El informe, de carácter no vinculante, irá al pleno del CPCCS para que sus siete consejeros decidan si acogen o rechazan estas recomendaciones técnicas. La designación de los cinco vocales principales y sus suplentes para el período 2025-2031 se prevé concrete en la primera semana de septiembre.

Entre los candidatos impugnados que resultaron avalados por la comisión se encuentran figuras como Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura en funciones, quien acumuló cinco objeciones; Fausto Andrade; Ivonne Núñez; Wendy Moncayo; Alfredo Cuadros; Magaly Ruiz; Juan Carlos Benalcázar; y Fabián Fabara.

Godoy, la ficha polémica

Respecto a las objeciones contra Godoy, la más numerosas, la comisión argumentó que no puede pronunciarse sobre investigaciones pendientes, como el conocido «Caso Pendrive«, al estar estos asuntos en conocimiento de un órgano competente y no existir una sentencia ejecutoriada. Asimismo, determinó que no se puede criminalizar el ejercicio de su profesión de abogado por el hecho de haber defendido a personas vinculadas a presuntos casos de corrupción.

La comisión, integrada por asesores de confianza de los vocales del CPCCS, evaluó las impugnaciones presentadas bajo cuatro causales posibles: incumplimiento de requisitos legales, falta de probidad o idoneidad, incurrir en inhabilidades, u omitir o alterar información relevante. Concluyó que ninguna de las objeciones presentadas logró sustentarse válidamente en estas causales.

Si el pleno del CPCCS acepta el informe, se superaría esta fase de impugnaciones. El proceso continuaría con la presentación de los planes de trabajo de los aspirantes, para posteriormente proceder a la designación formal de los integrantes del nuevo Consejo de la Judicatura. Los funcionarios posteriormente serían posesionados en la Asamblea.

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El proceso se originó tras acusaciones de Jaramillo contra Goyes por "incumplimiento de funciones", específicamente por su ausencia en una sesión plenaria del CJ el 16 de abril de 2025, donde se debatía el Reglamento para la creación de judicaturas constitucionales. El legislador sostuvo que la vocal faltó injustificadamente a cuatro convocatorias posteriores, afectando el quórum.  

En su defensa, Goyes calificó el juicio político de "absurdo y sin fundamentos", argumentando que su retiro de aquella sesión respondió a la negativa de discutir sus observaciones técnicas al reglamento. La vocal reveló que durante meses presentó objeciones al modelo propuesto, destacando que este no garantizaba la especialización judicial exigida por el Artículo 181 de la Constitución, ni incorporaba los resultados de la consulta popular de abril de 2024 que costó USD 60 millones y sigue sin implementarse.  

Argumentos:

Goyes exhibió una propuesta alternativa presentada el 10 de enero de 2025, que incluía 24 unidades judiciales, 9 tribunales de apelación y criterios de selección basados en méritos y transparencia, con un presupuesto estimado de USD 18.7 millones. Además, recordó que su postura fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia del 26 de mayo, que declaró inconstitucional el reglamento original.  

Tras la votación, Viviana Veloz, coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana, señaló que el oficialismo "no probó el incumplimiento de funciones" y advirtió que el proceso buscaba "sepultar la independencia judicial". Un intento de reconsideración solicitado por Victoria Desintonio fue rechazado, dejando firme la decisión que mantiene a Goyes en su 
cargo.  

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En su defensa, presentada ante la Comisión presidida por Ferdinand Álvarez, Goyes desmonta los dos hechos imputados: su retiro de la sesión del 16 de abril y su inasistencia a la reinstalación del 22 de abril. Argumenta que ningún marco legal obliga a un vocal a avalar propuestas que considere inconstitucionales. Además recalcó que su postura defendió el artículo 181 de la Constitución, que exige especialización en garantías jurisdiccionales.

La funcionaria recordó que desde enero de 2025 propuso un modelo técnico para la selección de jueces, el cual incluía la creación de 24 unidades judiciales, 9 tribunales de apelación y 75 jueces especializados, con un presupuesto de USD 18.7 millones. Dicha iniciativa establecía criterios de mérito, transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, sus ocho observaciones al reglamento —presentadas entre febrero y marzo— fueron ignoradas, junto con su solicitud de una matriz comparativa.

Alegatos

El 16 de abril, durante una sesión plenaria Goyes advirtió que el reglamento en discusión vulneraba el mandato popular del referéndum de abril de 2024 y omitía la especialización judicial. Ante la falta de diálogo, se retiró tras solicitar un espacio de concertación, gestión que posteriormente lideró la vocal Yolanda Yupangui. Esto derivó en la resolución 034-2025, que incorporó tres de sus cuatro observaciones (especialización, experiencia y probidad), excluyendo la paridad.

