En el siglo XIX la humanidad avanzó en derechos individuales, inspirados en el liberalismo. Las condiciones del capitalismo explotador, sin derechos laborales y el ascenso de las luchas obreras, despertaron el creciente interés por la justicia social, que prosperó en el siglo XX. Fue posible por la difusión de las filosofías obreristas y particularmente del marxismo, el desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia y la influencia de dos procesos: la Revolución Mexicana (1910) y su Constitución de 1917, y la Revolución Bolchevique en Rusia (1917).
 
Lograr la justicia social pasó a ser una aspiración de importancia mundial, sobre la base de considerar como injusto un sistema que no promueve la igualdad, la equidad, la redistribución de la riqueza, los derechos de los trabajadores, la lucha contra la pobreza. El nacimiento del socialismo en Rusia y después de la II Guerra Mundial su implantación en Europa del Este y luego en China, así como el “peligro” de su expansión, fueron determinantes para las reformas sociales en los países capitalistas: en los Estados Unidos, gracias al New Deal impulsado por F. D. Roosevelt (1933-1945) se implantó el Estado social, mientras en la postguerra surgieron en Europa los Estados de Bienestar con economía social de mercado. En todos, la búsqueda de justicia social requirió del amplio intervencionismo estatal en la economía; la provisión de servicios públicos, entre los cuales seguridad social, atención médica y educación pasaron a ser universales y gratuitos en Europa; el reconocimiento de amplios derechos para los trabajadores; y altos impuestos progresivos sobre empresas y sobre las rentas, que en EE.UU. llegó hasta una tasa del 91% sobre los ingresos.
 
En América Latina el camino fue más lento y permanentemente resistido por las oligarquías tradicionales y las burguesías emergentes. Gracias a los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) Ecuador impuso el intervencionismo estatal sobre el dominio plutocrático, inauguró la seguridad social, proclamó derechos laborales en la Constitución de 1929 e introdujo impuestos sobre las rentas y las utilidades del capital. Los gobiernos del “populismo” clásico latinoamericano en Argentina, Brasil y México, impulsaron Estados y economías sociales. El pensamiento económico marxista latinoamericano, de los dependentistas, o los estructuralistas de la CEPAL, cultivaron el ideal de justicia social. Incluso el desarrollismo de las décadas de los 60 y 70 se guió con ideales parecidos. Pero debimos pasar las nefastas experiencias de los 80 y 90, cuando se abandonó cualquier rumbo anterior a fin de montar exclusivamente economías empresariales y neoliberales, para que la región recupere, recién en las primeras décadas del siglo XXI y gracias a los gobiernos progresistas, el camino a la edificación de sociedades con justicia social.
 
El neoliberalismo no busca justicia social. Hasta su léxico va por otro lado: competitividad empresarial, fomento a las inversiones, disminución del gasto público, achicamiento del Estado, suprimir impuestos, privatizar bienes y servicios públicos, flexibilizar leyes laborales, apertura de mercados, globalización. Uno de sus teóricos fundadores, el austríaco Friedrich von Hayek (1899-1992), en su libro Camino de servidumbre (The Road to Serfdom, 1944), se manifestó como fanático defensor del capitalismo y enemigo del “socialismo”, visto como “totalitarismo” conculcador de la “libertad”, algo que incluso polemizó con su rival, el “estatista” J. M. Keynes. Estaba obsesionado en la defensa del capitalismo y en su lucha contra el “socialismo” cuando recibió el Premio Nobel de Economía en 1974. Y siguió así hasta su última obra, The Fatal Conceit: The Errors of Socialism (1989). Lo que poco suele destacarse es que Hayek, en Law, Legislation and Liberty. The Mirage of Social Justice, que resumió en su ensayo “El atavismo de la justicia social” (https://t.ly/3eDRd), hizo una crítica igualmente radical al concepto de justicia social, atacando no solo a la Doctrina Social de la Iglesia, sino a todas aquellas corrientes de pensamiento que también lo utilizan. Hayek la considera una idea “imposible” para la economía, un concepto que debe ser “eliminado” de toda teoría social y que lleva a justificar gobiernos autoritarios.
 
