En su defensa, presentada ante la Comisión presidida por Ferdinand Álvarez, Goyes desmonta los dos hechos imputados: su retiro de la sesión del 16 de abril y su inasistencia a la reinstalación del 22 de abril. Argumenta que ningún marco legal obliga a un vocal a avalar propuestas que considere inconstitucionales. Además recalcó que su postura defendió el artículo 181 de la Constitución, que exige especialización en garantías jurisdiccionales.

La funcionaria recordó que desde enero de 2025 propuso un modelo técnico para la selección de jueces, el cual incluía la creación de 24 unidades judiciales, 9 tribunales de apelación y 75 jueces especializados, con un presupuesto de USD 18.7 millones. Dicha iniciativa establecía criterios de mérito, transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, sus ocho observaciones al reglamento —presentadas entre febrero y marzo— fueron ignoradas, junto con su solicitud de una matriz comparativa.

Alegatos

El 16 de abril, durante una sesión plenaria Goyes advirtió que el reglamento en discusión vulneraba el mandato popular del referéndum de abril de 2024 y omitía la especialización judicial. Ante la falta de diálogo, se retiró tras solicitar un espacio de concertación, gestión que posteriormente lideró la vocal Yolanda Yupangui. Esto derivó en la resolución 034-2025, que incorporó tres de sus cuatro observaciones (especialización, experiencia y probidad), excluyendo la paridad.

Goyes destacó que su postura fue avalada por la Corte Constitucional mediante una sentencia del 26 de mayo que declaró inconstitucional la Resolución 006-2025 por aplicar criterios administrativos ordinarios a la justicia constitucional. La Corte ordenó rediseñar el reglamento, y Goyes enfatizó que este fallo, más no su actuación causó el retraso en el concurso de jueces. Este hecho habría afecctado la planificación de la Escuela Judicial y la asignación presupuestaria.

“He propuesto y defendido un reglamento acorde con los principios constitucionales. No hay causal para juicio político, sino coherencia con el derecho y compromiso con el país”, señala en el documento.

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Según el comunicado emitido por ADN, la bancada asegura que no permitirá que la Asamblea Nacional sea «cómplice de la impunidad y la corrupción». La solicitud de juicio político se basa en los chats revelados por la Fiscalía General del Estado (FGE), en los que se evidenciaría que los exconsejeros habrían actuado bajo intereses políticos en la designación de autoridades de control, como la Superintendencia de Bancos.

«Los chats del exconsejero Augusto Verduga muestran un claro contubernio que sometió a la República del Ecuador a un impresentable show político, afectando gravemente la institucionalidad del Estado», señaló la bancada en su comunicado.

Contexto

La investigación de Fiscalía inició en enero del 2025 con el allanamiento a las instalaciones del CPCCS, en Quito, en donde una fiscal decomisó a la fuerza el celular de Verduga. A vísperas de las Elecciones 2025, el oficialismo sumó una denuncia al órgano judicial por la misma causa y emprendió acciones de fiscalización en la Comisión de Seguridad, presidida por la legisladora de ADN, Inés Alarcón.

“Hay pruebas contundentes de que han falsificado evidencias para incriminarme. Muchos de los chats que presentan son montajes descarados”, señaló el exconsejero Augusto Verduga ante las acusaciones en su contra.

https://twitter.com/VerdugaAugusto/status/1902888023114780934

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«El costo para el país es altísimo: el Partido Socialcristiano, a cambio de no votar a favor de la censura de la ministra de Noboa, exige impunidad para los buques pesqueros del hijo de su líder. Estos buques pescaban ilegalmente en la Reserva de Galápagos, incluyendo pesca de tiburón y violar los límites de tonelaje de pesca. Tres faltas gravísimas», escribió en un post de X.

Sin embargo, la exministra expresó en una publicación que no tenía conocimiento de esos documentos. «Estos documentos que está circulando por la redes NO son documentos oficiales del Ministerio de Producción, ni tampoco los he visto antes. No me voy a prestar a juegos políticos ni campañas de desprestigio contra nadie».

¿Qué se sabe hasta ahora?

El exministro Serrano dijo que no se trata de un canje sino que sería «extorsión del gobierno de Noboa, al mejor estilo de la mafia más peligrosa» y que los documentos mostrados serían reales. Las declaraciones aparecieron después del comunicado que realizó Nebot.

En el documento, Nebot asegura que lo difundido sobre el periodista Martín Pallares es falso y que «la renuncia de la ministra Sonsoles García no tiene nada que ver con un supuesto arreglo del gobierno con el PSC para salvar a la ministra Palencia». Según el político, la decisión de la bancada legislativa del PSC es del grupo de asambleístas y que en lo personal no le molesta si se vota por la censura de Palencia.

