El consejero Augusto Verduga mira la polémica que ha desencadenado la petición de la veeduría como »una arremetida más de ciertas empresas de la comunicación para manchar al actual Cpccs», dijo en entrevista para Radio La Calle.

La solicitud la presentó la ciudadana Betty Moreira en el período de Gina Aguilar, sin embargo, fue rechazada por ir en contra de un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional (CC). En mayo del 2019, el órgano de control resolvió que las decisiones del Cpccs-T no pueden ser revisadas por el Cpccs definitivo, un blindaje que hoy deja entre la espada y la pared a la actual administración.

Ante la negativa de su diligencia, Moreira interpuso una acción de protección contra el Cpccs. El juez de Montecristi, Leive Quimís dispuso a la entidad, el acompañamiento técnico y la asignación de recursos económicos al proceso de veeduría.

A partir de esta disposición, el presidente del Cpccs, Alembert Vera abrió las inscripiciones para el proceso. Por su parte, la CC ya inició una investigación y si se determina el incumplimiento de la sentencia los consejeros podrían ser destituidos.

Por otro lado, »al no acatar el fallo del juez de Montecristi también se podría incurrir en el incumplimiento de decisiones ilegítimas a la autoridad competente», resaltó Verduga.

El otro relato…

Para el exmiembro del Cpccs-T, Pablo Dávila esta veeduría tendría la intención sacar de funciones a los jueces de la CC. »Yo estoy convencido que detrás de esta argucia jurídica lo que hay es una estrategia de orden político para desestabilizar una vez más al país», dijo en entrevista para Ecuavisa.

Por su parte, Vera aclaró que no existe ninguna intención de tumbar a la CC y resaltó que la institución tampoco tiene las atribuciones para destituir a funcionarios. Para él, los medios de comunicación masivos están creando otro relato.

Para Verduga este es un tema que debe resolver el Cpccs junto a la Corte. También enfatizó en que la entidad envió su cuestionamiento a la secretaría técnica de la Corte sobre cómo proceder en este dilema jurídico.

De igual manera, dijo que en los procesos de elección a la nuevas autoridades de control existen sentencias de la Corte Constitucional que ocasionan el retroceso de los procesos, tal es el caso de los concursos para la elección de contralor y la autoridad para el Consejo Nacional Electoral (CNE).

»Por ser de izquierda»

La CC ya pidió a la institución la información para determinar si se está cumpliendo con el dictamen. Desde el punto de vista de Verduga, lo que dictaba esta sentencia es que el Cpccs no podía revisar de oficio la actuaciones del ‘transitorio’, pero no se habló de un blindaje a los ciudadanos.

»No solo es el dictamen de la Corte, sino también un artículo de la propia Constitución en donde se establece que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador de todos los actos del poder público», recalcó.

El panorama del dilema jurídico desembocó en una crítica política a la gestión del Cpccs, no solo ahora, sino desde la posesión de los consejeros en la Asamblea. De acuerdo a Verduga este problema es por su tendencia ideológica.

»Yo estuve militando en un medio de comunicación de izquierda, entonces esos son mis valores, yo creo en la justicia social, si eso me hace cercano a cierta tendencia política ese será el rótulo que me pongan. Yo no tengo ninguna hipoteca con ningún movimiento político», recalcó.

El contexto del ‘trujillato’

Tras la consulta popular del expresidente Lenín Moreno, en el 2018, se instauró el Cppcs transitorio también conocido como ‘trujillato’ porque era liderado por Julio César Trujillo, quien falleció en el 2019.

La gestión de esta administración tuvo diversas críticas en el nombramiento de autoridades. El abogado Ramiro Aguilar señaló que la »ilegalidad más monstruosa» que hizo el Cpccs-T fue declarar en vacancia a la Corte Constitucional durante 60 días y cesar de sus cargos a los nueve jueces que estaban en funciones.

El jurista recalcó que ninguna norma permitía que el Cpccs tome esa decisión, ni siquiera la consulta popular de Moreno, por la tanto, habría una violación a la Constitución.

Por otro lado, indicó que hubo un «tomo de ilegalidades» en las decisiones que adoptó el ‘trujillato’, por ejemplo, en la designación del contralor; de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE); los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ); en la acreditación de Diana Salazar a la Fiscalía »cuando había sacado 10/20 en la prueba escrita», destacó. (AGM).

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El 17 de julio venció el plazo para presentar impugnaciones en contra de los aspirantes al cargo de titular de la Contraloría. Los ciudadanos u organizaciones sociales podían presentar este recurso si consideraban que el candidato no contaba con el perfil requerido en los siguientes casos:

• Falta de probidad o idoneidad
• Incumplimiento de requisitos
• Estar incurso en alguna de las prohibiciones e inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Reglamento del concurso

Ahora, la Secretaría General del Cpccs debe enviar las impugnaciones recibidas a la Secretaría de la Comisión Ciudadana de Selección para su calificación y resolución. La sesión está planificada para el 19 de julio a las 12h00.

