El narcotraficante orquestó una compleja red de sobornos y manipulación judicial en Ecuador, involucrando a esos jueces, apodados «suicidas» por la acción de prestarse a recibir pagos indebidos a cambio de decisiones judiciales que beneficiaban los oscuros intereses de Norero.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal general Diana Salazar reveló la astuta estrategia de Norero al registrar meticulosamente todas sus negociaciones, almacenadas en alrededor de 15 teléfonos celulares. Mientras exigía a sus cómplices eliminar evidencia, él guardaba celosamente estos registros comprometedores.

Esta red de corrupción que involucra diversos niveles judiciales, desde jueces hasta secretarios judiciales y funcionarios administrativos, que son:

Juez 1 – Ronald Xavier G. C., alias La Momia

Ronald G., conocido como «La Momia», actuaba como juez de garantías penitenciarias en el Guayas. Su papel crucial era emitir resoluciones judiciales a favor de los procesados vinculados a Norero. A cambio de sobornos, aceptó recibir sumas considerablemente altas, llegando a pactar incluso sobreseimientos por cuantiosas cifras que, según los registros, serían de al menos USD 30.000.

Juez 2 – Adolfo Richard G. G.

Adolfo G., miembro de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, colaboró facilitando la apelación de la prisión preventiva del hermano de Norero, Israel Norero. Por sus servicios, recibió beneficios económicos (USD 5.000 según expuso Fiscalía), evidenciando la conexión entre el mundo judicial y los intereses corruptos de Norero.

Juez 3 – Jhoan Gustavo M. M., alias Puma

Conocido como «Puma», Jhoan Gustavo M. también formaba parte de la Sala de lo Penal en la Corte Provincial del Guayas. Su colaboración, similar a la de Adolfo G., se materializó en sobornos sustanciales (a cambio de la venta de decisiones judiciales cuyos montos ascienden a $ 70.000 por cada miembro de la familia Norero). Al igual que Adolfo G., Jhoan M. fue parte del Tribunal de la apelación a la prisión preventiva de Israel Norero

Juez 4 – Glenda Elizabeth O. M.

Glenda O., jueza de la Unidad Judicial de Samborondón, se involucró a esta red tras asumir el caso de tráfico ilegal de armas relacionado con Norero. A cambio de beneficios económicos, manipuló sus decisiones judiciales, contribuyendo a la estrategia de impunidad de la organización criminal.

Juez 5 – Santiago Paul Z. S.

Santiago Z., juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi, colaboró al formar parte del tribunal que conoció el habeas corpus a favor de la hermana de Norero. A cambio de beneficios económicos, facilitó decisiones judiciales que incrementaron ilegítimamente su patrimonio (en una ocasión habría recibido sobornos de USD 6.000 y USD 8.000).

Juez 6 – José Luis S. D.

José Luis S., también de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi, colaboró junto a Santiago Z. en el habeas corpus de la hermana de Norero. Su participación reflejó la corrupción endémica, recibiendo sobornos a cambio de decisiones judiciales (él habría recibido al menos USD 14.000).

Juez 7 – Emerson Giovanni C. U.

Emerson C., juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales y de Tránsito de Santo Domingo de los Tsáchilas, tuvo a su cargo casos relacionados con el brazo armado de Norero: alias Cuyuyui y alias Madrid (este último fallecido). Benefició a ambos individuos vinculados a la organización criminal, contribuyendo así al incremento de la violencia en las calles, a cambio de pagos de su jefe.

Juez 8 – Ángel Harry L. V.

Ángel L., juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas, fue instrumental en los intentos de liberación ilegítima de bienes de Norero. A cambio de dinero, apoyó la causa de la organización criminal para levantar medidas cautelares sobre propiedades incautadas,.

Otros implicados: funcionaria Mayra Carolina S. M.

Mayra Carolina, funcionaria judicial en la provincia del Guayas, destacó por su contacto directo con Norero. Su papel administrativo se centró en armar escenarios que favorecieran la impunidad, identificando jueces dispuestos a «suicidarse» por pagos indebidos a cambio de fallos judiciales favorables. Ella habría pactado los sobornos con los administradores de justicia de la sala de la Corte Provincial de Cotopaxi; y luego manipulado el sistema de sorteo de jueces para que los casos asociados a Norero caigan donde los jueces suicidas, que eran los jueces de la Corte Provincial de Cotopaxi.