Sobre los expedientes contra el barco atunero, propiedad de su hijo, dijo que el Ministerio de Producción resolvió dos de los expedientes a favor de la compañía y que otros tres están apelados, por lo que no tienen, hasta el momento, sanción alguna. Agregó que Protuna (gremio de armadores atuneros) ha reclamado al Ministerio el «lavado de pescado», es decir, la captura de atunes de formas no reguladas por la Comunidad Europea y el Ecuador y que eso causaría problemas y la tarjeta amarilla impuesta al Ecuador. (MIB)

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«La señora fiscal presentó un escrito indicando que se encuentra lista para abordar este juicio político, dado que han cambiado las condiciones de riesgo de su embarazo, documentación que se entregó bajo reserva y únicamente lo conoce el presidente de la Asamblea Nacional. Ante esta solicitud de parte de la propia accionada lo que corresponde, una vez concluya el receso parlamentario se va a convocar a una sesión del CAL para que resuelva sobre este pedido». expresó el funcionario.

La renuncia de Kronfle y el cambio de presidente

Habrán cambios en la Asamblea Nacional tras el inicio de las elecciones general 2025. El presidente del organismo, Henry Kronfle, como candidato presidencial por el Partido Social Cristiano (PSC) deberá renunciar al cargo por ley. De manera que ocuparía su lugar la primera vicepresidenta, Viviana Veloz (RC). Al respecto, Muñoz explicó que Kronfle está optando por un cargo diferente al que tiene, en el caso de Veloz, que busca la reelección, sólo necesita una licencia, por lo que estaría al frente del Legislativo cuando empiece el juicio político contra Salazar.

Asimismo, el Pleno deberá elegir a un nuevo primer vicepresidente que reemplace a Veloz y que tomará la presidencia cuando la asambleísta tome su licencia para la campaña. Si hay miembros del CAL que también opten por la reelección, el Pleno escogerá también a autoridades que los reemplacen. (MIB)

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La moción fue presentada por el asambleísta César Umajinga (ADN), quien señaló que no existió un incumplimiento de funciones por parte de la canciller Sommerfeld, pues la orden del asalto a la Embajada de México no era competencia de la titular.

Por otro lado, la asambleísta interpelante de este juicio político Jhajaira Urresta (RC) mocionó el inicio del trámite de juicio político contra la funcionaria ya que no estaría en la capacidad de cumplir sus funciones. Asimismo pidió el apoyo de su colegas citando la situación de los migrantes ecuatorianos así como los conflictos que el país ha tenido con Rusia y México.

A esta postura se sumó el legislador Lenin Barreto (RC), quien señaló que es imposible »negar lo innegable» y que el gobierno sí invadió la embajada mexicana. También resaltó que la canciller Sommerfeld sostuvo su defensa detrás de un falso patriotismo.

Ante la resolución del Parlamento, la canciller Sommerfeld expresó su satisfacción a través de sus redes sociales. »La verdad siempre brillará. Los principios de soberanía, democracia y defensa de los intereses del Ecuador no se negocia se defiende», dijo.

La acusaciones contra Sommerfeld

Durante la fase de pruebas de cargo, la asambleísta Urresta denunció que la funcionaria y su familia se beneficiaron del conflicto con México el pasado 5 de abril del 2024. Detalló que en el 2010 Sommerfeld era directora de la aerolínea Aerogal y vendió sus acciones a Holding Avianca, compañía constituida en la Bahamas.

”¿Qué intereses hay detrás de las acciones en contra de México? ¿Quién se beneficia que Aeroméxico deje de operar en el país?”, cuestionó.

Agregó que además de Aeroméxico, las otras empresas que cubren la ruta Ecuador-México son Copa Airlines y Avianca, empresa que presuntamente estaría ligada a la familia Sommerfeld.

Paraíso fiscal

Por otro lado, la interpelante expuso con prueba en mano que la canciller tiene un paraíso fiscal en Panamá. La empresa en cuestión sería Global Hostel Corporation, cuyo accionista principal es el director de Avianca, German Efromovich junto a la ministra Sommerfeld.

La legisladora aseguró que Sommerfeld podría caer en el delito de perjurio al asegurar en su declaración patrimonial que no tiene paraísos fiscales.

”No queremos más ministros colocados a dedo y lamentablemente no tienen la capacidad académica, intelectual y ética para representar a nuestros migrantes”, resaltó Urresta. (AGM).

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La empresa en cuestión sería Global Hostel Corporation, cuyo accionista principal es el director de Avianca, German Efromovich junto a la ministra Sommerfeld. La funcionaria podría caer en el delito de perjurio al asegurar en su declaración patrimonial que no tiene paraísos fiscales.

La legisladora y interpelante del juicio político contra Sommerfeld expuso a los medios de comunicación un documento notariado en Panamá que evidencia sus acusaciones.

»No queremos más ministros colocados a dedo y lamentablemente no tienen la capacidad académica, intelectual y ética para representar a nuestros migrantes», resaltó Urresta.

Las acusaciones contra Sommerfeld

Asimismo la asambleísta denunció que la funcionaria y su familia se beneficiaron del conflicto con México el pasado 5 de abril del 2024. Detalló que en el 2010 Sommerfeld era directora de la aerolínea Aerogal y vendió sus acciones a Holding Avianca, compañía constituida en la Bahamas.

