»Hicieron con él lo que les dio la gana, le dieron palo y lo maltrataron (…) No tiene ni sesos por último, yo quiero justicia para mi hijo», dijo entre lágrimas el padre del joven a El Diario Ecuador.

Según su testimonio, su hijo Luis Fernando Saltos laboraba en Quito como auxiliar de cocina. El 9 de octubre, el ahora occiso viajó a la provincia de Chimborazo para trabajar junto a un mecánico.

¿Qué pasó?

El padre explicó que su hijo fue detenido por la tenencia de un camión robado, sin embargo, él ratificó su inocencia. Resaltó que no tenía antecedentes penales, un dato que también confirmaron las mismas autoridades, y que ni siquiera contó con la presencia de un abogado durante su detención.

»Lo coge la Policía y lo lleva al UPC ya estando allá lo entregan (a la comunidad). Nosotros nos enteramos por redes sociales», indicó.

Los restos de Luis Fernando Saltos llegaron hasta el cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos. Su familia exige justicia por la muerte del joven de 23 años, con pancartas rechazaron la forma en la que fue ‘‘ajusticiado».

¿Cuál es el trabajo de la Policía frente al ajusticiamiento indígena?

Radio La Calle se comunicó con un policía, quien prefirió mantener su nombre bajo reserva, y explicó el procedimiento de la institución y sus limitaciones frente a estas situaciones.

El uniformado relató que la Policía Nacional primero debe comunicarse con el dirigente de la comunidad indígena para esclarecer los motivos por los que se ejecutará la asamblea comunitaria para ajusticiar al aprehendido.

“No intervenimos en esos casos. Se elabora un parte policial con los datos recabados del incidente donde se enfatiza que el dirigente a cargo no quiere la participación policial. Sin embargo, hay ocasiones en que la autoridad del lugar solicita la presencia de los policías con la finalidad de que no haya excesos en dicha audiencia”, expuso el agente. (AGM).

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La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa, identificando al occiso como Luis S., y ha dispuesto el desarrollo de diligencias para hallar las causas de muerte y a los posibles responsables.

¿Justicia indígena?

La justicia indígena es un sistema de normas y procedimientos de los pueblos y nacionalidades, cuya aplicación corresponde a las autoridades comunitarias con el fin de garantizar justicia y equilibrio social.

En Ecuador se reconoce constitucionalmente desde el 2008. Se sabe que las sanciones también implican el fuete (azote), baño con agua fría o con ortiga. Sin embargo, no contempla o legitima el quitarle la vida a una persona a través de estos métodos.

¿Cuál es el trabajo de la Policía frente al ajusticiamiento indígena?

Radio La Calle se comunicó con un policía, quien prefirió mantener su nombre bajo reserva, y explicó el procedimiento de la institución y sus limitaciones frente a estas situaciones.

El uniformado relató que la Policía Nacional primero debe comunicarse con el dirigente de la comunidad indígena para esclarecer los motivos por los que se ejecutará la asamblea comunitaria para ajusticiar al aprehendido.

“No intervenimos en esos casos. Se elabora un parte policial con los datos recabados del incidente donde se enfatiza que el dirigente a cargo no quiere la participación policial. Sin embargo, hay ocasiones en que la autoridad del lugar solicita la presencia de los policías con la finalidad de que no haya excesos en dicha audiencia”, expuso el agente.

El artículo 171 de la Constitución señala que “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidad indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su propio derecho (…)”. Entonces, explica el gendarme, «al tratarse de una cuestión legal la Policía está en la obligación de acatar» lo que manda la Carta Magna.

Si se presentan excesos, como riesgo de muerte, la Policía debe intervenir para salvaguardar los derechos humanos del ajusticiado. Para ello, se coordina con el dirigente de la comunidad para que facilite con la “asistencia médica y ponerlo a buen recaudo”.

No obstante, hay ocasiones en que los dirigentes permiten y otros no permiten la presencia policial. En cuanto al caso de Guamote, expone que lo más probable es que la Policía no estuvo presente o no le permitieron estar.

«El caso se conoció por las redes sociales. Lo más seguro es que la Policía no estuvo enterada del señor que le atraparon», finalizó la fuente. (S.F.)

Foto: W Radio EC

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Los sospechosos habrían intentado robar cuando una multitud los atrapó, los azotó y luego los hizo caminar con un cartel en las manos. La pancarta que llevaban los sujetos decía «somos ladrones».

La provincia de Santo Domingo es una de las más afectadas tras la ola de delincuencia que se vive en el país. Además, apenas ayer, 25 de junio de 2023, al menos siete personas fueron asesinadas en una balacera en los exteriores de una discoteca en La Concordia.

Rocío* dijo para Radio La Calle que están cansados de la inseguridad, pues todos los días hay robos, secuestros y más. La testigo agregó que en varias ocasiones en las que se dirigía a su hogar ha sido testiga de actos delictivos, pero por el miedo ha tenido que correr.

