En la junta están tres representantes de las iglesias católica y evangélica, una experta en delincuencia y justicia, un delegado de la Defensoría del Pueblo, una académica, una coach en cultura de paz, un abogado y una activista por la paz.

«La Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación estará integrada por un equipo de expertos nacionales e internacionales, y entre sus principales objetivos deberá generar estrategias, planes y proyectos para fortalecer el sistema nacional de rehabilitación social», explicó Lasso en su cuenta de Twitter.

Además, aseveró que los comisionados analizarán las causas y efectos de la actual situación para establecer un pacto de convivencia interna con responsabilidad, dignidad y humanidad. «Este gobierno está comprometido con terminar la violencia en los centros penitenciarios a través de un enfoque de DDHH», dijo.

El mandatario indicó que la Comisión empezará a trabajar de inmediato. «La seguridad es la prioridad número uno del despacho presidencial y estamos cumpliendo. Gracias por aceptar esta misión de gran importancia. Cuenten con todo mi respaldo y el del gobierno», sostuvo.

Los religiosos son Jorge Narváez, el padre Luis Barrios y Pruedencio Loor. La experta en justicia es Claudia Garzón, la representante de la academia es Miriam Delgado. Mónica Ingarévalo y Nelsa Curbelo son representantes de la sociedad civil, Christian Nieto es el representante del defensor del Pueblo y Ricardo Morales es abogado.

Una larga crisis

La crisis en las cárceles del país empezaron durante el Gobierno de Lenín Moreno y, en casi sietes meses de gestión, el Gobierno de Lasso no ha logrado solucionar este problema.

La última masacre ocurrió el 13 de noviembre pasado, en la Penitenciaria del Guayas. Más de 300 asesinatos se registraron en las cárceles ecuatorianas, durante 2021.

En el amotinamiento de noviembre, que dejó alrededor de 68 muertos, la crisis se reportó a las 19h00, cuando presos de un pabellón empezaron un ataque por entrar en otro.

La Policía acordonó los exteriores de la prisión, sin embargo, los reos transmitieron en vivo y en directo la masacre, a través de redes sociales. Las imágenes que se difundieron dan cuenta de varios hechos abominables: quema de cuerpos en los patios, sangre como ríos y pánico en el centro de la escena. 

Fue una noche de terror, en medio de las súplicas de los privados de libertad, solicitando acción policial.

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La decisión se ampara en el artículo 107 de la Ley Organica de Educación Intercultural que dice: «Todas las etapas relacionadas al concurso de méritos y oposición deberán guardar el principio de transparencia y publicidad, para lo cual se deberán publicar los resultados parciales y finales de los concursos en el portal de la Autoridad Educativa Nacional y en los medios de comunicación pública».  Sin embargo, no se profundiza en las razones del amparo. 

«Para garantizar la educación continua de nuestro estudiantes, les ofrecemos a sus representados, la admisión en la Unidad Educativa José Domingo de Santisteván conservando durante este año, las mismas condiciones de costos de matrículas», señala el documento. El cierre de la Unidad educativa deja en el despido a los docentes, cuya cantidad no se informa. Fundada en 1929, esta Unidad Educativa estuvo a cargo, primero, de autoridades religiosas, para después pasar a manos de la Junta de Beneficiencia de Guayaquil. 1.142 estudiantes estudiaban allí. 

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