Una vez se emita una resolución, el Cpccs debe convocar a una audiencia pública y citar al impugnante e impugnado para que expongan las pruebas de cargo y descargo.

Postulantes

Actualmente existen 103 postulantes que pasaron la fase de revisión de requisitos. Entre los nombres más reconocidos en esta lista se encuentra Juan Falconí, quien era superintendente bancos durante el período presidencial de Gustavo Noboa. De igual manera fue embajador de Ecuador en Londres entre 2013 y 2015. Por otro lado, se encuentra el exasambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC) Moisés Tacle.

A la lista se suma el exsecretario del Cpccs, Darwin Seraquive, cuando la institución estaba a cargo de Julio César Trujillo. En sus funciones, certificó el proceso de evaluación y renovación de las autoridades de control del Estado, como resultado de una consulta popular que impulsó el expresidente Lenín Moreno en ese año.

También se sumó al “Comité por la Reinstitucionalización Democrática” que impulsó Trujillo y otros actores de la sociedad civil. Los activistas políticos presentaron una propuesta de reforma a la Constitución para eliminar al Cpccs, para lo que necesitaron más de 132 mil firmas. (A.G.M)

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La institución indicó que “por el principio de seguridad jurídica”, este fallo ratifica las designaciones de jueces realizadas con posterioridad y sus fallos. Sin embargo, otorgó a los jueces removidos el derecho de demandar al Estado por la ilegal destitución y obtener la reparación económica correspondiente.

La decisión ratifica las denuncias de los jueces destituidos en ese período que indicaron que se trataba de una persecución política liderada por el expresidente Lenín Moreno.

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Destitución en 2019

Por medio de la consulta popular de 2018 se resolvió destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El transitorio tuvo a Julio César Trujillo como cabeza. La primera tarea fue destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura que presidía Gustavo Jalkh. A pesar de las críticas por la evaluación que realizó el transitorio, se posesionó como presidenta María del Carmen Maldonado, pariente de la esposa del expresidente.

Inmediatamente se aplicó una evaluación a los jueces de la Corte Nacional, si no pasaban los criterios de la Judicatura eran destituidos. El 26 de octubre de 2019, el Consejo de la Judicatura cesó en sus funciones a 26 jueces de la Corte Nacional. Cuatro meses antes del inicio del juicio por el caso Sobornos, el 10 de febrero de 2020.

En reemplazo de los jueces, la Judicatura designó a 26 conjueces temporales escogidos de la nómina de jueces provinciales y distritales, sin un criterio para el nombramiento. Por otro lado, la figura de conjuez temporal no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

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Versiones de Chicaiza

Desde Argentina Raúl Chicaiza, manifestó que Julio César Trujillo, quien en ese entonces era presidente del Consejo de Participación Ciudadana presionó a los implicados para su negociación en la cooperación. El exagente aseguró que “si ellos no involucraban a un superior del Ejecutivo la cooperación eficaz no sería valida”. Además, dijo que el presidente Lenín Moreno habría sostenido reuniones con el denunciante del secuestro, Fernando Balda. Por otro lado, Chicaiza, quien teme por su vida, se encuentra asilado en Argentina luego que recibiera supuestas amenazas de parte del aparataje estatal.

Caso Balda

El Caso Balda lleva años en la palestra mediática. Se trata del supuesto secuestro del “activista político” ex Sociedad Patriótica, Fernando Balda, del 13 de agosto de 2012. De este supuesto delito, Balda, responsabiliza exjefe de Estado. Y la principal prueba que se tiene es el testimonio de Raúl Chicaiza.

Referente a los procesos políticos y jurídicos que va a seguir la defensa del exmandatario se pedirá revisar los testimonios del ex fiscal, Raúl Pérez Reina, y los exagentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza. Y se adjuntará como elemento el testimonio junto con las pruebas presentadas del exagente sobre las presiones recibidas. Por la parte política, el juicio político no es una opción por la falta de voluntad de la Asamblea y más bien, pedirán al Consejo Nacional de la Judicatura revisar el proceso, así aseguró el Asambleísta de Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga.

Sobre la precandidatura de Rafael Correa

En la cuestión política los voceros volvieron a insistir en que la candidatura de Rafael Correa cuenta con los requisitos necesarios ante la ley, y que la pandemia es uno de los factores por los cuáles el CNE no debería aumentar obligaciones para la participación. Esto es “inconstitucional», dijo Fausto Jarrín frente a la no inscripción de Rafael Correa. Por otro lado, Leonardo Berrezueta, manifestó que se mantiene el Binomio de UNES, con la participación de Andrés Arauz y Rafael Correa. Aseguró que el progresismo tendrá Binomio para las Elecciones 2021 pese a los intentos de bloquear su participación. (AB)

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