Quito, 03 sept (La Calle).- Un bombero, un periodista, un comerciante, un simple jubilado, un repartidor o un funcionario de prisiones. Algunos eran padres estupendos, maridos atentos e incluso entrañables abuelos.

Las normas, esa era la única regla, estaban claras cuando acudían a aquella casa: aparcar en un colegio cercano, entrar sigilosamente, evitar el olor a perfume o tabaco, desvestirse en la cocina para evitar olvidar prendas en el dormitorio y calentarse las manos en el radiador para no despertarla.

Todos ellos, 72 hombres de entre 21 y 68 años, participaron de forma separada o conjunta en la violación de una mujer cuyo marido drogó durante nueve años para que la agrediesen sexualmente —hasta 92 veces— en su propia casa mientras él grababa la secuencia o participaba en la agresión. La mujer, pese a que fue al psiquiatra por las lagunas de memoria que le provocaba la medicación que ingería de forma inconsciente, solo supo lo que le había ocurrido el día que recibió una llamada de la policía.

Inicio del juicio

El lunes comenzó en Aviñón el juicio por uno de los casos más siniestros e importantes —por la cantidad de acusados― de agresiones sexuales de la historia de Francia. Los cinco magistrados han sentado en el banquillo a 51 hombres y casi nunca en un proceso de este tipo las pruebas son tan claras sobre lo ocurrido.

La mujer descubrió en comisaría que desde 2011, su marido, a quien describía como “un tipo genial” antes de ser consciente de los hechos, la entregó a decenas de hombres mientras ella dormía bajo los efectos de medicamentos como benzodiazepinas, un sueño que no le dejaba ningún recuerdo y que la sumía en una suerte de coma.

Sus hijos, de hecho, insistieron en que visitase a un psiquiatra pensando que podría sufrir un principio de Alzheimer que le provocaba aquellas lagunas en la memoria. “Me da asco, me siento sucia, mancillada, traicionada. Es un tsunami, es como si me hubiera atropellado un tren de alta velocidad”, le dijo al juez al conocer los hechos, según publicó la agencia AFP.

¿Cómo se descubrió el caso?

Una historia que la policía descubrió casi por casualidad cuando el 12 de septiembre de 2020 los guardias jurados de un supermercado de Carpentras (sur de Francia) detuvieron a Dominique P., un jubilado de 68 años.

El hombre había colocado un teléfono móvil oculto en una bolsa para grabar por debajo de las faldas de las mujeres que hacían la compra en ese momento. Cuando la policía registró su domicilio, conectó su ordenador y encontró una carpeta titulada “Abusos” que contenía más de 20.000 fotos y vídeos que el jubilado había catalogado meticulosamente con una fecha, un nombre o un apodo, y un título pornográfico. Las carpetas almacenaban las violaciones a las que había sometido a su esposa, con la que llevaba casado 50 años y tenía tres hijos.

Dominique P., una padre de familia supuestamente modélico y amante de las excursiones en bicicleta, publicitaba la posibilidad de violar a su mujer en el chat de un foro que tituló “Sin su conocimiento”.

Según ha publicado el periódico Le Monde, solo dos de esas 72 personas ―algunos la violaron hasta seis veces― se negaron a participar tras el ofrecimiento del marido. Una de ellas, un aficionado a los clubes de intercambio de parejas y al llamado libertinaje, habló durante días con el acusado que trataba de convencerle para que formase parte de los abusos. Finalmente, explicó, renunció porque consideró que se trataba de una violación. A pesar de ello, no alertó a la policía.

¿Qué dicen los acusados?

La mayoría de acusados señaló ante la policía que la víctima simulaba estar dormida y que eso, en realidad, era la gracia del supuesto juego: un “delirio de una pareja libertina”, lo describieron. Como ese trabajador de la construcción, de 54 años, que habló de “una fantasía”, sin sentir ni la intención ni la impresión de cometer una violación, pero obedeciendo, “desconectado”, las directrices de Dominique P., a quien describen como un “director de orquesta”. “Su juego consistía en que su esposa fingía estar dormida”, según uno de ellos.

Los testimonios que recoge Le Monde subrayan la atrocidad de la historia. “No es una violación porque fue su marido quien lo propuso”, se defendió un electricista de 55 años. Un jubilado, hoy de 68 años, incluso llegó a hablar de “una violación involuntaria”. Algunos, como un exmilitar, admitieron ser conscientes de que la mujer se encontraba en un estado de sumisión química. Este sabía que “él drogaba a su esposa, quien no estaba de acuerdo en tener relaciones sexuales con otros hombres”. Ninguno sufre de alguna patología psíquica reseñable, pero todos, según los expertos forenses, tienen un sentimiento de “omnipotencia” sobre el cuerpo femenino.

La víctima Gisèle P., de 72 años, llegó al tribunal, rodeada de sus abogados y de sus tres hijos para el inicio del juicio en Aviñón, que se prolongará hasta el 20 de diciembre. La mujer asistirá al testimonio de los 51 acusados, de los que solo 18 se encuentran en prisión preventiva. Gisèle P. deberá ahora revivir en diferido las violaciones a las que fue sometida durante 9 años y de las que jamás tuvo las mínima consciencia.

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Iniciado el juicio el 25 de junio, la fiscal Hidalgo contextualizó los hechos del asesinato de Villavicencio, seguido de esto, expuso a Carlos Angulo y Laura Castillo Cómo miembros de «Los lobos», en esta primera participación rindieron testimonio familiares del ex asambleista.

En respuestas la acusación hacia Laura Castillo, la abogada indico que su participación en la teoría de la fiscal era ambigua y las pruebas inadecuadas.

El abogado de Erick Ramírez y Víctor Flores, sostuvo que sus clientes no tienen grado de participación alguno, y que la acusación hacia ellos sería el resultado de relevar la inoperancia de la Policía Nacional en el resguardo de Fernando.

El abogado de Carlos Angulo, habló sobre el teléfono de su cliente calificando aquella evidencia como «contaminada» por no seguir adecuadamente el proceso de custodia, asimismo, aseguró que no había prueba directa que lo vincule, y las presentadas serían evidencias periféricas no probatorias.

