Tras diversas polémicas, la exlegisladora Guadalupe Llori vuelve a la contienda política de la mano de la organización política liderada por el expresidente Guillermo Lasso.

En mayo del 2021, la exparlamentaria logró alcanzar la presidencia del Legislativo con el apoyo de CREO, sin embargo, fue destituida de su cargo en mayo del 2022 por incumplimiento de funciones. Anteriormente fue expulsada de Pachakutik por su evidente afinidad al oficialismo de ese entonces.

Su intento por volver a encabezar el Legislativo a través de acciones judiciales desembocó en una sentencia de la Corte Constitucional relacionada al mal uso de las acciones de protección para obstaculizar el control político interno. Asimismo ocasionó la destitución de los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, quienes habrían presionado a magistrados de Pichincha para que ayuden a Llori.

Llori en la Asamblea

Al concluir el 2021, la exasambleísta lideró la lista de funcionarios con más ausencias en el Legislativo. Asimismo se cuestionó su falta de seriedad al ser captada jugando Candy Crush durante el debate relacionado al juicio político contra el expresidente Lasso.

Su lealtad al exmandatario fue premiada tras el Decreto de Muerte Cruzada que disolvió la Asamblea, pues fue nombrada como delegada del gobierno para presidir el Consejo Amazónico. (AGM).

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El ex funcionario es acusado de incumplimiento de funciones al no ejecutar el presupuesto del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad ciudadana en el país, durante el lapso de tiempo en el que permaneció en el cargo. Según trascendió, Zapata solo habría empleado el 29% del presupuesto.

Asimismo, legisladores sostienen que durante el período de gestión del ex oficial de policía, los casos de muertes violentas en el país incrementaron. Siendo el atentado en contra del ex presidenciable Fernando Villavicencio uno de los casos más sonados de la crisis de seguridad que arrastra el país desde inicios de 2023.

Ahora, la Comisión de Fiscalización continuará sustanciando la solicitud de juicio político en rebeldía. Posteriormente, al finalizar este proceso empezará el siguiente juicio contra Diana Salazar, fiscal general. A la principal de la entidad judicial se le acusa de incumplimiento de funciones.

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La legisladora argumentó que Corral era funcionario público, pese a que aún era accionista de una empresa que tenía contratos con el Estado, en este sentido, lo acusó de un incumplimiento sistemático de funciones.

»A pesar de que sabía que había cometido una ilegalidad se presentó ante los medios de comunicación a decir que no le importaba», dijo la parlamentaria.

Agregó que este caso también está bajo la responsabilidad de las autoridades de la Contraloría General del Estado (CGE) durante ese período, del expresidente Lasso y su equipo de trabajo.

Manifestó que en un inicio Corral declaró deudas por aproximadamente USD 6 millones y al finalizar su gestión este valor fue de USD 2 millones. Además, habló de una cuenta bancaria en Panamá con USD 240 mil cuando los funcionarios públicos no pueden tener dinero en paraísos fiscales.

Juicios políticos en fila

En el radar de la Comisión de Fiscalización también está el exministro del Interior, Juan Zapata; el exministro de Energía, Fernando Santos; y el exministro de Economía, Pablo Arosemena.

El pasado 25 de noviembre asambleístas del oficialismo (ADN) y del Partido Social Cristiano (PSC) presentaron solicitudes de juicio político contra los exministros Zapata y Santos. En el primer caso por no abordar de manera eficiente la crisis de seguridad en el país y no ejecutar el presupuesto asignado para el 2023.

Por otro lado, la legisladora oficialista Nicole Saca encabezó la solicitud de juicio político contra Santos Alvite y alegó que el exfuncionario actuó con inoperancia e ineptitud al no prevenir la crisis energética que provocó los apagones en el país. Según ella, el exministro tenía conocimiento desde abril de 2023 de la gravedad prevista en la temporada de estiaje. (AGM).

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Este 13 de diciembre la Comisión de Fiscalización sesionará para adoptar una resolución para tratar el estado de los juicios políticos represados en el Legislativo disuelto.

Sobre la mesa están pendientes distintos procesos dirigidos a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE); al exministro de transporte, Darío Herrera; al exministro de Inclusión, Esteban Bernal; a los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo.