Cristian Gabriel S. C., alias CR7

CR7, secretario judicial de Ronald G., desempeñó un papel clave en viabilizar las decisiones condicionadas de su superior. Desde instrucciones directas de Norero, manipuló el cierre de instrucciones fiscales.

Este desglose ilustra la complejidad y la magnitud de la red de corrupción judicial encanezada por los ocho «suicidas», que salió a la luz por intermedio del Caso Metástasis.

JR

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»Algunos jueces incluso ordenan acciones administrativas que no son de su competencia. La Policía Nacional hará la denuncia correspondiente en contra de los jueces», dijo el comandante general de la Policía, Fausto Salinas.

Como ejemplo puso un caso suscitado en el 2014, en la provincia de El Oro. Un policía fue sentenciado a un año de prisión pero se dio a la fuga. Luego de que prescribió el caso, el uniformado solicitó su reincorporación y los jueces la aceptaron.

También está sobre la mesa los casos de cuatro policías acusados por faltantes de drogas. No obstante, irónicamente un juez que ordenó su reintegración a la misma unidad de Antinarcóticos.

¿La ley lo permite?

 El Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP) permite la reincorporación policial con el grado, derechos y condiciones bajo las siguientes alternativas:

• Si se revierten los efectos jurídicos de la sentencia que provocó el cese.

• Por otra sentencia que ordene la reincorporación.

Para Salinas, en muchas ocasiones lo estipulado en la normativa ha significado un retroceso. Durante el año 2020, se ha reincorporado 15 servidores policiales; en el año 2021, 64; en el 2022, 168 servidores y en lo que va del año 2023 son 39, dando un total de 286 policías reintegrados a la institución.

»Los jueces deben tomar decisiones coherentes con la situación que vive el país, porque nosotros estamos empeñados en sacar a los malos elementos», resaltó. (A.G.M).

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El juez Jhoel Escudero conocerá la demanda planteada por los exasambleístas Esteban Torres (PSC) y Yeseña Guamaní (ID). El juez Enrique Herrerría tramitará demanda de los exlegisladores Ángel Maita, Mireya Pazmiño, Dina Farinango, Janeth Llano y Fernando Cabascango (facción de PK).

Está en manos de la Corte

«Lo que esperamos respetuosos de la constitución, de la ley y la convivencia pacífica de este país es que sea la Corte la que dirima este conflicto. Nosotros respetaremos la decisión que sea. Si el decreto carece de legalidad y constitucionalidad, la Asamblea se mantendrá en pie con las espectativas de los ecuatorianos estos dos años. Si el decreto – por el contrario – tiene la validez de la Corte, nos iremos a elecciones. No tenemos temor alguno», dijo el exlegislador, Esteban Torres al presentar la demanda.

El exasambleísta fue enfático al decir que «si esperaban que nos enfrentaramos a 2.000 militares armados que han copado la Asamblea Nacional, se equivocaron. Nosotros somos institucionalistas, respetuosos de la ley y la Constitución».

De acuerdo con Torres, la muerte cruzada traería «un cero entusiasmo por la inversión pública, un rechazo internacional al haber metido más de 1.500 militares al poder Legislativo. Esto ha sido visto muy mal en el exterior».

En el caso de que la Corte Constitucional concluya que el decreto es inconstitucional, la Asamblea retomaría sus funciones y el juicio político podría continuar, a opinión del exlegislador. Sobre si esta decisión afectaría al Partido Social Cristiano (PSC), expresó que «Quienes pensaban que con esta decisión le enterraban al PSC, quizás han calculado muy mal». (MIB)

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Los informes han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado (FGE) y se trata de magistrados de distintos niveles: provinciales, multicompetentes y de primer nivel.

En 2022, la entidad emitió 30 órdenes de trabajo para realizar exámenes especiales a jueces de varias provincias del país, entre ellas: Loja, Azuay, Tungurahua, Los Ríos, Pastaza y Guayas. Se aprobaron 20 informes generales y en 10 se halló presuntas irregularidades.

El equipo de auditoría encontró inconsistencias en la confrontación de la información registrada en las declaraciones patrimoniales juradas de 10 jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel, que actuaron entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.

¿Qué dice la Ley?

Según el artículo 16 de la Ley de Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, «la información constante en las declaraciones patrimoniales juradas será pública, pero la confrontación y examen tendrán el carácter de reservados, salvo para quien está siendo investigado».

Sin embargo, este carácter se pierde si, una vez remitido a la Fiscalía General del Estado un informe con indicios de responsabilidad penal, esta inicia la instrucción respectiva.

