Una táctica genocida que aún sigue impune

Desde Sudán hasta la República Democrática del Congo, los testimonios de mujeres, niñas, niños e incluso hombres víctimas de violación en zonas de conflicto estremecen: cuerpos usados como campos de batalla, embarazos forzados como estrategia de terror, comunidades devastadas por el trauma colectivo.

En Sudán, UNICEF ha confirmado al menos 221 niños violados solo en 2024, algunos con apenas un año de edad. En el Congo, se denuncian ejecuciones públicas tras violaciones grupales. ¿Y cuántas más no se reportan, por miedo, estigma o porque el agresor es el que aún tiene el fusil?

La impunidad no es una falla, es parte del sistema

La histórica Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU (2008) reconoció por primera vez que la violencia sexual en conflictos es un crimen de guerra. Pero 16 años después, ¿cuántos han sido juzgados? ¿Cuántas víctimas han accedido a justicia o reparación?

Las cifras dicen poco. El silencio y la impunidad, en cambio, lo gritan todo. La mayoría de agresores camina libre, y en muchos casos, sigue portando uniforme. La justicia llega tarde, o no llega.

Justicia, atención integral y liderazgo de sobrevivientes

Hoy, el mundo debe escuchar –y no solo homenajear– a las sobrevivientes. La ONU y la Unión Europea insisten en tres caminos:

• Justicia sin impunidad, con mecanismos efectivos nacionales e internacionales.
• Atención integral para sobrevivientes, sin revictimizaciones ni barreras.
• Liderazgo con voz propia, donde las víctimas construyan y no solo sean “casos”.

UNFPA alerta que la herida no cierra si no se accede a salud mental, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin eso, seguimos acumulando deuda con quienes más han sufrido.

Escuchar es un acto político. Reparar, una urgencia ética.

Desde una mirada progresista y feminista, este día no es para conmemorar con flores ni discursos huecos. Es para exigir acción:

• Que los Estados no sigan haciendo de la violencia sexual un tema de “cooperación internacional”, sino una prioridad política.
• Que los agresores no reciban amnistías disfrazadas de reconciliación.
• Que la memoria de quienes resistieron con su cuerpo no sea enterrada en archivos diplomáticos.

La violencia sexual no es cultural ni inevitable. Es una elección del poder. Y también puede ser derrotada con leyes justas, atención digna y, sobre todo, con voluntad política y humanidad.

En La Calle, creemos que sin justicia no hay paz. Y que recordar también es un acto de resistencia.

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Los jueces Lady Ávila Freire (ponente), Diana Fernández León y Xavier Barriga llegaron a esta conclusión tras revisar las actuaciones de Vera como jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en un caso relacionado con una queja presentada por Bryan Andrade Pérez, en calidad de procurador judicial de la compañía COMWARE S.A.

El abogado Washington Andrade, defensor de la jueza Nubia Vera, informó a La Calle que se está tratando de posicionar una idea equivocada sobre la situación, cuando el procedimiento establece otra cosa.

Cuatro puntos claves

Primero, Andrade explicó que la declaración de los jueces de la Sala podría constituir una falta grave, pero esto está sujeto a que se inicie un sumario administrativo, en el cual la jueza y su defensa tendrán la posibilidad de desmontar esos argumentos.

Segundo, señaló que el proceso en el que se dictó esta declaratoria es el mismo en el que, ante la Comisión de Justicia, Vera manifestó que este número de proceso fue uno de los que se activaron luego de que le fuera sorteada la causa el 11 de noviembre. Añadió que la notificación de la resolución del sorteo y la asignación del tribunal llegó a su despacho apenas 45 minutos antes de que emitiera su fallo oral el 23 de diciembre. Según el abogado, en ese corto tiempo, la jueza fue objeto de amenazas e intentos de amedrentamiento con la advertencia de que se activaría un sumario administrativo en su contra y su posible destitución.

Ese mismo día, la magistrada Vera, luego de su veredicto, denunció haber recibido presiones de Mario Godoy para que falle en contra de Verónica Abad. «Es evidente que, como Mario Godoy, en funciones prorrogadas, está ejerciendo su poder al respecto», manifestó Andrade.

Tercero, el abogado reiteró que presentarán su defensa y dejó en claro que no se trata de una destitución. «La Corte Provincial no puede destituir, lo que hace es emitir esta declaración para que se inicie un proceso», sostuvo, añadiendo que demostrarán la falsedad de los argumentos en su contra.