El primer testigo fue Carlos Cobeña, Mayor de Policía, quién describió los hechos y se refirió a la grabación que captaron las cámaras de una panadería aledaña. Se identificó a Ramiro C., José L., y Jules C., asesinados en el proceso de investigación.

El segundo testigo fue el Capitán de la Policía, Fabricio López, quién estuvo a cargo y dio detalles sobre el levantamiento de cadáver tanto de Fernando como del sicario fallecido en las instalaciones de la fiscalía. De igual manera, al ser parte del operativo en Monjas en donde se capturaron y decomisaron evidencias, extendió su testimonio.

Finalmente el testigo protegido, José Patricio A.M., dijo haber trabajado con Alias el Chino, quién lo habría amenazado de muerte si es que «la vuelta se caía». El juicio se reinstaló para el 26 de junio.

Día 2

En el segundo día del juicio, el cabo de policía Darwin A., indicó que el Teniente Coronel Andrés S., llevó directamente a la fiscalía al sicario herido al considerarlo «de alta peligrosidad», lo que causó su deceso al no tener atención médica inmediata.

Marco Andrés G., Teniente de Policía, dio testimonio de las pruebas encontradas en los dispositivos móviles de los aprehendidos así como en sus objetos personales. Rolando C., Capitán en la Unidad Contra el Tráfico y Consumo Interno, habló sobre la captura de los sospechosos.

Danny S., Capitán de Policía, habría sido quien interceptó la motocicleta y el vehículo con alertas de robo, en donde se capturó a Laura Castillo y Víctor Flores.

Nathalia Salazar, abogada de las hijas de Fernando, informó que amenazaron a sus clientes por medio del chat de la plataforma virtual. «Tania te queremos» fue el mensaje que, según Salazar habría dejado Carlos Angulo, alias «Invisible», enseguida la abogada solicitó medidas para proteger a sus clientes.

El mismo día de la segunda audiencia, la FGE, informó por medio de su cuenta de X, que esta se suspendía para retomarse el 1 de julio, fecha en la que se tomaron testimonios de dos miembros de la policía: Cristian C. Y Luis C., el primero aseguró haber adoptado las medidas pertinentes en la seguridad de Fernando y señaló supuestas amenazas de asambleistas y de alias «Fito» en días anteriores.

El segundo testigo, Luis C., Cabo primero de Policía, sostuvo que no pudo arrancar en el momento del ataque ya que habían personas frente a la camioneta. Una atacante se acercó a la Camioneta a disparar varias veces y Luis C. lo controló en el piso.

Dentro de los testimonios también se llamó a Patricia B., Guissela M., José P., Gloria L., Ruth C., y Daniel F., víctimas colaterales del ataque, quienes señalaron lo que habían vivido.

Día 3 y 4

La tercera audiencia se suspendió con la comparecencia de 16 testigos y 2 peritos. En la cuarta audiencia, el 2 de julio, se escucharon 19 testigos llamados por parte de Fiscalía.

Alejandro Tamayo, quién realizó la inspección ocular indicó que se encontraron un total de 65 vainas calibre 9mm, 3 calibre 223, 9 cartuchos y 6 balas deformadas. Además presentó las imágenes de la autopsia en donde reveló que Fernando tenía dos heridas por impacto de balas, en la región parietal izquierda y en la frontal derecha. En el vehículo se encontraron 14 orificios.

El analista de Dinased, Alejandro P., expuso el análisis de 8 mil llamadas con relación a los procesados, desde varios números, durante el crimen y los allanamientos.

Día 5

En el quinto día de audiencia se receptaron testimonios de 14 peritos por parte de fiscalía, los cuales se dedicaron a reconstruir los hechos del 9 de agosto de 2023. Luis Miguel T., experto en coregsmiento fisionómico analizó las imágenes de 6 personas en el celular de los procesados para identificar a Neydar L. y a Andrés M.

Otro dato importante surgió del testimonio de Sergio G., subteniente de Policía, quién identificó la celda de Carlos A., por medio de modificaciones y características únicas. Esta tenía el doble de diámetro, ventanas rectangulares, baño y se dividía en dos ambientes.

Día 6

El 4 de julio, día en donde se llevó a cabo el sexto día de audiencia se analizaron los dispositivos incautados en el sector de Monjas en donde se expusieron fotos, vídeos y la ubicación de los mismos.

La ubicación señalaba que el dispositivo se ubicaba en el lugar del crimen un día antes del suceso. De ese mismo dispositivo se evidenciaron videos en donde se destruyen dos teléfonos, fotos de Fernando. A ello se suman fotos de un hombre haciendo la característica señal de la banda Los Lobos en 21 de julio de ese mismo año.

Día 7

En el séptimo día se presentaron pruebas desde un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) en donde Laura Castillo registraba ingresos por USD 82 581 desglosados en transferencias por de USD 67 816 y depósitos de USD 12 765.

Además, se sostuvo el posible caso de omisión dolosa desde los altos miembros de la Policía. En el testimonio de Cristian Cevallos, jefe de la cápsula de seguridad de Villavicencio, notificó que solicitó armamento, vehículos y medios de comunicación para la protección del candidato, pero el pedido no se atendió.

Los altos mandos no informaron de atentados, según dice Cevallos. Al no tener respuestas de la Dirección General de Inteligencia, decidió hablar con César Zapata. Este último no pudo dar una fecha para el envío de los implementos y estos llegaron el 10 de agosto, un día después del asesinato.

Se convocó a más de 200 personas, sin embargo no todos pudieron rendir versión. La fiscal Hidalgo presentó 42 pruebas, de las cuales 23 se incluyeron en el expediente. La viuda del ex candidato señaló «novamos a descansar por su memoria».

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Esta frase la dijo Oscar Wilde a propósito de El retrato de Dorian Gray, cuya publicación en 1890 causó el rechazo de la sociedad victoriana, imperante en esa época. La novela desnudaba a los miembros de la clase alta, su frivolidad y superficialidad. La capacidad de destrozar a un joven ingenuo, su retrato era la muestra de la banalidad en la que vivían. Sin embargo, la sociedad en la que vivía Wilde no solo era superflua, sino también castigaba lo que a su juicio era inmoral y el escritor lo pagó con creces.