Pero las ideas de Hayek adquieren hoy particular significación para América Latina, región que nunca estudió ni conoció. Reivindicando a este economista, el presidente de Argentina, Javier Milei, dio un inesperado discurso en el World Economic Forum realizado en Davos, Suiza (15-19/enero 2024). Allí afirmó (https://t.ly/gxECv): “El problema es que la justicia social no solo no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva ¿o acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que, a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad”. Y, desde luego, complementó: “Gracias al capitalismo de libre empresa hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca, en toda la historia de la humanidad, un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia”.
 
El desconocimiento de la historia de la humanidad y de la actualidad de América Latina es evidente. Pero no solo está allí el problema. Si el neoliberalismo ya abandonó todo vestigio de justicia social, el libertarianismo anarco-capitalista que postula Milei desde hace años, y que ahora contagia e hipnotiza cada vez más a los círculos de las derechas teóricas y entre el empresariado de la región, da un paso adelante: se lanza frontalmente contra la justicia social y todas sus implicaciones. Nada de redistribuir la riqueza, nada de impuestos, que los bienes y servicios sean adquiridos “libremente”, nada de Estado. Los pobres son “libres” para salir de su situación o quedarse en ella. Lo que exclusivamente interesa es el reino de los empresarios privados y del mercado libre. La ideología neoliberal y libertaria, que confunde eso como “libertad”, arrasa siglos de filosofía y de historia sobre la humanidad, los derechos humanos y los derechos sociales. Es la utopía superior del capitalismo. Un hegelianismo económico de la libertad.
 
En Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) revivió el neoliberalismo; y su continuador, Guillermo Lasso (2021-2023), quien provino de “Ecuador Libre”, un tanque de pensamiento devoto de Hayek, intentó el camino “libertario”. En siete años el país se convirtió en una mina del narcotráfico, la corrupción, la inseguridad, la “guerra interna”, con enorme concentración de la riqueza, privilegios para los banqueros y grupos económicos, e indetenible crecimiento de la pobreza, el desempleo y el subempleo. Rige el poder de la oligarquía del siglo XXI, sin Estado de derecho. En Argentina la “libertad” se está imponiendo a fuerza de represión. Siguiendo a Hayek, la justicia social, obviamente, ha sido “eliminada” no solo en la teoría, sino en la práctica.

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La historia de nuestra Bandera es amplia se remonta desde 1806 y ha tenido varios cambios, pero no fue sino hasta el 26 de septiembre de 1860, cuando Gabriel García Moreno, líder supremo de la República, decretó que nuestra enseña estaría compuesta por los colores amarillo, azul y rojo. Este cambio simbolizaba la riqueza de nuestro suelo, la inmensidad de nuestros océanos y la sangre derramada por los héroes que lucharon por nuestra libertad.

Día de la Bandera Nacional

Hoy, la Bandera Nacional representa no solo nuestros logros pasados, sino también nuestras aspiraciones futuras. En ella vemos reflejada la dignidad y la libertad de nuestra nación, así como el deseo de un país más justo y equitativo.

En este Día de la Bandera recordamos la lucha incansable de nuestros héroes libertarios, pero también de trabajadores y ciudadanos que cada día realizan inmensos sacrificios por defender sus derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda digna y seguridad. La Bandera nos insta a unirnos en la búsqueda de un Ecuador donde todos tengan la oportunidad de prosperar.

En un mundo en constante cambio, la Bandera Nacional nos recuerda que somos una nación diversa unida por valores compartidos: justicia, igualdad y solidaridad. Soñamos con un Ecuador donde cada uno de nosotros pueda vivir con seguridad, salud, educación y dignidad, y donde el trabajo y la prosperidad estén al alcance de todos.

Hoy, desde Radio La Calle renovamos nuestro compromiso con estos ideales. Es una fecha en la que recordamos que cada ecuatoriano, con su esfuerzo y dedicación, es un eslabón vital en la construcción de un país mejor y más justo para todos.

¡Viva nuestra bandera tricolor!