No obstante, existe un vacío legal que podría estancar estos procesos, pues varios de los proponentes ya no forman parte del actual Parlamento. Según especificó el abogado Esteban Ron a Radio La Calle para seguir con el procedimiento se necesita un ejercicio de cargo y descargo y al ya no tener a los interpelantes la situación sería difícil.

Actualización 15h00

La mesa parlamentaria archivó tres pedidos de juicio político, suspendió uno y dos serán remitidos al Pleno Legislativo.

Los legisladores resolvieron suspender temporalmente el proceso en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), por cuanto hay varios procesos electorales en curso, tal como se pronunció, en su momento, el Procurador General del Estado y de conformidad al artículo 19 del Código de la Democracia.

Así mismo se archivó el juicio contra los exministros Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paula Flores, por el desistimiento expreso de los proponentes, Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez.

Por otro lado, a pesar de existir las mociones de las bancadas del PSC y ADN para que pase al Pleno, no se obtuvo los votos y se decidió el archivo los dos procesos propuestos por los legisladores Jorge Abedrabbo y Segundo Chimbo, en su orden, en contra del exministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera.

Mientras que, en el caso del proceso planteado por Mario Ruiz contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, la mesa de Fiscalización resolvió remitir el expediente al Presidente de la Asamblea Nacional, para que ponga en conocimiento del Pleno del Parlamento para que resuelva lo pertinente.

Diana Salazar en la cuerda floja

El pasado 7 de diciembre el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó con cinco votos a favor y uno en contra el pedido de juicio político contra Salazar. El presidente del Legislativo Henry Kronfle argumentó que la mesa parlamentaria califica los elementos de forma y no de fondo.

La justificación de la RC para solicitar el enjuiciamiento fue con base al incumplimiento de funciones. La legisladora Gissela Garzón sostuvo que la funcionaria ha mantenido su desatención en reconocidos casos de corrupción.

“La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde el Parlamento”, publicó en su cuenta de X.

Por su parte, Salazar calificó al juicio como un proceso viciado. El 11 de diciembre remitió al legislativo una solicitud a la Asamblea Nacional con los siguiente cuestionamiento en concreto:

• ¿Cuántas solicitudes de juicio político y en qué fechas fueron presentadas, desde enero de 2021?
• ¿En qué instancia se encuentra cada una de las solicitudes?
• ¿Cuál es el orden cronológico de los juicios políticos que se están sustentando en la comisión de fiscalización?
• ¿Cuántas solicitudes cuentan con informe de la comisión de fiscalización para que pasen a debate en el pleno?
• ¿Cuál es el procedimiento, instancias y tiempo de cada solicitud de juicio?
• ¿Cuándo procede el archivo de un juicio político?

Exministros Santos y Zapata

El primer sentenciado era el exministro de Energía, Fernando Santo, quien logró esquivar el juicio político. Según la proponente de ADN, Nicole Saca, el exfuncionario actuó con inoperancia e ineptitud al no prevenir la crisis energética que ha llevado a apagones en Ecuador.

El pasado 11 de diciembre la Comisión de Fiscalización no calificó esta solicitud debido a que la Secretaría Técnica no habría concluido con los trámites de la solicitud y el plazo se había vencido.

En la lista de espera queda el exministro del Interior, Juan Zapata, quien está en el ojo de la Asamblea por la solicitud de juicio político remitida por el legislador del PSC, Carlos Vera Mora.

Según el parlamentario, el exfuncionario a pesar de conocer las deficiencias en el equipamiento de la Policía Nacional no ejecutó el presupuesto asignado para el año 2023. Sostuvo que esta omisión contribuyó al aumento de crímenes como asesinatos, secuestros y violaciones, por lo que la Policía se vio incapacitada para combatir al crimen.

“Están en su derecho. Estamos tranquilos, lo dimos todo por el país, arriesgando hasta la seguridad personal y familiar en el peor momento de violencia que vive Ecuador (…) mi concentración estará en una vida privada junto a quienes descuidé por tantos años: mi familia”, respondió Zapata.