”¿Qué intereses hay detrás de las acciones en contra de México? ¿Quién se beneficia que Aeroméxico deje de operar en el país?”, cuestionó.

Agregó que además de Aeroméxico, las otras empresas que cubren la ruta Ecuador-México son Copa Airlines y Avianca, empresa que presuntamente estaría ligada a la familia Sommerfeld.

Por otro lado, Urresta indicó que el padre de la canciller, Enrique Sommerfeld, es uno de los mayores vendedores de armas en el país. Reveló que el círculo cercano de la ministra ha estado cerca del gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa con las contrataciones de equipos militares. (AGM).

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La resolución de archivo se sustenta en el retiro de firmas a las tres solicitudes de juicio político, pues ahora no cuentan con las 34 que establece la normativa. La comisión argumentó que no puede sustanciar procesos que en incumplen con los requisitos constitucionales.

El pasado 30 de junio el presidente Daniel Noboa señaló que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y Construye se aliaron para adelantar el juicio político contra la canciller. Asimismo la bancada oficialista denunció que el acto del retiro de firmas es ilegal »¿sacar firmas es imposibles, pero introducir no?», cuestionó.

Construye alegó que ninguno de sus legisladores apoyó estos juicios políticos por lo que no retiraron ninguna firma. Por otro lado, el PSC y la RC si retiraron su apoyo. Después de Sommerfeld, a quien se le atribuye responsabilidades por la intromisión en la embajada de México, sigue la ministra del Interior, Mónica Palencia. (AGM).

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El ex funcionario es acusado de incumplimiento de funciones al no ejecutar el presupuesto del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad ciudadana en el país, durante el lapso de tiempo en el que permaneció en el cargo. Según trascendió, Zapata solo habría empleado el 29% del presupuesto.

Asimismo, legisladores sostienen que durante el período de gestión del ex oficial de policía, los casos de muertes violentas en el país incrementaron. Siendo el atentado en contra del ex presidenciable Fernando Villavicencio uno de los casos más sonados de la crisis de seguridad que arrastra el país desde inicios de 2023.

Ahora, la Comisión de Fiscalización continuará sustanciando la solicitud de juicio político en rebeldía. Posteriormente, al finalizar este proceso empezará el siguiente juicio contra Diana Salazar, fiscal general. A la principal de la entidad judicial se le acusa de incumplimiento de funciones.

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La legisladora argumentó que Corral era funcionario público, pese a que aún era accionista de una empresa que tenía contratos con el Estado, en este sentido, lo acusó de un incumplimiento sistemático de funciones.

»A pesar de que sabía que había cometido una ilegalidad se presentó ante los medios de comunicación a decir que no le importaba», dijo la parlamentaria.

Agregó que este caso también está bajo la responsabilidad de las autoridades de la Contraloría General del Estado (CGE) durante ese período, del expresidente Lasso y su equipo de trabajo.

Manifestó que en un inicio Corral declaró deudas por aproximadamente USD 6 millones y al finalizar su gestión este valor fue de USD 2 millones. Además, habló de una cuenta bancaria en Panamá con USD 240 mil cuando los funcionarios públicos no pueden tener dinero en paraísos fiscales.

Juicios políticos en fila

En el radar de la Comisión de Fiscalización también está el exministro del Interior, Juan Zapata; el exministro de Energía, Fernando Santos; y el exministro de Economía, Pablo Arosemena.

El pasado 25 de noviembre asambleístas del oficialismo (ADN) y del Partido Social Cristiano (PSC) presentaron solicitudes de juicio político contra los exministros Zapata y Santos. En el primer caso por no abordar de manera eficiente la crisis de seguridad en el país y no ejecutar el presupuesto asignado para el 2023.

Por otro lado, la legisladora oficialista Nicole Saca encabezó la solicitud de juicio político contra Santos Alvite y alegó que el exfuncionario actuó con inoperancia e ineptitud al no prevenir la crisis energética que provocó los apagones en el país. Según ella, el exministro tenía conocimiento desde abril de 2023 de la gravedad prevista en la temporada de estiaje. (AGM).

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La decisión se aprobó con cinco votos a favor, uno en contra y una ausencia. Ahora los pedidos pasarán a la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, deberán esperar un largo rato, pues hay seis solicitudes pendientes de la extinta Asamblea Nacional. Además, las peticiones se atienden de acuerdo al orden de llegada.

La Comisión de Fiscalización emitirá un informe no vinculante sobre el pedido y revisará las pruebas de cargo y descargo.

La Revolución Ciudadana (RC), que impulsó el proceso contra la fiscal, necesitará 70 votos para censurarla y destituirla. La bancada tiene 51 miembros y deberá buscar los otros 19, pues el Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialismo aseguraron que no respaldarán esta decisión.

Respuesta de la Fiscal

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado -minutos después de conocer la decisión del CAL- donde señaló que la Unidad Técnica Legislativa anunció, el 4 de diciembre, que la petición en contra de su titular «no estaba enmarcada en los lineamientos constitucionales del debido proceso». Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, aclaró que todo lo presentado estaba en regla.