En esta entrega repasaremos la vida de Wilde y su obra que ha tenido un impacto profundo en las generaciones de escritores venideros.

Primeros años

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde nació en Dublín, el 16 de octubre de 1854. Su padre, William Wilde era cirujano otólogo y oftalmólogo, además de arqueólogo y estadístico. Su madre, Jane Frances Agnes Elgee, era poetisa. Escribía para los revolucionarios jóvenes irlandeses y era conocida partidaria del nacionalismo irlandés. Su hermano mayor, Willie Wilde (1852-1899) sería más tarde un destacado periodista para Punch y Vanity Fair, además de editorialista para The Daily Telegraph. 

Hasta los nueve años estudió en casa, demostrando una inteligencia particular y facilidad para el francés y el alemán. A los 10 años ingresó a la Portora Royal School de Enniskillen y a los 17 entró al Trinity College de Dublín, donde se dedicó al estudio de los clásicos, especialmente los poetas griegos.

Gracias a una beca, consiguió entrar al Magdalen College, de Oxford, donde continuó sus estudios hasta 1878 y se graduó en Letras con la mayor nota posible.

Jamás se interesó lo más mínimo por las matemáticas, ni en la escuela ni en el colegio. Se reía de la ciencia y nunca tuvo una buena palabra para un profesor de matemáticas o de ciencias; pero tampoco había la menor malevolencia ni rencor en nada de lo que dijera sobre ellos; ni, a decir verdad, sobre nadie. Los clásicos absorbieron casi por entero su atención en sus últimos tiempos escolares, y la fluida belleza de sus traducciones orales en clase [...] era algo que no se olvidaba fácilmente.
Oscar Wilde en la escuela según sir Edward Sullivan.

A mediados de 1881, a los 27 años revisó y compiló su poesía en su primer libro: Poemas.. El libro gozó de cierto con 750 copias vendidas, lo que llevó a imprimir un lote mayor en 1882. Al graduarse de Oxford, regresó a Dublín, donde se enamoró de Florence Balcombe, quien finalmente se casaría con Bram Stocker, autor del clásico de terror Drácula. Poco después, Wilde anunció su intención de abandonar Irlanda permanentemente. Se trasladó a Londres, allí había conocido a Constance Lloyd, con quien se casó y tuvo dos hijos Cyril y Vyvyan.

Llevó como bandera el movimiento conocido como esteticismo que tiene al arte como expresión y exaltación de la belleza, por lo que debería estar por encima de prácticas morales o sociales. Wilde, uno de sus máximos representantes, ya desde la Universidad se había dejado crecer el cabello y desdeñaba los deportes considerados masculinos. Adornaba sus cuartos con flores y arte. Algo que desdeñaban y destruían sus compañeros.

En 1888, empieza una intensa actividad literaria, había publicado sus cuentos en revistas y luego los compilaría en El Príncipe feliz y otros cuentos. Al año siguiente escribe sus primeros ensayos y en 1890 aparece El retrato de Dorian Gray. Para 1981 sale de las prensas Intentions, libro de ensayos que incluye La decadencia de la mentira y El crítico como artista. Y se publican los libros de relatos y cuentos: El crimen de Lord Arthur Savile y otros cuentos y Una casa de granadas. En 1895 se estrena la obra teatral La importancia de llamarse Ernesto.

El escándalo

En 1895, Wilde estaba en la cima de su carrera cuando un escándalo lo cambió todo. El padre de sir Alfred Douglas, su amigo, sospechaba que tenían un romance. Le envió una carta acusándolo de sodomita.

Alfred lo animó a denunciarlo por calumnias. Una decisión que no salió nada bien, pues John Douglas quedó libre y Wilde debió enfrentar un segundo juicio en mayo de 1895, en el que se le acusó de sodomía y de grave indecencia. Lo condenaron a trabajos forzados durante dos años. La sentencia recrudeció la política intolerante y persecutoria contra los homosexuales, no solo en Gran Bretaña sino en toda Europa.

Durante su estancia en la cárcel, Wilde escribió la extensa carta dirigida a lord Alfred Douglas que lleva por título De profundis (1897) y el poema La balada de la cárcel de Reading. Las cárceles victorianas eran, como cualquier encierro, el infierno: raciones mínimas de comida, prohibición absoluta de hablar con otros reclusos y aislamiento del exterior sólo aliviado por una visita cada tres meses. Un día, por la pérdida de peso y la debilidad, se desmayó en la capilla y sufrió una lesión en el oído derecho. Lo mediático de su caso le permitió que lo trasladaran a otra prisión y le den lápiz y papel.

En mayo de 1897 abandona la prisión, pero ya no es el Oscar Wilde que conocían. Estaba destruido física y espiritualmente. Divorciado y su ex esposa le había prohibido ver a sus hijos, a los que les quitó el apellido Wilde. Se reencontró con Douglas en Ruan, donde retomaron su amistad. Ambos vivieron juntos unos meses al final de 1897, cerca de Nápoles, cuando sus familias amenazaron con quitarles los fondos si seguían juntos. Sus amigos lo abandonaron, hartos de que les pida dinero y avergonzados de su comportamiento en París, donde se mostraba con sus jóvenes amantes. Wilde pasó el resto de su vida en París, viviendo bajo el nombre falso de Sebastián Melmoth. Un cuadro de meningitis, por una infección en su oído lesionado que no fue atendida bien, lo llevó a la tumba a los 46 años, el 30 de noviembre de 1900.

La ley que lo condenó a prisión fue abolida en 1956 y varias notables personalidades británicas sufrieron persecución por su homosexualidad. Uno de ellos fue Alan Turing, padre de la informática moderna que ayudó a descifrar la comunicación en código de los nazis durante la segunda guerra mundial. En algún momento, Wilde escribió sobre su condena: «No tengo duda de que ganaremos. Pero el camino será largo y lleno de monstruosos martirios». Tenía razón.

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El juez Máximo Ortega aceptó el pedido de caución solicitado por la defensa de Sebastián Yunda. En un inicio el equipo de Yunda ofreció USD 5.400 pero Fiscalía no aceptó. En cambio, la unidad investigadora solicitó 200.000. Sin embargo, el juez impuso el monto final.