Vocales del Consejo de la Judicatura

El pasado 12 de diciembre el legislador de Construye, Jorge Peñafiel entregó en gestión documental su solicitud de juicio político contra la exvocal de la Judicatura, Maribel Barreno, el vocal Xavier Muñoz y el presidente del organismo, Wilman Terán.

»Ellos han cometido actos irregulares (…) sobre todo las omisiones que han cometido al no sancionar a los jueces que utilizando sus cargo liberan delincuentes de la manera más burda y rídicula», dijo el parlamentario a los medios de comunicación. (AGM).

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El director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), coronel Renato González, explicó a Radio La Calle la situación actual de este caso de estafa que dejó un perjuicio de cerca de USD 500 millones a la institución.

En 2021, el exgerente de Operaciones del Depósito Centralizado de Valores de Ecuador (Decevale), Luis Álvarez, y el exdirector de inversiones del Isspol, John Luzuriaga, aceptaron el delito de conspiración para el lavado de activos ante los tribunales estadounidenses. Ambos fueron condenados a 10 años y cuatro meses de prisión, incluso, Álvarez solicitó una disminución en la sentencia.

Del otro lado, durante la fase de audiencia preparatoria de juicio en Ecuador, los abogados de los acusados aseguraron la inocencia de sus clientes en el delito de peculado. Ellos aclararon que la sentencia en EE.UU. es diferente.

Además, habían manifestado que de todas maneras los imputados ya están pagando su delito en el extranjero, relata González.

»Encima cometen contradicciones porque usted o bien es inocente o ya le juzgaron, pero no las dos cosas. Esta es la forma mañosa de tratar de sacarse la responsabilidad aquí en Ecuador», dijo consternado.

Los delitos en el caso Isspol

En el 2020, la misma institución presentó cinco denuncias ante la Fiscalía por los delitos de peculado, estafa y tráfico de influencias, pero los procesos van a paso lento. En este sentido, el director del Isspol cuestionó que en el país no haya un solo sentenciado por este caso.

El pasado 13 de noviembre, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que el Citibank de Nueva York adjudicó a la cuenta del Isspol, USD 20 millones respecto al pago de intereses. El funcionario informó que hasta el momento se han recuperado USD 368 millones del dinero sustraído de las cuentas de la institución.

Asimismo, están a la espera de una orden judicial por la acreditación de USD 72 millones más por parte del Safra National Bank. Durante la gestión de Lasso, un total de USD 440 millones han sido recuperados. Este monto representa un 54 % del valor reclasificado de inversiones vencidas a cuentas por cobrar por disposición de la Superintendencia de Bancos en 2020.

Para González es importante hablar del proceso que han tenido que atravesar para recuperar el dinero robado. También hizo un llamado al presidente electo Daniel Noboa para siga recuperando los fondos del Isspol. (AGM).

#ATENCIÓN | El ministro del Interior, @CapiZapataEC, informó que el Citibank de Nueva York adjudicó a la cuenta del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) USD 20 millones respecto al pago de intereses.

Zapata señaló que hasta el momento en el caso Isspol se ha… pic.twitter.com/jBmeHlnIn2

— Radio La Calle (@radiolacalle) November 13, 2023

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»Tengo a las 11h00 la reunión de transición con la Ministra de Gobierno y a las 12h00 será la sesión en el Consejo de Seguridad», informó el jefe ministerial a los medios de comunicación, en los exteriores del Carondelet.

¿Quién es?

Palencia es abogada penalista y experta en criminología, tiene un PhD en Ciencias Jurídicas, y un doctorado en Educación e Innovación. Inicialmente trascendió su nombre para que ocupara la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Según su perfil de Linkedin, tiene experiencia como docente en la Universidad Casa Grande y en la Universidad Católica de Guayaquil.

Ha trabajado en el Fomento y Desarrollo del pensamiento en mujeres y niños. También fue Fundadora de Estudio Jurídico Palencia y fue creadora de la empresa Lipman con sede en Guayaquil.

Además estuvo casada con el exalcalde de Guayaquil, Francisco Huerta, quien falleció en 2022 y también fue ministro de Gobierno durante el mandato del expresidente de la República, Gustavo Noboa. (AGM).

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En entrevista para EFE, Zapata anticipó que propondrá esta medida al ministro de Defensa Nacional de Colombia, Iván Velásquez, en una reunión bilateral dentro del encuentro ministerial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Brasilia.