Video: @UltimaHoraNo

*Nombre protegido

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A través de su cuenta de Twitter, la legisladora dijo que como presidenta de la Asamblea rechaza  todo tipo de notificaciones inconstitucionales, cargadas de falta de respeto a las autoridades nacionales, que cuentan con inmunidad parlamentaria.

Asimismo, aclaró que CONAIE y Pachakutik no están divididos. “Lo que sí hay es el afán de dividir a nuestras dos grandes organizaciones, por el compañero Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, y de unos cuantos asambleístas de Pachakutik que se declararon independientes”, sostuvo.

Insistió en que son ellos quienes buscan someter al resto de asambleístas a lo que catalogó como “caprichos políticos y autoritarismo” que siempre han combatido estas organizaciones.

“¡Insólito que el autoritarismo trate de manejar el poder total de una organización gloriosa como la CONAIE, que más bien ha defendido los derechos y la justicia de los pueblos, las nacionalidades y de todo el país!”, escribió.

También demandó respeto a la Constitución, a las leyes, a las competencias y a los derechos humanos de los asambleístas de Pachakutik. 

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“Él odia la democracia, él odia la institucionalidad del Ecuador. Es eficiente en incendiar edificios públicos, él es eficiente en promover el secuestro de periodistas y policías. Él es eficiente en mandar a alguien a tirarle una piedra por la espalda, de manera cobarde, a un periodista, como lo hicieron en octubre del 2019. Es eficiente en agredir a la ciudad de Quito”, aseguró durante una entrevista en Carondelet.

Asimismo, insistió en que Iza no sabe lo que quiere para el país. “Con Leonidas Iza, si uno le dice estamos de acuerdo en el punto A, quiere el B. Uno le dice que está de acuerdo con el punto B, quiere el C (…) esto es infinito, porque él es un anarquista, él no es un demócrata. Él quiere, por fuera de la institucionalidad del país, por fuera de la democracia, crear un ambiente de anarquía”, dijo.

Iza terminará con sus huesos en la cárcel

Aseguró que en el Gobierno no saben qué quiere Leonidas Iza para el Ecuador, que no sea «destruir la ciudad de Quito, atacar edificios públicos, secuestrar periodistas y atacarlos». “Al señor Leonidas Iza hay que atacarlo con la Constitución y con la Ley en la mano, diciéndole claramente que esas actitudes anárquicas contravienen las disposiciones legales”, señaló.

El mandatario dijo que enfrentarán a Iza con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública. «Quienes quieren ‘anarquizar’ este país, interrumpir servicios públicos y profundizar la crisis económica, terminarán con sus huesos en la cárcel», dijo.

Reiteró que está abierto al diálogo con todas las organizaciones sociales del país, pero frente a la anarquía se impondrá todo el peso de la ley.

Justicia indígena

Respecto a la decisión de aplicar justicia indígena a los legisladores que han votado de lado del Gobierno, entre ellos, Guadalupe Llori, el mandatario aseveró que el presidente de la CONAIE es un hombre violento.

“Es tan violento que quiere someter a las mujeres a la justicia indígena. Eso es una agresión contra la mujer ecuatoriana. El Gobierno se encuentra en una campaña de lucha contra la violencia contra la mujer y, debo ser claro, Leónidas Iza es uno de los hombres más violentos contra la mujer ecuatoriana”, sentenció. 

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«Leonidas Iza pretende sancionar cuando no le compete porque nosotros somos adherentes del movimiento Pachakutik. El movimiento tiene su propia estructura a nivel nacional, provincial y cantonal. Tenemos nuestro régimen orgánico y estatutos», dijo Lucero en una entrevista.

Agregó que las comunidades adherentes a la CONAIE podrán hacer uso de la justicia indígena. En su caso, dijo que la comunidad de Pallatanga no pertenece al movimiento indígena del Chimborazo y él solo está adherido a Pachakutik. «Yo no voy a caer en el juego de Leonidas Iza».

Cisma en Pachakutik

Además, el legislador Ricardo Vanegas indicó en entrevista a Teleradio que entre los nueve asambleístas que se declararon en rebeldía de la coordinación de bancada, a manos de Lucero, hay intereses propios.

Expresó que Salvador Quishpe quiere ser candidato a la Presidencia de la República, al igual que Leonidas Iza; y que Mario Ruiz estaría molesto porque le quitaron 18 cargos que le dieron en un principio en la Asamblea Nacional.

Justicia y sanación

La CONAIE llamó a los asambleístas y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) a un proceso de juicio interno en la Asamblea de Pueblos,.

“Se realizará en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, parroquia San Pablo del Lago, comunidad San Rafael, el 21 de diciembre de 2021 a las 09:00, donde las autoridades de la CONAIE, ejerceremos las funciones jurisdiccionales”, dice el comunicado.

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“Se realizará en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, parroquia San Pablo del Lago, comunidad San Rafael, el 21 de diciembre de 2021 a las 09:00, donde las autoridades de la CONAIE, ejerceremos las funciones jurisdiccionales”, dice el comunicado.