Contraloría destacó que los servidores públicos están obligados a presentar la declaración patrimonial jurada al inicio y finalización de la gestión, y a actualizarla cada dos años, plazo que se cuenta desde la fecha de presentación de la última declaración.

Las declaraciones deben contener información completa sobre los activos y pasivos del declarante, de los pertenecientes a la sociedad conyugal o sociedad de hecho, de los hijos menores de edad, tanto en el país como en el extranjero, y toda la información constante en el formulario debe tener sustento en la documentación de soporte.

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Ordóñez presentó la denuncia la mañana de este miércoles 8 de febrero de 2023 en el edificio principal de la Fiscalía, en Quito.

“Necesitamos tener mejores herramientas para enfrentar el problema de la inseguridad, necesitamos tener una Asamblea formada de distinta manera, un organismo que nombre altas autoridades del Estado diferentes”, dijo el secretario, quien afirmó que la lucha del Estado es contra quienes favorezcan a delincuentes.

Declaraciones de Lasso

El presidente de la República, Guillermo Lasso, mediante su twitter expresó: “Ellos son los cómplices de la delincuencia. No pueden seguir ejerciendo justicia si no la cumplen”.

La decisión del primer mandatario fue “exponer” públicamente a los jueces junto con los casos que se les imputan. Los supuestos jueces “aliados de la delincuencia”:

• Juan Carlos Terán Moreno responsable de revocar la prisión preventiva a 5 implicados en narcotráfico.
• Juez Ángel Lindao Vera quien dejó en libertad al responsable del asesinato de un Concejal en Riobamba.
• Los jueces Mary Alexandra Quintero P. y José Luis Alarcón B. quienes declararon inocentes a 18 delincuentes de una organización narcodelictiva.
• Juez Emerson Curipallo U. consciente de perdonar más de 270 años de condena a asesinos, violadores y delincuentes. (O.S.V)

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Ordóñez pidió indagar a los magistrados John Rodríguez, Vicente Oña, Simón García y Emerson Curipallo. La investigación también va dirigida hacia el exjuez Banny Molina.

Rodríguez

El juez Rodríguez labora en una Unidad Multicompetente en Yaguachi, en Guayas. Él dispuso que Ángelo Javier Achile, alias «Negro Angelo», y Kevin Javier Manzaba, sean trasladados del centro penitenciario N° 3 del Guayas a la cárcel de Santo Domingo.

Frente a esta resolución judicial, el Gobierno Nacional manifestó su rechazo a la decisión. Señaló que los dos PPL trasladados son responsables de los asesinatos de al menos 40 personas durante la masacre carcelaria en Santo Domingo.

Molina

El juez Banny Molina concedió un hábeas corpus al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel y al acusado de corrupción durante el morenato, Daniel Salcedo.

El exsegundo mandatario cumplía una pena de 14 años en prisión. Estaba recluido desde octubre de 2017. Fue condenado por asociación ilícita en el caso Odebretch (6 años) y por cohecho en el caso Sobornos (8 años).

Por su parte, Salcedo fue identificado como una de las cabecillas de la corrupción hospitalaria durante la crisis sanitaria por Covid-19 en el Gobierno de Lenín Moreno. Sobre él pesaba una sentencia de 13 años de cárcel por peculado.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura (CJ) decidió destituir al juez Molina el 22 de diciembre. La resolución se tomó debido a que cometió un «error inexcusable» al otorgar hábeas corpus.

Los otros jueces

Ordóñez exhortó una investigación patrimonial contra el juez Curipallo, quien dispuso la libertad provisional al exvicepresidente Glas. También sobre el magistrado Oña, que concedió medidas sustitutivas a alias «Gordo Luis», cabecilla de Los Lobos.

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A pesar de las continuas insistencias, a los jueces no se les concedió trabajar en modalidad virtual, así lo manifestaron en un comunicado oficial. Por ende, exigieron a las autoridades que les permitan el teletrabajo hasta que existan las garantías mínimas de seguridad para volver a la presencialidad.

“No debemos esperar una desgracia, para que únicamente se emita un acuerdo de condolencias, y peor aún que las autoridades no entiendan la inseguridad que atraviesan las Unidades Judiciales”, resaltó.

La violencia en Balzar

El 17 de noviembre, la grabación de un crimen fue difundida en redes sociales. En el vídeo se observó cómo disparaban a un sujeto en la sien derecha. La víctima fue un hombre de nacionalidad venezolana, identificado como José Hurtado.