DP

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Salazar no es el único ciudadano cuestionado en casos de corrupción. En Fuerza Ecuador, lista 10, el expresidente Abdalá Bucaram figura como líder de la candidatura de asambleístas nacionales. El exmandatario enfrentó cargos por corrupción y delincuencia organizada. Recibió el hábeas corpus el pasado 4 de enero. Su hijo Abdalá Bucaram Machuca también figura en la lista.

Justicia Social inscribió candidatos a asambleístas provincial debido a un fallo del Tribunal Contencioso Electoral que solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) retomar los procesos de inscripción en las distintas direcciones provinciales con excepción de Cañar, Carchi, Cotopaxi, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Galápagos, Sucumbíos, Orellana y Santo Domingo. El movimiento tampoco tiene candidatos en las tres provincias más grandes: Pichincha, Guayas y Manabí.

Otras candidaturas

El hijo del prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Jr. encabeza la lista del Partido Social Cristiano (PSC) de asambleístas por esa provincia. El anterior prefecto Marco Troya probará suerte por la Unidad Popular, lista 2. Por el Partido Avanza – lista 8, Eduardo Mendoza reemplazará en la candidatura a su tío Patricio, asesinado en Quevedo.

La cantante Hilda Murillo es candidata por la circunscripción 2 del Guayas por el PSC, mientras que el ex MPD, Jorge Escala, quien fuera asambleísta nacional, busca una curul por esa provincia en la lista de la Unidad Popular.

Los nombres de los candidatos y sus respectivas listas se pueden consultar en la página web habilitada por el CNE: https://candidatos2021.cne.gob.ec/.

“Cada voto representa la voluntad directa de un país intercultural, plurinacional y diverso, que, en igualdad de oportunidades, decide su presente. El 7 de febrero, los ecuatorianos construimos democracia”, indica la pagina inicial.

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«Disponer la publicación de la presente sentencia en la pagina web institucional del Consejo Nacional Electoral, en el banner principal de dicho portal. Allí deberá permanecer de forma visible con un hipervínculo durante dos meses», indica el documento.

A las 15:55, Radio La Calle se comunicó con la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para obtener una impresión sobre la sentencia. «No me voy a pronunciar en este momento. Estamos analizando, todavía no tenemos oficialmente la sentencia y estamos conversando con los asesores», expresó.

Entre los puntos de la sentencia también se encuentra la publicación de un mensaje en la web del CNE que diga. «Reconocer las vulneraciones sucedidas a la tutela judicial efectiva, debido proceso y ofrece disculpas a la ciudadanía ecuatoriana por la afectación a la participación del Movimiento Justicia Social».

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La sentencia, de acuerdo con el abogado y analista electoral Daniel González, respondería a un pacto político entre el TCE y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para mantener, a pesar de las circunstancias, el calendario electoral.

El jurista sostiene que este planteamiento se observa en las acciones del Pleno de CNE que, el 24 de diciembre, otorgó 48 horas para la entrega de la documentación necesaria a los candidatos al Parlamento Andino de Justicia Social con base en la sentencia del 30 de octubre. Dicha resolución permite el desarrollo del proceso de inscripción, aunque se excluya al binomio presidencial.

«¿Cómo en unos casos el CNE califica las listas de Justicia Social para asambleístas provinciales y parlamentarios andinos y en otras dignidades dice que no? Es una confusión jurídica lo que está haciendo el CNE y el TCE. Tenemos sentencias confusas. Se diría que dan doble tratamiento a un mismo caso”, indicó a Radio La Calle.

De acuerdo con la sentencia 080, siete provincias cuentan con asambleístas calificados por el movimiento Justicia Social. Estas son: El Oro, Chimborazo, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Tungurahua.

¿El mayor perjudicado?

“El gran perjudicado de las decisiones arbitrarias del CNE será el movimiento Justicia Social. Lo peor que puede pasar es que la organización política no conste en la papeleta de 2021”, explicó González.

El experto agrega que Justicia Social deberá acudir a los organismos internacionales y posiblemente el Estado ecuatoriano tendrá que reparar los daños ocasionados en este proceso electoral. “El mayor perjudicado a pesar de tener sentencias a su favor será este movimiento”, analizó.