Goyes destacó que su postura fue avalada por la Corte Constitucional mediante una sentencia del 26 de mayo que declaró inconstitucional la Resolución 006-2025 por aplicar criterios administrativos ordinarios a la justicia constitucional. La Corte ordenó rediseñar el reglamento, y Goyes enfatizó que este fallo, más no su actuación causó el retraso en el concurso de jueces. Este hecho habría afecctado la planificación de la Escuela Judicial y la asignación presupuestaria.

“He propuesto y defendido un reglamento acorde con los principios constitucionales. No hay causal para juicio político, sino coherencia con el derecho y compromiso con el país”, señala en el documento.

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La medida impulsada por el legislador oficialista Henry Bósquez (ADN), tuvo la aprobación del Parlamento bajo el argumento de «vulneración a los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima» en el proceso original, realizado el pasado 13 de mayo.

La resolución, articulada en dos puntos clave, declara «sin efecto» lo resuelto en la sesión 1027 del Legislativo, subrayando que dichas decisiones –según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)– deben adoptarse exclusivamente mediante «resoluciones o acuerdos», requisito que, a juicio del oficialismo, no se cumplió. Adicionalmente, ordena notificar formalmente al CPCCS sobre esta decisión, dejando sin vigencia la terna integrada por Iván Montero, Yolanda Salgado y Ángel Romero.

El ambiente en el hemiciclo derivó en un enfrentamiento abierto cuando Bósquez insistió en incluir el análisis de la terna en el orden del día. Tras una primera votación fallida donde la abstención de la asambleísta Carmen Tiupul (Pachakutik) bloqueó la iniciativa, una rápida gestión de bancadas oficialistas logró que la legisladora rectificara su posición.

Este giro permitió la reconsideración de la votación, desatando inmediatas protestas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Fernando Cedeño (RC) interpeló al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, acusándolo de violar el artículo 145 de la LOFL: «¡Lea la ley, señor Olsen! Los cambios al orden del día solo pueden resolverse por votación directa, sin rectificaciones posteriores», exclamó. Además presentó una apelación formal a la presidencia de Olsen que posteriormente fue desestimada y se continuó con la sesión.

Reacciones

La reacción de Revolución Ciudadana (RC) fue contundente: en un comunicado titulado «Fuera las manos de Noboa del Consejo de la Judicatura», denunciaron un intento del gobierno de Daniel Noboa de «tomarse ilegalmente el CJ». El texto detalló tres violaciones:

1. La inexistencia de normas que permitan retirar una terna ya enviada.
2. La ilegalidad de «reconsiderar una decisión ya reconsiderada» (Art. 145 LOFL).
3. La vulneración de principios constitucionales (Arts. 61.7, 82 y 226).
   «El CJ no es un botín del Ejecutivo. Seguramente, en esa terna hay alguien que no pueden controlar», concluyó el movimiento.

La crítica trascendió, pues el legislador Otto Vera (PSC) manifestó su perplejidad por «rever decisiones legítimamente tomadas», recordando que la terna «fue aceptada, votada y reconsiderada en el periodo anterior». El CPCCS, ahora notificado, queda a la espera de un nuevo proceso de designación, mientras la sombra de la polarización judicial se extiende sobre Quito.

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En declaraciones a NotiMundo , Goyes detalló que, durante la gestión de Godoy, cinco directores de Talento Humano se han sucedido en el cargo —con un promedio de mes y medio por persona—, mientras que nueve subdirectores fueron designados y removidos en áreas administrativas en pocos meses. «¿Qué concurso puede avanzar en estas condiciones? La responsabilidad recae en el señor Godoy», afirmó.

Concentración de poder

Goyes señaló que Godoy tiene facultades «exageradas» al ser el único que fija la agenda del Pleno, lo que ha derivado en la paralización de más de 15 proyectos presentados por ella, los cuales —denunció— fueron archivados por direcciones «puestas por él». «No puede ser que una persona paralice al Consejo», sostuvo.

Además, criticó el quórum mínimo actual (3 de 5 vocales) para tomar decisiones, calificándolo de «inconstitucional». Esta fragilidad se agravó con la renuncia irrevocable del vocal Merck Benavides, reduciendo el Pleno a tres miembros: Godoy, Goyes y Yolanda Yupanqui, todos en funciones prorrogadas desde enero de 2025.

«Reparto de cargos»

La vocal insistió en que Godoy priorizó la designación de «personas allegadas sin experiencia» sobre perfiles técnicos. «Él se dedicó a entregar cargos. Eso no es la razón de ser de esta institución«, aseveró. Con el CPCCS pendiente de designar nuevos vocales y la Función Ejecutiva sin enviar su terna, Goyes advirtió: «Si otro vocal sale, el Consejo colapsa. Urge debatir un nuevo modelo». El organismo debería estar conformado con 5 titulares y 5 suplentes.

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»La Revolución Ciudadana está protegiendo a ciertas personas que están involucradas al crimen organizado», señaló el asambleísta de Construye Jorge Peñafiel, proponente del juicio político.

