La Sociedad Mont Pelerin, creada en Suiza en abril de 1947 a iniciativa de Friedrich von Hayek (1899‐1992), reunió a 36 economistas, historiadores y filósofos, para discutir “la crisis de nuestros tiempos” y concluyó con una Declaración de Principios. Hayek era un radical anticomunista, partidario del gobierno limitado y esas ideas guiaron la promoción de la MPS, así como su aguda polémica con J. M. Keynes.

De modo que para la MPS, “los valores centrales de la civilización están en peligro”, entre otras razones por “el crecimiento de una visión de la historia que niega todos los estándares morales absolutos y por el crecimiento de teorías que cuestionan la conveniencia del Estado de derecho”. Y, en esencia, “por una disminución de la confianza en la propiedad privada y el mercado competitivo”, sin los cuales “es difícil imaginar una sociedad en la que la libertad pueda preservarse efectivamente”. Desde su nacimiento proclamó ser “un movimiento ideológico”, sin partidismo ni ortodoxias, simplemente para “facilitar el intercambio de opiniones entre mentes inspiradas por ciertos ideales y concepciones amplias” y contribuir así “a la preservación y mejora de la sociedad libre”. Apuntó seis temas fundamentales a seguir. Concluía que los atentados a la “libertad” provenían de teorías erróneas (en definitiva cualquier “socialismo”), por lo que se comprometían a ganar la “batalla intelectual por las ideas”.

Había nacido así el primer tanque de pensamiento (think-tank) internacional, que creció en los siguientes años. La MPS entre cuyos miembros se encuentra casi una decena de galardonados con el Premio en honor a Alfred Nobel (propiamente no existe “Premio Nobel” de economía) como el propio Hayek (1974) y Milton Friedman (1976), realiza reuniones periódicas, que incluyen altos funcionarios gubernamentales, periodistas, juristas, expertos económicos y financieros de todo el mundo.
 
Cabe observar que en esa poderosa MPS se originan las ideas rectoras del “mundo libre occidental”, lo cual ha sido entendido, sobre todo, en dos planos: la democracia liberal (entre los fundadores también estuvieron Michael Polanyi y Karl Popper) y la economía de libre mercado, basada en la propiedad privada. Y aunque desde los inicios se excluyó toda “ortodoxia”, no hay cómo ocultar el hecho de que las variantes de ese pensamiento “liberal” acogen, en última instancia, la ideología neoliberal en lo económico.

Hayek y Friedman, a los cuales hay que sumar a Ludwig von Mises (1881-1973), otro de los fundadores, han sido sus más sonados exponentes y en América Latina son considerados los padres del neoliberalismo de la región y los héroes teóricos de los “libertarios” o “anarco-capitalistas”, como los reivindica en Argentina el candidato presidencial Javier Milei o el think-tank “Ecuador Libre” (www.ecuadorlibre.org), vinculado con Atlas Network, conocida red con sede en Estados Unidos, que auspicia, promueve y financia ONGs ultraconservadoras. Imposible olvidar que los “Chicago Boys”, discípulos de Friedman, asesoraron al dictador Augusto Pinochet y que el mismo Friedman fue recibido calurosamente en Chile, en 1975.
 
En la MPS, quienes teorizan y analizan la economía, se concentran en los grandes países capitalistas y solo en forma subsidiaria o nula sobre América Latina, a la que normalmente desconocen, como se comprueba en sus obras. Pero los planteamientos son acogidos por una serie de seguidores en la región y, además, fundamentan las políticas neoliberales que continúan causando los más graves estragos sociales en los diversos países, de la mano de gobiernos absolutamente empresariales, respaldados por burguesías propias del subdesarrollo.

Tratando de imitar el ejemplo de la MPS, pero exclusivamente desde el campo político, en 2020 la Fundación Disenso perteneciente al ultraderechista partido Vox de España, lanzó la “Carta de Madrid”, documento fundacional del “Foro Madrid” a la que adhirieron políticos latinoamericanos de igual línea. Y para estar a tono con ese marco, este año (2023) una serie de jefes y exjefes de Estado y de Gobierno “iberoamericanos” (por incluir a España), junto a otros políticos, conformaron el “Grupo Libertad y Democracia” (GDL).

Todos están identificados con las derechas más reaccionarias de América Latina y varios de aquellos gobernantes son los directos causantes de las desgracias sociales dejadas a su paso en los respectivos países, como Iván Duque, Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Jeanine Áñez o el banquero ecuatoriano Guillermo Lasso, miembros del grupo, del que también forma parte Osvaldo Hurtado, expresidente ecuatoriano, cuyo giro intelectual es similar al que tuvo el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien, por cierto, es un reconocido miembro de la MPS.

El propósito expreso del GLD es enfrentar a todo gobierno de izquierda y al “populismo”, contraponerse al Foro de São Paulo y al Grupo de Puebla, bajo la consigna de que prevalezcan la “libertad”, la “democracia”, el “desarrollo” y el “Estado de derecho”, entendidos a su modo. Bastaría comprobarlo al soportar las palabreras intervenciones durante su segundo encuentro realizado en septiembre (2023) en Buenos Aires. Se comprende, entonces, que tanto la Fundación Disenso como el Foro de Madrid respalden a Javier Milei para la presidencia de Argentina, así como el Grupo Libertad felicita el triunfo de María Corina Machado en las primarias de Venezuela y también “con entusiasmo” a Daniel Noboa, electo presidente de Ecuador.
 