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Quito 27 de dic (La Calle).-  El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri rechazó el pedido de Justicia Social para que el movimiento ejecute democracia interna en todas las dignidades de elección popular.

“El Tribunal contencioso Electoral rechaza el recurso subjetivo contencioso electoral respecto de la pretensión de que se permita el movimiento justicia social efectuar nuevamente los procesos de democracia interna. Así como la designación de candidatos, aceptación de candidaturas, inscripción y calificación de candidaturas en todas las dignidades de elección popular”, reza la sentencia.

El organismo también dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) defina las candidaturas y circunscripciones en las que el partido deberá realizar democracia interna o primarias para elegir sus candidatos. Este pronunciamiento se realiza luego de que la presidenta del CNE, Diana Atamaint y Arturo Cabrera se comprometieran a llevar el proceso electoral en las fechas previstas.

Justicia Social, en medio de la polémica

El pasado 24 de diciembre, los jueces del TCE negaron el pedido de recusación contra el juez Ángel Torres porque “su conducta no configura los presuntos de las causales 4 y 6 del artículo 56 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral”.

En consecuencia, el juez Torres llamó a la audiencia oral a los miembros del Consejo Nacional Electoral el 29 de diciembre próximo. Diana Atamaint, José Cabrera, Luis Verdesoto y Enrique Pita declararán por infracción electoral grave. En caso de que se compruebe la denuncia del director Nacional de Justicia Social, Jimmy Salazar, los consejeros serán destituidos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó el 18 de diciembre una recusación contra Torres por las declaraciones realizadas en los distintos medios de comunicación sobre la posible candidatura de Álvaro Noboa y un presunto intento por parte del CNE y organizaciones políticas de impedir su participación.

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El juez Torres no se quedó de brazos cruzados. Llamó a la audiencia oral el 29 de diciembre próximo a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Diana Atamaint, José Cabrera, Luis Verdesoto y Enrique Pita declararán en el contexto de una denuncia del director Nacional de Justicia Social, Jimmy Salazar, por infracción electoral grave. Si la denuncia se comprueba, los consejeros serán destituidos.

Justicia Social en el centro del conflicto

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó el 18 de diciembre una recusación contra Torres. «El argumento para solicitar el reemplazo del juez Torres se sustenta en las declaraciones que ha realizado en los distintos medios de comunicación. También en la necesidad de contar con un proceso imparcial y transparente», indicaba una parte del comunicado.

Las declaraciones a las que se refiere el CNE son las que Torres realizó a un medio digital sobre la posible candidatura de Álvaro Noboa y un presunto intento por parte del CNE y organizaciones políticas de impedir su participación.

“Yo mantuve una reunión con el asesor de uno de los consejeros del CNE porque a un conocido mío le dijo que era vox populi que yo había recibido dinero de Álvaro Noboa. Acudí para pedirle explicación. En esa reunión me dijo que en Guayaquil estuvieron líderes políticos y una persona lanzó esa acusación”, indicó el juez a un medio digital.

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«Este martes, cumpliendo con el debido proceso, enviaremos la demanda de conflicto de competencias y esperamos tener una respuesta lo antes posible. Aún no podemos enviar a impresión las papeletas pues debemos ser respetuosos de la Ley y esperar una resolución de la Corte Constitucional», dijo Cabrera en un medio radial.

Respuesta de la Corte Constitucional

No existe un plazo fijo para el conocimiento de la demanda y el inicio de su trámite por los jueces de la Corte Constitucional. Esta acción puede realizarse en orden cronológico o de manera urgente.

El exjuez Marco Morales, en diálogo con Radio La Calle, hizo un exhorto a los integrantes de la Corte Constitucional en caso de que la demanda de conflicto llegue a esa institución. “Es prioritario, por las circunstancias que vivimos, que este conflicto se resuelva pronto”.

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«El argumento para solicitar el reemplazo del juez Torres se sustenta en las declaraciones que ha realizado en los distintos medios de comunicación y en la necesidad de contar con un proceso imparcial y transparente», dice parte del comunicado del CNE.

El recurso, de acuerdo al CNE, también garantizaría la neutralidad de la acciones del juzgador. Torres fue el juez ponente de la demanda sobre la posibilidad de realizar elecciones primarias y elegir candidato presidencial en Justicia Social.

