«El Pleno del Consejo de la Judicatura declara la nulidad de la revocatoria dictada por la expresidenta por carecer de motivación y por no haber variado las circunstancias que generaron la suspensión al fiscal Izquierdo. Por ello, SIGUE VIGENTE la suspensión al funcionario judicial Naomi Arcentales«, dijo la institución en un tuit.

El 19 de diciembre del 2021, la entonces presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado suspendió a Izquierdo luego de que se hiciera público un video donde agredía a su ex pareja Naomi. Como medida disciplinaria se le suspendió del cargo por tres meses sin sueldo.

No obstante, antes de su renuncia, Maldonado revocó la suspensión del cargo al Fiscal Izquierdo. En el documento de la Judicatura se resuelve “revocar la medida preventiva de suspensión del ejercicio de funciones del servidor judicial: Juan Carlos Izquierdo Cedeño, agente fiscal de la provincia de Manabí, en virtud de mi renuncia irrevocable al cargo de presidenta del Consejo de la Judicatura”.

Ante dicha resolución, el asambleísta Alejandro Jaramillo solicitó información que sustente el motivo de la decisión tomada por Maldonado. Ya que el implicado no solo está en procesos de investigación por el fallecimiento de Arcentales, sino que “material audiovisual en el que se puede vislumbrar agresiones físicas en contra de la ciudadana fallecida, lo cual también es inaceptable para una persona que ejerce un cargo fiscal”.

Caso Brenda

De igual forma, solicitó informes sobre quejas en contra de los jueces: Dra. Gina Mora, Dra. María Miranda y Dr. José Ayora Toledo, que forman parten del tribunal de la Corte Provincial de Manabí. El tribunal anuló la sentencia de 29 años de prisión a tres funcionarios públicos que fueron acusados por Brenda (nombre protegido) de abuso sexual.

“De existir dichas quejas, solicito se dé a conocer las acciones tomadas con base en las competencias del Pleno del Consejo Judicatura establecidas en el Código de la Función Judicial y la Constitución de la República”, declaró el legislador.

A su vez, el legislador declaró en su cuenta de Twitter que “Hay decisiones judiciales que no se entienden. Estos dos casos (con seguridad hay muchos más) son la muestra clara que el sentido común es el último de los recursos en ser priorizado. Se debe proteger y actuar en favor de las víctimas, así de simple.”

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No es la primera vez. Varias audiencias del recurso de casación del caso no tuvieron lugar en múltiples ocasiones. El caso está en la Corte Nacional, se solicita la impugnación contra la sentencia judicial. Con ello, Brenda busca anular la sentencia y obtener justicia y la correcta aplicación de la ley.

La denuncia

Mediante una carta en redes sociales, Brenda denunció que tres funcionarios públicos del área de salud abusaron sexualmente de ella cuando fue interna de Radiología e Imagenología en el Hospital del IESS de Portoviejo.

Según la descripción que acompaña la carta publicada en enero del presente año, los agresores “los mismos radiólogos, no fueron suspendidos de sus labores y aún siguen ejerciendo en el Hospital del IESS en Manta y el Hospital Verdi Cevallos”.

Los hechos

Brenda, en el escrito, también cuenta que el ultraje fue cometido por su docente y supuesto amigo Darwin José C.S., cuando era estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y quién le había pedido que lo acompañase, en un primer momento, a la realización de una cirugía, y luego a retirar material de radiología.

“En la clínica nos dicen que el material que fuimos a retirar no estaba ahí, sino en su casa. Yo me quise retirar (…) Pero insistió y dijo que era rápido, sólo retiraba eso y me dejaba en casa (…) A la casa de Rolando Fabricio Z. T., encargado de la clínica llegó otra persona, Ronald Leonard R.D. Fui drogada y desperté al día siguiente aproximadamente a las 06H00; estaba desnuda, tenía quemaduras, hematomas, laceraciones, mordidas en el cuerpo y mucho dolor”, reza el escrito.

Por otro lado, Brenda narra que Fabricio quiso golpearla cuando despertó y gritó pidiendo ayuda. “Me dijo ya te pido un Uber, ándate. Tomé el taxi que él había llamado (…) Llegué a mi casa seguía mareada, me dormí llorando (…) Después fui a buscar a Darwin en Manta para que me devuelva mis teléfonos (…) llamé al 911 a denunciar”.

La justicia

Según el portal Press Reader, el abogado de Brenda, Ramiro García, manifestó que, en primera instancia se halló culpables a los acusados, pero en la Corte Provincial la decisión fue revertida.

Es decir, los procesados fueron sentenciados a 29 años y cuatro meses de prisión. No obstante, pese a las pruebas existentes y que reposan en Fiscalía; la Dra. Gina Mora Dávalos y Dr. José Alberto Ayora Toledo, según la cuenta “Justicia para Brenda”, dejaron sin efecto la sentencia, y declararon a los presuntos agresores, inocentes.

Usuarios en redes sociales, sobre todo, en la plataforma Twitter, se han manifestado compartiendo la carta de Brenda y la han apoyado etiquetando a Fiscalía y al Ministerio de Salud con los hashtags #Justicia para Brenda y #Basta de impunidad.

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