Como puede advertirse, las ultraderechas latinoamericanas coinciden en los postulados económicos y políticos y ahora integran entidades internacionales poderosas, que cuentan con suficiente financiamiento y presencia, para dedicarse a la “batalla intelectual por las ideas”, inspirada, en sus orígenes, por la MPS.

Conociendo las raíces de las concepciones económicas del neoliberalismo de la región, revestidas como teorías universales, así como las organizaciones que internacionalizan sus ideas y acciones, desde las filas contrarias también es necesario librar esa batalla intelectual por las ideas. Además, existe una base sólida en cada país, para demostrar las nefastas consecuencias humanas de la aplicación de las consignas neoliberales. Ecuador incluso ofrece el cuadro más grave desde 2017, con los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y más todavía con el de Guillermo Lasso (2021-hoy), pues es el único país en el cual el bloque de poder dominante está hegemonizado por una cúpula de empresarios y funcionarios identificados con el libertarianismo anarco-capitalista. Ellos han provocado la inédita destrucción de lo que K. Marx llamó fuerzas productivas, por imponer el Estado mínimo y un capitalismo comercial-financiero, a costa de la pérdida en inversiones sociales, servicios e infraestructuras, con el abierto propósito de mejorar los negocios privados.

Vuelve a tener sentido, bajo otras condiciones, el título de un célebre libro de Andre Gunder Frank: el desarrollo del subdesarrollo.

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En medio de una situación en la cual Ecuador solo aparece en el mundo internacional como parte de las malas noticias y, además, dejó de ser un referente de adelanto y democracia, las elecciones de segunda vuelta, realizadas ayer 15 de octubre (2023), no dejaron de despertar la atención -y preocupación- en medios académicos y sectores progresistas de América Latina.

En ellos se entendió bien que estaban en juego dos proyectos de economía y sociedad: uno, de los grandes empresarios-oligárquicos identificados con la ideología neoliberal y representados por el candidato Daniel Noboa; y otro, vinculado con una diversificada gama de amplios sectores sociales, representado por la candidata Luisa González.

En la región se comprendió que la elección de Noboa era la continuidad de los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes consolidaron la vía neoliberal. Y se tenían esperanzas, aunque bastante dudosas, sobre el triunfo de Luisa (así se trató a su candidatura), con quien podía preverse no tanto que retornaría el “correísmo”, sino que se abría la posibilidad de restaurar las bases para una economía de tipo social, sin grandes expectativas, pues su gobierno apenas duraría un año y medio.

La izquierda “auténtica y verdadera”, patrocinadora del voto nulo, podrá siempre dormir en paz, pues triunfa con cualquiera.

Las consideraciones que se han realizado entre los seguidores y estudiosos de las realidades ecuatorianas tomaron en cuenta que la polarización entre los dos modelos de economía y sociedad que estaban atrás de las candidaturas de Noboa y de Luisa, forman parte de una dinámica parecida a la que ocurre en América Latina.

La más cercana experiencia es Argentina, donde algo similar a la polarización ecuatoriana se advierte para las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre, en las cuales el riesgo del triunfo de Javier Milei es apreciado como un acontecimiento de gravedad continental, pues sus propuestas rebasan el neoliberalismo tradicional y “avanzan” a los planteamientos libertarios anarco-capitalistas. La comparación, si bien es adecuada, tiene una diferencia de fondo: en Ecuador, entre las élites del poder apareció, en apenas seis años, una condición nueva e inédita para la sociedad ecuatoriana: la consolidación de lazos con las mafias. Ello, y el crecimiento paralelo del crimen organizado y la explosión de muertes violentas en tan solo los dos últimos años, acabaron con el Ecuador que se tenía como un país de paz y tranquilidad, atrayente para llegar a él, sin el sobresalto de cada hora y en todo lugar.

En Ecuador tiene larga tradición histórica la evasión tributaria y la explotación a la fuerza de trabajo. Hay estudios que lo han comprobado para cualquier época pasada. Pero, como nunca antes, el país ha aprendido que entre las élites ricas se han forjado prácticas económicas inéditas: ya tuvimos antecedentes sobre el aprovechamiento doloso de recursos públicos con la sucretización de las deudas privadas externas (1983) y la resucretización (1987), pero, sobre todo, con los “salvatajes” bancarios desde mediados de la década de los noventa y el feriado bancario (“corralito”, como se llamó en Argentina a un acontecimiento igual) que les acompañó en 1999. Pero, a través de labores serias de investigación y denuncia, como ha ocurrido con los Ina-Papers, los Panama-Papers y los Pandora-Papers, hoy la población nacional sabe que se esconden riquezas privadas en paraísos fiscales, que se engaña a las instituciones estatales para impedir que se detecte a los responsables de los dineros escondidos o de los impuestos no pagados, que se expiden leyes o se toman medidas desde el Estado para garantizar negocios y acumulaciones privadas, y que hay recursos ilícitos, de difícil o imposible rastreo, en el “blanqueo” de dineros.