Cuarto, mencionó que la jueza Nubia Vera ha insistido en solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, resaltó que ya se han iniciado más de ocho acciones en su contra desde que tomó la decisión de fallar en el caso Abad.

El jurista agregó que, incluso, el día de ayer, jueves 13 de marzo, Nubia Vera fue impedida de acceder a su sistema informático.

Finalmente, Andrade fue enfático en que «esto no constituye una destitución» y criticó a los portales que han informado lo contrario, asegurando que «están incurriendo en falsedad».

IF

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Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 26 años de cárcel a 4 expolicías Erick Salinas, Mario Cevallos, Aurelio Chila y Marcos Villacrés, el rosto de Salinas quedó plasmado en una fotografía de diario El Universo llevando detenido a un hombre, cuyo rostro lo cubría su propia camiseta. El expolicía vestía de civil en el operativo y luego se supo que no pertenecía ya a las filas de la Policía Judicial.

Los desaparecidos

El hombre era Johnny Gómez, a quien su esposa reconoció en la fotografía del diario. Desde que recibió la llamada de su esposo diciendo: «mija, estoy en los patios de la P.J metido en un carro rojo, ven entra hasta el fondo. Me van a matar», la vida de Dolores Guerra se convirtió en un vía crucis buscando respuesta del paradero de su esposo, a quién no volvió a ver. Estudió derecho en ese proceso para entender los periplos del juicio en contra de los expolicías.

26 años es la máxima pena que da el Estado ecuatoriano por el delito de desaparición forzada. Los culpables deberán pagar a Guerra y su hijo USD 237.000 por los daños causados y pagar el tratamiento psicológico por 5 años. La misma multa se estableció para la madre y hermano de César Mata. En el carro rojo iban Gómez, Mata, Erwin Vivar y  Seydi Velez, única sobreviviente de este caso.

No es la primera vez que hay un proceso judicial por este caso, mientras la Policía mantenía la versión de inocencia para los exagentes, las inconsistencias reabrieron el caso en 2014. Allí el peritaje determinó los argumentos para determinar que lo sucedido el 19 de noviembre en la farmacia Fybeca no era un operativo sino una masacre cruel.

Los hechos

Durante los años 90, el poder de la Policía Nacional creció en Guayaquil ante el aumento de los casos de delincuencia en la ciudad, así lo explica la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Programas como “Más Seguridad” terminaron siendo tapadera de abusos, torturas y violaciones a los derechos humanos.

En ese contexto, la primera versión del caso habla de un intento de robo a la farmacia Fybeca de La Alborada, miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía, bajo el mando del mayor Eduardo René González Flores (que aún continúa prófugo) abrieron fuego contra los presuntos asaltantes.

Como resultado ocho personas murieron Carlos Germán Andrade Almeida, que fue a comprar pañales a la farmacia; el mensajero del establecimiento Guime Elisandro Córdova Encalada, José Vicente Cañar Reyes, Jasmany Alexánder Rosero López, Raúl Javier Salinas Chumacero, Miguel Ángel Quispe Portilla, Richard Gonzalo Tello Jácome, y Genry Germán Aguiar Vargas (presuntos delincuentes).

Los vacíos

Aparecieron las inconsistencias, el jefe de Criminalística indicó que los registros de balística revelaron que no hubo disparos de los supuestos asaltantes. Asimismo, un informe del Ministerio Fiscal Distrital de Guayas y Galápagos determinó que no hubo dicho enfrentamiento.

A eso se suma que las autopsias indican que por el lugar de los disparos, estos se realizaron de adelante hacia atrás o por la espalda. Según los testimonios que recoge la Comisión de la Verdad, Carlos Andrade suplicó que no lo maten que él era pastor evangélico. Al mensajero le dieron tres disparos estando en el suelo boca abajo, el de la nuca le produjo la muerte.

El caso se llamó las Dolores, por el nombre de las viudas de Andrade y Córdova, a las que se suma la viuda de Gómez. Erwin Vivar apareció en Venezuela en 2016, según su testimonio recibieron torturas y luego los arrojaron a un estero, donde les dispararon a él y a Gómez. Sin embargo, ni los restos de Gómez o Mata han sido encontrados. (MIB)

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La comunicadora expresó en redes que “esto recién empieza. Yo no soy de rendirme”. Criticó, además, el accionar de la jueza Sandra Yanchatipán, al declarar la reserva de la audiencia y no poder escuchar a su defensa ni el alegato de la negación de la acción de protección. Alondra seguirá fuera del Ecuador mientras se esclarezca su caso.

