El consejero reiteró que ya se han iniciado las acciones políticas para el juicio en contra de estos cuatro consejeros que buscan favorecer sus intereses particulares y beneficiar con ello al Gobierno nacional.

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“Creería que no son circunstanciales los eventos que hemos vivido al interior del Consejo, abonan a la desaparición del organismo. Esto no es casual, es un desprestigio sistemático. Por eso, la idea de eliminar el Consejo permite que las autoridades nombradas a dedo no sean removidas. Ellos saben que el voto de la ciudadanía era riesgoso para sostener su institucionalidad”, dijo durante una entrevista a Radio La Calle.

Dávalos sugirió que el mismo Gobierno es el actor clave que negoció la presidencia de Cruz. “El día de la posesión se vivió una jornada muy intensa porque muchos consejeros del Estado votaron a favor de Cruz, con él era muy fácil que pase lo que sucedió”, añadió.

La labor del CPCCS

El consejero mencionó que el trabajo de la conformación de veedurías se encarga de defender los procesos públicos en contra de las privatizaciones. Dávalos dijo que la última veeduría creada demostró que la función de participación ciudadana era importante. “Justamente lo que se hicimos: levantar la información reservada en el caso de la venta del Banco del Pacifico.

La destitución de Cristian Cruz se aprobó con 124 votos a favor y 5 abstenciones. La resolución se dio, tras una moción presentada por Henry Konfle y sostenida por la asambleísta Mercedes Serrano del Partido Social Cristiano. El expresidente Cruz es acusado del incumplimiento de funciones y falta de probidad. El juicio político afronta la obtención irregular de un carné que le otorga 81% de discapacidad visual y auditiva, uso de documentos falsos y arrogación de atribuciones.

“El presidente maneja y administra los procesos es por eso que ese trabajo se vio empañado y se dedico a defenderse y no a trabajar por la institución”, concluyó. (GG).

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