Sebastián Yunda aún se encuentra fuera del país, y su juicio está en pausa hasta que el retorne al país. Al momento, se planea la extradición del implicado que se encuentra en manos de la policía en Argentina.

En caso de que se cancele la caución se suspende la prisión preventiva. Además, para asegurarse de que Yunda cumpla con su presencia en el juicio, deberá presentarse una vez al mes. Estas medidas se llevarán a cabo después de 15 días de su retorno al país.

El caso

Sebastián Yunda es procesado por asociación ilícita en presuntos actos de corrupción en la anterior administración de su padre, Jorge Yunda, en el Municipio de Quito. Fiscalía lo acusa por presuntas irregularidades en dos contratos para la compra de cámaras de videovigilancia por USD 1,7 millones, firmados por la entidad municipal.

La caución fue posible después de que un Tribunal ratificará la inocencia de Adrián Haro, Cynthia Puga y Wang Yilong, quienes eran coprocesados de Yunda hijo en el caso de asociación ilícita. (D.C.)

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Quito, 22 oct (La Calle).- Una dictadura es un evento traumático que atraviesa una sociedad y Argentina lo sabe de sobra. Para el gobierno democrático (o monárquico en el caso español) que los sucede, la vía más fácil sería reemplazar la memoria por olvido y la justicia por dádivas.

Eso no pasó en Argentina. En 1983, el gobierno de electo presidente Raúl Alfonsín retornó a la democracia y con ella al inicio de un camino largo y lleno de baches en busca de justicia para la víctimas.

Lo que logra el filme Argentina, 1985 (2022) es mostrar a las víctimas y sus verdugos enfrentadas en un juicio sin precedentes en la historia de Argentina, Latinoamérica y el mundo (nunca los civiles de su país habían juzgado a sus compatriotas militares por sus crímenes). En ella, las figuras del fiscal Julio Strassera (Ricardo Darín) y el fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) cobra una gran importancia y son el hilo conductor de la historia. Sus acciones definen y son el medio que une a los sobrevivientes con los jueces y la posibilidad de que sus historias se conozcan.

Contra la historia personalista…

La película también es sobre detalles. Una Argentina de los años 80, donde las cosas volvían a tomar forma tras siete años de dictadura. Strassera, un fiscal en Buenos Aires, amante de la música clásica, casado, dos hijos y con miedo cuando supo que el juicio no funcionó con una corte militar y tuvo que ir a manos de lo civil, a sus manos. Lo consideran un héroe aunque él no lo cree. Su alegato de acusación es histórico.

Moreno Ocampo desciende, por otro lado, de una estirpe de militares, con una madre católica ferviente que va a misa con Videla y que se enoja con su hijo por no defender a los militares. Aún así, sigue adelante por sus principios de abogado. Para él, nadie estaba fuera de la ley, incluyendo a los colegas de su tío. Un grupo de jóvenes se dedico a buscar testimonios con base en el informe «Nunca más» de 1984, que recopilaba las horrorosas historias que rememora el film.

¿Un suceso atemporal?

¿Por qué ahora? ¿Por qué de nuevo? No es la primera que realizan una película sobre la dictadura, aunque sí la primera en abordar el juicio a las Juntas. El consuelo de la ciudadanía es la memoria. Una herramienta poderosa, mientras no muera el recuerdo doloroso de que en los países del Cono Sur, secuestraban, torturaban y asesinaban personas bajo la premisa del enemigo, el sospechoso, el revoltoso. En medida de que persiste el recuerdo se puede sanar la herida y mejorar para que la democracia no se nos vaya y el terror jamás se repita.

Un dato histórico

En 1984, el informe Nunca más obtuvo la cifra de 7.954 casos entre desaparecidos y muertos entre 1976 y 1983. Liderada por el escritor Ernesto Sábato, el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue recolectar testimonios en todo el país. Sin embargo, una cifra que se ha manejado por las organizaciones es la de 30.000 casos.

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Proceso legal

El 15 de septiembre de 2020 se formularon los cargos hacia el alcalde de Guamote. Los oficios fueron planteados por la compra irregular de insumos de bioseguridad en el contexto de la emergencia sanitaria. El 23 de febrero de 2021, Quishpe solicitó la apelación de su caso, la Corte de Justicia de Chimborazo aceptó el recurso.

En noviembre del mismo año, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la sentencia de cinco años de prisión para el alcalde de Guamote y los dos funcionarios municipales. El delito fue comprobado por la entidad por medio de las certificaciones del portal de compras públicas y un informe pericial.  

El Tribunal de la Sala Multicompetente Provincial de Justicia de Chimborazo declaró la culpabilidad de los funcionarios en el hecho como autores y coautores respectivamente. Tras dos años en el proceso, el 30 de septiembre de 2022 la Corte ratificó la sentencia.

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El Complejo Jucial de Latacunga presentó presencia policial desde tempranas horas de la mañana. Mientras que, un grupo de simpatizantes convocado para un plantón en apoyo al líder indígena empezó a concentrarse en el lugar.

La jueza encargada del caso, Paola Bedón declaró instalada la audiencia, luego de analizar ciertos pedidos. Carlos Poveda, abogado de Iza inició con su intervención. Así también, Poveda señaló que de instalarse la diligencia, esta podría durar un par de semanas.

Declaraciones de Iza

Tras dos horas de juicio, Bedón suspendió por 30 minutos la audiencia. En el receso, Iza expresó su desacuerdo por la intervención que tendría la Policía Nacional en las pericias del caso. «En este caso, el 100 % son miembros de la Policía Nacional, de acuardo al nivel que han demostrado es imposible creer lo que vayan a decir. En la situación que está la justicia en el Ecuador, exigimos que se cumpla el debido proceso y se respete los derechos de los ecuatorianos», dijo.

Así también, el líder indígena sostuvo que lo único que solicitan es la imparcialidad de la justicia. «De manera independiente, sin presión de la Policía o del Ejecutivo debe determinar, apegado a la Constitución y la Ley. Lo único que pedimos es que dejen de presionar políticamente.», dijo

A su vez, la defensa de Iza señaló que el proceso debería ser declarado nulo, debido a que no es trataría de un delito flagrante.