Además, enmarcó que la solicitud carece supuestamente de argumentos fácticos y jurídicos, y cuestionó que el CAL haya aprobado un informe «que no cumple con los requisitos».

«Es evidente la flagrante trasgresión al principio de independencia de funciones consagradas en la Constitución de la República», detalla el comunicado.

Las primeras reacciones

Kronfle, mencionó que la asambleísta proponente de juico a Salazar, Gissela Garzón, subsanó la prueba que estaba pendiente y el proceso entrará a trámite como las otras peticiones.

Por su parte, la primera vicepresidenta del Legislativo, Viviana Veloz, indicó que los procesos de fiscalización no se deberían entender como un proceso de persecución, sino de «no impunidad».

«En apego a la ley es nuestro deber fiscalizar los actos del poder público. Ningún funcionario o funcionaria es intocable. Ningún servidor por poderoso que se crea está por encima de la ley», apuntó.

Aclaró que la interpelante presentó 12 motivaciones para el juico político por incumplimiento de funciones. Ahora deberán subsanarlo y justificarlo ante la mesa legislativa. «Se presentarán todas las pruebas que nos dan la razón para este petición«, dijo Veloz.

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«Yo en calidad de presidente no puedo inferir y tratar de juzgar lo que ya fue juzgado», apuntó.

Según Kronfle, la única «irregularidad» detrás de la fiscal era la acusación de plagio en su tesis. Sin embargo, mencionó que «todas las imputaciones fueron resueltas y fallaron a favor de Salazar. «El plagio ya fue resuelto a favor de la funcionaria», dijo.

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) interpuso la solicitud de juicio político contra la funcionaria. Gissela Garzón, proponente de este procedimiento, alegó que la fiscal incumplió en sus funciones al desatender casos de corrupción relevantes para el país.

El 27 de noviembre, Garzón envió el documento a la Asamblea Nacional y enfatizó que cuenta con el respaldo de las 51 firmas.

“La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde el Parlamento”, publicó en su cuenta de X.

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«Tengo una voz y la voy a hacer esuchar. Las candidaturas se verán el próximo año», dijo en entrevista con Ecuavisa, donde también se refirió a asuntos coyunturales. Específicamente al pronunciamiento de la Asamblea de responsabilizar políticamente a Lasso de peculado.

Sobre el pedido de seguimiento a la Corte Constitucional (CC) dijo que era «una alternativa jurídica ante las pretensiones de los ‘omnubilados’ que querían, al principio, destituir y ahora censurar al expresidente (…) Después del zainete que hemos observado durante 48 horas se dieron cuenta de la imposibilidad de censurarlo. No sé por miedo a la ley o por seguir haciendo el ridículo».

«Un expresidente, según el artículo 129, no es sujeto de control político. Lo que ayer sucedió fue ‘un saludo a la bandera a dos manos’. Más que una sansión, se quería un seguimiento. Había antecedentes porque en la legislatura pasada durante el juicio se desviaron del tema que aprobó la Corte Constitucional», acotó.

Para Cucalón, retomar este juicio político sólo merecía un adjetivo «irrelevante». Ya que habían asambleístas que no conocían el expediente. «Hablaron de temas que no existen porque en el caso Flopec en el período del expresidente subieron las utilidades y hubo las denuncias. En el tema judicial, el caso ya está en la Fiscalía. No hay nada de qué sorprenderse».

Sobre los acuerdos

«El pueblo ecuatoriano no quiere la pelea por pelea, lo que no significa que puedas contrastar posiciones. Nadie quiere persecusiones, pero habrá momentos donde hayan distintas posiciones. Debe existir una unidad, no hay que caer en sectarismos, así asumo yo que eso quiso decir el presidente», declaró el exfuncionario.

«El problema no es con quién votas sino para qué votas» y añadió que es importante diferenciar entre legislación y fiscalización. «Un ejemplo es la ley de igualdad salarial. Eso es positivo. En el tema de fiscalización veo escaramuzas en el juicio político a la fiscal, es perder el tiempo. Me preocupa que no hay causales y van a distraer a la persona que tiene que luchar contra la corrupción, encontrar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. La quieren tener entretenida por una venganza».

En tanto que acerca del acuerdo trunco al inicio de la administración de Lasso, el exministro dijo que la decisión del expresidente de dejarlo sin efecto fue un «estilo» de gobernar.

«El precio de esa operación era la impunidad de uno de los integrantes (el correísmo (…) Son estilos en consecuencia a las acciones, el presidente Lasso fue crítico de quienes quisieron boicotear su gobierno, derrocarlo en su gestión. Yo respondo por mis acciones, siempre agradeceré (al PSC) el auspicio que me dieron para llegar a la legislatura. En la vida no todo es plano. Si hubiera sido solo un ciudadano y no ministro hubiera pensado lo mismo, que no habían razones para llevar al presidente a juicio». (MIB)

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»Lasso nunca más», fue el grito de muchas voces al interior del Legislativo, durante la sesión para continuar con el juicio político contra el exmandatario.