Para la censura de los exfuncionarios, la Asamblea necesitaba 92 votos afirmativos, sin embargo, solo contó con 88. Todas las bancadas estuvieron a favor de la moción de censura a excepción de la RC.

Por su parte el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, dijo en entrevista para Primera Hora que la votación ya era previsible, sin embargo, detalló que hubo una evidencia clara de que solo existen 88 curules luchando por la corrupción.

Por su parte, la bancada oficialista emitió un comunicado en rechazo a lo sucedido y resaltó que la RC votó a favor de la impunidad y corrupción.

Argumentos de la RC

Durante la sesión intervino la asambleísta Pamela Aguirre, quien manifestó que el interpelante no pudo probar las acusaciones contra Terán. También resaltó que el extitular de la Judicatura ahora es repudiado por los mismos que lo sentaron allí, pues nació de la Corte Nacional del «siete veces sí». Asimismo expuso que Maribel Barreno viene de la terna enviada por misma fiscal Diana Salazar.

Por su parte la legisladora Sofía Espín señaló que con la censura no se acabarían los problemas de corrupción en la justicia. Argumentó que los tentáculos del crimen a la justicia, iniciaron cuando jueces liberaron a líderes de grupos delictivos en el 2017, y no con la aparición de Terán.

Además, el parlamentario Ronal González enfatizó que la bancada no actúa con odio y que la sustanciación de Peñafiel refleja la »ausencia absoluta» del desarrollo y conocimiento de la Asamblea.

La defensa de Terán

Después de la polémica por la comparecencia de Terán de manera presencial, el exfuncionario llegó al Palacio Legislativo con un fuerte resguardo policial. Al enfrentarse a los parlamentarios elevó un discurso de aproximadamente tres horas con una biblia en la mano.

»Paz, justicia y verdad, cueste lo que cueste», dijo Terán al empezar con su intervención frente al Parlamento.

En primera instancia, resaltó que desde la cárcel de La Roca le negaron el acceso a los documentos y pruebas del proceso de juicio político y recalcó que vive un »viacrucis» desde el momento de su detención el 14 de diciembre del 2023.

Aseguró que la interpelación de Peñafiel está llena de odio. Respecto a la suspensión y destitución de Walter Macías aclaró que por aquel tiempo el exjuez fue acusado de falsificar documentos para acceder a su cargo.

»Buscan reemplazar a los jueces nacionales con intenciones de dominación y que la verdad no se sepa, porque han forjado los casos. No solo el mío, muchos casos», afirmó.

Denunció la vulneración de sus derechos y el impedimento para acceder al sistema SATJE para hacer uso de su defensa y conocer el estado de las causas. «Si así van a ser las cárceles impongan de una vez la pena de muerte», mencionó. (AGM).

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»La nueva política parece guardar los vicios de la vieja política. Alerto al país que he recibido amenazas e intimidaciones por parte del Ejecutivo», dijo el funcionario en la plataforma X.

Según detalló Muñoz, el asambleísta oficialista y segundo vicepresidente del Legislativo, Eckenner Recalde, realizó una solicitud escrita para apresurar el nombramiento de Godoy. Asimismo, señaló que recibió llamadas amenazantes e intimidaciones por parte de emisarios del Viceministerio de Gobierno para aumentar la presión, lo cual sería un »claro intento de intromisión a las funciones del Estado».

La petición de Recalde era presidir la sesión de posesión y llamar al Pleno este 15 de julio por la ausencia del presidente del Legislativo, Henry Kronfle, sin embargo, Muñoz aclaró al funcionario que el titular del Parlamento sigue en funciones y dirigirá la convocatoria.

»Me dicen que en donde yo no haga caso a lo dicho por Recalde, procederán a buscar mi destitución», dijo en entrevista a Teleamazonas.

¿Y la Revolución Ciudadana?

De igual manera, resaltó que no recibió ninguna intimidación por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), por el contrario, dijo que recibió llamadas de apoyo por parte de los legisladores de la organización política.

El vínculo de Godoy con la RC viene de su historial laboral, pues fue abogado del expresidente Rafael Correa y del extitular del CPCCS, Alembert Vera. No obstante, también trabajó como defensa del coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, y laboró en distintos cargos públicos desde el 2009 hasta el gobierno de Guillermo Lasso.

En entrevista para La Posta, Godoy aseguró que no tiene ninguna vinculación con la RC y ningún otro movimiento político y argumentó que hay una separación entre su ejercicio profesional y su ideología.

El gobierno responde

A través de un comunicado la bancada oficialista rechazó las declaraciones del secretario Muñoz y manifestó que el funcionario es un actor político más que defiende los intereses de una línea partidista .

»A pesar de ser este un cargo técnico e imparcial, vemos como el Secretario vierte declaraciones políticas, realiza comunicados y da entrevistas contra el Gobierno Nacional. Ante aquello, precisamos que, usar la imagen institucional y a su personal, con fines políticos, no es ético ni apropiado», dijo la bancada sin desmentir las amenazas e intimidaciones denunciadas.