Detención de dirigente de la CONAIE

En el contexto de las movilizaciones de junio de 2022, Leonidas Iza fue detenido la madrugada del 14 de junio por el presunto delito de paralización de servicios. Sin embargo, fue puesto en libertad bajo medidas sustitutivas, como la imposibilidad de salir del país y su presentación períodica ante la Fiscalía, el 15 de junio .

Luego de esto, el presidente de la CONAIE fue llamado a juicio el 4 de julio. Aunque el proceso fue declarado fallido. La jueza a cargo de la diligencia, Paola Bedón remitió una consulta a la Corte Constitucional (CC) con un plazo de 15 días para evacuar pedidos de medios probatorios.

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La Corte de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH) catalogó al juicio como una de las mayores confrontaciones entre el ex mandatario y el medio local. El caso fue considerado como “confrontación y conflictividad”, durante el periodo 2007- 2017.

¿Quién es “Chucky Seven”?

En el 2011, “Chucky Seven” emitió la sentencia en el caso del Universo y el expresidente. Sin embargo, el dictamen fue criticado debido a la rapidez de la sentencia. Asimismo, la resolución debía ser escrita desde la computadora del juzgado con el usuario SIERRAO y no desde “Chucky Seven”.

Años posteriores, en 2014, fue destituido como juez penal del Guayas. El motivo fue por tener un juicio de insolvencia en su contra, planteado por la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, en el mismo año volvió a ser juez y en el 2021 fue destituido por 30 días.

Ahora, en este año, en una sesión que empezó la noche de 30 de agosto, el pleno del Consejo de la Judicatura, con una mayoría de votos resolvió suspender de sus funciones al juez. Todo esto después de que el 18 de julio, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas recomendara su destitución final.

¿Cómo fue el proceso judicial?

En febrero del 2011, diario el Universo publicó una columna titulada ‘No a las mentiras’, del suceso conocido como el 30S. La columna mencionaba una presunta orden emitida por el exmandatario, Rafael Correa. Este habría ordenado fuego a discreción contra un hospital lleno de civiles.

En marzo del mismo año, Correa impuso una demanda contra personal del diario, Emilio Palacio y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez. En julio del mismo año Palacio renunció a su cargo. Además, un juez dictó tres años de prisión y un pago de USD 30 millones.

Sin embargo, días después, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y otras asociaciones de prensa condenaron la sentencia.

Al final, después de varias declaraciones, en  febrero del 2012 la Corte Nacional de Justicia dispuso pagar el monto ya mencionado y prisión de tres años. Además, la compañía anónima El Universo tendría que pagar  una suma de USD 10 millones. Correa, finalmente, desestimó el pago y Palacio se exilió en Miami hasta este año.

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«Dentro del proceso se evidencia que hubo labores de seguimiento policial de inteligencia desde el 6 de junio a Leonidas Iza y su equipo. Una cosa importante,incluyendo a sus abogados. En mi caso está mi número de teléfono dentro de las pericias de seguimiento e investigación. Algo que es grave», dijo el jurista en una entrevista.

Cuando detienen a Iza el 14 de junio ya se llevaban siete días de labores de investigación y seguimiento policial. «Esto no formaba parte de ningún procedimiento, sino que eran labores de la Unidad de inteligencia de la Policía. No tenía conocimiento un juez ni existía un proceso en Fiscalía. Lo que hemos dicho, la orden de poder configurar una supuesta flagrancia.

La preocupación de la defensa del dirigente es la falta de imparcialidad de la Policía al realizar labores de seguimiento sin una orden, por lo que no confían en que la Policía este implicada en el proceso judicial. «Sería juez y parte, por eso hemos solicitado una pericia internacional».

Sarzosa agregó que el relator especial de justicia para las Naciones Unidas ya se pronunció sobre la falta de imparcialidad que existe en el proceso contra Iza. «Lo que la defensa ha pedido es una pericia penal internacional para establecer todos los elementos necesarios en la audiencia de juicio. También que se realicen pericias especializadas de sociología y geografía crítica que permite establecer que no es un caso de flagrancia. Tercero, la jueza que llevó la flagrancia también lleva el juicio y no es lo adecuado porque ya conoció algunos elementos».

La defensa del dirigente enfatizó que es necesario que no exista intromisión en la justicia y que se pueda dejar trabajar al sistema judicial de forma fluida e independiente. La audiencia se aplazará hasta que se tenga un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Además, Iza podrá presentarse en la Corte un viernes cada 15 días. MIB

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La jueza Paola Bedón dijo que elevará una consulta a la Corte Constitucional para verificar la constitucionalidad de que se den 15 días adicionales para evacuar pedidos de medios probatorios. La CC tiene hasta 45 días para contestar el pedido.

En la mañana del 4 de julio, día del juicio en contra de Leonidas Iza por los cargos de paralización del servicio público, simpatizantes se reunieron a las afueras de la Fiscalía General de Cotopaxi en forma de platón y vigilia. Así mismo hubo un despliegue policial a sus alrededores.

El juicio estaba programado para las 10:00 am, sin embargo, comenzó con minutos de retraso. La jueza Bedón, declaró reservada la audiencia. Por tal motivo, únicamente los sujetos procesales podían ingresar. Momentos más tarde ingresaría el fiscal Sergio García, quien está a cargo de la acusación. De la misma forma, minutos después llegaría Leonidas Iza, junto a su abogado Carlos Poveda. Se estima que asistirían un total de 17 personas.

Cerca del mediodía, la jueza Paola Bedón, suspendió momentáneamente la audiencia. El motivo, explicó Poveda, existe dos pedidos hechos por la defensoría de Leonidas Iza. La audiencia se retornó después del mediodía para dar paso al anunció de la magistrada.

Es importante mencionar que, antes del proceso de juicio, en una entrevista con Sonorama TV, hacia Leonidas Iza, el acusado enfatizó que no dudará ir a instancias internacionales, sea cual fuere el resultado.   

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El Gobierno acusó al líder indígena por el presunto delito de paralización de un servicio público. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el delito está penalizado con uno a tres años de cárcel.

