La vicepresidenta de ese país fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

La RC señaló que la pena contra Fernández es un nuevo capítulo de persecución política. «Una sentencia que estaba previamente escrita y que lo único que busca es evitar su participación en las próximas elecciones presidenciales», reza el comunicado.

Además, agregaron que este es otro caso más de lawfare contra los movimientos progresistas de América Latina. Una estrategia que busca acabar con las ideas progresistas y restringir los derechos de participación política.

Rechazó la politización de la justicia, que ha sido masificada por los grandes medios de comunicación. Este problema solamente ha profundizado la polarización y el auge de la extrema derecha en la región. Advirtió que estas acciones son contraproducentes para la democracia y ejemplificó su paso en Ecuador, Colombia y Brasil.

El lawfare, traducido al español como guerra jurídica, es un término que explicael uso indebido de procedimientos legales para atacar a oponentes políticos. Una vez sembradas las argucias en el terreno del derecho con apariencias de legalidad, se utiliza a los medios de comunicación para influir en la opinión pública.

Es ganar una guerra política pasándola al ámbito jurídico-mediático con fines económicos, políticos o geopolíticos y engañando a la ciudadanía para anestesiarla contra la violación del debido proceso.

La sentencia contra Fernández

La justicia de ese país la declaró culpable de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública por extracción de fondos del Estado durante los dos periodos en los que fue presidenta (2007-2011; 2011-2015). Según medios internacionales, Fernández habría desviado mil millones de dólares.

La Fiscalía acusó a la vicepresidenta como figura principal de un entramado de corrupción por asociación ilícita. Ella, junto a otros funcionarios, habría dirigido contratos millonarios de obras viales incompletas y con sobreprecios.

Sin embargo, pese a la condena, Fernández no irá a la cárcel porque cuenta con inmunidad debido a su cargo como vicepresidenta. Su dignidad la protege en ámbitos legales y civiles.

Por su parte, la vicepresidenta negó los cargos y enfatizó que se trata de una persecución política. Refirió que el caso «Vialidad» no tiene fundamentos y es pura persecución no solo contra ella, sino contra el proyecto político que integra.

Tras conocer la condena, la vicepresidenta negó los cargos, pero precisó que no se postulará a las próximas presidenciales, aunque con todo y sentencia no está impedida de hacerlo.

Esta es una condena histórica para Argentina. Nunca antes un vicepresidente en funciones había sido condenado por la justicia. Sobre todo de la dirigente más influyente de las últimas dos décadas en el país.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se pronunció a través de redes sociales. Expresó su respaldo hacia su vicepresidenta y apuntó que es inocente y que se utilizó a la justicia y a los medios de comunicación para condenarla.

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En este caso participarían la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del exministro de Defensa, Óscar Aguar. Otros de los comparecientes son: el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García y el exdirector de la Gendarmería, Gerardo José Otero.

También estaría involucrados el exdirector de logística del cuerpo, Rubén Carlos Yavorski, y el exdirector de Operaciones, Carlos Miguel Recalde.

Procesos e investigaciones

La investigación del fiscal Claudio Navas Rial arrancó después de que el Gobierno de Alberto Fernández interpusiera una demanda contra el exdirigente.

La denuncia se refiere al «envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno nacional encabezado por el expresidente Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional».

Los hechos

En un documento del 13 de noviembre de 2019, el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros dio cuenta del envío de «material bélico de agentes químicos», entre ellos cuentan: cartuchos, gases lacrimógenos y granadas de gas.

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Todos los implicados están acusados de integrar una asociación ilícita y de 175 casos de cohecho entre 2003 y 2015.

La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal, consideró «inadmisible» un recurso presentado por la defensa de la vicepresidenta.

En la causa están procesados además Julio de Vido, quien fuera ministro de Planificación Federal durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Implica también a poderosos empresarios de la construcción como Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.

Estiman 160 millones de dólares en sobornos

La fiscalía estimó en al menos USD 160 millones el monto de los sobornos pagados entre 2003 y 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

El caso es un desprendimiento de la llamada «causa de los cuadernos», elevada a juicio oral, con base en una serie de cuadernos de apuntes que supuestamente llevó durante años un chófer del ministerio de Planificación. En ellos anotaba recorridos, nombres de funcionarios y de empresarios y presuntas cantidades de dinero trasladado.

La parte central de la «causa de los cuadernos» está actualmente bajo revisión de la Cámara de Casación Penal por planteos de las defensas.

Nueve causas contra la vicemandataria

Kirchner, de 67 años, está procesada en nueve causas por supuesta corrupción durante su presidencia (2007-2015). Una de esas causas ya está con el juicio oral en curso desde 2019.

La vicepresidenta sostiene que las causas en su contra estuvieron motivadas por una persecución político-judicial durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y a una enemistad personal del exjuez Claudio Bonadio, quien llevó adelante la mayoría de los casos hasta que falleció de cáncer en febrero.

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«El juez federal Luis Rodríguez investiga a Aranguren por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, debido a que, mientras oficiaba como ministro, tenía acciones de la petrolera Shell, para la cual trabajó como director ejecutivo antes de asumir el cargo», informaron medios internacionales.

Por otro lado, a Laura Alonso la acusan por presunto encubrimiento y abuso de autoridad, por no controlar dicha incompatibilidad. 

El magistrado ordenó un embargo de 1.200.000 pesos (unos 20.000 dólares) para Aranguren, y otro de un millón de pesos para Alonso. 

El martes 10 de diciembre, Macri entregará la banda presidencial y el gobierno a Alberto Fernández.

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