 “Por tu culpa me van a matar”, habría dicho Hurtado mientras inculpaba a una mujer. Luego le dispararon y fue desmembrado.

El 27 de noviembre, un mecánico de 33 años de nombre Byron Cervantes fue asesinado por ocho disparos, luego los sicarios se dieron a la fuga. Los familiares de la víctima le dijeron a la Policía que Cervantes no tenía enemigos. Además, no registraba antecedentes penales. (A.G.M)

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«Vamos a nombrar de Corte Nacional a menos a 20 personas, y ahí si ya suena ¡Ya suena! Entonces estoy pidiendo el financiamiento, esperemos que salga bien, pero yo no quiero irme más allá de mediados de junio, ya que convoquen porque no voy a alcanzar a tener liquidez en diciembre y estar designando jueces y conjueces», dice la grabación.

Otros audios

No es el único audio que se filtra desde el CJ, en junio pasado se escuchó a Morillo y dos vocales hablar con un juez para que emita un fallo a favor de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

Morillo le dice al juez: “le voy a ser frontal y sincero porque son de confianza. El presidente de la República me ha llamado personalmente el día de ayer. Me ha pedido que, si se puede, se apoye el tema, porque estas circunstancias no van en buen camino. No va a ir en una línea de derecho, sobre todo porque todo lo que han hecho y están haciendo se aparta de la línea del derecho”.

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Otro audio apareció en julio y también tiene como protagonista a Morillo hablando sobre el vocal Xavier Muñoz. En el minuto de grabación se escucha: «Él está repartiendo cargos como notarías, está repartiendo cargos como jueces, está diciendo que va a haber un concurso en la Corte Nacional de Justicia y que, obviamente, ahí les va a poder dar espacios».

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Este 17 de agosto, los jueces Soledad Manosalvas y Luis Jácome instalaron la audiencia para tratar las dos solicitudes de habeas corpus a favor de Glas.

La defensa del ex vicepresidente presentó las nuevas acciones jurisdiccionales, argumentando que el director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), Pablo Ramírez no hizo efectivo el dictamen del juez Banny Molina.

Sin embargo, ambos pedidos fueron inadmitidos.

«No procede para verificar o ejecutar el cumplimiento de un sentencia, ya que las garantías jurisdiccionales tienen su propia individualización, naturaleza jurídica, objetivos y finalidades diferentes», indicó uno de los fallos.

Por su parte, el abogado Carlos Alvear, uno de los representantes legales de Glas sostuvo que existe una dictadura que interviene en las decisiones judiciales.

«No tenemos seguridad jurídica de lo que pueda pasar con el ingeniero Jorge Glas», expresó.

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“En mi caso el Consejo de la Judicatura, por beneficiar a un ciudadano que quitó a un pobre campesino 12 cuadras bananeras valoradas en USD 250.000 en Los Ríos, la víctima buscó una tutela, procede a cesarme en las funciones para beneficiar a ese ciudadano violentando mis derechos fundamentales. Presenté mi reclamo en octubre y hasta el momento no responden”, expresó.

El Doctor Patricio Centeno Tayupanta, prueba documental en el plantón, afirmó que el Consejo de la Judicatura, en la sustanciación del proceso Disciplinario en su contra hizo trampa creando pruebas inexistentes, ademas viola el Reglamento; La Ley; y, la Constitución, con la finalidad de que se deje en la impunidad la apropiación indebida e ilegal de 12 Hectáreas de cultivo bananero valoradas en USD 300.000, en perjuicio de un humilde campesino de la Provincia de Los Ríos de nombres Héctor Paulino Ocampo Viteri

Agregó que la Judicatura trafica con las designaciones de jueces y fiscales. Centeno tenía uno de los puntajes más altos, pero fue transferido a otra provincia. “Tengo un puntaje de 97/100, no he tenido ningún padrino. Como no lo tengo, solo me queda la calle como reclamo”.

Acotó que no se trata de un problema económico, sino de que exista verdadera justicia para su caso. “No es por un asunto de dinero, es por dignidad”.

Mesa de la verdad y justicia

Para acompañar y conocer los casos de exfuncionarios judiciales que fueron destituidos injustamente se creó la Mesa de la Verdad y Justicia. “El Consejo de la Judicatura reconoció ciertas veedurías internacionales que indican cierta injerencia política y administrativa en la función judicial”, explicó Carlos Garavi, exjuez provincial de Pichincha y presidente de la organización.

