El archivo de la solicitud se produjo tras el desistimiento de la legislador María Fernanda Araujo, interpelante del juicio, luego de que varios legisladores, incluidos miembros del Partido Social Cristiano (PSC), retiraran su apoyo. La falta de las firmas requeridas por la ley imposibilitó la continuidad del trámite.

Ante esta resolución, Fiscalización retomará el juicio político contra Palencia. Las solicitudes de interpelación, presentadas por los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, acusan a la funcionaria de incumplimiento de funciones.

Entre los cargos se menciona su rol en el asalto del Gobierno a la embajada de México en Quito; la falta de claridad en el Plan Fénix; su responsabilidad en el aumento de muertes violentas; y la fuga del líder criminal alias «Fito».

El juicio contra Palencia se retomará en la fase de presentación de pruebas de cargo y descargo. Anteriormente el proceso fue suspendido debido a una sentencia judicial que obligaba a retomar los juicios políticos en contra de tres exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, entre ellos Montalvo; el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y el secretario de Administración Pública, Sebastián Corral, todos los trámites fueron archivados por el retiro de firmas.

La Comisión evaluará las acusaciones contra Palencia en los próximos días. Si el proceso llega a manos del Pleno del Legislativo se necesitarán 92 votos para su destitución. (AGM).

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La exministra de Salud y también secretaria ejecutiva del Frente, Carina Vance, dijo en la rueda de prensa que “las acciones y omisiones de Andramuño y Zevallos son negligencia grave que deben ser juzgadas en el marco de la ley”.

Vance hizo un llamado a la Asamblea Nacional. “Solicitamos a la Asamblea Nacional a que tome una postura firme en el lado de la justicia y la salud del pueblo ecuatoriano apoyando esta iniciativa del Frente”, añadió.

Causales

Fernando Cornejo, miembro del Comité Ejecutivo del Frente, aseguró que «el Estado debió jugarse por la vida. Está en nuestras manos que las personas que no han cumplido con la ley tengan derecho al debido proceso y la sanción. Es el momento que la justicia vuelva al país».

Cornejo dio lectura de las 14 causales que forman parte del informe técnico para los juicios políticos.

1.- No se realizaron los planes de contingencia adecuados ni se reorientaron los recursos necesarios para fortalecer los servicios de salud.

2.- Insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas.

3.- Negligencia grave al no asegurar, con suficiencia, los equipos de protección personal para el personal de salud.

4.- No trasparentar las cifras epidemiológicas

5.- Negligencia en la gestión y control con el extravío de cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria.

6.- Cierre de centros de salud en medio de la pandemia.

7.- Desvinculaciones del personal de salud en plena pandemia.

8.- Falta de control sobre las unidades ejecutores de salud pública, lo que permitió que se dieran problemas en el manejo de recursos públicos.

9.- Retroceso de los 8 objetivos del Estatuto Orgánico del Ministerio de Salud Publica.

10.- Desabastecimiento de vacunas y medicamentos.

11.- Compra de pruebas rápidas sin evidencia.

12.- Falta de seguimiento de contactos que garantice la disminución de contagios.

13.- Falta de atención a pueblos y nacionalidades indígenas consideradas en doble condición de vulnerabilidad.

14.- Falta de cumplimiento de protocolo de atención y acceso a salud de personas con enfermedades graves y catastróficas.

El Legislativo

La rueda de prensa contó con la participación de 13 asambleístas, entre ellos: Pabel Muñoz, Silvia Salgado, Ronny Aleaga, Mónica Alemán y Mauricio Proaño.

El legislador Pabel Muñoz expresó que “la pandemia en Ecuador se convirtió en una catástrofe por el desgobierno que vivimos y las malas decisiones de política pública sobretodo en el sistema de salud. El neoliberalismo con el que vivimos hace más de tres años cobra vidas”.

Pabel aseguró que los legisladores que apoyan esta iniciativa empezarán inmediatamente con la construcción del expediente. «este es el primero de cuatro pasos a seguir», dijo; «una vez consolidado debemos conseguir las firmas de apoyo, luego presentar el juicio político y la sustanciación en la Comisión de Fiscalización», añadió.