El próximo 16 de julio a las 17h00 el pleno del Legislativo hará oficial la posesión de Godoy, en medio extensas polémicas. (AGM).

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Entre gritos, reclamos, confusión sobre lo que se votaba y hasta una apelación de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se desarrolló la sesión que definió a Mario Fabricio Godoy Naranjo como el nuevo titular de la Judicatura.

La designación ocurrió luego de que el pleno reconsideró la votación del pasado 8 de julio, en donde fue elegida la académica Dunia Martínez. La consejera Nicole Bonifaz solicitó repetir la sesión debido a que no se tomó en cuenta su votación.

El consejero Augusto Verduga consideró que Godoy tiene el “perfil más idóneo”. Mientras que la vicepresidenta del organismo, Mishelle Calvache, calificó lo sucedido como deplorable.

¿Quién es Mario Godoy?

El presidente de la Judicatura electo es abogado de profesión por la Universidad Central del Ecuador (UCE). Asimismo según datos de la Senescyt, Godoy registra cuatro títulos de cuarto nivel:

• Especialista en cumplimiento y anticorrupción (Universidad SEK)
• Magíster en Derecho Administrativo y Contratación Pública (Universidad Andina Simón Bolívar)
• Especialista en Derecho Administrativo (Universidad Andina Simón Bolívar)
• Diploma superior en género, violencia y justicia ( FLACSO)

En cuanto a su experiencia profesional se conoce que desempeño varios cargos en instituciones del Estado:

• Funcionario de la Fiscalía General (2009)
• Funcionario del CPCCS (2009-2011)
• Asesor en Tribunal Contencioso Electoral (2012 – 2014).
• Director del Cultos en el extinto Ministerio de Justicia, al mismo tiempo fue asesor en el Consejo Nacional Electoral (2015 -2018)
• Prosecretario relator en la Asamblea (2017)
• Director de Catastro en el Ministerio de Defensa (2017)
• Director de Investigación de Actos de Corrupción durante el gobierno de Lenín Moreno (2019)
• Jurídico de la Unidad de Análisis Financiero (2020-2021)
• Procurador en Petroecuador (2024)

Durante su carrera profesional Godoy también fue abogado de expresidente del CPCCS, Alembert Vera; del expresidente Rafael Correa; y del exalcalde de Cayambe y actual de coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi.

La postulación de Godoy fue criticada con el argumento de que fue abogado y vocero de juicios asociados a casos de narcotráfico en Estado Unidos. El seleccionado presidente fue el abogado de los hermanos Eduardo y Juan Pablo Larrea, vinculados al cartel de Sinaloa.

Plan de trabajo

En la presentación de su plan de trabajo Godoy propuso enfocar su gestión en cuatro líneas de acción: lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, determinación de un proceso de confianza con exámenes periódicos y fortalecimiento de mecanismos de prevención y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Para asumir oficialmente la presidencia de la Judicatura, Godoy deberá ser posesionado por la Asamblea Nacional en los próximos días. En este período la tarea más importante que tendrá que realizar es la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia y enfrentar la plaga de corrupción en la institución. (NC).

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El pleno del CPCSS eligió a Mario Godoy como presidente de la Judicatura y dejó sin efecto la votación del 8 de julio que colocó a Dunia Martínez al frente de esta institución.

La consejera Calvache calificó a este hecho como vergonzoso y señaló que la denominada Liga Azul afín al »correísmo» vuelve a ser mayoría en el CPCCS con el apoyo disimulado de los vocales Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto.

Por su parte la mesa parlamentaria, presidida por la legisladora Pamela Aguirre, aclaró que en ningún momento la comisión pidió a los consejeros que se inclinaran por algún candidato en específico.

Crisis en el Cpccs

«Yo hablé con Calvache y Fantoni y les dije no dejemos que ningún partido político se tome el Consejo de la Judicatura, votemos en abstención», aseguró el consejero Juan Esteban Guarderas, quien exhortó a sus colegas a devolver la terna de candidatos a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El funcionario detalló que rechazaron su estrategia, puesto que los vocales temían a la destitución por incumplimiento de funciones y resaltó que la consejera Johanna Verdezoto cambió de opinión a última hora, pues también iba a votar en abstención.

La figura de Verdezoto fue crucial no solo en esta votación sino en otras resoluciones importantes del CPCCS, sin embargo, existen cuestionamientos por su constante cambio de bandos.

Al iniciar su gestión mostraba afinidad por la gestión de Alembert Vera, de hecho su voto definió la designación del exfuncionario y de Nicole Bonifaz como autoridades de la entidad. Tras la destitución de Vera, Verdezoto hizo mayoría con Calvache, Fantoni y Guarderas para retirar de la Presidencia a Bonifaz. Hoy en día la consejera vuelve a cambiar su rumbo.

