El informe aprobado por la Comisión de Fiscalización detalló que Morillo incurrió en un presunto tráfico de influencias en favor de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. También se delegó esa responsabilidad a Murillo, quien en su cargo de presidente de la Judicatura no habría tomado cartas en el asunto.

No obstante, Morillo señaló que el tráfico de influencias no es una causal dentro de la normativa legal para proceder con la censura.

La mesa parlamentaria también detalló que existió una falta de ejecución en el proyecto de homologación salarial; en este sentido, Murillo detalló que los testigos presentados en esta acusación no tenían evidencias por lo que no había sustento.

De igual manera, se le atribuyó la responsabilidad de falta de insumos a las entidades judiciales y al abandono de la construcción del Palacio de Justicia, en Manabí.

»Creo que fui el presidente que más se preocupó por la construcción del Palacio de Justicia de Manabí (…) cuando estuve en el cargo la obra pasó del 55% al 85% de la reconstrucción», dijo Murillo en su intervención.

Asimismo se le atribuyó arrogación de funciones, pues asumió el encargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura por encima del dictamen de la Corte Constitucional.

¿Reparto de cargos?

»Tenemos evidencias de que sí se entregaron puestos públicos a familiares de exasambleístas para evitar que el señor Murillo sea destituido», dijo la asambleísta Sofía Espín a Radio Pichincha en referencia al anterior juicio político interpuesto por la legisladora, Viviana Veloz.

En este sentido, señaló que la hija del exasambleísta Francisco León; el primo del exlegislador, Mario Ruiz; y la hermana de un exdirector de Pachakutik, habrían entrado como funcionarios del Consejo de la Judicatura a cambio de la salvación de Murillo. Por tal motivo existirá un nuevo proceso de fiscalización para investigar estos hechos. (AGM)

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Después de cuatro suspensiones, este 27 de septiembre en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia, al norte de Quito, se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio en contra de los funcionarios.

Tanto Morillo como Barreno han presentado recursos legales para declarar la nulidad del proceso en reiteradas ocasiones por vicios en el procedimiento. Esta vez no fue la excepción.

El juez Macías suspendió la sesión para analizar el pedido de los acusados y los argumentos de Fiscalía que solicitó la validez del proceso legal. Tras el fallo a favor del órgano de control, la fiscal Diana Salzar deberá presentar su dictamen acusatorio.

La última carta

Días previos a la audiencia, Barreno interpuso otra demanda de recusación en contra de Macías para separarlo del caso por no tener un criterio parcial y razonable. No obstante, el juez a cargo, Felipe Córdoba, no admitió el trámite porque no había claridad en la demanda y le dio cinco días para que las respectivas correcciones.

#ATENCIÓN | La vocal de la Judicatura @BarrenoMaribel señaló que en varias entrevistas el juez Walter Macías ha demostrado que no tiene "un criterio parcial y razonable" para seguir al frente de su juicio y sugiere su separación del proceso. #CasoVocales pic.twitter.com/RNMtvxMr9w

— Radio La Calle (@radiolacalle) September 22, 2023

Actualización

Al finalizar su intervención en la audiencia, la fiscal solicitó prisión preventiva para Barreno y medidas de protección para el fiscal a cargo de la causa y su equipo de apoyo. También pidió que el recurso legal sea para los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. (AGM)

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El 7 de junio se formuló cargo contra los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, como presuntos autores directos del supuesto delito de tráfico de influencias. En el caso también se encontraba involucrado el juez Vladimir Jhayya.

El argumento de la Fiscal se basa en un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa constitucional que derivó en la destitución de Guadalupe Llori, hasta ese entonces presidenta de la Asamblea Nacional.

La investigación

El caso inició por una denuncia presentada por exasambleístas, debido a unos audios publicados en un medio digital que revelarían conversaciones entre los procesados para influir en el resultado de un proceso político.

Los vocales habrían pedido apoyo al juez encargado de resolver un recurso judicial que presentó Guadalupe Llori para impedir su destitución de la presidencia de la Asamblea.

La Fiscal señaló que se habría obstaculizado la investigación por parte de los procesados por su falta de cooperación en la diligencia de reconocimiento de voz. «Hay un evidente riesgo que implica procesar a las máximas autoridades del órgano colegiado de la Función Judicial», sostuvo.

Para el procesado Vladimir J., la Fiscal solicitó medidas alternativas de prohibición de salida del país, uso de grillete y presentación periódica; puesto que no representa los mismos riesgos procesales que los vocales de Judicatura.

Pedidos y sanciones

Fiscalía indicó que las medidas alternativas a la privación de libertad no serían suficientes para impedir que los procesados continúen interfiriendo en el proceso, por lo que es necesaria, proporcional e idónea la prisión preventiva.

El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece el tráfico de influencias y lo sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

El órgano presentó 41 elementos de convicción, entre ellos, transcripción de la grabación, copia certificada del acta de testimonio anticipado de la jueza, certificados, versiones, etc. La magistrada que grabó la conversación habría sido incluida en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, pues habría sido víctima de amenazas. (M.W).

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En la Comisión de Fiscalización fue desarrollado el descargo de pruebas por parte del vocal Juan José Morillo, el presidente del CJ, Fausto Murillo, la vocal Maribel Barreno y la exconsejera María del Carmen Maldonado, debido a la solicitud de juicio político que enfrentan por incumplimiento de funciones.

En la diligencia el presidente del CJ sostuvo que el pedido de juicio político es tan solo un pretexto para tomarse la administración de la justicia.

«El juicio político es un pretexto, lo que en realidad quieren es volverse a tomar la administración de justicia. Eso es lo que quieren. Con o sin evaluación, igual hubiéramos sido objeto en juicio político», dijo.

Además, recalcó que los jueces removidos salieron por incapacidad en sus cargos y no por no responder a los intereses del actual CJ. «Los jueces y conjueces que no pasaron la evaluación de 219 no tenían la capacidad para ejercer como jueces de casación», señaló.

Proceso de evaluación de los jueces en 2019

Por su parte, la vocal Barrero indicó que le proceso de evaluación fue desarrollado bajo un proceso metodológico que dio mayor importancia al criterio cualitativo.

«La evaluación a los jueces en 2019 no se trató de un proceso antojadizo, sino de un mandato del soberano, expresado a través del CPCCS-T (…)».

Así también, ratificó que los Comités de Expertos y Apoyo que fueron parte de la evaluación estuvieron conformados por profesionales del Derecho y académicos de primer nivel.

Retardos injustificados y pagos por indemnizaciones

En su comparecencia, el vocal Morillo informó sobre los retardos en los procesos judiciales provocados por jueces y contrajueces de la Corte Nacional de Justicia antes de la evaluación realizada en 2019.

«Esto demuestra cómo la administración de justicia era selectiva. Es decir, las sentencias que querían las sacaban y las que no, las dejaban (guardadas). Ese es el grado de justicia que teníamos y que encontramos en el proceso de evaluación, afectando directamente al usuario”, manifestó.

Asimismo, Morillo señaló que desde 2017, el CJ está pagando alrededor de USD 10 millones por sentencias y reparaciones a causa de destituciones a servidores judiciales en administraciones pasadas.

«Esto ha mermado el presupuesto del CJ», indicó. De esta manera, Morillo solicitó a la Comisión el rechazo al pedido de juicio político en su contra y el de sus compañeros.

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