El Tribunal Contencioso Electoral suspendió el trámite y el plazo para resolver la demanda del CNE por una presunta intromisión en sus competencias. Se levantará el plazo cuando se resuelva la recusación.

Investigación en Fiscalía

El Consejo Nacional Electoral, además de la demanda de Jimmy Salazar en el TCE, está en la mira de la Fiscalía General del Estado. Este organismo preguntó a la Corte Nacional de Justicia si es posible realizar una investigación previa conta los consejeros: Diana Atamaint, José Cabrera, Luis Verdesoto y Enrique Pita debido a las declaraciones de miembros del TCE sobre una supuesta reunión con dirigentes políticos sobre el tema de participación de Justicia Social.

La CNJ dijo que se puede realizar una investigación previa en contra de los consejeros del CNE. Si embargo, debido al artículo 19 del Código de la Democracia no se puede instaurar un proceso penal en su contra.

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Varios criterios se han cruzado al respecto para el vocal del Consejo Nacional Electoral, CNE, Luis Verdesoto, afirmó: “no existe un conflicto de competencias en la naturaleza de la decisión del organismo electoral”. Coincide con tal criterio, Marco Morales, expresidente de la Corte Constitucional. las competencias tanto del CNE como del TCE están claramente definidas”.

El Consejo Nacional Electoral tiene competencias jurisdiccionales, mientras que las del CNE son de orden administrativo. Para Morales, si el CNE tenía alguna discrepancia sobre la decisión del TCE sobre la candidatura a la primera magistratura de Álvaro Noboa, debía colocar una acción de protección.

Si el CNE envía su pedido a la Corte Constitucional pueden existir dos caminos, indica el abogado Xavier Aguilar. «La Corte puede devolver al CNE el trámite indicando que este organismo tiene esa competencia y les corresponde tramitar todo lo del proceso electoral; otra opción es que la Corte Constitucional atienda el pedido según despacho de las causas «.

Calendario electoral

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita expresó la posibilidad de mover la fecha de la primera vuelta electoral unas dos o tres semanas. Para el funcionario, esto dependería de la decisión de la Corte Constitucional.

«Si se interponen más acciones tendremos un retraso de 53 días, lo cual nos deja, prácticamente, en un punto en el que no se realizarían las elecciones. Tenemos un problema de calendario, como de competencias e interpretación de lo resuelto», dijo en una entrevista.

Otro expresidente del CNE, Omar Simon, sostuvo que todo se trata de un pretexto, “se busca ganar tiempo para ver si logran revivir un difunto. La competencia en la inscripción de candidaturas es exclusiva del CNE”.

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«El CNE debe proteger el proceso de elecciones primarias en los que tiempos que se han previsto para eso, salvo la nulidad o el indicio de irregularidad. Las elecciones deben ser un proceso limpio en el que los candidatos puedan sentirse representados y en democracia. La constitución es una norma suprema y prevalece sobre cualquier otra», dijo el consejero Luis Verdesoto.

De acuerdo con el consejero, el conflicto debe resolverlo de forma permanente la Corte Constitucional ya que la Carta Magna está por encima del cualquier otra ley. Argumentó que todos los candidatos deben tener la capacidad de participar en igualdad de condiciones y la fecha de posesión debe mantenerse en el 24 de mayo de 2021.

Retraso en el calendario

Con esta decisión, la posible candidatura de Álvaro Noboa y la aparición de Justicia Social en la papeleta 2021 continúan en duda. Este problema podría modificar el calendario electoral ya que estaba previsto que el 15 de diciembre se empiece el proceso de impresión de las papeletas.

El presidente del TCE, Arturo Cabrera, expresó su indignación por el retraso del CNE que incurre en el desacato. “La omisión en la que incurre el Pleno es inaudita. Yo quiero hacer notar que la sentencia de la causa 80 tiene fecha 30 de octubre. Han pasado 44 días que se desperdiciaron, se pasaron por alto e ignoraron por las autoridades del CNE, a quienes también debo recordarles que la Constitución les impone la obligación de asumir las consecuencias de sus acciones y de sus omisiones”, dijo Cabrera.