Estos desacuerdos solo evidenciaron las pugnas de poder al interior del CPCCS, una institución que tiene la facultad de elegir a los líderes de la justicia. Godoy sería el quinto presidente en asumir la riendas de la Judicatura, ahora deberá seguir el tratamiento del Caso Metástasis y el proceso de elección de los nuevos jueces nacionales. (AGM).

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El portal web de la Fiscalía General del Estado (FGE) evidencia una denuncia del 7 de junio del 2022 por parte la ciudadana Jessica Patiño Pallarozo debido al fallecimiento de una mujer que responde la nombre de Rocío de los Ángeles Pallarozo.

El registro coloca al actual ministro y a otros implicados en calidad de »sospechosos no reconocidos». Según los datos de la plataforma, la demanda incluye a Vicente P., Guido I. y Byron P., los dos primeros constan como accionistas de Hospifuturo S.A., compañía que tiene como gerente general a Naranjo.

La acusación no prosperó, pues la página del Consejo de la Judicatura (CJ) no registra el avance de este proceso.

Otras denuncias

Por otro lado, el Consejo de la Judicatura registra 16 denuncias en contra de Naranjo, en su mayoría relacionada a actos administrativos relacionados a Hospifuturo, es decir, daño moral, acción de habeas data, despido intempestivo, entre otros.

Por ejemplo, en una demanda por una acción de habeas data en el 2021, una de las pacientes relató que acudió a una las sucursales de Hospifuturo en El Recreo, al sur de Quito, para realizarse una endoscopía. Durante el procedimiento, la mujer señaló que el personal no aplicó las medidas de bioseguridad necesarias por la pandemia del Covid-19 y los equipos estaban en mal estado.

Al despertar pudo percatarse de que el suero que le habían introducido estaba caducado por lo que entró en pánico y pidió a los médicos que llamaran a su esposo, sin embargo, el anestesiólogo del sitio le había manifestado que al ser un suero salino no había mayor problema.

Debido a la insistencia de la paciente, el doctor pidió que se retirara del lugar. La mujer solicitó a la clínica información certificada sobre los insumos médicos utilizados en su cirugía pero no recibió respuesta.

En el marco de la demanda, el juez negó la acción que solicitaba la paciente por un error en la justificación de la petición de la acción de habeas data. Sus abogados realizaron una apelación a la resolución del tribunal pero el proceso se quedó estancado.

Otro empresario en el gobierno

Según datos de la Superintendencia de Compañías (SuperCias), el ministro Naranjo figura como gerente y presidente de diez empresas, entre ellas Hospifuturo, Manta Hospital Center, Axxiscan e Inmobiliaria Masel.

Asimismo es accionista de las compañías antes mencionadas y otras adicionales como: Manta Imagen, Code in Salud y Hospicenter. (AGM).

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El pasado 17 de junio, el exfuncionario compareció en el Legislativo con un estricto dispositivo de seguridad. Durante su intervención resaltó que desde la cárcel de La Roca le resulta difícil acceder a los documentos y a un abogado para defenderse ante la justicia y el Parlamento.

Además de la acusación por incumplimiento de funciones en la Asamblea, es procesado por obstrucción a la justicia y presunta delincuencia organizada en el Caso Metástasis.

Terán afirmó, de manera contundente, que las acusaciones que hoy tiene en su contra se debe una supuesta de venganza por no ceder a las presiones de designar jueces de acuerdo a la conveniencia de otros.

«La misma señora fiscal me escribía el interés que tenía en cooptar espacios en la Corte Nacional de Justicia. Esto consta dentro del proceso de obstrucción a la justicia», señaló.

¿Qué dicen los chats?

El registro de los chats entre Terán y Salazar, publicados en portal digital de la Asamblea, evidencian el apoyo y cercanía entre ambas autoridades. Los temas de conversación se centraban en procesos penales y en el concurso de designación de jueces del 2023.

Salazar recomendaba a personas para los cargos, mientras alertaba a Terán de nombres que no le convenían. Asimismo pidió ayuda al extitular de Judicatura cuando su cargo estaba en riesgo por el supuesto plagio en su tesis académica.

»Estoy harta de las noticias falsas. Haz algo por favor, nos quieren enfrentar», dicen las conversaciones.

Respecto al caso de obstrucción a la justicia contra Terán y otros exvocales de la Judicatura, en octubre del 2023, el extitular de la Judicatura cuestionó esta acusación, mientras que Salazar mencionó en la conversación que hasta ese momento no encontraba elementos para la acusación.

En una de las audiencias de formulación de cargos que no pudo instalarse por la ausencia de los abogados defensores, Terán y Salazar saludaron de una manera amigable. Una publicación del diario Expreso expuso una foto que reveló esta cercanía y la fiscal Salazar envió el link de la publicación a Terán.

»Me acerqué con todo sinceridad, muy aparte de que la foto está linda», respondió el exfuncionario de la Judicatura.