El exmagistrado informó que cerca de 2.000 jueces ilegalmente destituidos. “Los señores jueces tienen que se examinados por jueces, no por actores administrativos. Estamos aquí por la reivindicación de la justicia”, finalizó. MIB

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De igual forma, el Cosejo de la Judicatura resolvió terminar el nombramiento temporal del juez de Garantías Penitenciarias de Guayas, Pedro Moreira, quien concedió habeas corpus a ‘Alias JR’, cabecilla de «Los Choneros».

Moreira concedió este recurso el pasado 22 de abril, posibilitando la salida de «Alias JR» de la cárcel Regional de Guayaquil. Inicialmente dispuso su atención médica ya que según su defensa, su estado de salud era muy delicado. Luego, su decisión cambió a arresto domiciliario. JR deberá portar grillete electrónico y contará con custodia policial.

En ambos casos, el Consejo de la Judicatura inició los procesos de investigación respectivas a los jueces, a cargo de la Dirección de Transparencia de la institución.

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El pasado 20 de abril, Erika Moriel, jueza de Manglaralto, aceptó un habeas Corpus y ordenó la inmediata libertad de un ciudadano Holandés. El civil se encontraba detenido desde el 2 de abril del presente año y contaba con una difusión roja de la interpol.

Asimismo, desde el 10 de abril, en la Dirección de Transparencia, también está abierta una investigación al juez de Manglaralto, Diego Moscoso por otorgar el habeas corpus al exvicepresidente, Jorge Glas.

En ambos casos, la Dirección de Transparencia comprobará si existieron o no posibles irregularidades en el ingreso y conocimiento de los recursos judiciales.

“En caso de que se confirmen presuntas irregularidades, la autoridad competente estabecerá una sanción. Esta puede ser leve (multa o amonestación escrita), grave (suspensión) y gravísima (destitución)”, señala un comunicado del Consejo de la Judicatura.

Mientras se realizan las investigaciones, el Consejo de Judicatura esperará que los afectados por las actuaciones de los jueces de Manglaralto presenten una denuncia y el pedido de declaración jurisdiccional previa, a la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena por negligencia, error inexcusable o dolo.

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“La burda y absurda injerencia de la justicia en el poder Legislativo. Nosotros rechazamos las actuaciones de estos jueces con estas medidas cautelares a la carta. Justamente cuando la Asamblea Nacional, que es un poder independiente, tenía que resolver un tema de suma importancia para su funcionamiento y el futuro de los ecuatorianos”, dijo el legislador Esteban Torres en su intervención.

Además del rechazo a la intromisión de la justicia en el Legislativo, la bancada presentará una queja contra los jueces. “No solo nos quedaremos en el rechazo, promoveremos una queja contra estos jueces firmada por más de 70 asambleístas y los que se quieran sumar. También acciones para que los miembros del Consejo de la Judicatura par que expliquen lo que sucede con la justicia y el poder Legislativo. Presentaremos un cambio del orden del día en la próxima sesión para que el tema no quede sin discusión.

Pedidos de denuncia

Las bancadas del PSC y Unión por la Esperanza (UNES) presentaron pedidos de denuncia por incumplimiento de funciones contra Guadalupe Llori y los siete miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), respectivamente.

Asimismo, el asambleísta Gruber Zambrano (BAN) de la bancada oficialista presentó una demanda contra los miembros de CAL apoyada por la bancada de Pachakutik. Zambrano asegura que hay incumplimiento de funciones por la demora en la aprobación de proyectos de ley, la vacancia legislativa y la calificación de juicios políticos. MIB

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Según Vistazo, la Fiscalía informó que desde por lo menos 2020 se vulneraban los sistemas internos para que opere esta red delictiva. En la investigación hecha por la institución están involucrados abogados, funcionarios judiciales y hasta jueces. El Pleno del Consejo de la Judicatura (CNJ) recibió informes de las vulneraciones a los sorteos desde 2019, pero esperó 3 años para blindar el sistema.

Muchos abogados involucrados son parte de influyentes estudios jurídicos, principalmente de Guayaquil. Fuentes oficiales de la investigación estiman que el riesgo de nuevos ataques persiste a pesar de que el CNJ aseguró haber blindado el sistema informático.

Jueces involucrados

José Luis L., juez del Tribunal de lo Contencioso Tributario de Guayaquil, es uno de los principales involucrados. Su despacho y domicilio fueron allanados hace 3 semanas por la Fiscalía.