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“La omisión en la que incurre el Pleno es inaudita. Yo quiero hacer notar que la sentencia de la causa 80 tiene fecha 30 de octubre. Han pasado 44 días que se desperdiciaron, se pasaron por alto e ignoraron por las autoridades del CNE, a quienes también debo recordarles que la Constitución les impone la obligación de asumir las consecuencias de sus acciones y de sus omisiones”, dijo Cabrera.

El funcionario indicó que la falta de decisión también constituye una infracción de carácter penal, que puede juzgarse por la justicia ordinaria y puede ser motivo de la presentación de quejas por quienes ven vulnerados sus derechos.

Polémica por la candidatura

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres indicó que miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y líderes de partidos políticos acordaron evitar la participación de Álvaro Noboa en las elecciones 2021.

El pasado 11 de diciembre, el Pleno del CNE debía resolver el llamado a las elecciones primarias de Justicia Social, sin embargo, la sesión no tuvo el quorum necesario debido a la falta de los consejeros: Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera, situación que se repitió el 12 de diciembre. Al día siguiente se canceló la sesión para el 14 de diciembre a las 18:00.

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Entonces ¿Es posible que el efecto Arauz arrastre la candidatura del empresario? «Si, puede llegar a la contienda electoral. Todo depende de que el CNE aperture los tiempos para primarias y Justicia Social convoque; y Noboa y su binomio acepten las candidaturas. De ahí vendría un proceso de impugnación que tomaría su tiempo en caso de existir. Todo depende del cronograma electoral e impresión de papeletas», explicó el abogado político, Xavier Aguilar a Radio La Calle.

Para el jurista es necesario evitar a toda costa la postergación de las elecciones por este asunto. «Los actos administrativos, conforme fue abierto el cronograma electoral si es susceptible de ser modificado mediante resolución. Las elecciones no creo que se puedan adelantar, granizando el derecho de participación de todos y pretexto de no estar resuelto el asunto de Noboa, podrían postergarse».

Dos procesos distintos

Las candidaturas de UNES y Justicia Social tienen diferentes ópticas. En el primer caso se realizó el proceso de primarias (con el cambio del vicepresidente al estar inhabilitado Rafael Correa), se calificó y aparecieron tres impugnaciones. En el segundo caso no se realizaron primarias con Noboa.

«No se realizaron primarias porque el Movimiento Justicia Social tenía un impedimento, es por ello que se deslegitimó la candidatura de Fabricio Correa y terminó desistiendo», advirtió el jurista.

El CNE no tiene buenas razones para la aprobación. No obstante, «esta instancia administrativa electoral tiene que acatar lo que dispone el TCE, que es la instancia que administra justicia electoral».

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“El Consejo Nacional Electoral ha adoptado las medidas necesarias para evitar cualquier vulneración a las candidaturas promovidas por esta organización política reactivando los procesos de calificación de candidaturas que quedaron pendiente, sin que eso signifique la automática inscripción de nuevas candidaturas presentadas o extender los plazos para aquellos procedimientos de inscripción que no fueron concluidos por responsabilidad de la propia organización política cuando no exista evidencia de ninguna limitación para ingresar en el sistema”, aclara el comunicado

En el informe, la cartera de Estado también señaló que se habilitarán los procesos electorales internos o la continuación de los procesos de inscripción de candidaturas solamente a las provincias. Esta posibilidad no está permitida en el caso de las candidaturas a Presidente, Vicepresidente de la República y Asambleístas Nacionales.

Negación de la candidatura

El 8 de noviembre, Álvaro Noboa anunció su candidatura a la presidencia del Ecuador. “Ecuatorianos, ciudadanos del mundo. Cumplo con anunciarles mi candidatura a la presidencia de la República del Ecuador”, manifestó a través de sus redes sociales. En consecuencia, el CNE le negó la candidatura al dejar sin efecto la resolución que permitía al movimiento político el cumplimiento de los procesos de democracia interna.