El secretario de Estado señaló que el 11 de noviembre es el plazo máximo para que los extranjeros en Perú puedan regularizar su registro migratorio permanente. Sin embargo, se estima que entre cinco y seis mil venezolanos sean repatriados de suelo peruano.

«Estamos trabajando con Cancillería, autoridades de Migración del Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y DD.HH., la ONU y ACNUR para generar una hoja de ruta del corredor humanitario para las personas que no cumplan con los registros para que sean trasladadas directamente a Venezuela», dijo.

Esfuerzos con Colombia

Zapata mencionó que se reunirá con autoridades colombianas y peruanas. En Brasilia tiene pensado abordar el tema con su homólogo colombiano para expresarle la necesidad de trabajar juntos para alcanzar ese objetivo.

«En Ecuador, el problema es que la Ley de Movilidad no nos permite pedir el pasado judicial (de las personas que crucen acá) si tienen cédula. No hay causal para generar una expulsión o deportación. Tampoco en pasos ilegales, es decir, si en un control migratorio no se puede acceder a su pasado es complicado para Ecuador», explicó al medio internacional.

Zapata aclaró que entabló conversaciones con el canciller Gustavo Manrique para activar este comité. Sin embargo, advirtió que Ecuador depende de Colombia para cumplir con el corredor: «a ellos también les sirve la medida para que (los extranjeros) no se queden en territorio colombiano. Depende de las voluntades de los tres países (incluido Perú)».

Finalmente, manifestó a partir del 11 de noviembre -que rige la ley peruana- se palparán las expulsiones. Por ello, el Gobierno Nacional se activará por los pasos legales e ilegales. En estos último, Zapata declaró que reforzarán los controles con elementos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), sobre todo en puntos como Huaquillas y sectores fronterizos con Perú como las provincias de El Oro y Loja.

Foto: EFE

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A un paso de que el gobierno de Guillermo Lasso deje el poder se efectuará la adquisición de estos implementos para la Policía por un valor de USD 30 millones.

El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo en entrevista para Teleamazonas que el 17 de octubre se entregarán formalmente los chalecos, un primer lote de patrulleros, cascos especiales y equipo para el manejo de explosivos.

La controversial compra

El 8 de mayo, la empresa de confecciones Inducon, en Colombia, emitió un informe al presidente Lasso, al ministro Zapata y al excomandante de la Policía, Fausto Salinas sobre presuntas irregularidades en el proceso de compra.

“La entidad cae en un vicio que demuestra un direccionamiento hacia un requisito dirigido a una fábrica, US Armor Corporation con un modelo específico de producto y con un ”género” específico, sin abrir oportunidades a mejores ofertas”, dictaba el oficio expuesto en una investigación de Radio Pichincha.

Además, la empresa solicitó la repetición del concurso para que existan garantías transparencia. Sin embargo, el Gobierno hizo caso omiso a su requerimiento y el Ministerio del Interior continuó con el proceso.

Un intento de soborno

El 6 de julio, Zapata denunció que lo intentaron sobornar por USD 2 millones para que acepte la adquisición de chalecos de una determinada empresa. Según el funcionario no expuso esta información antes porque »no grabó la conversación».

“Créame que me he parado duro para que estos procesos salgan porque hay muchos intereses que querían que estos procesos no salgan. A mí mismo, cuando recién llegué como ministro, me ofrecieron USD 2 millones por el proceso de chalecos“, comentó para Expreso. (AGM).

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Zapata tiene 34 años y 11 meses de servicio en la Policía Nacional. Durante su participación en la institución obtuvo al menos 15 condecoraciones. Es reconocido por su experiencia en planificación, administración de empresas y marketing.

Además, a lo largo de su carrera tuvo experiencia en la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica, y Educación. También, fue comandante zonal de Policía del Distrito Metropolitano de Guayaquil y en la Zona 5 (Bolívar, Los Ríos y Santa Elena).

En cuanto a su preparación académica, tiene una maestría en Bussines Administration; un diplomado en Seguridad Ciudadana y otro en Alta Gerencia; es ingeniero en Administración de Empresas; y sacó una tecnología en Planificación y Gestión.