Hay que sumar -lo que es aún más grave-, que la población vive la realidad de la delincuencia, las “vacunas”, los sicariatos y ahora también los asesinatos políticos, como nunca existieron en el país. Tampoco hay que dejar de lado el lawfare, la judicialización indiscriminada y la persecución política, que incluso ha llegado a esferas académicas, contra quienes investigan y escriben sobre ciertos temas de la sociedad (como la situación laboral en las plantaciones bananeras, por ejemplo) que estorban y molestan a quienes se sienten descubiertos. De modo que uno de los desafíos que enfrenta cualquier gobierno progresista será el de perseguir a esas “lumpenburguesías” y a las mafias ahora enraizadas en Ecuador.

La experiencia de Ecuador también debe servir para los estudiosos latinoamericanos desde otra perspectiva: el neoliberalismo “criollo” poco tiene que ver con el original, es decir, con las teorías como las que en su momento difundieron los economistas Friedrich von Hayek o Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Proviene de los comportamientos habituales de los grandes grupos económicos desde hace décadas y es una verdadera herencia cultural de las viejas y tradicionales oligarquías de agroexportadores (los “gran cacao” a la cabeza), comerciantes y banqueros que hegemonizaron el régimen oligárquico que rigió desde inicios del siglo XX hasta la década de 1960.

Aquellas élites del pasado siempre vieron al Estado como enemigo, excepto en sus recursos, de los que siempre han aprovechado; no pagaban impuestos y sobre-explotaban a los trabajadores, además de administrar despóticamente el poder político. La teoría neoliberal calzó perfectamente con esos comportamientos. Y aparecen ahora imitadores de Milei, pues también hay en el país flamantes “libertarios” y think-tanks que los cobijan. Hoy, las tesis sobre “achicamiento” del Estado y privatización de los bienes y servicios públicos solo exhiben -y en apenas seis años- los dramáticos resultados sociales y de vida cotidiana que transformaron al Ecuador y lo convirtieron en noticia mundial que duele y avergüenza.

Es evidente que el panorama a solucionar y enfrentar es muy difícil y complejo. Para un gobierno presidido por Luisa González el desafío habría sido mayor, pues en menos de dos años tenía que demostrar que es posible recuperar un camino viable para la sociedad de bienestar y buen vivir que espera la población.

Las derechas económicas y políticas no habrían desperdiciado un solo minuto para bloquearlo e impedirlo. De ello hay una enorme experiencia latinoamericana. Pero para Daniel Noboa, el camino de la continuidad es mucho más fácil, pues cuenta a su favor con la “institucionalidad” dejada por los dos últimos mandatarios a los que sucede y con los cuales coincide en el modelo económico y social a seguir.

Es previsible una mayor afectación a la seguridad social y a los derechos laborales. Si su gestión resulta igual o peor que la de Guillermo Lasso, podría pensarse que las derechas corren el riesgo de perder las elecciones presidenciales de 2025; pero el problema que han comprobado las elecciones de ayer es que no importa la mala gestión heredada, el país inconforme o un “pésimo” candidato, pues las derechas económicas, políticas y mediáticas, saben cómo realizar sus campañas de ideologización exitosa sobre la mayoría de la población y convencerla que sus gobiernos son los “buenos” y que cualquier alternativa progresista es lo peor que puede llegar.

Bajo una situación de conservadorismo generalizado, las izquierdas tendrán que aprender cómo levantar un proyecto anti-neoliberal y anti oligárquico.

Foto: EFE

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El inicio del siglo XX tuvo tres acontecimientos de enorme impacto mundial, que suelen destacarse en la historia contemporánea: comenzó la fase del imperialismo capitalista y con ello el encumbramiento de los Estados Unidos como nueva potencia internacional; se produjo la I Guerra Mundial (1914-1917); y, además, también comenzó la Revolución Rusa (1917), que inauguró la era del socialismo. Pero en América Latina, la Revolución Mexicana (1910) y la Constitución que se expidió en 1917, no siempre destacada en esa historia contemporánea, marcó una nueva época en la misma región. México inició el camino hacia una economía social y reconoció los principios y derechos laborales más importantes.

Con ese cúmulo de acontecimientos, los inicios del siglo XX provocaron la redefinición de las economías latinoamericanas, la alteración de las luchas sociales y políticas, así como una serie de cambios institucionales, que consolidaron los Estados nacionales. En efecto, si bien no se alteró la esencia primario-exportadora, en la región despegó la explotación minera (petróleo, estaño, níquel, etc.) a cargo de compañías extranjeras que obraban como en países conquistados y se dieron pasos iniciales para cierta industrialización en contados países. También América Latina giró desde la dependencia con Europa hacia la rápida dependencia frente a los EE.UU. Además, se iniciaron procesos sociales y políticos para superar los regímenes oligárquicos edificados especialmente desde fines del siglo XIX. Igualmente se conformaron partidos y movimientos políticos identificados con el marxismo (partidos socialistas y comunistas), los trabajadores y las esperanzas por una nueva sociedad. Y distintos gobiernos lograron implantar modernas instituciones que permitieron afirmar Estados con capacidades de intervención económica, inversión pública y promoción social.