Añaden que la no comparecencia no da lugar a la suspensión del proceso. “Se previene a los señores asambleístas y miembros de MUPP que si no se presentan, la Asamblea de la CONAIE se reserva el derecho de limitar la LLAKI (pena) con los efectos jurídicos y constitucionales del caso.

Justicia y sanación

“Hay los mecanismos definidos para llevar un proceso interno de sanación y de justicia indígena. En ese proceso hemos dicho que no es un problema moral o de amigos sino un tema político-ideológicos. Se convocarán a los asambleístas, dirigentes en una jornada. Sino deberán rendir cuentas a sus pueblos. Tengan coherencia con el proyecto político”, dijo Leonidas Iza, presidente de CONAIE en una entrevista.

La decisión aparece tras las últimas votaciones de parte de los legisladores de Pachakutik sobre el caso Pandora Papers y las reformas tributarias. De acuerdo con nueve asambleístas con Mario Ruiz a la cabeza, existe un grupo en Pachakutik que vota para favorecer los intereses del Gobierno.

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“Se resuelve lo siguiente: elegir un nuevo coordinador nacional de Pachakutik y sancionar a Marlon Santi de acuerdo con la justicia indígena. Respaldar y apoyar la movilización de Conaie y los sectores sociales”, dice el comunicado.

En efecto, varias vías que comunican la Amazonía con el resto del país permanecieron cerradas durante las 72 horas de protestas. Sin embargo, sobre el tema del coordinador de Pachakutik no existen acciones todavía.

¿Por qué la sanción?

Marlon Santi y algunos asambleístas del movimiento Pachakutik se reunieron con el presidente el 20 de octubre en el Palacio de Carondelet y se anunciaron que llegaron a algunos consensos durante la charla. Dos días después, Lasso anunció el alza y posterior paralización del sistema de bandas para los combustibles.

«Hay que ser pragmáticos en las propuestas presentadas. Necesitamos propuestas urgentes. […] El gobierno se ha reunido con todas las bancadas menos con nosotros», dijo Santi en una entrevista antes de la reunión.

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“Yo pasé con cuatro psicólogos, ya no aguantaba ahí. Lloré día y noche porque nunca abandoné a mi familia. Es amarga la cárcel. Las autoridades no analizan bien las cosas, no investigan bien, por eso a mí me sentenciaron a cinco años”, expresó María Sotamba.

Por su parte, José Sarmiento dijo: “es una satisfacción muy grande haber conseguido la libertad, encontrarme con mi familia y amigos. Estoy seguro de que esto (su privación de libertad) fue un atropello a nuestra justicia indígena de parte de la justicia ordinaria”.

Los dos dirigentes fueron criminalizados y encarcelados en el Centro de Rehabilitación Social Turi. Sarmiento, de 54 años de edad, permaneció privado de su libertad tres años y ocho meses tras enfrentar 25 denuncias penales de la justicia ordinaria por aplicar justicia indígena en casos de cuatrerismo, robo, problemas de tierra, violencia intrafamiliar y coyoterismo en la provincia de Cañar. Su sentencia concluyó por delito de secuestro y daño al bien ajeno.

María Sotamba, de 61 años de edad, permaneció un año, ocho meses y cinco días en la cárcel bajo delito de secuestro.

El 30 de julio se aprobó la amnistía

El pasado 30 de julio, la Asamblea Nacional aprobó la amnistía a 20 dirigentes indígenas de San Pedro de Cañar que estaban criminalizados por administrar justicia indígena en su comunidad. La resolución de la Asamblea determinó: se archive los procesos legales, extinción de la pena, suspensión de las órdenes de detención y la excarcelación de las autoridades indígenas privadas de la libertad.

La Resolución obtuvo 112 votos afirmativos, 2 en blanco, 0 negativos y 19 abstenciones. El proceso contó con 13 intervenciones de las y los asambleístas; y la comparecencia pública de nueve personas: solicitantes de amnistía y expertas/os en derechos humanos, derecho penal, pluralismo jurídico y derecho internacional.

Inoperancias en la justicia ordinaria

La Resolución de la Asamblea Nacional se publicó en el Registro Oficial seis días después. Las autoridades del CRS Turi aseguraron desconocer este proceso, a pesar de que Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de su Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) habría dado la disposición en cuanto a la amnistía.

Las boletas de excarcelación de los dirigentes Sarmiento y Sotamba se despacharon a las 15:00 del sábado. Sin embargo, la libertad de las dos personas se demoró porque el asesor jurídico del CRS Turi no se encontraba en el lugar.

Cinco horas después, los dos dirigentes obtuvieron su total libertad. El equipo técnico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) estuvo pendiente durante todo el proceso.

¿Qué dice la Ley?

El artículo 57 de la Constitución ecuatoriana, reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas, en su apartado No.9 el derecho a “conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral”; y 10. “Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

El artículo 171 de la Carta Magna establece que “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres”.

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