Situación jurídica

El 11 de marzo de 2011, en la audiencia pública de una acción de protección constitucional puesta en su contra, fue acusado de faltar al derecho constitucional de «acogerse al silencio». Según el abogado, Zapata «obligó bajo coacción declarar a los presuntos involucrados en un acto que no pudo ser comprobado». El proceso fue abierto cuando Zapata se desempeñaba en la dirección de Control de Tránsito.

El escrito detalla que ningún sujeto podrá ser forzado en contra de sí mismo y menos en un caso que pueda generar responsabilidades penales.

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Zapata comentó que Mendieta ya está con sus familiares y se encuentra a «buen recaudo». No brindó más detalles sobre el operativo, sin embargo, señaló que la Policía Nacional continúa con las investigaciones.

La exalcaldesa fue secuestrada el pasado 5 de octubre. El excomandante general de la Policía, Fausto Salinas, aseguró para diario Expreso que “activaron todos los protocolos” en cuanto dieron aviso de la noticia.

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Salinas aseguró que la institución queda «firme y sólida». Enfatizó que debido a la fuerza que tiene el narcotráfico es necesario que las «instituciones se renueven, actualizarse y conseguir cooperación internacional».

Salinas aseguró estar orgulloso del trabajo que realizó en la Policía Nacional y las metas que cumplió en la institución.

«Estamos contentos de haber servido al país y de cumplir metas personales y profesionales», apuntó.

El excomandante señaló que César Zapata podría ser su reemplazo, sin embargo, recalcó que Lasso lo informará de manera oficial.

De la misma manera, el ministro del Interior, Juan Zapata, adelantó la salida e Manuel Íñiguez y Fausto Olivo.

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El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, aclaró que el informe tiene un análisis de riesgo personal e informes de inteligencia necesitan de un proceso para levantar el sigilo y proceder con su desclasificación.

El secretario de Estado refirió que la Secretaría de Seguridad es la entidad encargada de ese trámite y que por parte del Ministerio y la Policía no tienen nada que esconder. El protocolo ya ha sido realizado junto a la Fiscalía General del Estado (FGE).

«El Ministerio del Interior ya entregó nuestro informe en el cual recomendamos la desclasificación como mejor muestra de transparencia», afirmó Zapata en rueda de prensa la mañana de este viernes 6 de octubre de 2023.

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Según la versión de los moradores, los sujetos que atacaron el local huyeron en varias motocicletas cuando el negocio empezó a arder. Imágenes que circulan en redes sociales muestran como algunas mesas y sillas quedaron calcinadas.

El fuego fue controlado minutos más tarde por el Cuerpo de Bomberos del sector. Además, la Policía Nacional investiga el hecho, pues hace tres meses el empresario fue secuestrado.

El pasado 23 de junio, sujetos disfrazados de policías ingresaron al local y se llevaron al italiano. Seis días después, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que Colonico fue liberado.

De acuerdo con los agentes, uno de los antisociales fue abatido en el uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, los vecinos comentaron que el empresario llegó solo al sector y luego llamaron a la Policía.

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Según el funcionario, el hecho tuvo lugar en el barrio El Batán al norte de Quito bajo la modalidad de sicariato. Sin embargo, la Policía todavía no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.

De acuerdo con Primicias, Madrid ha formado parte de las masacres carcelarias en el país. Estaba preso en la cárcel de Latacunga en 2021 cuando ocurrió la masacre en ese centro de rehabilitación.

Según su archivo de procesos, que consta en el Consejo de la Judicatura, se lo ha investigado en dos ocasiones por asesinato y una por tráfico ilícito de armas de fuego. Mientras estuvo en Latacunga tenía a su cargo la entrada de droga y armó varias alianzas con otros grupos, entre ellos Los Tiguerones. Además custodió a Alejandro Norero, alias «el patrón», narcotraficante asesinado en 2022 en una de las masacres en Latacunga.