Por su parte, el asambleísta Ronny Aleaga felicitó el trabajo e iniciativa del Frente y reiteró: “cuenten con toda mi convicción y apoyo para que se haga justicia con estas autoridades. Estos tristes y nefastos personajes nunca más pueden estar en estos espacios porque le han hecho daño a la ciudadanía”.

Este 4 de noviembre, una carta del Ministerio de Salud dirigida al asambleísta Juan Lloret informó que el Ministerio de Economía y Finanzas disminuyó en USD 720’777.868, el presupuesto del Ministerio de Salud en el período 2017-2020. El presupuesto que en un inicio era de USD 12.035’277.959 terminó en USD 11.314’500.090.

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Ahora, la Comisión de Fiscalización deberá analizar los pedidos y decidir si confluyen todas las causales en un solo proceso.

Los cinco juicios de Martínez

El primer pedido lo realizó Yofre Poma (RC) en julio de 2019, por el incumplimiento de la Ley Amazónica, la falta de pago a los docentes jubilados, el incumplimiento del reglamento de la Ley Orgánica de Cultura y el incumplimiento de la Ley de Desarrollo Fronterizo.

La segunda solicitud estuvo a cargo de Juan Cristóbal Lloret (RC) el pasado 18 de mayo. La razón fue el pago de la deuda externa (alrededor USD $320 millones de los bonos 2020) en plena crisis sanitaria.

El tercer pedido llegó dos días después debido al recorte presupuestario de USD 98 millones a 12 Universidades públicas. El denunciante Jimmy Candell (BIN), calificó a la decisión del ministro como “ilegal, arbitraria y antitécnica”. El cuarto pedido vino de parte de Raúl Tello (BADI) el 1 de junio. Tello acusó a Martínez de supuesto incumplimiento de funciones por el recorte presupuestario a las universidades durante la emergencia sanitaria.

El quinto y último pedido vino del Partido Social Cristiano. La bancada alegó tres causales: mal manejo de la deuda externa, la falta de entrega de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el recorte presupuestario en el área de educación.

La deuda: una prioridad del Gobierno

De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, de enero a agosto de 2020, Finanzas destinó USD 4.458 millones al servicio de la deuda.

De ese total, USD 1.425 millones corresponde solamente a intereses y USD 3.032 millones a las amortiguaciones de deuda. Los pagos son de intereses de bonos soberanos, cuotas de créditos de organismos internacionales, compromisos internacionales.

La renegociación de la deuda por parte del gobierno se traduce en USD 4.000 millones de este año y 2021 entre los tenedores de bonos y China.

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La exposición de Romo empezó a las 17:00 cuando nombró las funciones que competen a un Ministro de Gobierno. Así, dijo que quien comanda los operativos, debe tener 35 años de experiencia en la función y aunque estén regulados por el Ministro de Gobierno, «no me corresponden a mí las funciones operativas, hacerlo sería una falta de respeto a la institución», mencionó Romo.

Uso de la fuerza policial

El pasado octubre, el país vivió por casi medio mes actos de protestas en las calles. La ciudadanía, aunque no estuvo armada, tuvo que responder a agentes que dispararon directamente al cuerpo y provocaron 11 civiles muertos y un sinnúmero de personas que perdieron uno o dos ojos. «La policía tiene la función de usar la fuerza para la protección de los ciudadanos», dijo la Ministra pero no aclaró a qué ciudadanos se refería pues los fallecidos también eran ciudadanos a quienes la Policía tiene el deber de proteger.
Agregó que la misma Asamblea Nacional dio visto bueno para que la Policía use la fuerza para proteger a la población. Eso, según explicó, incluye «usar la fuerza la letal», es decir, atentar contra la vida de otro ciudadano para proteger a la población. En ese mismo sentido, dijo que el Legislativo dio permiso para que esas acciones no tengan problemas legales. «Eso está en la ley», aclaró.