El principal debate del parlamento ecuatoriano giraba en torno a la legalidad de continuar con dicho proceso. La legisladora de Construye, Ana Galarza puntualizó que no es viable porque el acusado ya no está en funciones y resaltó que es necesario crear un consenso para enmarcar las «atrocidades que hizo Lasso», sin embargo, no estuvo presente en la votación para tomar una resolución.

Por su parte, el asambleísta de la RC, Roberto Cuero mencionó que ahora que se retoma el juicio político contra el exmandatario «vuelven las maniobras a través de la Corte Constitucional y los rumores de una posible destitución a los legisladores».

Después de las más de 20 intervenciones, la interpelante Viviana Veloz presentó una moción para para responsabilizar al expresidente de peculado por el contrato entre Amazonas Tanker y Flopec. También planteó ante el Pleno rechazar la muerte cruzada que decretó Lasso un día después del juicio político.

La moción fue aprobada con 116 votos a favor, uno en contra- el del legislador de Gente Buena John Polanco- y siete abstenciones de asambleístas como Humberto Chávez, Jaime Guevara, Adriana García,César Umajinga,María Pasquel, Manuel Tapia y Viviana Zambrano.

¿Qué dicen las bancadas?

Por su parte la bancada de Construye indicó que votó para la sanción del exmandatario, sin embargo, resaltaron que no olvidan el comportamiento »mafioso del correísmo». Pese a sus afirmaciones, el registro de votación de la Asamblea Nacional evidencian ausencias y abstenciones en la votación de varios legisladores de esta fuerza política.

En este sentido, citaron el artículo 129 de la Constitución y la bancada resaltó que no corresponde el enjuiciamiento y censura de quien ya no ocupa el cargo de Presidente de la República.

»La postura de Construye fue acogida, y una vez retirada la moción de censura. Nos pronunciamos a favor de una resolución de sanción política donde se instó a que los órganos de justicia prosigan con las investigaciones de posibles actos de corrupción y peculado», reza el comunicado.

Por su parte, la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) también aclaró porque no era procedente censurar al exmandatario. Mediante un comunicado citó al mismo artículo y recalcó que el exmandatario ya no está en funciones por lo que no puede existir una censura.

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Para Comps Córdova, legislador por Sucumbíos por la Revolución Ciudadana (RC) es importante continuar con el juicio político a Lasso. El asambleísta enumeró la serie de actos de corrupción del anterior gobierno y las pruebas evidentes, que se hicieron públicas por varios medios de comunicación digital como La Posta. 

El asambleísta por Galápagos Lenin Rongel, por su parte, declaró que la censura y destitución se realizan cuando la autoridad se encuentra en funciones. «El gobierno de Guillermo Lasso ya pasó a la historia por ser nefasto», declaró. 

El legislador por Construye, Fernando Jaramillo que representa a la provincia de Imbabura expresó que el Ecuador necesita resolver temas más importantes como inseguridad, empleo y educación. Solicitó que se trate una enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas y la Policía refuercen la seguridad en el país.

Para el asambleísta Ramiro Vela, el juicio político al ex presidente es ya parte del pasado. «Hoy tenemos que fiscalizar todo aquello que hizo en los 6 meses, cuando no había Asamblea», explicó y agregó que Lasso decretó la muerte cruzada para gobernar sólo el poco tiempo que le restaba de mandato. 

La sesión se reinstalará a las 15:00.

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La legisladora remitió el documento al presidente de la Asamblea Nacional y del CAL, Henry Kronfle, la mañana de este 27 de noviembre de 2023. Además, aseguró que tiene el respaldo de toda la bancada legislativa, es decir, 51 firmas de apoyo.

«La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde el Parlamento», publicó en su cuenta de X.

La Fiscalía respondió en rechazo a la decisión del movimiento político del expresidente Rafael Correa. Argumentó que el proceso carece de fundamentos para ser llevada a cabo dicha fiscalización. Objetó que el juicio político tiene como fin «la búsqueda de impunidad, relacionada con casos que han sido sentenciados o que se están resolviendo en el ámbito penal», reza el comunicado.

También señaló que sin importar las decisiones que se tomen en otras funciones del Estado, las sentencias judiciales solo pueden ser analizadas en el campo penal.

El enjuiciamiento político a la titular de la Fiscalía fue una iniciativa que ya había planteado la RC. Antes de que asuma funciones la actual Legislatura, su líder (Rafael Correa) tuvo roces en redes sociales con Kronfle, pues fue una propuesta que le hicieron a la bancada del Partido Social Cristiano, pero este negó esas declaraciones.

En redes sociales, el exmandatario Correa advirtió que gente (supuestamente) de la fiscal amenazó con encarcelar a autoridades miembros de su movimiento político.

«Ya la 10/20 nos mandó a decir que si sale el juicio político se van enseguida presos Paola Pabón y Jorge Glas. Sin amilanarse, compañeros. Que juzgue el pueblo ecuatoriano en función de las pruebas y que sus representantes cumplan con su deber en la Asamblea», reaccionó.