Peritajes informáticos revelaron que este juez direccionó causas a través del sistema pero por fuera del trámite automatizado. De los procesos identificados como manipulados, 3 fueron direccionados a su Tribunal. Estos casos fueron impulsados por 3 empresas privadas en contra del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas.

Autoridades del CNJ afirman que el sistema no ha sido vulnerado desde julio de 2021, fecha donde salieron a la luz la manipulación de 16 causas, incluida una presentada por Jorge Yunda, exalcalde de Quito.

El medio digital Primicias consultó a juristas, exfuncionarios del CNJ e informes técnicos que manifestaban un latente riesgo de manipulación utilizando las «mismas artimañas».

La investigación fue tomada por la fiscal Diana Salazar hace dos semanas por la participación del juez de Guayaquil. Este juez posee fuero de Corte Superior.

Este problema no tiene nada de nuevo

Las denuncias de manipulación de sorteos se remontan a cuando los sorteos se realizaban manualmente, hace más de 2 décadas. Los sorteos manuales dieron paso al sistema automatizado a inicios del milenio, pero la manipulación persistía.

El Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE) permitió estas irregularidades que empezaron a colapsarlo por la desbordada carga procesal. La Dirección de Gestión Procesal del CNJ alertó de esta situación al entonces presidente Marcelo Merlo. El informe de la dirección advertía que ya había existido una propuesta de habilitación y empleo de la opción «Ingreso Histórico» en el módulo de sorteos.

Esta opción acoplaba la restricción de permisos otorgados a coordinadores para hacer cambios. Un año antes, en 2018 también se indicó un listado de todos los riesgos con sus correspondientes correctivos solicitados para el SATJE, los cuales no se incorporaron.

Los técnicos de la entidad volvieron a insistir un año después, debido a las vulnerabilidades de los sorteos, ingresos de flagrancias, causas, desactivación de juicios y módulo de reasignación, entre otros más.

Costumbre del sistema judicial

En entrevista con Primicias, el expresidente del CNJ, Germánico Maya señaló que «la manipulación de sorteos se volvió una práctica sistemática». Manifestó que este ‘medio de vida’ ha estado vigente por años.

«Es el medio de vida de muchos miserables, que se han beneficiado de la venta de sorteos, de traficar sentencias y de agilizar procesos aprovechándose de un sistema obsoleto, totalmente desfasado, fácilmente manipulable», dice Maya.

El presidente actual del CNJ, Fausto Murillo, señala también que los problemas de sorteos no solo se deben a fallas del sistema, sino además por «el uso inadecuado» de servidores judiciales a cargo del ingreso de causas.

Murillo destaca que el sorteo de denuncias, solicitudes y otros actos queda a discreción de los técnicos de ventanilla.

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«Es el primer sorteo en este ámbito que es totalmente transparente. Ese es el orgullo de cada uno de los 9 jueces que conforman la Corte Constitucional. Esa transparencia de la que siempre se ha hablado y no se ha puesto en práctica», dijo Salgado en su disertación inicial.

Trabajo en la Corte

Tras la constatación del quorum y el protocolo respectivo para el sorteo, fue el propio presidente que sacó los nombres de sus compañeros y el suyo. «Este evento es de relevancia porque queremos que en el Ecuador impere esta actitud de saber retirarse mientras sea el momento y trabajar mientras tanto. Esta Corte, cuya participación finaliza hoy se ha caracterizado por la cohesión y la confianza que nos tuvimos entre nosotros. Todos somos honestos en la forma de pensar y actuar. Si así se procede el resultado de una sentencia será la mejor para el país».

La Corte Constitucional iniciará, de esta forma, una nueva era con tres nuevos jueces: Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero y Richard Ortiz que fueron elegidos por concurso público.

Cada tres años, un tercio de sus integrantes, tres jueces, deben ser reemplazados. Esta renovación parcial es una norma que consta en la Constitución del 2008.

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«El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, máximo órgano de la Función Judicial del
Ecuador, es respetuoso de las decisiones soberanas de cada Estado, entre ellas la de retirar una visa a una o un servidor judicial, pero se aclara que ello, por sí solo, no constituye una infracción disciplinaria. Sin embargo, con esta oportunidad, y siendo congruentes con los principios de probidad y transparencia, las y los jueces del país reiteramos que siempre hemos estado abiertos a que los órganos competentes, en el marco estricto del derecho, investiguen nuestro proceder, y en ese ámbito, nuestras declaraciones patrimoniales están a disposición de la Contraloría General del Estado, para que sean auditadas en cualquier tiempo», dice un comunicado emitido por la institución.