Falta de actuación de la Policía Nacional

Sobre la falta de actuación de la Policía Nacional en el caso de femicidio de Diana Carolina en Ibarra, Romo expresó que los servicios de emergencia atienden 100.000 casos de violencia de género y que no pueden juzgarle por uno que salió mal.

Seguridad en las cárceles

Romo también topó el tema de seguridad de las prisiones en el país. Al respecto, dijo que no es un tema que le compete pues «hace 37 años que el Ministerio de Gobierno no se encarga de la seguridad de las cárceles».

Dijo que la institución encargada del tema es la Secretaría de Protección a las Personas Privadas de la Libertad. Los guías penitenciarios funcionan de forma independiente de la policía. «Hay un libro para guías penitenciarios, en ningún momento se hace alusión a la policía excepto en el traslado de detenidos».

Uso indebido de bienes públicos

Romo dijo que entre los usos de los aeropoliciales están: patrullaje, entrenamiento, asalto de bancos, búsqueda de personas, transporte de autoridades, seguridad aérea, operaciones de apoyo, paracaidismo, correo.
Por tanto, el uso del aeropolicial para vacacionar, está justificado. «Soy una autoridad de gobierno, la policía se encarga de mi seguridad 24 horas, 7 días durante todo el año. Se extiende a quiénes son parte de mi familia. Ese es el protocolo», enfatizó.

«Mi jefe de seguridad toma decisión de con quién y a donde voy. Se armó un escándalo por el uso de un transporte policial, cosa que hago todos los días», refirió respecto al viaje que realizó con su pareja el ministro de Inclusión Social, Iván Granda y sus hijos.

La comisión de fiscalización sistematizará la información y presentará el respectivo informe.

Otras comparecencias

Además de la ministra de gobierno. Brindó su testimonio, el exministro del interior y asambleísta, José Serrano, quién se refirió a su trabajo en la cartera de Estado. Por otro lado, la fiscal general, Diana Salazar no compareció debido a que salió del país.

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“La fiscalización es parte normal a lo que un funcionario público está sometido, así tomo yo esta convocatoria o este llamado a dos juicios políticos”, dijo la ministra.

Además, acotó que responde por el trabajo de la Policía. “La actuación tiene que ser en el marco de la Constitución y la ley y yo confío en que así he actuado”, enfatizó.

En cuanto a los juicios políticos, Romo mencionó que: “primero se tendrá que determinar cuáles son mis funciones para ver si de alguna manera yo las he incumplido” (…) “Hay al menos dos de los casos que están incluidos en los juicios políticos que no hacen parte de mis funciones legales, el tema del cumplimiento pleno de la ley de prevención de violencia de género y el otro tema tiene que ver con el sistema carcelario. A pesar de que la Policía apoya con su contingente en la seguridad de las cárceles, es un tema que le corresponde a otro ministerio”

Dos juicios políticos

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso a dos juicios políticos en contra de la Ministra de Gobierno María Paula Romo este miércoles, por incumplimiento de sus funciones, crisis carcelaria e inseguridad del país.

La aprobación del CAL se dio con los votos favorables de los asambleístas Cristina Reyes (PSC), Patricio Donoso (CREO), Rina Campain (CREO) y Ana Belén Marín (Alianza PAIS). En cambio, se abstuvieron Cesar Litardo (presidente de la Asamblea), Cesar Solórzano (BIN) y Carlos Cambala (Alianza PAÍS).

La primera solicitud de juicio político apareció el 8 de agosto, con 42 firmas de respaldo. También se mencionó el mal uso de bienes públicos, como el helicóptero de la Policía en el feriado de Carnaval. El segundo pedido fue el 24 de septiembre; donde se hizo énfasis en la crisis del sistema penitenciario y la seguridad ciudadana.

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Esto se aprobó con cuatro votos a favor de los asambleístas Patricio Donoso, Cristina Reyes, Ana Belén Marín y Rina Campain. Tres legisladores se abstuvieron: César Litardo, Carlos Cambala y César Solorzano.

En la agenda del legislativo también constan temas como el análisis de la Proforma 2020. Además del evento Democracia y transparencia electoral en el marco de los debates sobre las reformas al Código de la Democracia.

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