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Antes de la disolución del Parlamento tras la declaratoria de muerte cruzada, el juicio político se encontraba en la segunda fase de interpelación, es decir, en donde los legisladores podían realizar una intervención. Hasta ese punto del juzgamiento político habían intervenido 52 de 137 asambleístas.

Después de este punto, los parlamentarios debían emitir su voto a favor o en contra de la censura del mandatario saliente. No obstante, él se adelantó a los hechos y ordenó la disolución del Legislativo.

¿Qué sigue?

El abogado constitucionalista Esteban Ron explicó a Radio La Calle la existencia de una anomía jurídica. Detalló que no existe una determinación legal respecto a si se puede continuar con el juicio político.

»Sería diferente si ya se pasaba directamente al proceso de votación. Recordemos que uno de los interpelantes ya no está en la Asamblea Nacional (Esteban Torres)», resaltó.

El jurista expone dos soluciones, la primera es que se emita un informe por parte del departamento jurídico del mismo Legislativo para que realizar un análisis normativo y que el Pleno emita una resolución. La otra opción sería solicitar una consulta de inteligencia normativa a la Procuraduría General del Estado (PGE).

¿Y los demás juicios políticos?

Por otro lado, Aguirre expuso que existen algunos juicios políticos pendientes en la mesa de Fiscalización los cuales son dirigidos a; los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE); al exministro de transporte, Darío Herrera; al ministro de Inclusión, Esteban Bernal; a los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo.

Estos juicios presentan el mismo problema, los proponentes ya no están en el Parlamento. Ante la situación la Presidenta de Fiscalización pedirá asesoría a la unidad jurídica. Por su parte, Ron también especificó que para seguir con los procesos se necesita un ejercicio de cargo y descargo y al no tener interpelantes la situación es difícil.

»Documentalmente sería bastante complicado que se nombre a otro actuario del juicio político», manifestó. (AGM).

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La causal de impedimento es la censura y destitución del cargo de Ministro del Interior tras un juicio político en la Asamblea en febrero del 2023. La información es de conocimiento público ya que este tipo de certificación consta en la página web del Ministerio del Trabajo.

Esto dice la ley

Según el Código de la Democracia, en el numeral dos del artículo 95 detalla que los requisitos para ser asambleísta son:

Para ser asambleísta, representante ante el Parlamento Andino, gobernadora o gobernador
regional, consejera o consejero regional, prefecta o prefecto provincial, viceprefecta o viceprefecto, alcaldesa o alcalde distritales y municipales, concejalas o concejales distritales y municipales o vocales de las juntas parroquiales se requiere haber cumplido diez y ocho años de edad al momento de inscribir la candidatura; estar en goce de los derechos políticos; haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella, de forma ininterrumpida, los dos últimos años previos a la inscripción de la candidatura; constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral; y, no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. 

En todos los casos, las ciudadanas o ciudadanos, como requisito para la inscripción de sus
candidaturas, presentarán una declaración juramentada ante Notario Público en la que indiquen que no se encuentran incursos en las prohibiciones previstas en la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017.

Por su parte, la Constitución del Ecuador no indica la inhabilidad para ejercer un cargo público como impedimento para ser asambleísta. Así lo indica el artículo 115:

Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido
dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.

El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cambio, indica que la censura y destitución impide al funcionario enjuiciado políticamente ejercer un cargo público por dos años.

Censura y destitución.- Para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, demás funcionarios que ejerzan funciones de rectoría, y las y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada.

La censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. En el caso de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la Resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional.
Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio rector de relaciones laborales para fines de registro y cumplimiento.

¿Son lo mismo el goce de derechos políticos que la inhabilidad para ejercer un cargo público?

No, una persona goza de sus derechos políticos si no tiene sentencias ejecutoriadas o insolvencia. Por lo que la inhabilidad para ejercer un cargo público no está registrada ni en el Código de la Democracia, ni en la Constitución del Ecuador como impedimento para ser asambleísta.

Posesión en la Asamblea

Carrillo cobró protagonismo en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En el primero se desempeñó como comandante general de la Policía y estuvo al frente del paro de Octubre del 2019. El estallido de la paralización de junio de 2022 llegó cuando era ministro del Interior del presidente Lasso. A eso se suma el femicidio de María Belén Bernal a manos de su esposo en la Escuela de la Policía Nacional y donde, según el Legislativo, Carrillo hizo un trabajo nefasto.

Para las elecciones anticipadas de 2023, Carrillo se inscribió como candidato a asambleísta nacional por el movimiento Construye, liderado por la exministra de Gobierno, María Paula Romo (MIB)

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En su visita a Washington, Noboa declaró que su bancada legislativa (ADN) no apoyará ningún juicio político contra Salazar, que es uno de los temas principales dentro de la agenda parlamentaria de la Revolución Ciudadana (RC).

«Necesitamos proteger a individuos como ella que están trabajando duro en contra de organizaciones criminales que operan en el país», recogió Infobae en las reuniones oficiales que mantuvo Noboa.