Asimismo, el documento indica que, a pesar de que es una situación que recae en la esfera de la privacidad de cada persona, «es fundamental que, en respeto a la opinión pública del país y debido a la naturaleza de este Alto Tribunal, se informe que no se ha advertido que a una jueza, juez, conjueza o conjuez de la Corte Nacional de Justicia se le haya retirado una visa para viajar a país alguno».

La Contraloría General del Estado informó ayer, en su cuenta de Twitter, que iniciará las acciones de control a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los jueces.

Contexto

La Embajada de Estados Unidos revocó la visa a algunos magistrados y funcionarios judiciales, así lo anunció la institución, el pasado lunes 10 de enero. De igual forma, a mediados de diciembre de 2021, la embajada americana retiró la visa a cuatro generales de policía. “Estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden», aseguró el embajador Michael J. Fitzpatric.

La misión diplomática expresó que “toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas”. Además, indicó que continuará “usando esta autoridad para avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado”.

La sede diplomática también aclaró que los registros de visas son reservados según la ley de los Estados Unidos, por lo que no se enlistó nombres o detalles sobre quiénes son los afectados por esta medida. Tampoco información acerca del caso, las causas, ni detalles de algún tipo, recogió el medio Primicias.

Igualmente, la embajada señaló, en un comunicado, que la emisión de una visa “es una decisión soberana tomada por países de todo el mundo en función de sus propias leyes y requisitos de entrada”.

Por medio de un comunicado, emitido este lunes, el Consejo de la Judicatura (CJ) solicitó a la Cancillería ecuatoriana el establecimiento de un contacto con la embajada para el intercambio de información y cooperación.

Mientras tanto, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dijo a Teleamazonas que son «respetuosos con las decisiones de un Estado soberano de conceder o retirar una visa; pero también debemos puntualizar que el retiro de una visa por sí mismo no constituye de ninguna manera una infracción disciplinaria”.

Asimismo, adelantó que la Dirección Nacional de Transparencia requerirá que todos los jueces informen de manera oficial si sus visas a EE. UU. han sido revocadas.

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«La Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador ha revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas», dice una parte del comunicado.

La embajada también se apresuró a aclarar que la visa «es un privilegio, no un derecho. Tomará seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas».

Revocatoria de visas

Entre los personajes que se quedaron sin su visa está el abogado Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. El jurista lo dio a conocer en sus redes sociales.

«Dice que mis “vínculos no son lo suficientemente fuertes en el Ecuador”. Ya no puedo ni ir a Disney ni ser general», escribió en un tuit.

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Para la evaluación se habrían elaborado ciertos reglamentos considerados por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, tiempo después fueron considerados inconstitucionales por la Corte Constitucional en la sentencia emitida en diciembre del año pasado. Lo que llevó a que los magistrados removidos se pronunciaran el pasado martes, 4 de enero del 2022.

La Corte Constitucional, habría ordenado que los jueces y conjueces sean indemnizados descartando el reintegro de ellos a sus cargos, supuestamente por la existencia de situaciones jurídicas consolidadas.

“Yo soy una persona con una discapacidad visual del 100 % y durante el proceso de evaluación sentí discriminación, que me estaban discriminando” exclamó Roger Cusme. Ante esto, el Consejo de Judicatura del Ecuador, no habría observado muchos de los estándares internacionales, que ordenan respeto a los DD.HH de las personas con discapacidad.

La vulneración de los derechos y la ausencia de acceso de medios e información, no habrían sido considerados como puntos focales en el ejercicio de la evaluación; faltando al principio de igualdad y accesibilidad universal. Este principio determina que toda persona tiene derecho a acceder a medios, bienes, servicios y bienes comunicacionales en igualdad de condiciones. «Nos enviaron una comunicación simple en donde se nos decía que habíamos sido removidos del cargo. Jamás no explicaron los razonamientos jurídicos», dijo Roger Cusme .

La deficiencia de igualdad jurídica, así como la falta de sociabilización de formatos accesibles estarían fuera de toda ley y norma que se ajustan en las convenciones internacionales de los derechos de las personas con discapacidad, así como también se lo determina la constitución ecuatoriana en el “Art. 47. – El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social”

Para el proceso de indemnización, Cusme manifestó que es necesario repensarlo objetivamente, ya que el Consejo de la Judicatura habría armado un proceso de evaluación a la Corte Nacional, donde la presidenta habría recalcado que  se lo hizo por sugerencia del Consejo de Participación Ciudadana. “Nadie le dijo a la Corte Nacional de Justicia que vulnere nuestros derechos”, indicó Cusme.