Rechazo de Fiscalía

La Fiscalía rechazó la existencia de estas conversaciones. El organismo señaló que el único objetivo de Terán es desprestigiar la imagen de su máxima autoridad.

”Se evidencia que buscan entorpecer el trabajo de la justica a través de jugarretas políticas que no benefician a la ciudadanía, sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados. Por ello, la Institución se ve en la necesidad de referirse -por esta única vez- a los hechos”, resaltó el comunicado. (AGM)

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El pasado 20 de junio el expresidente de la Judicatura- quien ahora es procesado por presunta obstrucción a la justicia y llamado a juicio político– leyó ante la Comisión de Fiscalización los chats que mantenía con la fiscal Diana Salazar.

Durante su confesión reveló que la funcionaria buscaba »cooptar espacios en la Corte Nacional» a través del concurso de jueces nacionales, en este sentido, resaltó que todo se trataría de una venganza al no ceder a sus intereses.

Por su parte, Fiscalía señaló que este es un nuevo intento de desbaratar los casos de corrupción y narcotráfico que lleva adelante, y que involucran al exfuncionario.

»Se evidencia que buscan entorpecer el trabajo de la justica a través de jugarretas políticas que no benefician a la ciudadanía, sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados. Por ello, la Institución se ve en la necesidad de referirse -por esta única vez- a los hechos», resaltó.

Caso Terán

En febrero, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román, denunció que el personal del extitular de la entidad, Wilman Terán habría intentado acceder al sistema encriptado de las preguntas para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según Román, el sistema sí fue entregado a los sujetos, pero comentó que el hecho es investigado por la Unidad de Transparencia.

El Pleno del (CJ) declaró nulo el proceso de renovación de jueces de la CNJ, el 18 de enero de 2024. El comunicado de la entidad aseguró que el proceso tenía anomalías e inconsistencias que traerían sanciones penales o administrativas.(AGM).

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La situación se desencadenó cuando el pleno de la CNJ no logró elegir al titular para el período 2023-2027. Ante este vacío de poder, Saquicela consultó a la PGE sobre la posibilidad de prorrogar sus funciones.

«De conformidad con el pronunciamiento vinculante y obligatorio del señor Procurador General del Estado, a partir del 5 de febrero de 2024, me mantendré en prórroga de mis funciones hasta ser legalmente reemplazado», dijo el actual presidente en un comunicado.

Este anuncio se formalizó a través de un documento de dos páginas entregado a los jueces de la CNJ y al presidente subrogante del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román. En el documento, Saquicela incluyó la consulta realizada a la PGE y el pronunciamiento del procurador Juan Carlos Larrea, quien indicó que el presidente de la CNJ, sujeto a un período fijo, puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado, garantizando así la representación institucional.

Controversias

Un grupo de jueces titulares expresó su desacuerdo con la prórroga propuesta por Saquicela. Se ha planteado la posibilidad de una autoconvocatoria para que el pleno de la CNJ se pronuncie sobre esta situación.

La jueza Daniella Camacho, quien buscó la presidencia en las elecciones, defiende la posición de que es el pleno del organismo el que debe decidir sobre una posible prórroga, argumentando que esta instancia resuelve sobre ambigüedades en la ley.

La incertidumbre persiste en la CNJ, ya que después del 5 de febrero no está claro quién asumirá la titularidad y cuándo se logrará elegir a un nuevo presidente o presidenta. La crisis institucional se agrava, y la atención se centra en las acciones que tomarán los jueces opositores de Saquicela para abordar esta compleja situación. (AGM).

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»Quiero abrir el concurso para llenar vacantes y dejar un banco elegible de jueces a nivel nacional. Esa es mi prioridad», dijo en entrevista para Democracia TV.

Ante la reestructuración del organismo judicial, Román señaló que el Pleno solicitará de manera urgente el traslado de los jueces provinciales a los cargos de conjueces en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Los jueces subrogantes permanecerán en el cargo hasta que la Judicatura convoque a un nuevo concurso. Para este proceso armarán un nuevo reglamento en el que será tomado en cuenta la mejor puntuación, el sumario y la carrera judicial.

»Las y los conjueces provendrán del concurso de selección de las y los jueces de la Corte Nacional que no fueron titularizados de acuerdo con la nota obtenida. En caso de que no se cuente con el número suficiente del banco de elegibles de conjuezas y conjueces de la Corte Nacional, se procederá a designar a las y a los jueces a partir del nivel octavo de la carrera judicial», dicta el artículo 200 del Código Orgánico de la función Judicial.

Otra de la prioridades de Román es alcanzar a elegir nuevos notarios antes de que se termine su gestión. En este sentido, destacó que no es lo mismo estar algunos meses en el cargo que varios años. Entre jueces nacionales, conjueces y jueces de distintos niveles de la carrera judicial se deben completar 390 vacantes.