El presidente electo añadió que sus asambleístas entrantes están en diálogos con la Revolución Ciudadana, movimiento de Correa, pero las conversaciones se limitan a acuerdos puntuales para aprobar leyes concretas. Además, puntualizó que no cogobernará con el «correísmo».

Frente a esas palabras, Correa insistió en el juicio político a Salazar y aseguró -en días pasados- que su bancada de 51 asambleístas en la próxima Legislatura llevará a cabo ese proceso fiscalizador.

«No, Daniel, así no. La democracia, la justicia y la moral no ‘protegen individuos’, sino principios, el debido proceso y la verdad. ¿Es tan difícil?», publicó el exjefe de Estado en su cuenta de X.

Acuerdos en la Asamblea

En un inicio se habló de un ‘pacto’ en el Legislativo entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialismo entrante, sin embargo, la discordancia entre los líderes y representantes de dos de las organizaciones políticas provocaron una posible ruptura.

El legislador electo por el PSC, Henry Kronfle, quien además busca la Presidencia de la Asamblea, aclaró que no existía ningún acuerdo político entre su partido y la RC, sobre todo en el tema de la fiscal general.

No obstante, Correa salió a desmentirlo y reveló que sí le propusieron ese tema como parte de la agenda política de la RC. «Estás mintiendo. Nosotros les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer. Las pruebas son demasiado contundentes y ustedes lo saben», posteó el pasado viernes 3 de octubre.

La fiscal Salazar se pronunció al respecto y precisó que espera que la Asamblea Nacional entrante no se preste para “la impunidad”. Finalmente, Kronfle afirmó que en “conversaciones iniciales” coincidieron en algunos puntos y discreparon en otros, pero aclaró que no promoverán un juicio político contra Salazar.

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Redacción: Infobae

El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, visitó Washington, la capital de Estados Unidos y desde allí realizó críticas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y aseguró que no cooperará con ese gobierno hasta que no haya elecciones libres. Además, dijo que si bien tiene diálogo con Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, los acuerdos serán puntuales para aprobar leyes concretas y dejó claro que que no cogobernará con ellos.

“Conversamos con el presidente (de Colombia Gustavo) Petro y ambos estamos alineados para ayudar al pueblo de Venezuela. Pero algo que para mí es muy estricto es que no voy a apoyar al régimen actual si no hay elecciones libres. Creo que lo que pasó con María Corina Machado es inconstitucional, no es democrático y es absurdo. Creo que debería haber elecciones libres”, dijo Noboa al participar este lunes en un evento del Diálogo Interamericano en Washington.

El presidente electo fue consultado allí sobre cómo serán sus acuerdos para gobernar, dado que su partido no cuenta con votos propios para una mayoría parlamentaria. Desde hace varias semanas, se habla en Ecuador de un eventual pacto entre Revolución Ciudadana de Correa, que tiene la bancada de legisladores más numerosa, el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) de Noboa.

Según manifestó, está confiado en que tendrá los votos para sacar adelante las leyes más importantes, pero que los acuerdos serán puntuales por cada norma legislativa y no por puestos en el gobierno.

“En principio tendremos una mayoría de entre 80 y 90 votos. Estoy bastante seguro de eso. Pero en la política ecuatoriana es mágica, como Macondo. Cualquier cosa puede pasar hasta el último día. Así como digo, en principio tendríamos una mayoría, pero basado en cosas específicas. Cinco leyes económicas urgentes con apoyo multipartidista. Así que seguramente lo tendremos, tendremos una mayoría en eso y eso es fundamental”, dijo.

“No hay pactos ocultos ni cogobierno, ni ministerios. Creo que ese es siempre el principio del fin una vez que empiezas a operar de esa manera es el principio del fin”, dijo Noboa.

Juicio a la fiscal general

Noboa no suele hablar. De hecho es cuestionado porque desde que ganó las elecciones no dio ninguna entrevista ni hizo declaraciones públicas, por lo que no se sabe mucho de su gobierno.

Esta aparición en Washington fue importante porque el presidente electo, con un tono calmo, tranquilo, un hablar pausado y bajo, dio algunas líneas básicas sobre asuntos que aún generaban dudas en Ecuador. Una de ellas es si el acuerdo parlamentario del nuevo gobierno incluía apoyar el juicio político a la fiscal general Diana Salazar.

“Los principios no son negociables”, dijo Noboa al ser consultado sobre cómo piensa negociar las mayorías en el Congreso.

Noboa aseguró en Washington que su bancada parlamentaria no apoyará ningún acuerdo para iniciar un juicio político a la fiscal general como promueve el correísmo. “Alguna organización política intentó hacer un juicio político a nuestro fiscal general. Necesitamos proteger a individuos como ella que están trabajando duro en contra de organizaciones criminales que operan en el país. Cualquier negociación debe estar estrictamente legislada”, dijo Noboa.