Explicó, que la lucha que están realizando no es por una recuperación económica, sino por la existencia de una verdadera independencia judicial, donde se respete el libre ejercicio de la participación de todas las personas y que no es posible que se sigan aceptando este tipo de atropellos. 

Indicó que irán a instancias internacionales y que el objetivo de su activación es para que se pueda considerar su situación en la falla de  garantías de sus derechos, así como la violación y arbitrariedad de parte de instituciones del Estado.

Roger Cusme finalizó la entrevista denunciando que el Consejo de la Judicatura estaría iniciando una serie de amenazas. “Están amenazando con  iniciar sumarios administrativos contra la sala de lo penal, militar, policial y tránsito de la Corte Provincial que emitió sentencia a nuestro favor. Pido a la ciudadanía y a los medios de comunicación que estén pendientes y alertas a estas prácticas de violación a la independencia judicial», recalcó.

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La Corte anunció, el 15 de noviembre de 2019, que 23 de 36 jueces debían ser destituidos, tras un proceso de evaluación en el que se determinó que no eran aptos para el cargo. En su momento, la Corte reiteró que la destitución no se trataba de un tema político.

Tras un nuevo análisis la Corte declaró inconstitucionalidad por el fondo de la resolución 10-2019. Así como el tercer inciso del artículo 10 de la resolución No. 35-2019 por ser contraria al principio de legalidad.

La resolución dispone un proceso de compensación económica para los jueces removidos.

El documento señala: «Con sustento en el artículo 137 de la LOGJCC se dispone que la jurisdicción contencioso-administrativa ejerza el mecanismo de reparación correspondiente, respecto a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que pudieren creerse afectados en sus derechos, sin que esto signifique que puedan ser reintegrados a sus cargos, debido a que existen situaciones jurídicas consolidadas.»

La compensación

El reparo económico deberá tomar en cuenta, como único parámetro de fijación, la remuneración percibida al momento de la remoción. Además, debe tomar en cuenta el tiempo que le faltaba a cada funcionario para cumplir tres años en funciones. Es decir, desde su designación, tiempo del cual se tenía certeza respecto a la estabilidad en el cargo.

Así también, la compensación no puede generar enriquecimiento ni empobrecimiento para las posibles víctimas. Es así como determinó que, si los reclamantes desempeñaron cargos y obtuvieron ingresos provenientes del sector público, los mismos deberán ser reducidos del monto de la reparación.

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Con 10 votos a favor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto. Ahora ese criterio es obligatorio para todos los jueces del país.

El Pleno de la SCJN reinició este martes la discusión sobre la penalización del aborto en Coahuila en la que ya ocho ministros pronunciaron por declarar inconstitucionales este tipo de medidas.

Este martes tocaba el turno de tres de los 11 ministros para emitir sus pronunciamientos sobre la propuesta de Luis María Aguilar Morales de declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establece hasta tres años de cárcel a quienes abortan de manera voluntaria.

La jueza Ana Margarita Ríos Farjat destacó en su intervención que la Constitución federal no prohíbe el aborto y que su castigo se traduce en una sanción al ejercicio de varios derechos humanos.

“A la luz de la Constitución, que no prohíbe el aborto, ¿puede el Estado castigarlo? Al castigarlo sanciona una conducta enraizada en una serie de derechos que posee la mujer y las personas con capacidad de gestar, y que participan de la decisión de abortar, como el derecho a la dignidad humana, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, a la salud y a la libertad reproductiva. Es decir, sancionar la interrupción voluntaria del embarazo implica un límite a todos estos derechos humanos”, señaló.

Razones

El juez Luis María Aguilar Morales, quien propuso el proyecto, destacó la voluntad y disposición de sus compañeros de la Corte por construir la propuesta, “con un discurso de derechos humanos y por encima de la diferencia de opiniones y criterios”.

«Hoy se destierra la amenaza de prisión que pesaba sobre las personas que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo», enfatizó.

“Todos estamos a favor de la vida, lo único que sucede es que unos estamos a favor de que la vida para las mujeres sea una en la que se respete su dignidad, que puedan ejercer con plenitud sus derechos”, expresó el juez Arturo Zaldívar.

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