El pasado 24 de junio se emitió el comunicado, donde la cancillería acusaba a Santiago de cometer “actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado», motivo por el que revocaron su visa y dejó el país. Esta decisión del gobierno de Noboa, fue llegó luego de que la periodista cantó una performance del himno nacional que criticaba la inoperancia del presidente frente a la actual crisis de inseguridad. (J.S.O.)

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Quito, 09 jul (La Calle).- La justicia falló a favor del emblemático río de la capital y las 54 quebradas y riachuelos que se encuentran a lo largo del mismo. Y declaró responsable al Municipio de Quito de los derechos vulnerados. El Municipio presentó una apelación ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

«Este es un triunfo no solo para la ciudad de Quito y el Ecuador sino para el planeta Tierra. Este hecho histórico es un síntoma más de eventos que están pasando en el mundo. Ya se  han declarado sujetos de derechos a ríos en Argentina, India, Colombia, Nueva Zelanda y ahora en Ecuador. El cambio climático es una realidad; y soluciones chiquitas, como estas parciales locales, contribuyen juntas a solucionar un problema global», dijo Ramiro Ávila, miembro del equipo legal de las organizaciones denunciantes.

Como consecuencia del fallo se ordenó la creación de un plan de descontaminación que debe incluir medidas para reducir los niveles de contaminación, señalando la importancia de considerar soluciones alternativas y sustentables para el tratamiento de aguas. También se enfatizó la importancia de la colaboración entre la sociedad civil, los colectivos ciudadanos y el Municipio para lograr los resultados deseados.

Ávila también comentó que la principal discrepancia en el juicio fue que el Municipio de Quito sostiene que para limpiar el río se necesitan tres plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, actualmente solo existe la planta Quitumbe que limpia solamente el 2% del río y el 98% se mantiene completamente sucio.

¿Qué pasa con el río Machángara?

El pasado 28 de mayo el río Machángara, representado por el Pueblo Kitu Kara y 30 colectivos sociales, ambientalistas, científicos y académicos, presentaron una acción de protección ante el Juez Constitucional de Pichincha, con el objetivo de garantizar y recuperar sus derechos integralmente.

La demanda buscaba defender los 22km de este cuerpo de agua que traviesa la capital, presentando medidas de corto, mediano y largo plazo, en una hoja de ruta de al menos 15 años que busca afrontar la contaminación y restaurar los derechos ambientales que han sido vulnerados. Entre ellos están: los derechos de la naturaleza, el derecho del agua, del medio ambiente sano, al saneamiento y salud de la ciudad.

Contaminación peligrosa

Acorde a información proporcionada por la Global Alliance of Nature, el Río Machángara tiene un recorrido total de 22km, recibiendo solo 1% de aguas tratadas y un 99% de aguas residuales. Los contaminantes encontrados en el mismo incluyen aceites, grasas y 29 familias virales que afectan tanto a humanos como animales en la capital.

De forma alarmante, igualmente se encontró que la calidad del agua presenta solo un 2% de oxígeno, porcentaje que se encuentra muy debajo del mínimo necesario para el consumo animal y vegetal. Actualmente el río Machángara carga en sus aguas toneladas de basura, que se arrastran desde quebradas y alcantarillas. Esto también influye directamente en la pérdida de su identidad histórica, transformándolo en un símbolo de vergüenza  para la ciudad.

En el 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza, enfatizando los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas de vivir en un ambiente sano en su constitución. Como reconoció la jueza que dictó el fallo, los pueblos y ciudades desde el principio de la humanidad se han ubicado cerca de los ríos, porque estos son y dan vida.  Esta victoria legal es un precedente importante en la protección de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador y América Latina, creando conciencia que parte de la salud ambiental tiene que ver directamente con la salud del ecosistema, devolviendo el valor a los ríos que dan paso a la vida. (N.C.)

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Danna y su hermano saben quién es el femicida de su madre. César Narciso P. G., su expareja, habría cometido el delito. Habían salido unos pocos meses en 2020, pero nunca la dejó de perseguir. “Los vecinos lo vieron el viernes en la noche, afuera de la casa, gritando para que le abra la puerta. No lo vieron entrar, pero sí lo vieron salir el sábado en la mañana”, dijo Danna a diario El Universo.