El artículo 346 expresa:

“La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”

La Policía detuvo a Iza el pasado 14 de junio en la zona de Pastocalle, provincia de Cotopaxi. Posteriormente, luego de una serie de movimientos ilegales, la jueza Paola Bedón ordenó su inmediata liberación el 15 de junio. En el mismo lapso vio crecer su apoyo en poblaciones de áreas rurales, selvas. Además, en zonas urbanas, fundamentalmente en la ciudad de Quito, capital del país.

Bedón acogió la solicitud de la Fiscalía General del Estado de dictar medidas alternativas a la prisión preventiva para el líder indígena. De esta manera, el presidente de la Conaie es procesado en libertad.

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«Con su estilo de hablar directo y claro, logró explicar cuál es el sufrimiento de las familias indígenas campesinas de Ecuador. Y así consiguió apoyo en sus demandas, que -aclaró- no solamente estaban dirigidas a beneficiar al sector que representa, sino a la mayoría de la población ecuatoriana».

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Según la providencia emitida por la jueza Paola Bedón, el testimonio del presidente deberá referirse a los pronunciamientos públicos que expresó el 13 de junio.

Similar acción deberá cumplir Carrillo, quien emitirá un informe de juramento sobre sus expresiones en la misma fecha.

Además de estos dos funcionarios también se deberán pronunciar los fiscales: Susana Amores, Mercedes Quispe y Armando Armendáriz. Ellos hablarán de las actuaciones administrativas y diligencias realizadas el día 14 de junio, en el marco de sus competencias relacionadas con el caso.

También comparecerán los dos policías involucrados en la detención del presidente de la Conaie.

Iza debe enfrentar las acusaciones por el presunto delito de paralización de un servicio público bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sanciona el hecho con uno a tres años de cárcel.

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El jurado determinó que Heard difamó a Depp con la publicación del artículo sobre violencia doméstica en The Washinton Post. Deberá pagar una indemnización de USD 15 millones, 10 de ellos por indemnización compensatoria y 5 por punitiva. «El jurado me ha devuelto la vida. Estoy realmente abrumado», dijo el actor al enterarse del veredicto.

Por otra parte, el jurado también encontró culpable a Depp de difamación por una declaración de su abogado en contra de Heard. Deberá pagar USD 2 millones. A diferencia de su exesposo, ella se encontraba en la sala al momento de la sentencia y ha declarado “La decepción que siento hoy no se puede expresar con palabras».

Los trapos al sol

Durante las seis semanas que duró el juicio, la gente pudo enterarse de los detalles oscuros y violentos que sucedieron en la relación que mantuvieron ambos actores. Los miembros de jurado escucharon grabaciones de peleas de la pareja, así como fotografías que evidenciaron un dedo cortado de Depp en 2015.

Heard negó haber herido el dedo de Depp y dijo que este le agredió sexualmente esa noche con una botella de licor. Ella dijo que lo golpeó solo para defenderse a sí misma o a su hermana. Salieron a la luz también supuestos problemas de abuso de drogas por parte de ambos.

La demanda

Depp denunció a Heard por un artículo publicado en el Post, donde afirmaba haber estado en un círculo de abuso y haber sido víctima de violencia doméstica. No mencionaba al actor, pero sus abogados dijeron que se refería a él.

A raíz de ese artículo, indicaron la defensa de Depp, se suspendió una nueva película de ‘Piratas del Caribe’, la franquicia que protagonizaba y también lo reemplazaron en la saga ‘Animales fantásticos’, un spin-off de ‘Harry Potter’.

Heard y Depp se conocieron en 2011 mientras filmaban «The Rum Diary» y se casaron en febrero de 2015. Su matrimonio duró hasta el año 2017. MIB

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La audiencia se instaló en septiembre de 2021, pero varias veces han pospuesto su culminación, por lo que, el proceso penal aún no se resuelve. Hace más de siete meses se dio la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio.

La causa se sigue por los hechos registrados el 30 de septiembre de 2010. Hoy se conocerá la resolución de la Jueza respecto a los pedidos de nulidad de las partes.

Cerca de las 10h30, la jueza a cargo declaró la validez de todo lo actuado hasta ahora en el proceso. Además, rechazó los vicios de nulidad planteados por las defensas. Fiscalía continuará con la presentación de su dictamen acusatorio.

Rechazo al dictamen

Wilson Velástegui, abogado de Luis Castro, no entiende cómo en este caso no están procesados el jefe inmediato de su cliente, de quien él recibió las disposiciones, el ministro de Defensa o el presidente de ese momento.

Él supone que se quiere utilizar este proceso como trampolín para ver si se llega al expresidente Rafael Correa, “a quien no le pueden extraditar”.

Ahora, la Fiscalía solicitó que se llame a juicio a 9 militares, en calidad de autores directos, por el presunto delito de asesinato.

Independientemente del pedido de la Fiscalía de llamar a juicio a los nueve militares procesados, Edwin Romero, abogado de la familia del policía muerto, espera que se abra otro proceso penal para sancionar a quienes ordenaron la Operación Rescate.

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Según la sección de Fraude de la División Criminal y la Oficina del Fiscal Federal, Pólit habría formado parte de un esquema que usó el sistema financiero de los Estados Unidos para lavar dinero, promover y encubrir un esquema de sobornos en Ecuador.

Pólit enfrenta un cargo por supuesta conspiración para cometer lavado de activos, tres por presunto encubrimiento de lavado de dinero y dos por una supuesta participación en transacciones de propiedad privada derivada de actividades delictivas.

Con esta respuesta, Pólit irá a juicio en Estados Unidos. La audiencia se realizó el 27 de mayo en la Corte del Distrito Sur de Miami en Florida. El periodista ecuatoriano, residente en EE. UU., Galo Arellano cubrió la audiencia e intentó entrevistar al excontralor. El exfuncionario se negó a contestar la razón por la que se declaró inocente ante la corte.

La acusación

La acusación de la justicia estadounidense informa que, entre el 2010 y el 2016, el entonces contralor habría solicitado sobornos por más de USD 10 millones a Odebrecht a cambio de utilizar su poder al frente de la Contraloría para influir en las acciones oficiales a favor de la construcción brasileña y sus negocios en Ecuador.