Sin embargo, Justicia Social impugnó esta decisión que evita la inscripción de la candidatura a Noboa. Esa causa todavía se encuentra en proceso y a la espera de la documentación de ambas partes antes de tomar una decisión.(GG)

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“Por fin serán los ecuatorianos los que gobiernen y velen por sus intereses. Por fin atacaremos la pobreza de frente y con orgullo. Finalmente acabaremos con todo tipo de corrupción. Por fin iniciaremos mi gran marcha por un nuevo Ecuador y por un nuevo mundo”, dijo Noboa en un video colgado en sus redes.

Aunque el empresario no indicó porque partido va a candidatizarse. Sin embargo, el director del extinto movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante, Wilson Sánchez dijo que será por Justicia Social, partido de Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, una de las implicadas en el Caso Sobornos.

Justicia Social recuperó su personería jurídica por decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que revocó las resoluciones del CNE que lo inhabilitaron.

Es la segunda vez que Noboa anuncia una precandidatura por redes sociales. La primera vez fue en julio pasado por el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), que hace poco se eliminó del Registro Electoral.

Candidaturas en el CNE

Hasta el momento, 14 candidaturas están calificadas en firme: Democracia Sí, Izquierda Democrática, Amigo, Ecuatoriano Unido, Alianza Honestidad, Sociedad Patriótica, Alianza CREO-PSC, Pachakutik, Avanza, Construye, Alianza PAIS, Suma, Unión Ecuatoriana, Fuerza Ecuador. Unión por la Esperanza (UNES), Podemos y Justicia Social están en periodo de calificación.

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Agradeció el “inmenso apoyo ciudadano y el apoyo a las directivas, los candidatos provinciales a quienes dejamos en libertad de continuar con sus campañas. Renunciamos irrevocablemente a nuestras candidaturas porque somos personas integras y no creemos que el fin justifique los medios.”, agregó. Correa indicó un supuesto golpe a la directiva del partido que busca inscribir candidaturas de la Revolución Ciudadana.

Razones

De acuerdo con una carta dirigida al país y el Consejo Nacional Electoral, Correa indica que “el viernes 18 de septiembre, nos encontramos que un nuevo director del movimiento ha obtenido en el CNE las claves para inscribir las candidaturas del mismo”.

La investigación, según Fabricio, arrojó que una parte de la dirigencia de Justicia Social vinculada a personas cuestionadas dio un golpe contra Manuel Castilla, director. Además, lo depuso del cargo para introducir en la lista candidatos ajenos a las primarias y hacer ganar a gente de la Revolución Ciudadana, explica la misiva.

Dudas de la directiva

Días atrás, Fabricio Correa indicó que Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, no tenía nada que ver con Justicia Social. Sin embargo, su actividad en redes sociales demuestra lo contrario. Salazar es uno de los fundadores del movimiento, Manuel Castilla, estaría relacionado con Salazar y Pamela Martínez.

Eliminación

El pasado 16 de septiembre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral eliminó a cuatro movimientos. Según los consejeros, no reunieron las suficientes firmas para mantenerse en el registro electoral.

Entre ellos está Justicia Social, Libertad es Pueblo, Fuerza Compromiso Social y Juntos Podemos

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Diana Atamaint aseguró que el procedimiento administrativo que inició el órgano electoral se efectuó frente a la recomendación de obligatorio cumplimiento de la Contraloría. «Dentro de dicho procedimiento se otorgó a las partes la posibilidad presentación y evacuación de las pruebas solicitadas».

Con esto, el CNE cumplió con la orden de la Contraloría General del Estado, que recomendó suspender a cinco organizaciones políticas. Además de FCS también constan como eliminados los partidos Justicia Social, Libertad es Pueblo y Juntos Podemos del escenario político ecuatoriano.

Asimismo, en esta misma sesión, el CNE también aprobó el Reglamento de Promoción Electoral, que norma las actuaciones y procedimientos en lo que respecta al financiamiento público de las campañas propagandísticas electorales, la autorización, contratación difusión y pago de la publicidad electoral.

Una vez en firme la resolución del Pleno, la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política y la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, iniciarán el proceso de depuración del registro permanente de movimientos y partidos.