Por asesinato fue sentenciado a 12 años, pero salió libre por una maniobra de su defensa para considerar una supuesta vulneración a sus derechos (MIB)

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Para Zapata, es importante que las autoridades y la ciudadanía «diferencien» entre clorhidrato de fentanilo y citrato de fentanilo. El ministro comentó que en el país se registraron dos casos de la segunda sustancia, por lo que la Policía Nacional actuó de manera inmediata. Sin embargo, detalló que no tienen los mismos efectos que el fentanilo en toda su esencia.

«Nos tomó por sorpresa esas declaraciones. Justo estábamos en una reunión con el comandante general y el director antinarcóticos analizando esa situación», apuntó.

Según el funcionario, es imposible que un gobierno como el de Guillermo Lasso -que incautó 511 toneladas de droga- no haya identificado las rutas por las que supuestamente se transportaría esta sustancia. Recalcó que las autoridades ecuatorianas no tienen evidencia sobre estas versiones.

«Si en 27 meses incautamos esa cantidad, mal haríamos en no tener incautaciones de fentanilo si pasamos por el mismo tema», apuntó.

Robinson detalló que la producción de esta sustancia comenzó en China, país donde se comercializa los productos para crear esta droga, y llega a América a través de cárteles mexicanos que elaboran el fentanilo y lo envían a territorio estadounidense.

La ciencia médica considera al fentanilo como un potente opioide más fuerte que la heroína y la morfina. (N.J.C)

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«A las 4:30 nos comunicaron de la presencia de este artefacto. La unidad de explosivos de la Policía Nacional realizó. Antes manejábamos delincuencia común, ahora es el crimen organizado. No podemos romper la trilogía: comunidad, autoridad y policía. Deben vernos unidos», dijo el ministro en entrevista con Radio Municipal.

Una amenaza grave

Zapata explicó que la relación bandas delincuenciales / carteles transnacionales torna mucho más grave la situación. «Antes el destino de la droga era EE.UU., ahora son los mercados europeos porque cuesta más, está a USD 50.000 el kilo. Incautamos 506 toneladas de cocaína con un valor de USD 36.000 millones de afectación. Ecuador se convirtió en un país tránsito acopio y consumo», expresó.

Para el ministro, la seguridad integral es «un tema de Estado y el Estado somos todos. La norma no nos ayuda para nada, la Asamblea debe hacer reformas a la ley para que enfrentemos la compleja situación. No tuvimos fase de contención durante los períodos anteriores».

Como ejemplo, refirió a la Ley del uso progresivo de la fuerza. «En 54 enfrentamientos con el uso de la fuerza se neutralizaron a los 54 sospechosos porque tenemos una norma que nos protege y permite trabajar».

Sobre esta trilogía de lucha por la seguridad, explicó que ya se está trabajando con los gobiernos locales. El Municipio de Quito está entregando equipos y dando mantenimiento a las UPC, al igual que la empresa privada. Se reunirá con el Municipio de Cuenca para firmar un convenio de seguridad y la Prefectura del Azuay entregará motocicletas y equipos de reconocimiento facial.

Presupuestos

Sobre el tratamiento de los presupuestos, Zapata enfatizó que la ejecución se refleja una vez se realice la entrega de las herramientas, lo que sucederá entre octubre y diciembre de este año antes de dejar el cargo.

«No soy un improvisado de la función pública y sé cómo funciona la contratación. Llevo 11 meses de ministro y los presupuestos de ejecución son anuales. (…) En el caso del Ministerio y la Policía, las herramientas se adquieren en el extranjero porque no hay fabricación nacional. Ya están firmados los chalecos del eje preventivo. A finales de este mes nos entregarán esa herramienta. Los chalecos constituyen el 43% de la ejecución del presupuesto y a eso se suman herramientas como armas, balas, entre otros. A principios de diciembre superaremos el 94% de la ejecución presupuestaria».

El funcionario expresó que dejará la función pública cuando este gobierno termine su período en diciembre. «Cuando uno da alma, corazón y vida a su trabajo, a su país, yo me voy tranquilo. Siempre estaremos al servicio del que venga, pero ya no en la función pública. Mi familia ha dicho ya que no más trabajo en el sector público, pero si puedo transmitir mi experiencia a quienes lo necesitan. Será mi último cargo público en mucho tiempo». (MIB)

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Además, explicó que el Ministerio no ha desembolsado ni la mitad del presupuesto para el tema de seguridad, porque los procesos de contratación son largos y lentos. Hasta agosto la entidad usó solo el 13 % de todo el presupuesto, que llega a USD 96.3 millones, reportó Primicias.