La suspensión del concurso

El pasado 19 de diciembre del 2023 el CJ suspendió el concurso de jueces de la CNJ por petición de la jueza Patricia Segarra. El proceso se retomará hasta que la Judicatura revise las actuaciones suscitadas dentro del referido proceso y los hechos registrados en torno a las pruebas de confianza rendidas en dos ocasiones por los postulantes.

”Yo creo que se trata de un concurso irregular. El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, está llevando a la función judicial a un momento muy difícil”, dijo a opinión personal el presidente de la CNJ, Iván Saquicela en entrevista para Ecuavisa en diciembre del 2023, antes de la renuncia del extitular de la Judicatura.

Agregó que él si es congruente con su opinión, pues si le retiró su confianza a Terán no podría estar de acuerdo con un concurso que ha sido muy cuestionado. Aclaró que no es un tema político ni nada relacionado a los postulantes sino al cumplimiento de los reglamentos. (AGM).

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»Siempre será necesario visibilizar aquello que tratamos de ocultar. No ocultemos un problema latente en el Ecuador. Los datos son alarmantes (…) nosotros el día de hoy enviaremos este informe al Ejecutivo y la Asamblea a fin de que se tomen los correctivos necesarios», dijo el defensor del Pueblo, César Córdova.

Según la investigación comprendida entre el 1 de enero del 2018 hasta el 16 de junio del 2023, de las más de 52 mil denuncias presentadas solo se aceptó la documentación del 17.41 %; el 4.15 % llegaron a una sentencia; y peor aún, el 3.02 % logró un dictamen acusatorio.

Datos alarmantes

Por otro lado, con base a información enviada por el Consejo de la Judicatura (CJ) se expuso que de los 9006 casos judicializados; 2.097 fueron resueltos con sentencia condenatoria; 428 ratificatorias de inocencia; 41 casos con sentencia mixta, es decir, con más de dos implicados; y el institución no posee información de 6.440 casos.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó 9.774 notificaciones por violencia sexual a niñas, niños y adolescentes en el período 2021-2023.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Mineduc) declaró que de los casos que ha denunciado a Fiscalía, la gran mayoría corresponde a niños entre 8 y 14 años. Entre el 2018 y 2023 se han presentado 20.698 denuncias por este delito, de las cuales 5.865 ocurrieron al interior de un plantel educativo. (AGM).

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Entre los detenidos resalta el nombre de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, quién fue llevado a la Unidad de Flagrancia. Antes de su ingreso dio declaraciones a los medios de comunicación.

«Con la más violenta fuerza – que lo sepa la comunidad judicial y la ciudadanía – quieren frenar el irreversible paso de transformación de la justicia», expresó.

Añadió que la orden de detención es para comparecer a una audiencia. «Estoy detenido e incomunicado. No tengo ni siquiera mi número celular. No siquiera presencié el allanamiento a mi domicilio, lo único que pude leer es sicariato y crimen organizado».

Terán rechazó todas las acusaciones. «Rechazo todo. Nada debo, nada temo». Al no estar presente en el allanamiento, la cabeza del Consejo de la Judicatura teme que monten evidencia en su contra.

La fiscal informó que es uno de los operativos más grandes que se ha hecho en el país. Más de 75 allanamientos, 30 investigados y un despliegue de 900 personas entre personal de Fiscalía y Policía Nacional.

«A raíz de las investigaciones por la muerte de Leandro Norero se desprendieron indicios de una estructura criminal en varios niveles del Estado y vinculada directamente con el narcotráfico», dijo Salazar.

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El pleno tomó la decisión con tres abstenciones por parte de los vocales Maribel Barreno, Juan Morillo (investigados por Fiscalía) y Fausto Murillo. Por otro lado, el presidente del CJ, Wilman Terán y Xavier Muñoz votaron a favor de la destitución.

Fuentes judiciales informaron a Código Vidrio que la decisión del Pleno no está motivada y se refiere a un acto disciplinario por el cual anteriormente Macías ya fue suspendido. Sin embargo, esta resolución se da en medio del proceso legal que atraviesan los vocales Morillo y Barreno por tráfico de influencias.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) manifestó su preocupación ante la decisión del Pleno y resaltó que ya existía una fecha establecida para la audiencia en contra de los vocales. La institución consideró que estas acciones son represalias por parte del CJ a las actuaciones cumplidas por el Magistrado dentro de este caso.

Por ayudar a Llori…

El 7 de junio se formuló cargos contra los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, como presuntos autores directos del supuesto delito de tráfico de influencias. En el caso también se encontraba involucrado el juez Vladimir Jhayya.

El argumento de la Fiscal se basa en un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa constitucional que derivó en la destitución de Guadalupe Llori, hasta ese entonces presidenta de la Asamblea Nacional.(A.G.M).