Además, se lo indaga por presuntamente solicitar y recibir en 2015 un soborno de cerca de USD 500.000 de un empresario ecuatoriano por la ayuda para obtener ciertos contratos relacionados con la empresa estatal Seguros Sucre.

Al inicio del proceso, Pólit pasó en prisión unas semanas, pero finalmente una jueza aceptó una fianza de USD 14 millones, con lo que pudo defenderse en libertad. MIB

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Según él explica, la Contraloría no ha demostrado sus acusaciones por falta de argumentos técnicos, jurídicos, ‘ignorancia y mala fe’. Añade que sustentó su defensa con todas las pruebas de descargo. Por otra parte, el asambleísta que preside la comisión de Fiscalización del Legislativo, Fernando Villavicencio, pidió se sancione al juez que pidió autorización al Pleno para llevar a cabo el juicio por contra Cordero por difamación y deshonra.

A ello se suman las declaraciones de la legisladora por CREO, donde amenaza a Rodríguez diciéndole que «no tiene ningún problema en llegar hasta las últimas instancias del proceso». Que con ello, es motivada a continuar con la segunda parte del informe de Yachay: ‘las subcontrataciones’.

Rodríguez denunció a la asambleísta Cordero por expresiones emitidas en ese informe, realizado por la Comisión de Fiscalización sobre las universidades emblemáticas del país. Luego, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, solicitó a la Asamblea Nacional que se levante la inmunidad legislativa de Cordero para iniciar el trámite judicial.

Juez de la Corte Nacional solicita autorización para enjuiciar a la asambleísta Ana Belén…

Esta denuncia estaría enmarcada en el artículo 396, numeral uno del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y trata de las contravenciones de cuarta clase, cuya sanción es de 15 a 30 días de pena privativa de libertad. De quien, por cualquier, medio emita expresiones en descrédito en contra de otra persona.

¿Cómo continúa la denuncia?

La denuncia pasó en un principio por manos de una jueza de Pichincha que se abstuvo de darle continuidad. Alegó que la denunciada goza de fuero de Corte Nacional, al ser asambleísta. Sin embargo, Córdova aseguró que el proceso se da en virtud que la persona denunciada posee la dignidad de asambleísta nacional.

Hecho que lo conduce a garantizar el debido proceso y llevar a cabo el trámite correspondiente. Bajo el artículo 128 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Asamblea cuenta con 30 días para responder al pedido, de no ser así, la autorización se considera concedida.

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Johana era fundadora y subdirectora del medio digital independiente «Wambra Sapo» y era periodista para la plataforma digital «Hoja de Ruta». La joven fue encontrada sin vida el 2 de febrero de 2022 en un terreno baldío en Carapungo, norte de Quito. La víctima presentaba signos de estrangulamiento. Antes de su muerte se la vio discutir con su expareja y principal sospechoso de su asesinato.

La Magistrada ratificó la prisión preventiva contra el procesado durante la audiencia preparatoria de juicio la tarde del martes 15 de marzo. Además, el Fiscal del caso presentó ante la jueza los elementos de convicción que sostienen la responsabilidad del delito del acusado.

Entre ellos constan el parte policial de aprehensión, testimonios, examen comparativo de ADN recogido de las evidencias y la autopsia médico-legal hecha a la víctima. Además del levantamiento del cadáver y reconocimiento del lugar de los hechos en los elementos de convicción, aún no se ha definido la fecha de la audiencia de juicio.

Justicia para Johanna: Familiares protestan en Fiscalía

A pesar de tener una boleta de auxilio, las autoridades no ofrecieron garantías jurídicas y seguras para la hoy occisa. Por ello, familiares y amigos de la víctima aseguran que sufrió abusos y violencia del actual detenido mientras que la Fiscalía no actuó respecto al caso.

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“Se realizará en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, parroquia San Pablo del Lago, comunidad San Rafael, el 21 de diciembre de 2021 a las 09:00, donde las autoridades de la CONAIE, ejerceremos las funciones jurisdiccionales”, dice el comunicado.

Añaden que la no comparecencia no da lugar a la suspensión del proceso. “Se previene a los señores asambleístas y miembros de MUPP que si no se presentan, la Asamblea de la CONAIE se reserva el derecho de limitar la LLAKI (pena) con los efectos jurídicos y constitucionales del caso.

Justicia y sanación

“Hay los mecanismos definidos para llevar un proceso interno de sanación y de justicia indígena. En ese proceso hemos dicho que no es un problema moral o de amigos sino un tema político-ideológicos. Se convocarán a los asambleístas, dirigentes en una jornada. Sino deberán rendir cuentas a sus pueblos. Tengan coherencia con el proyecto político”, dijo Leonidas Iza, presidente de CONAIE en una entrevista.

La decisión aparece tras las últimas votaciones de parte de los legisladores de Pachakutik sobre el caso Pandora Papers y las reformas tributarias. De acuerdo con nueve asambleístas con Mario Ruiz a la cabeza, existe un grupo en Pachakutik que vota para favorecer los intereses del Gobierno.

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“Ayer rompieron la ventana de mi carro, se llevaron mi computadora, documentación del expediente penal que me entregaron ayer Fiscalía y Corte Nacional. No les basta con todo el dolor que han causado por esta persecución ya tienen a Freddy Carrión ilegalmente detenido. Ya me agredieron”, escribió en un tuit.

Su abogada, Angélica Porras también se pronunció al respecto. “A alguien le queda duda de q el juicio en contra de Freddy Carrión es montado. ¿A quién le interesa atemorizar y callar a Priscilla? ¿A quién ha denunciado ella? ¿Qué irregularidades le ha denunciado a la ciudadanía?”, expresó.

Audiencia pendiente

La audiencia de juicio contra el exdefensor no pudo instalarse el pasado 1 de octubre, ya que el acusado manifestó que había cambiado de abogado, por lo que pidió que se difiriera el proceso hasta que su nuevo defensor conozca el expediente.

En principio, el Tribunal negó el pedido, pero luego lo aceptó y sancionó a la defensa con una multa equivalente a dos salarios básicos unificados. La Fiscalía y el abogado de la víctima aseguraron que son maniobras dilatorias por parte de la defensa de Carrión, ya que su nuevo abogado debía estar preparado para presentarse esta mañana y porque ya habrían actuado cuando se inició el proceso, a mediados de mayo.