Orden de Contraloría

La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CNE emitió informes para cada uno de los partidos políticos. En los documentos confirma los análisis hechos por la CGE para quitar la personaría jurídica a los movimientos. Según los informes, los partidos no cumplieron con el 1,5 % de firmas del Registro Electoral de las últimas elecciones.

Esthela Acero, consejera del CNE, mencionó que los partidos todavía pueden ejercer su derecho a la apelación, a pesar de haber votado a favor de su suspensión. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, aseguró que el Departamento de Comunicación del CNE cruzó las bases de datos emitidas por los organismos de control para comprobar las observaciones hechas por la Contraloría.

El contralor Pablo Celi buscó eliminar a Fuerza Compromiso Social y a los otros partidos desde junio de 2020. El 19 de junio la Contraloría emitió un informe en donde sugiere al CNE dejar sin efecto la inscripción de esos 4 movimientos. Al principio los consejeros del CNE exhortaron al Contralor que respete la autonomía de la Función Electoral. Sin embargo, tras una acción judicial que pedía la destitución de Atamaint, Acero y Cabrera, los consejeros del CNE decidieron hacer caso a lo solicitado a las disposiciones de Pablo Celi. (DR)

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De la misma manera, Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, también aceptó su precandidatura a la Presidencia de la República por este movimiento político: Lista 11.

Para el trámite, Correa llegó acompañado de su compañera de fórmula, Marcia Yazbeck; ellos arribaron en el bus de una flota interprovincial hasta la dirección de organizaciones políticas del CNE, en Quito.

Fabricio Correa aseguró que si llega a la Presidencia deslegitimará el Código Orgánico de la Salud. De la misma manera se refirió a la vicepresidenta María Alejandra Muñoz y le pidió que renuncie en caso de que el mandatario no vete esta normativa.

«Si el presidente no veta la última resolución de la Asamblea contra la vida, contra la precocidad sexual, usted renuncie, coherentemente, con su visión de la vida que yo he defendido y a ti (Lenín) Moreno, no pases el papelón de que en la Presidencia tumbe todo ese mamotreto si no lo vetas», añadió.

Justicia Social es uno de los cuatro movimientos que tienen un proceso administrativo pendiente en el CNE. Correa dijo que defiende el “juego limpio”.

Finalmente, Fabricio, hermano del expresidente Rafael Correa, se convirtió en el quinto precandidato presidencial en cumplir con esta formalidad en el CNE.

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“Tengo 10 días para pensarlo, hablar con mi familia. Yo vivo del día a día de mis empresas. Estamos esperando también que la gente se una y recién el 18 de septiembre podremos inscribir nuestra candidatura en el CNE y llamarnos candidatos”, dijo en un pronunciamiento en horas de la tarde.

La noticia causó varias reacciones en redes sociales. La principal llegó de su hermano, el expresidente Rafael Correa. “De ser cierto, pido disculpas desde ahora. Ustedes saben que no podemos ser responsables de nuestros hermanos. Me da vergüenza que empecemos a parecernos a las dinastías políticas que siempre he combatido”, escribió.

Al mayor de los Correa Delgado, los medios le preguntaron sobre las declaraciones de su hermano. Él se limitó a decir “mi mamá me ha pedido que no tope esos temas porque sufre mucho. Yo siempre le he hecho caso, mi ñaño no sé”.

La candidatura del progresismo

Rafael Correa aparece en la lista de Centro Democrático como precandidato a la Vicepresidencia de la República y como una opción en los asambleístas del exterior. Su hermana Pierina tiene una precandidatura para asambleísta nacional.

Andrés Arauz anunció que creará una Comisión de la Verdad para investigar quiénes son los responsables de las muertes durante el paro nacional de octubre de 2019, quién repartió los hospitales, quién ordenó destruir la Contraloría y quién organizó la detención y encarcelamiento del exvicepresidente Jorge Glas.

“No habrá perdón ni olvido, para quiénes destruyeron la patria”, con esta frase, oficialmente la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, presentó a su nuevo precandidato para la presidencia de la República: el economista Andrés Arauz. Así, según proclamaron, nació el llamado Binomio de la Esperanza, con Arauz como presidenciable y Correa como vicepresidenciable. 

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