El juez, en su resolución, dispone que durante el tiempo de condena que le falta no puede salir del país y debe presentarse una vez al mes en la Fiscalía de Riobamba.

La Fiscalía General del Estado (FGE) manifestó su preocupación por la decisión del juez Lindao. La institución expuso que el beneficiado fue condenado a 24 años por el delito de sicariato. Después de pasar por Riobamba, Cuenca y Latacunga, hace algunos días el PPL fue trasladado a Bahía de Caráquez en dónde recuperó su libertad.

“La FGE reitera su preocupación por este tipo de decisiones ya que considera que es un abuso de los recursos constitucionales por parte de ciertos condenados, y que la valoración de los jueces está apartada de la objetividad que toda decisión judicial amerita”, reza el comunicado de Fiscalía.

El juez Lindao y los consejeros del Cpccs

En noviembre del 2022, el juez Lindao aceptó una acción de protección que suspende la destitución de los cuatro consejeros gobiernistas del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). El recurso fue interpuesto por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz.

Esta acción dejó sin efecto la resolución de destitución y censura de la Asamblea Nacional contra los consejeros Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Hasta ese momento, los funcionarios fueron removidos del cargo por incumplimiento de funciones.

Según el magistrado, hubo «inobservancia e irrespeto» a los derechos constitucionales de los cuatro integrantes del Consejo. En el documento, dispuso al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y al procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, que revoque los efectos de la resolución del juicio político

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“No permitiré el doble discurso de legisladores que ofenden a la Corte Constitucional y al país exigiendo, por un lado, nuestra destitución, y el mismo día de la acción de seguimiento, incumplir con la sentencia que nos restituyó en el cargo”, resaltó el titular.

Para Ulloa, la Asamblea Nacional también incumplió con sus funciones. Por ejemplo, la falta de posesión del Superintendente de Bancos y los consejeros suplentes. También se refirió a las consecuencias por el retiro de la placa: “Ningún poder está por encima del control constitucional” de las instalaciones del Legislativo.

El Cpccs y el juez de La Concordia

En noviembre del 2022, Lindao aceptó una acción de protección impuesta por los consejeros para anular la destitución que resolvió el Legislativo en su contra, luego de que cambiaran el reglamento para elección de contralor del Estado.

Este recurso fue interpuesto por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz. A partir de esta acción, la decisión de destitución del Parlamento quedó sin efecto. Según el funcionario, hubo “inobservancia e irrespeto” a los derechos constitucionales de los cuatro integrantes del Consejo. (A.G.M).

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