Quito, 27 jun (La Calle).- Entre el ruido mediático de Fito, Fede y las cárceles, una reforma silenciosa está golpeando el corazón del servicio público en Ecuador: la eliminación de la compensación por jubilación a los 60 años. El artículo 81 de la LOSEP fue modificado por la nueva Ley de Integridad Pública, y aunque pocos lo notaron, miles de docentes, médicos y funcionarios ahora tendrán que esperar hasta los 65 años para retirarse con compensación.

El cambio es significativo. Antes, la ley permitía acceder a la jubilación desde los 60 con todos los requisitos del IESS cumplidos, accediendo a una compensación que podía alcanzar hasta 150 salarios básicos unificados. Pero ahora, esa posibilidad ha sido aplazada cinco años. Para muchos, eso equivale a una vida entera de proyectos rotos.

¿Qué dice la reforma?

Quien tenga 65 años, cumpla los requisitos del IESS y solicite retirarse voluntariamente, podrá hacerlo y recibir una compensación. A los 70, el retiro será obligatorio. Se exceptúa a docentes universitarios, quienes podrán continuar hasta los 75. Así consta en el nuevo texto aprobado por la Asamblea y pendiente de publicación en el Registro Oficial.

¿Y qué implica?

Pierden quienes planificaron su vida para acceder a la jubilación a los 60 con dignidad. Pierde el sistema educativo, porque la renovación generacional se posterga. Pierde el sistema de salud, porque muchos profesionales deben seguir trabajando más allá de sus capacidades. Pierde la institucionalidad, porque se rompe el principio de progresividad de derechos consagrado en la Constitución.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) ya anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad en cuanto la norma sea publicada. “Este retroceso es inaceptable”, declaró su presidenta, Isabel Vargas. “No solo afecta a los servidores, sino al funcionamiento del Estado”.

¿Quién gana?

No es difícil adivinarlo. Mientras los servidores públicos se ven obligados a esperar cinco años más para una jubilación digna, los grupos empresariales ligados al poder siguen siendo beneficiarios de condonaciones tributarias y silencios legislativos. La narrativa oficial habla de integridad, pero en los hechos se consolidan los privilegios para unos pocos y se recortan los derechos de la mayoría.

¿Qué podemos hacer?

Informarse. Organizarse. Resistir. La jubilación no es un regalo: es el resultado de décadas de trabajo. Y modificar sus condiciones de forma unilateral, sin diálogo, sin transición, sin evaluación del impacto social, es una traición a quienes sostienen el Estado todos los días.

Mientras tanto, entre leyes troleadas y titulares sensacionalistas, nos van despojando sin que nos demos cuenta. Pero no es tarde para alzar la voz.

Porque jubilarse con dignidad no debería ser un privilegio, sino un derecho.

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La autoridad del IESS indicó que hace 90 años »cuando se pensó la seguridad social en el mundo» el promedio de vida era de 71 años, y que hoy en día es de 83 años.

»Hay que pensar cuanto cobramos por la jubilación porque las condiciones cambiaron», dijo en entrevista para Teleamazonas.

Actualmente, la base de cálculo de la jubilación son los cinco mejores años de sueldos durante el trayecto de aportes al IESS. En este sentido, Peña considera que el tiempo para calcular el monto de jubilación debería subir hasta los 30 años.

Además, planteó elevar el valor de los aportes mensuales. Hoy en día se maneja con el descuento del 20.6 % al salario del afiliado, sin embargo, propuso que el porcentaje suba hasta el 30% dependiendo el caso.

»Si no hacemos nada hoy, en 2 o 3 años vamos a tener problemas graves de flujo (…) este año irá a la Asamblea este proyecto y espero yo que también sea aprobado este año», resaltó Peña.

La deuda y la proforma

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) requirió al gobierno un presupuesto de USD 3.706 millones. Sin embargo, la proforma presentada por el Ministerio de Economía definió una asignación por USD 2.392 millones.

Frente a esta situación, Peña manifestó que el cálculo se lo realizó el anterior año y sin tomar en cuenta la medida del alza del IVA, lo cual ahora mejora sus expectativas. También señaló que aceptarán los bienes inmuebles por parte del Estado para compensar la deuda pendiente. (AGM).

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Los legisladores señalaron que los problemas económicos que enfrenta el IESS también se debe al mal uso de los carnés de discapacidad por lo que consideran necesario tomar cartas en el asunto.

»Un golpe duro que ha recibido por parte de algunos que se han pasado de listos desde el 2014 que se aprobó la reforma a la Ley de Discapacidades para el beneficio anticipado de la jubilación», dijo Polanco en rueda de prensa.

Agregó que conocen del caso de un médico en Guayaquil que ha otorgado 200 certificaciones de discapacidad de manera fraudulenta para que las personas puedan acceder a los beneficios del carné. La investigación ya está en manos de Fiscalía.

Abuso de privilegios

»Sucede que habrá personas con discapacidad que no están en el medio laboral y hay personas con carnés falsos que están ocupando los puestos de otros que verdaderamente lo necesitan», resaltó Pasquel.