Sobre su consulta popular

Por otro lado aseguró que otro elemento que no está dispuesto a ceder es el referéndum que pretende realizar para poder tomar medidas de seguridad más extremas. “Nadie se opondrá”, dijo, y aseguró que lo realizará en el cuarto mes de su gobierno. “Eso es esencial, eso significa que en el primer semestre tendremos algunas victorias rápidas y algunos resultados reales”, aseguró.

En la negociación con los otros partidos en el Congreso, Noboa pretende ser lo más abierto posible y sin excluir a nadie, pero siempre ley a ley. “Acuerdos multipartidistas o mayorías. Eso es lo primero”, dijo. Aseguró que si un partido dice que no votará una ley para no quedar aprobándola junto a otro partido le dirá adiós. “Entonces, la única línea roja es que no aceptamos líneas rojas. Y tenemos que trabajar en conceptos y leyes que beneficien a la gente, no votar en contra de un grupo político o un partido político. Estamos votando por cosas que realmente ayudarán a las personas, especialmente las que más lo necesitan”, dijo Noboa.

Préstamo puente para no caer en default

El domingo Noboa llegó a Washington y ese mismo día se reunió con autoridades del Fondo Monetario Internacional. También tuvo encuentros con representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ante una pregunta sobre la ayuda económica necesaria en su país, Noboa explicó que Ecuador requiere un préstamo puente de 9 meses y el apoyo de multilaterales y gobiernos. Su plan, dijo, es impulsar inversión en infraestructura y programas sociales, especialmente para los más vulnerables. Dijo que la situación es crítica y que de no reactivarse la economía el país podría caer en default en 2026 o 2027.

“Necesitamos un préstamo puente. Nos llevará tres horas y necesitamos un préstamo puente, yo diría de nueve meses. Eso nos ayudará en las inversiones públicas, también nos ayudará en el ámbito de la educación y los beneficios fiscales para dos años, en la creación de empleo y para el inversor privado”, dijo Noboa.

“Va a ser difícil, hay esperanza al hablar con los multilaterales. Hay esperanza. Confiamos en que tenemos un plan. Tenemos un plan de corto, mediano y largo plazo”.

Noboa aseguró que le explicó a los multilaterales que algo fundamental para “hacer sostenible” el proyecto es que es necesario que él sea reelecto en 2025. Noboa fue elegido solo para completar el mandato de Guillermo Lasso, quien antes de caer en un juicio político aplicó la denominada “muerte cruzada” que implicó destituir al Parlamento y llamar a elecciones.

Fijo, fijo buscará la reelección

Noboa dijo que para que sus planes económicos funcionen necesita ser reelegido. “Para ser reelegido es necesario dar soluciones, sobre todo a la inversión en infraestructura y creación de empleo, educación y proyectos sociales, especialmente para las personas más pobres y aquellos ciudadanos que viven en las provincias sin mayor violencia y al mismo tiempo han sido seducidos por el otro proyecto político”, dijo Noboa.

“Hemos sido muy claros sobre lo que debemos hacer para ser reelegidos y también poder honrar el pago en el futuro”, agregó Noboa, quien recordó que para poder reactivar la economía, su país no puede imprimir dinero porque es una economía dolarizada y porque además “la inflación explotaría”.

“Por eso necesitamos otras medidas alternativas para incentivar y poder ser competitivos”, agregó Noboa.

Noboa viajó acompañado por Gabriela Sommerfeld, futura canciller; Sonsoles García, que asumirá la cartera de Comercio Exterior; su futuro secretario de comunicación, Iván Carmigniani; y los colaboradores Sade Fritschi, Juan José Reyes, Sariha Moya, Arturo Felix, Cynthia Gellibert, y Katherine Gafter, según informó su equipo de prensa.

Foto: CNN

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«Estás mintiendo. Nosotros les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer. Las pruebas son demasiado contundentes y ustedes lo saben. ¿Interferir en la justicia cumpliendo la labor constitucional de fiscalizar? ¡Vamos!», respondió el exprimer mandatario al asambleísta electo Henry Kronfle.

Un día antes, el legislador socialcristiano había desmentido la existencia de un posible pacto entre su partido, la Revolución Ciudadana (RC) y el próximo oficialismo (ADN) en pro de gobernabilidad para el presidente electo Daniel Noboa en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, Kronfle le contestó a Correa. Alegó que en las «conversaciones iniciales» coinciden en algunos puntos y discrepan en otros, pero aclaró que no promoverán un juicio político contra Salazar.

«Respetamos el derecho de cada agrupación política de proceder en cada caso como resuelva. Exigimos lo mismo respecto a nosotros. En eso consiste la democracia verdadera y la oportunidad de gobernabilidad que merece el Ecuador», manifestó.

Hasta la fiscal Salazar salió a responder por su cuenta de X, donde mencionó que espera que la Asamblea Nacional entrante no se preste para «la impunidad».

«No es la primera vez que los sentenciados amenazan. Estoy segura que la AN entiende el grave momento que atravesamos como país y no se prestará para brindarles impunidad», escribió.

También Construye, movimiento de María Paula Romo, se pronunció. Ratificó su postura de cero diálogos con la RC, a la que consideran como una «mafia con conexiones del narco».

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