Quito 21 de ene (La Calle).–  El pasado 18 de enero, Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, solicitó que se cumpla la sentencia por la desaparición de su hija. El pedido lo hizo acompañada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

En el nuevo escrito presentado por Pamela Chiriboga, asesora legal de Inredh y abogada del caso, se menciona: “al tener la sentencia un carácter obligatorio, el Ministerio y otras instituciones públicas, tienen la responsabilidad de ejecutar su cumplimiento”.

La ejecución de la sentencia no ha sido efectiva después de la ratificación de noviembre de 2020. Restan por cumplirse los siguientes puntos: las acciones de búsqueda de Juliana Campoverde, la determinación del monto de recompensa de información y la verificación de la existencia jurídica de la iglesia Oasis de Esperanza, de la cual era pastor Jonathan Carrillo, único encarcelado por este caso.

Ya el 13 de diciembre del año pasado, Elizabeth Rodríguez entregó un oficio a las autoridades competentes del caso solicitando una reunión técnica que no se produjo, por esa razón la madre insistió en que se cumpla la sentencia.

El proceso de investigación sobre el caso de la joven de 18 años ha sido extenso. Casos de femicidios como el de Juliana aumentan en el ecuador.

Otro caso que aún no presenta una ejecución efectiva es el de Lisbeth Baquerizo fallecida el pasado 21 de diciembre, al parecer, a manos de su cónyuge.

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A través de este recurso, denominado “extraordinario”, el religioso quería anular la sentencia de 25 años que pesa en su contra. Sin embargo, al no ser admitido su pedido, la sentencia entró en proceso de ejecución. Eso, según el Código Penal, significa que agotaron los recursos legales para cambiar el fallo.

Con la ratificación de la sentencia, también queda en firme la orden de clausura de la iglesia Oasis de Esperanza, ubicada en el sur de Quito, pues en este lugar Juliana participaba en el coro y el victimario ejercía como su líder.

En la resolución, el Tribunal de primera instancia, dispuso al Ministerio de Gobierno la búsqueda indefinida de los restos de la joven y ordenó que se implemente un plan de recompensas en Quito para recopilar datos que ayuden a dar con su paradero. En ese mismo fallo, la autoridad llamó la atención “por su falta de eficiencia en la administración” a los fiscales generales que estuvieron entre el 2012 y 2018.

Proceso judicial

En este caso, la justicia sentenció al pastor sin haber hallado el cuerpo. Sin embargo, a través de sus propias versiones, admitió que el 7 de julio del 2012 abordó a Juliana, quien entonces tenía 19 años y se la llevó a un motel. Según el religioso, tuvieron una discusión y la mató accidentalmente.

Los defensores de la familia Campoverde presentaron 35 testimonios, pruebas documentales y pericias. Todas las pruebas se validaron. Los abogados del pastor llevaron a cuatro testigos. El pasado 11 de junio del 2020, la Corte de Pichincha rechazó la apelación de pastor evangélico, pero el sentenciado interpuso el recurso de casación que fue inadmitido este lunes 16. (DC).

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