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El 21 de julio el ministro del Interior, Juan Zapata se reunió con el presidente de la CNJ Iván Saquicela para establecer una alianza en conjunto. Además, se prevé invitar a la Fiscalía para que tomar acciones ante la delincuencia y que los casos no queden impunes.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, señaló que en la Dirección de Protección existen 56 dispositivos de seguridad integrados por 92 policías que brindan protección a jueces y fiscales.

A falta de armamento…

Respecto a la resolución aprobada para la utilización de armas incautadas a la delincuencia en operativos policiales, el ministro Zapata señaló que a través de la Policía Judicial ya se genera el inventario del armamento con la participación de peritos, la unidad de Criminalística y el apoyo de la Fiscalía.

“Nuestra intención es generar procesos rápidos, pero cumpliendo con la norma para que el armamento pase a mano de la Policía Nacional”, indicó.

También comentó que se incrementaron programas de capacitación en seguridad y autoprotección para jueces y fiscales; y se realiza patrullaje intermitente en las instalaciones del Consejo de la Judicatura (CJ) y Fiscalías de todo el país.  

Atentados a Judicatura

Pesa a que existe un supuesto patrullaje constantes en el CJ, en los últimos meses han existido varios atentados. El 2 de junio un incendio acabó con la Unidad Judicial Civil y de Trabajo de Esmeraldas. El CJ denunció que se trataría de un atentado contra la Función Judicial.

A través de redes sociales, el Consejo advirtió que los ataques ocurren en medio de una “campaña maliciosa y mediática”. Sin embargo, aclaró que no permitirá los amedrentamientos de ningún tipo.

Tres amenazas de bomba ocurrieron el 11 de mayo en las provincias de Manabí, Imbabura y Pichincha, en las direcciones provinciales de Quito, Ibarra y Portoviejo. También sucedió una alerta similar en la dependencia de Quevedo, el 24 de mayo. Más adelante, el 20 de junio ocurrió una alerta de bomba en la dependencia judicial de Santo Domingo. (A.G.M).

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A través de un comunicado, la Fiscalía aseguró que ninguna formulación de cargos se puede sustentar sin los elementos de convicción suficientes, como son las pericias correspondientes que Fiscalía ordena practicar, con base en la información recibida en el parte policial, cuya elaboración está a cargo de los agentes de la Policía asignados a cada caso.

«Se realizaron dos audiencias: la primera para tres personas, en la cual Fiscalía formuló
cargos contra dos, por su presunta participación en el delito de extorsión, pese a que
el parte policial de aprehensión llegó a conocimiento de la agente fiscal de turno en
la Unidad de Flagrancia Quitumbe, a las 16:40, es decir, veinte minutos antes de que
venciera la flagrancia (que dura 24 horas) y de que se instale la audiencia respectiva,
agendada para las 16:43″, explicó la institución.

La Fiscalía argumentó que al no contar con los elementos de convicción suficientes, la agente fiscal no pudo sustentar adecuadamente su solicitud de prisión preventiva contra los aprehendidos y se abstuvo de presentar cargos contra el tercero por no contar con los elementos suficientes.

«Sin el parte policial no se pueden disponer pericias, que se convierten en los elementos de convicción sobre los que se sustenta la formulación de cargos y la solicitud de medidas cautelares», insistió en el comunicado.

Respecto a los otras nueve personas, la Fiscalía señala que se inició un segundo proceso en la Unidad de Flagrancia La Mariscal, debido a competencia territorial. Sin embargo, aduce que el parte de aprehensión llegó cuatro minutos antes de las
22:00, hora en que se vencía la flagrancia para este grupo de procesados.

Asegura que el juez que conoció la causa dispuso que se oficie a Asuntos Internos de la Policía Nacional para que se investigue la falta de diligencia en la entrega del parte policial de aprehensión y que se le informe sobre las sanciones que recaigan sobre los agentes suscriptores del mismo.

Finalmente, en el comunicado, La Fiscalía General del Estado hace un llamado para que las instituciones cumplan con sus competencias y de esta forma no se permita la impunidad.

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«Respecto a que 13 personas detenidas, en el operativo Sigilo 25, donde se señala que los juzgadores lo han liberado, informamos a la ciudadanía que, luego de las verificaciones pertinentes, se evidencia que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra dos de estos ciudadanos existiendo incluso pisos de violación a los procedimientos, como lo revela el propio expediente», sostuvo Terán.

Además, el funcionario dijo que en el proceso a otros nueve aprehendidos, por los delitos de ocultamiento de objetos robados y porte de armas, es improcedente la prisión preventiva por mandato legal y constitucional. «En ambos casos los jueces solicitaron que se investigue a los responsables de estos procedimientos», aseveró.

Terán insistió en que el Consejo de la judicatura se suma a la lucha contra la delincuencia y crimen organizado, pero exigiendo el debido proceso, pues esto es fundamental para proteger el derecho de las víctimas afectadas por estos delitos. Asimismo, exhortó a la Policía Nacional a que efectúe su trabajo de manera profesional, responsable y eficiente.

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