Bajo las condiciones históricas descritas, el 9 de julio de 1925 se produjo en Ecuador la Revolución Juliana, un proceso iniciado con el golpe de Estado de la joven oficialidad del Ejército y desarrollado por dos Juntas (1925-1926) y el gobierno de Isidro Ayora (1926-1931). Nos acercamos al centenario de aquel acontecimiento, en general poco o nada referido en las historias de América Latina. Pero los sucesos de Ecuador tienen un hondo significado para toda la región. De hecho, partió de un movimiento militar exitoso, que obró en forma institucional, superando la época de las dictaduras militares unipersonales y caudillistas. En adelante, todas las otras intervenciones militares en el país han sido institucionales. Además, por primera vez en la vida republicana, el proceso juliano fiscalizó a los bancos privados, impuso un Banco Central y creó instituciones para el control económico, como la Contraloría y la Superintendencia de Bancos. También, por primera vez, introdujo el impuesto directo sobre las rentas e incluso uno sobre las utilidades/rentabilidades del capital. Finalmente, inauguró las políticas públicas en favor de los trabajadores, creando el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo, las Direcciones de Salud, así como la primera Caja de Pensiones y expidiendo la Constitución de 1929, pionera en seguir los principios y derechos laborales ya consagrados por la Constitución Mexicana.

El ciclo de la Revolución Juliana inauguró, para Ecuador, el naciente siglo XX-histórico. Se inició así el largo camino de superación del régimen oligárquico; lograron imponerse los intereses nacionales sobre los intereses privados; se crearon instituciones que tienen vigencia hasta el presente; la economía fue reorientada para intentar cierta industrialización y diversificar las exportaciones agrícolas otrora dependientes del cacao; y las políticas del Estado obligatoriamente asumieron las garantías a la cuestión social. Fue un proceso que incluso se adelantó a las políticas del New Deal inauguradas por F. D. Roosevelt en los EE.UU. y también puede identificarse con los “populismos” clásicos de Latinoamérica. Se comprenderá, por consiguiente, que el ciclo juliano dio un paso adelante frente a lo logrado por la Revolución Liberal de 1895 y que, además, provocó furibundas reacciones de las capas dominantes tradicionales de terratenientes, comerciantes y, sobre todo, banqueros, que entre 1912-1925 habían edificado un Estado al servicio de la plutocracia.

El papel del Ejército en aquella época es comparable con al menos dos movimientos similares en América Latina: el de los jóvenes militares de Chile entre 1924-1925, que logró la constitución de dos Juntas, así como la aprobación de leyes laborales, la introducción del impuesto a las rentas y una caja del seguro, todo con el fortalecimiento de las capacidades estatales. El otro, lo sucedido en Brasil tras el levantamiento de 1922, que derivó en el “tenentismo”, movimiento militar que sentó las bases para la llegada al poder de Getulio Vargas en 1930, con quien se implantó el Estado Novo, de corte “populista”. Pero en el concierto latinoamericano coincidieron procesos con similar contenido económico, político y social: Costa Rica en los mismos años 20, que logró reformar y reducir sus fuerzas armadas; Argentina, donde partieron los cambios con la Unión Cívica Radical (1922), pasó por la “década infame” y llegó al ascenso al poder de Juan Domingo Perón. Súmese también la actuación de la Misión Kemmerer para lograr bancos centrales en Colombia o Chile. Y sin duda, está México, donde el ascenso de Lázaro Cárdenas en 1934 marcó otro hito en América Latina con la nacionalización del petróleo.

La Revolución Juliana en Ecuador no fue, por tanto, un hecho aislado en la geografía de uno de los países más atrasados y subdesarrollados de América Latina, por lo menos hasta la década de 1960. Los logros de hace casi un siglo siguen rondando la vida nacional, pues el país del presente, en disputa electoral para la presidencia de la república en agosto 2023, ha vuelto a polarizar la vida política entre el dominio de un bloque de poder constituido por élites privadas que han captado el Estado para imponer un régimen oligárquico de clara continuidad con el que existió antes del julianismo, y el ascenso social de sectores progresistas y democráticos que anhelan derrumbar el rumbo plutocrático-neoliberal, para conseguir un camino de desarrollo beneficioso para las amplias mayorías nacionales.

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En América Latina, las desigualdades sociales han tenido vigencia y variaciones en función de las distintas épocas históricas. Entre las sociedades aborígenes esas desigualdades se hacen visibles desde el período que los arqueólogos denominan como “desarrollo regional”, con “señoríos”, cacicazgos y curacazgos.

Las grandes culturas imperiales de Aztecas, Mayas e Incas, sobre las cuales hay ricas referencias entre los primeros cronistas de indias y que han sido estudiadas ampliamente por etno-historiadores contemporáneos, se basaron en profundas divisiones jerárquicas y evidentes desigualdades sociales. Pero, sin duda, la conquista y el coloniaje ibérico, inauguraron los procesos que han servido de base para explicar el origen de las desigualdades contemporáneas.

Durante la colonia se sancionaron legalmente las diferencias, sobre principios racistas y clasistas, de modo que los “blancos” no solo concentraron el poder, sino que tuvieron privilegios en cargos públicos, títulos o educación. Los indígenas -y peor los negros esclavos- no solo fueron sometidos y reducidos a condiciones de pobreza extrema, sino que su fuerza de trabajo fue permanentemente sobrexplotada. Los indígenas no podían ascender en la sociedad y tampoco educarse como lo hacían las castas “superiores”. Las terribles condiciones de vida y trabajo de los indígenas y de las capas más “bajas” de la sociedad colonial, marcaron la estructura social de América Latina.