Los parlamentarios enviaron solicitudes de información a seis instituciones, entre ellas el Conadis para verificar los procesos de carnetización; a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para ver que beneficiarios han accedido al descuento en la importación de autos; en el IESS se analizará el registro de jubilados con discapacidad.

Este caso será tratado en la Comisión del Trabajo en la Asamblea Nacional para su posterior informe. (AGM).

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Para enviar esta reforma, Cepeda se comprometió en dialogar con empleadores, afiliados y jubilados para llegar a previos acuerdos sobre estos cambios normativos. Sin embargo detalló los cambios que serán parte de la discusión:

-Subir la edad de jubilación.

-Que los afiliados también tengan una cuenta personal para que aporten más y, así, acceder a una mayor pensión jubilar.

-El aporte del Estado al fondo de pensiones se calcularía de acuerdo con un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

-Ajustar la fórmula de cálculo de las pensiones jubilares.

Existe un posible incremento en la tasa de aporte de los afiliados, la cual también será discutida. Pero, Cepeda aseveró que la aún «situación económica compleja» del país no permitiría este incremento.

Crisis de Liquidez en el fondo de pensiones del IESS

«Nos reuniremos con trabajadores, jubilados y afiliados para que entiendan la problemática del IESS», explicó el presidente del directorio. Recalcó que, después de mantener estas reuniones, elaborarán una propuesta de reformas de Ley de Seguridad Social que se enfoque en las pensiones del IESS y seguros de salud.

Mencionó también que como consejo no pueden realizar ningún cambio como modificar la tasa de aporte de los afiliados o la edad de jubilación. «Estos cambios deben ser analizados por la Asamblea. (…) Hablaremos con la sociedad civil para ver si es conveniente un ajuste», señaló Cepeda.

Aclaró que incrementar el aporte en este momento en que servicios como el abastecimiento de medicina no son buenos. Detalló que la fórmula de cálculo de las pensiones toma como base ‘los 5 mejores años de aportes’.

Gran parte de los afiliados aporta de forma voluntaria; declara la base de ingresos para el aporte al IESS. Esto permite que tengan 5 años de ‘buenos aportes’ mientras que los demás ‘pueden ser mínimos’. Por lo que se genera un desbalance en el fondo de pensiones al aumentar la pensión jubilar.

¿En qué consisten las otras reformas?

El presidente del directorio aseguró que hay que aumentar la edad de jubilación. Indicó que se analiza la opción de que los afiliados manejen una cuenta ‘individualizada’. Es decir, una cuenta donde ‘aporten lo que quieran y así, tengan una mejor pensión’.

Según Cepeda, debe establecerse un límite en el aporte del Estado al IESS. Actualmente el Estado aporta con el 40% para el pago de las pensiones a los jubilados de la institución. Esta propuesta consiste en que los aportes del estado estén directamente relacionados con el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Dijo que se espera que el PIB suba con el tiempo, por lo que el fondo de pensiones aumentaría si se calculara el aporte del estado con base en un porcentaje del PIB. De esta manera se garantizaría que el estado cuente con más recursos para pagar pensiones futuras.

Cuestiones pendientes del Gobierno y el IESS

De acuerdo a Cepeda, todas estas propuestas tendrían un impacto positivo en el fondo ‘si se hace una mezcla de medidas’. Además, dijo que medirían el impacto de reformas legislativas como la aceleración de jubilación a los profesores.

En la entrevista también precisó que aún se está dialogando con el gobierno para cubrir la deuda acumulada entre el seguro de pensiones y el fondo de salud. Aún «no hay nada concreto». Como último punto relató que a propósito de los recientes casos de corrupción relacionados a prestadores externos, también se detectaron irregularidades en compras de medicinas e insumos médicos.

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“No me quieren jubilar. Vuelvo y repito. He pagado, he entregado mi plata, mi juventud, todo. Entrego también mi sangre a lo mejor mi vida también”, expresó. La policía y personal médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) le prestaron ayuda.

El adulto mayor recicla plástico para obtener un ingreso adicional. Explicó también, que la pandemia le ocasionó más problemas para su subsistencia. Los funcionarios del IESS no dieron declaraciones sobre lo sucedido.

El presidente Lenín Moreno indicó que el primer desembolso de FMI pagará las deudas de la Seguridad Social ¿qué presupuestos se van a manejar?

Estado y Seguridad Social

Del primer desembolso de USD dos mil millones del Fondo Monetario Internacional, el gobierno utilizó USD 60.926.720 para el pago de la seguridad social, específicamente la de la Policía (ISSPOL).

Los atrasos por la contribución del 40% del Estado al Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social legarán a USD 1.485 millones durante este año. El nuevo acuerdo entre el IESS y el Estado contempla USD 600 millones en efectivo y USD 885 millones en bonos del Estado. Los primeros USD 200 millones vendrán del desembolso del FMI, los siguientes pagos dependerán del flujo de caja.

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