Los jueces fijaron el 14 de octubre a las 09:00 como fecha y hora para instalar el juicio.

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“¿Será porque hay una mujer amazónica dirigiendo la Asamblea Nacional? Les pido a todos los ecuatorianos que no se preocupen porque tengo la suficiente experiencia política y soy una mujer guerrera y de grandes decisiones”, fueron sus primeras palabras.

Llori estaba decidida a aclarar los rumores sobre la compra de vehículos que se ha denunciado en los medios. “Discutimos el tema ya que el parque automotor de la Asamblea está completamente obsoleto. Su mantenimiento tiene un costo muy elevado. Nunca decidí comprar. Tampoco ordené que se inicié el proceso de compra”, expresó.

La presidenta no se amilanó. “Voy a presentar una queja contra Fernando Villavicencio ante el Consejo Administrativo Legislativo (CAL) por tanta información falsa para desacreditar a la presidencia de la Asamblea”.

También se refirió a las acusaciones en su contra sobre una supuesta organización delictiva y hablo de sus días de Prefecta en Orellana. “Como Guadalupe Llori, antes exprefecta de Orellana, en el gobierno del presidente Rafael Correa, con todos los poderes que el tenía, me persiguió, me acusó, incluso me encarceló”.

Es fue el momento preciso donde el legislador Ronny Aleaga (UNES) con una mirada a Paola Cabezas (jefe de bloque UNES) le dijo que era hora de abandonar la mesa. Ambos se levantaron mientras Llori insistía en que los juicios en su contra por peculado fueron sobreseídos.

En la otra esquina

Dos pisos más abajo, el legislador Fernando Villavicencio se encontraba en su despacho de la Comisión de Fiscalización. Consideró pertinente llamar a los medios de Comunicación y dar su versión de las acusaciones. Con varios documentos en sus manos, el asambleísta explicó que las acusaciones y el linchamiento eran un honor para él.

“Yo me siento honrado que me presenten una queja. Así como me honra el linchamiento del miércoles. Ha sido el mejor juicio político de la nueva Asamblea. Una mayoría que protegió y encubre a los legisladores que dicen “roben, pero roben bien”. Si esa mayoría me linchan, para mí es un trofeo”.

Mirando a sus colegas, el legislador indicó que nunca se ha referido en malos términos a una mujer, menos de la Amazonía. “Quiero decirle a la señora presidenta que para mí es un honor tener la protección de mujeres como Patricia Gualinga y las mujeres de Sarayacu”.

Para Villavicencio, el problema no es de género, sino de corrupción. “Mi obligación es investigar. Voy a contar detalles que nunca he contado porque pensé que esto se iba a superar”.

El meollo del asunto

Para el legislador, el problema surge por un pedido de información que hizo la Comisión de Fiscalización, en el marco del juicio político a Pablo Celi. Solicité a Valentina Zárate todos los informes de auditoría de 2007 a 2021. No de Guadalupe Llori o Salvador Quishpe. Ese no era mi objetivo”.

Cuando llegaron los documentos, Villavicencio asistió junto a Julio Sarango, asesor de Llori, a la presidencia para que lo acompañe a la rueda de prensa. “En esa reunión ella recibe una copia de pantalla y me dice: Oiga Fernando, me mandan esto y me dicen que me está investigando”. Esa era la información de Contraloría. “Ella me respondió: Nos quieren hacer pelear entre nosotros”.

El problema de Pastaza

El prefecto de Pastaza y el asambleísta Elías Jachero visitaron a Llori en Presidencia. El prefecto de Pastaza arrastra dos resoluciones de destitución por la Contraloría. La viceprefecta, Cumandá Guevara, reveló un audio donde un funcionario de Contraloría le pidió USD 250.000 para destituir al prefecto. El caso está en Fiscalía.

“Le conté toda la historia a Llori. No me parece bien que yo no haga nada en contra del prefecto de Pastaza. Eso me lo pidió Guadalupe Llori, tengo de testigo a su asesor. Eso no debe hacer un legislador, gestionar a favor de ninguna autoridad, peor a una autoridad cuestionada.

Los vehículos

Sobre los vehículos, que se denunció, iba a adquirir Llori, el legislador indicó que investigó el tema y descubrió que existe un memorando “para iniciar un proceso para adquirir vehículos para las autoridades de la Asamblea. Le he pedido a la presidenta que me remita copias certificadas de todos los memorandos sobre esta adquisición”.

Glosas en Contraloría

Villavicencio indicó que existen más 15 asambleístas que tienen expedientes en la Contraloría General del Estado incluida Guadalupe Llori. Salvador Quishpe también tiene una glosa y un informe de responsabilidad penal. No especificó si estas glosas se desvanecieron o si todavía están registradas.

“Aquí hay un odio clarísimo en mi contra. Al final pasó lo que tenía que pasar. El Pleno aprobó el juicio después de seis horas de lectura de los informes de los miembros de la Comisión. […] Hubo informe, lo que existió es un error que aprovecharon asambleístas para un linchamiento en mi contra. Daré nombres: Alejandro Jaramillo, jefe de bloque de la Izquierda Democrática, también el jefe de bloque de Pachakutik”.

Los correístas

Los legisladores de UNES y el correísmo no se libraron de las críticas de Villavicencio. “Presenté en el juicio a Pablo Celi, lo que los correístas no querían. Lo que nadie quería. Demostrar que esta trama no solo se reduce a Pablo Celi sino que es una trama mafiosa. Los contratos que fueron glosados y desvanecidos sucedieron en la época de Correa con soborno y sobreprecios”, declaró.

Recordó su trabajo periodístico y mencionó al asambleísta Juan Cristóbal Lloret. «Si hay un periodista que se ha fajado contra la corrupción soy yo. Si Jorge Glas está preso es gracias a mi trabajo. Si Rafael Correa no es presidente es gracias a Arroz Verde. Le quiero decir al diputado Lloret que no sea dole moral. Cristina Solorzano, coautora de Arroz Verde, le asesoró en el proceso de comparecencias. Para nosotros es un honor asesorar a los correístas».

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