La situación no cambió con las independencias y la constitución de los Estados Nacionales. Por lo menos hasta mediados del siglo XIX se mantuvo la esclavitud, mientras los pobladores fueron excluidos de la “democracia” por no contar con ingresos mínimos ni saber leer o escribir y los indígenas fueron expresamente marginados. La hegemonía de terratenientes y comerciantes permitió que gozaran del privilegio de la riqueza legalmente reconocida. Fueron los liberales y radicales quienes progresivamente cambiaron esas herencias, al reconocer derechos individuales universales y la igualdad jurídica de los ciudadanos, aunque esa ciudadanía censitaria continuó restringida hasta bien entrado el siglo XX.

El principio de “igualdad” simplemente jurídica y legal, derivado del pensamiento ilustrado y de la filosofía republicana, ha predominado durante el siglo XX, encubriendo las desigualdades sociales que la realidad económica siempre impuso. Ensayistas y politólogos constantemente denunciaron esas realidades. Pero ha sido el desarrollo de la economía el que ha permitido ya no solo visualizar las desigualdades sociales, sino medirlas. Sin duda el refuerzo que ha dado la historia económica ha sido fundamental.

La economía no fue una carrera o especialización autónoma sino desde las décadas de 1920 y 1930, aunque no en todos los países. Normalmente los estudios de economía eran reducidos y vinculados a la formación de los abogados, como también ocurrió largamente con la sociología y la politología. La “teoría económica” provenía, sobre todo, de los grandes países capitalistas centrales y no era raro que a sus autores se les tuviera como autoridades indiscutibles.

En todo caso, lentamente comenzaron los estudios económicos sobre las realidades nacionales en distintos países y se levantaron precarias estadísticas sobre asuntos nuevos, ya que fueron tradicionales las estadísticas -muy elementales- sobre comercio exterior y hacienda pública. El despegue de la economía latinoamericana está vinculado a los gobiernos “populistas” de las primeras décadas del siglo XX, a las facultades de economía que se fundaron, también a la conformación de bloques mundiales (capitalismo, socialismo y Tercer Mundo) después de la II Guerra Mundial, la creación de organismos internacionales a raíz de los Acuerdos de Bretton Woods, en forma particular a las actividades de la CEPAL creada en 1948 y singularmente a las políticas desarrollistas de las décadas de 1960 y 1970.

Hoy contamos con una diversidad de estudios sobre América Latina en los cuales se ha esclarecido el asunto relativo a las, aún antes de los modernos e interesantes, en los que, sin embargo, América Latina está ausente.

Los estudios contemporáneos han permitido comprender, con mayor profundidad, algunas situaciones. Está muy claro que América Latina sigue siendo la región más inequitativa del mundo; que la ideología neoliberal introducida en la región desde la década de 1980 solo agravó los términos de la desigualdad social; que esa desigualdad continúa afectando la vida y las condiciones de trabajo de amplios segmentos de la población, caracterizados por la pobreza, el desempleo y el subempleo, que afecta sobre todo a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La pandemia de la Covid incluso agravó las desigualdades sociales, sin que todavía se recuperen las situaciones anteriores a 2020, como ha ocurrido en Ecuador, donde las desigualdades incluso se han agravado: mientras en 2019 el ingreso mensual por persona del 5% más rico era 43,28 veces superior al del 5% más pobre, en 2020 era 59,25% mayor, en 2021 fue 47,68% y en 2022 es de 47,72% (). Y el tema es tan significativo que entre los 17 en 2015 y que deberían cumplirse hasta 2030, constan: fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, reducción de las desigualdades.

Desde luego, queda igualmente en claro, que el cuadro económico de las desigualdades sociales no solo es fruto de un pasado histórico de exclusiones y explotación humana, así como de concentración de la riqueza en minorías constituidas como clases dominantes en las distintas etapas seguidas por los países latinoamericanos, sino que es una realidad derivada del poder en los Estados, captado por esas minorías ricas.

Por consiguiente, las soluciones al problema de las desigualdades sociales no pasan únicamente por su reconocimiento teórico y la formulación de políticas económicas destinadas a la redistribución de la riqueza, sino por la reestructuración de las condiciones del poder. Y esta perspectiva toma cada vez mayor fuerza en América Latina, de modo que hoy existe un proceso de construcción y toma de conciencia social -cuya extensión en el tiempo es imprevisible-, sobre la necesidad de superar las desigualdades sociales y avanzar en la inevitable afectación que ello provocará sobre las capas concentradoras de la riqueza.

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Antesala de la masacre

En primer lugar, la dominación oligárquica plutocrática, es decir, el poder y la riqueza direccionados a una minoría privilegiada. Los mandatos de Alfredo Baquerizo Moreno (1916-1920), José Luis Tamayo (1920-1924) y Gonzalo Córdova (1924-1925) representaron la hegemonía de los grandes bancos de la época. La pequeña élite conformada por los grandes hacendados, empresarios, agroexportadores de cacao y accionistas de los bancos manejaban el poder de forma despótica y represiva.

La crisis económica fue otro de los detonantes. En 1916, el valor del cacao, la principal fuente económica del país, bajó drásticamente en la bolsa de valores de New York, EE.UU. Sumado a esto, cayeron las plagas de “la monilla” y de “la escoba de bruja” que afectaron las producciones cacaoteras. Como consecuencia de la falta de producción interna, vino la inflación que provocó la desvalorización de salarios de los trabajadores.