La culpa es de…

Según Zapata, la culpa no solo recae en la Policía, pues son los jueces quienes dejan libres a varias personas que los uniformados capturan.

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De la misma manera, sostuvo que los contratistas son los que dejan en stand by (pausa) varios proyectos y compras, porque incumplen los acuerdos a los que se llega. (DCJ)

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En el caso del binomio de Acción Democrática Nacional (ADN), el aspirante al sillón de Carondelet Daniel Noboa es protegido por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Asimismo, su compañera de fórmula, Verónica Abad, cuenta con el apoyo de 22 uniformados.

Por otro lado, los postulantes de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González y Andrés Arauz, cuentan con 47 efectivos de la Policía. Sin embargo, Zapata aclaró que aunque la presidenciable pidió apoyo de las FF.AA., debe hacerlo de manera oficial en el Consejo Nacional Electoral.

Finalmente, Zapata explicó que a parte de este número de agentes que acompañan a las duplas que apuntan al Gobierno hay personal de inteligencia que está detrás de ellas, reportó Teleamazonas. (DCJ)

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«El informe ya está listo, eso ya lo hemos ido diciendo, (…). Es una evaluación de la orden de servicio de ese día«, comentó. Además, explicó que este documento no es un informe investigativo.

Según Zapata, la investigación para hallar a los culpables tomaría como mínimo 60 días y está a cargo de asuntos internos como determina el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).

De la misma manera, explicó que se deben mantener conversaciones con Fiscalía para saber si el informe se puede hacer público, ya que no «quiere entorpecer las investigaciones». «La Policía es súper transparente», aclaró.

Para el funcionario, este informe aclarará varias dudas que surgieron tras el violento asesinato de Villavicencio. (DCJ)

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Video: @enindefension

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Se suponía que la empresa iba a proveer de 50.835 chalecos a la Policía Nacional. Sin embargo, ahora toca esperar a que se firme un nuevo trato con una nueva entidad.

Según Zapata, ahora se hará un convenio con Point Blank INK, empresa estadounidense que quedó en segundo puesto en el proceso de contratación. «Se espera que la firma se haga entre el 6 y 7 de septiembre de 2023», explicó a Primicias.

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Irregularidades en la compra de chalecos

El 8 de mayo, la empresa de confecciones Inducon, en Colombia, emitió un informe al presidente de la República, Guillermo Lasso, y a demás autoridades sobre presuntas irregularidades en el proceso de compra de chalecos antibalas para la Policía Nacional.

El informe estaba dirigido al ministro del Interior, Juan Zapata; al exdirector del SERCOP, Dennis Valencia; y al comandante general de la Policía, Fausto Salinas. Asimismo, en el documento se detallaron varios cuestionamientos en torno al proceso de compra de chalecos antibalísticos.

«La entidad cae en un vicio que demuestra un direccionamiento hacia un ”requisito” dirigido a una fábrica, US Armor Corporation con un ”modelo” específico de producto y con un ”género” específico, sin abrir oportunidades a mejores ofertas», decía el oficio expuesto en una investigación de Radio Pichincha.

Además, la empresa solicitó que se realice de nuevo este concurso que garantice transparencia. Sin embargo, el Gobierno hizo caso omiso a su requerimiento y el Ministerio del Interior continuó con el proceso.

«A Zapata lo intentaron sobornar«

El 6 de julio, Juan Zapata denunció que lo intentaron sobornar para que acepte la compra de chalecos antibalas destinados a la Policía Nacional. Según el funcionario, le quisieron dar USD 2 millones para que acepte, pero no los denunció antes porque «no grabó la conversación».

«Créame que me he parado duro para que estos procesos salgan (la adquisisción de chalecos), porque hay muchos interéses que querían que estos procesos no salgan. A mi mismo, cuando recién llegué como ministro, me ofrecieron dos millones por el proceso de chalecos«, comentó para Expreso.

Además, dijo que estas personas son «sinvergüenzas», pero que saben que él «jamás caerá en esas trampas». (DCJ)

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