La tercera razón se refiere a la clase trabajadora asalariada y semiasalariada del país. Las organizaciones más importantes como la Sociedad Artística Industrial de Pichincha, La Confederación Obrera del Guayas, la Asociación del Cacahuero y la Federación Regional de Trabajadores Ecuatorianos, adquiere fuerza en el Ecuador. Todos demandaron y exigieron soluciones a sus pésimas condiciones de vida.

Para el historiador guayaquileño Ángel Hidalgo, los sueldos de los trabajadores eran una miseria. Además, trabajaban de 12 a 16 horas, pese a que en 1916 se estableció un Decreto que exigía el cumplimiento de ocho horas de trabajo. Por otro lado, no tenían asistencia patronal en caso de accidentes, una acción que hoy en día realiza la seguridad social.

Los trabajadores son el motor de la ciudad

La paralización del ferrocarril fue el primer levantamiento ejercido por los trabajadores ferroviarios de Durán, en octubre de 1922. Gracias a esta acción consiguieron un aumento de salario, la rotación de turnos y el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas.

Al tener el ejemplo del sector ferroviario, los empleados de la empresa eléctrica, gas y transporte urbano de Guayaquil intentaron hacer lo mismo. En medio de la huelga de los trabajadores, toda la ciudad quedó paralizada, porque no tenían los servicios básicos para subsistir.

La falta de respuesta impulsó a los trabajadores a unir fuerzas. Convocaron a movilizaciones el día 15 de noviembre de 1922. Cuando llegó el día, el Gobierno ya estaba preparado y las personas que salieron a exigir sus derechos fueron víctimas de la represión militar y policial. Ese día las calles de Guayaquil se tiñeron de la sangre de alrededor de mil personas.

“Se ha dicho muchas veces que no se murieron tantos, a lo mucho unos 40, pero no es cierto murieron como mil o más personas. Lo que sucede es que los testimonios que han quedado de la época no pueden dar fe, porque tampoco podían contar cuántos eran”, resaltó Paz y Miño.

La versión del Estado

Para el Gobierno de José Luis Tamayo, este suceso fue una rebelión organizada por “bolcheviques”, donde habían actuado delincuentes y saqueadores que ocasionaron el caos en Guayaquil.  Al parecer, el Estado “había salvado la ciudad” después de lo ocurrido. Discurso que hasta el día de hoy resuena en cada marcha proletaria. Para la oligarquía y las élites dominantes, los trabajadores estaban sujetos a anarquistas e izquierdistas.

“Los obreros de esa época, cuando plantean sus peticiones no están luchando contra el Estado ni contra la democracia y la paz. Todo lo contrario, lo que quieren es que haya paz y tranquilidad, pero con un mejoramiento en las condiciones de vida”, apuntó Paz y Miño.

¿Qué pasó después de la matanza?

Después de la matanza obrera, existió un ocultamiento de los hechos violentos de ese día, pero el silencio se rompió con los pronunciamientos de la Federación Regional de Trabajadores Ecuatorianos. Allí es donde empezó la “cacería de brujas”, como lo dice Hidalgo, pues muchos de los líderes de las organizaciones fueron perseguidos, otros encarcelados e incluso algunos migraron.

En ese período, el intendente de la Policía Nacional, Alejo Mateus interpuso un ‘insólito’ juicio en contra del pueblo de Guayaquil. El objetivo, esclarecer los hechos ocurridos el 15 de noviembre de 1922. Al final, este proceso judicial no concluyó y lo archivaron.  “Donde se ha visto que los perpetradores de un crimen acusen a sus víctimas”, agregó Hidalgo.

Según los historiadores, el legado de la lucha obrera se vio reflejado en la revolución juliana, donde se levantó un golpe de estado anti-oligárquico y anti-plutocrático. Este acontecimiento histórico permitió que por primera vez el Estado intervenga en la economía y que se dicten leyes laborales que se quedaron plasmadas en la Constitución juliana de 1929. (A.G.M)

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“Tuvimos una primera época plutocrática entre 1912-1925. La Ley de Oportunidades consagra una segunda época plutocrática en Ecuador: oligarquías dominantes controlan el Estado, pagan pocos impuestos, acumulan riqueza, precarizan trabajo y dividen a la sociedad entre mundo de élites y mundo de plebe”, explicó el historiador en un hilo de Twitter.

De acuerdo con el experto, en 2019, los grupos económicos ganaron grandes cantidades en utilidades que no llegaron al fisco. “100 grandes empresas tuvieron USD 14.2 mil millones de utilidades entre 2016 y 2020. El impuesto a la renta causado fue 2.36%. A 2019, hay 965 personas en grupos económicos e ingresos superiores a USD 60 mil al mes. Las utilidades en 2020 fue de USD 223 millones en bancos. La evasión tributaria es de USD 7.600 millones”.

Paz y Miño indicó que la recaudación del impuesto a esas riquezas sería de más de USD 4.000 millones. “A pesar de esos datos, sigue repitiéndose que el Código de Trabajo es “viejo” (1938) y “rígido”, que los trabajadores son “inflexibles” y todos culpables de falta de “competitividad” e “inversión extranjera”, añadió.

Proyecto de ley en la Asamblea

El 24 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso entregó en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Oportunidades, que mezcla medidas tributarias y laborales. “«Con este proyecto queremos ampliar la oportunidad de empleo de forma flexible y eficiente. Queremos darle la oportunidad voluntaria a quien la quiera tomar. […] Más allá de diferencias políticas, juntos debemos garantizar el derecho a poder trabajar», indicó en su discurso.

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¿Cuál es la trascendencia del 10 de Agosto?

El 10 de Agosto es la fecha nacional del Ecuador. El 10 de agosto de 1809 arrancó, con la creación de una Junta Soberana, el proceso de independencia del actual Ecuador.

El país ha celebrado esta fecha nacional como otros países de Latinoamérica. Vinculan al día nacional al día en que inició el proceso independentista en Argentina, Chile, México, Bolivia. Para nosotros debería ser un motivo de celebración, de recuerdo porque con la Junta de Gobierno en Quito arrancó la independencia.

Con el paso del tiempo ¿Quito sigue siendo Luz de América?

El 10 de agosto no es una fecha más en el calendario cívico, sino la fecha máxima, el día nacional. En ese sentido hay que considerar que Ecuador debería festejar con un gran aliento nacional y eso no está ocurriendo.

La frase Quito, Luz de América no la creamos nosotros. Se la puso en Chile a partir del pedido de un sacerdote de la época, Camilo Martínez, que solicitó al congreso llamar así a Quito por ser la pionera en el proceso de independencia.

En Quito, la Junta Autónoma de criollos destituyó al Conde Ruiz de Castilla y con un presidente constituyó un gobierno que movilizó conceptos como autonomía, representación de los pueblos, soberanía popular y autogobierno.

¿Cómo cultivar en las nuevas generaciones la importancia de este proceso de independencia?

Tenemos varios sectores que pueden contribuir seriamente en revalorizar está fecha. Un grupo son los profesores de escuelas y colegios tienen que hacer una labor cultural, educativa para que las nuevas generaciones comprendan no solo los hechos sino el significado.

En segundo lugar es una labor de académicos universitarios, historiadores que pueden difundir los sucesos y darles la interpretación y el alcance que merecen. Que el 10 de agosto se enmarca en la lucha anticolonial de América Latina.

En tercer lugar están los medios de comunicación que pueden difundir qué es el 10 de agosto. La gente se interesa por los hechos. Si duda es obligación del gobierno nacional, especialmente de la Alcaldía de Quito y la prefectura. Resaltar la fecha.

En el lado político, en el discurso han aparecido palabras como libertad y dignidad para justificar sus decisiones ¿Se están usando estos conceptos en vano para intereses?

En la coyuntura actual de Quito se están utilizando esas palabras con fines políticos. La independencia que se logró en 1822 con la Batalla de Pichincha tras 13 años desde la Revolución de 1809-1812 también movilizó palabras como libertad, autonomía, dignidad, soberanía. Tenían objetivos concretos, el principal fue liberarse del coloniaje.

¿Para qué sirve hoy estos conceptos? No han servido para liberarnos de ningún coloniaje, ni para reinvidar la soberanía popular en función de una economía distinta a la neoliberal. No ha servido para dignificar a sectores populares y medios, ejes de creación productiva.

Estos conceptos se reinvindican para luchas políticas comunes y sujetas a intereses personales y de grupo. Entonces manipulan conceptos históricos para un uso político de interesados. Están falseando la historia y utilizándola.

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Tomado de Historia y Presente

Quito, 5 de julio, (La Calle).-Durante la campaña para la presidencia del Perú, el maestro rural y candidato Pedro Castillo, enfatizó su identidad con el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Eso sirvió para que, además de “comunista”, sea atacado por “mariateguista”, una especie de “crimen”, ya que, supuestamente, aquel intelectual peruano había “inspirado” a la guerrilla de Sendero Luminoso, bien conocida por sus atrocidades. De manera que, bajo semejantes orientaciones, el país podía esperar no solo seguir la senda de Venezuela y de Cuba, sino también la de la “violencia”. El triunfo de Castillo ha descuadrado a todos aquellos sectores que no esperaban semejante “golpe”. Y, por lo pronto, con el apoyo de la gran prensa, han lanzado una feroz campaña para impedir la proclamación de Castillo como nuevo presidente del Perú, boicotear los resultados y hasta intentar algún golpe de Estado blando o fuerte. Pero en América Latina ya está suficientemente claro: las derechas políticas y económicas no están dispuestas a permitir la democracia que provoque el triunfo de otros sectores, capaces de cuestionar el poder de elites dominantes y explotadoras.

En Ecuador el escenario político ha ido por otro lado. En las recientes elecciones para la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), triunfó Leonidas Iza (kichwa del pueblo Panzaleo), contra quien ya se habían levantado voces acusadoras de su “radicalidad”. Inmediatamente, esa victoria despertó el paroxismo de toda una serie de opinadores de ocasión y de medios de comunicación mercantiles, que atacaron a Iza por ser “mariateguista” y, por tanto, le atribuyen el fantasma de la potencial “violencia”.

Tanto en Perú, como en Ecuador, la irracionalidad campea en estos temas y la ignorancia se impone frente a quienes exigen ideas fundamentadas y con un mínimo indispensable de conocimientos. Porque hablar de Mariátegui, sin haber leído una sílaba de sus textos, o sin haber profundizado en el sentido y alcance de sus obras, solo tiene el propósito de engañar a la sociedad y asustar a todos con el viejísimo miedo del “comunismo”.

J.C. Mariátegui (1894-1930) es uno de los intelectuales (literato, periodista, ensayista, investigador) más destacados en la historia del Perú y un autor de obligada lectura para quienes estudian ciencias sociales en toda América Latina, además de ser igualmente seguido en universidades europeas o de los EEUU. Su obra es abundante () y existe un amplio archivo documental dedicado a su vida (). Cuando se trasladó a Europa (1919) y específicamente a Italia (allí se casó con Anna Chiappe), afirmó su formación marxista y de regreso al Perú (1923) fundó el Partido Socialista (PSP, 1928) y al año siguiente la Confederación de Trabajadores. Por entonces, todos los partidos comunistas se vincularon a los postulados de la III Internacional (1919) fundada por V.I. Lenin; pero, aunque Mariátegui reconoció a esa organización, fue pionero en cuestionar toda dependencia ideológica externa, pues el socialismo peruano (y latinoamericano), como afirmó, no podía ser “ni calco, ni copia, sino creación heroica”. Este es un rasgo distintivo de su pensamiento que a menudo han repetido los círculos de las izquierdas tradicionales, aunque no siempre lo supieron asimilar. La posición de Mariátegui le ocasionó conflictos teóricos y políticos con los sectores comunistas; y, de hecho, el Partido Comunista Peruano (PCP, 1930), fundado después de la muerte de Mariátegui, pasó a sujetarse a las directrices de la III Internacional.

Mariátegui no fue un marxista “cerrado”. Era convencido de la necesidad de unión con los sectores democráticos y progresistas, para lograr una vanguardia cultural, en lo cual es visible la influencia de Antonio Gramsci (1891-1937), uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano (1921), quien teorizó sobre la hegemonía cultural. Por eso, desde la editorial Minerva, pasando por la revista “Claridad” y, sobre todo, a través de “Amauta” (1926), la revista más importante que fundó, Mariátegui incorporó a la más variada intelectualidad del momento, incluyendo artistas, obreros, maestros y mujeres escritoras, de las diversas regiones peruanas, además de mantener contacto con intelectuales latinoamericanos y escribir sobre múltiples tópicos de la literatura, el acontecer cotidiano o la vida política, social y económica del Perú y del mundo.

Sin duda su más valiosa obra es “Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana” (1928 – ), un estudio profundo de la historia del país desde la metodología marxista, acompañado por otras reflexiones teóricas. Aquí se concentra la esencia de su pensamiento sobre el socialismo indo-americano. Ante todo, exige la investigación más rigurosa sobre la realidad; y por ello comprende que lo indígena ha sido excluido en la observación del país, siendo el problema fundamental, porque dos terceras partes de la sociedad son indios. No puede haber un proyecto político nacional que los excluya, como hasta hoy ha sucedido. En Perú es imposible pensar en una revolución proletaria que deje a un lado lo indígena. Además, en la tradición cultural y la vida comunitaria de los indios se encuentran las bases para edificar el socialismo. La reforma agraria a su favor, además de superar el “feudalismo”, sostenido por el gamonalismo interno y el sistema del yanaconazgo, tendrá que basarse en esa propiedad agraria comunitaria, base de la nueva sociedad, que se libra así del paso por el capitalismo, una tesis que Marx había desarrollado, para el contexto de las comunidades rusas, en sus cartas a Vera Zasúlich (publicadas por Riazánov en 1924) y que al tiempo de Mariátegui no eran conocidas en los ambientes latinoamericanos.

Las tesis “indigenistas” de Mariátegui, pioneras en la perspectiva del marxismo latinoamericano, le valieron críticas y ataques de los marxistas ortodoxos, que consideraban el tema indígena simplemente como parte de la lucha de clases e incluso un tema racial, todo lo cual Mariátegui permanentemente cuestionó, pues consideraba que ese “marxismo” no comprendía las realidades del Perú ni de América Latina.

Jamás alentó Mariátegui la violencia ni la lucha armada. Convencido marxista, confiaba en el partido y en la organización de los trabajadores, junto a los indígenas, las capas populares y los intelectuales. Sin embargo, el célebre peruano no alcanzó a formular una concepción sobre el Estado plurinacional, que es un planteamiento contemporáneo perfectamente válido y, además, originado en las mismas poblaciones y organizaciones indígenas. Bolivia, primero con el presidente Evo Morales (2006-2019) y ahora con la presidencia de Luis Arce Catacora (2020) es el país latinoamericano más adelantado en la construcción del Estado plurinacional y el que ha dado muestras del avance social e institucional indudable y hasta ejemplar para beneficio de su más amplia población.

Como en Bolivia, las poblaciones indígenas de Perú y Ecuador formulan planteamientos para una nueva sociedad. El pensamiento de Mariátegui también puede aportar a sus posiciones sociales y políticas porque el mariateguismo se fundamenta en la opción por la democracia, la paz, la libertad y, sin duda, el socialismo, que son propuestas a favor de las clases oprimidas, un asunto que ni entienden ni quieren aceptar las elites del poder económico y político del capitalismo latinoamericano. El problema de la CONAIE y de Pachakutik, en el caso ecuatoriano, es el de sus capacidades para generar un proyecto político de alcance nacional, que no se concentre en las aspiraciones exclusivamente indígenas, sino que se integre y conecte con los amplios intereses de todas las izquierdas progresistas y democráticas.

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