Justicia indolente

Rosa Ramos había denunciado a su agresor tres veces por agresión física y violación. Vivió en una casa de acogida durante tres meses y se cambió de domicilio en cuatro ocasión. A pesar de todo, él hallaba la forma de encontrarla. El 22 de septiembre de 2023, el agresor fue detenido en flagrancia por violar a Rosa, sin embargo, la jueza Gladys Hernández, durante la audiencia de formulación de cargos, dictó medidas cautelares: uso de grillete y presentación periódica todos los miércoles. No cumplió con lo establecido y se abrió un proceso de revisión de las medidas cautelares.

En ese mismo caso, Rosa fue llamada a rendir nuevamente su versión en la cámara de gessell el 5 de enero. Para el 8 de enero se tiene prevista la audiencia preparatoria de juicio. También se ha convocado un plantón para exigir justicia en la Fiscalía Provincial del Guayas.

Mujeres en peligro

Un sistema de justicia desorganizado y negligente se llevó la vida de Rosa y mantiene a su presunto femicida libre, sin embargo también ha puesto en peligro la vida de más mujeres en el país. La abogada Ana Paula S. tiene tres procesos abiertos en contra de su expareja por violencia física, secuestro y agresión que avanzan de forma lenta. A eso se suma que el agresor aún intenta contactarla. «Mientras, mi vida sigue en riesgo. El 24 de diciembre, a través de terceras personas me trató de contactar nuevamente. Sé que sigo en peligro», escribió en su cuenta de X.

A pesar de las pruebas que tiene Ana Paula para demostrar la conducta peligrosa de su agresor, los jueces todavía titubean la pertinencia de llamarlo a juicio. «¿Qué más debe pasarme para que la justicia me proteja? No pido ningún favor solo pido que se actúe conforme a derecho y que lo hagan ya, no después de nueve años como Nina Gualinga o después de muerta como Rosa Ramos», expresó la abogada.

Por otro lado, la activista amazónica, Nina Gualinga denunció violencia psicológica en contra de su expareja en 2015 y una segunda vez en 2020, sin embargo, la audiencia de formulación de cargos todavía sigue en veremos, ya que se ha diferido para el 14 de febrero. La activista sufrió manipulación por parte de su agresor que, además le apuntó con una escopeta en una ocasión. Teme por su vida y la de su hijo. «Una noche me miré al espejo. Vi a una chica tan flaquita, tan pálida. Y me pregunté quién es ella. Porque ya no soy yo. (…) En ese momento pensé, tengo 25 años ya me ha amenazado con una escopeta, a los 30 ya no sé si esté viva”, expresó en una rueda de prensa.

(MIB)

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Con la petición del periodista Cristian Zurita de que se exhumen los restos de Norero para comprobar si se trata de él, empiezan a aparecer las dudas sobre su muerte. Según diario La Hora, fuente judiciales expresaron que se pidió un examen de ADN de Norero cuando fue asesinado, pero que no sucedió.

Después de su deceso, al cuerpo de Norero, alias ‘el Patrón’, lo trasladaron a la morgue de Ambato y posteriormente a Guayaquil. La familia informó que reconocieron el cuerpo debido a los tatuajes ya que Norero lo degollaron y balearon. Se solicitó desde la función judicial las huellas digitales, pero nunca se entregaron.

Primer acto

El tráfico de estupefacientes y la manutención de células delictivas no eran una actividad exclusiva de Norero en territorio ecuatoriano, también llevó sus negocios al Perú. En mayo de 2014, la policía antinarcóticos del aeropuerto Jorge Chávez de Lima detuvo a dos ecuatorianos que pretendían viajar a República Dominicana. Ambos jóvenes acusaron a Norero de ofrecerles USD 4.000 para ser ‘mulas’. Habían ingerido un kilo de cocaína envuelta en látex, práctica común para transportar droga en seres humanos.

Cuando encontraron a Norero, un juez pidió prisión preventiva, pero ‘el Patrón’ se fugó. En 2019 fue herido en Guayaquil y las autoridades peruanas pidieron su extradición. Volvió a evadirse fingiendo su muerte.

Según el diario El Universo, la documentación falsa que confirmaba la muerte de Norero se tramitó en Farrañafe, una pequeña localidad de Lambayeque, a 784 kilómetros al norte de Lima, Perú. En el acta de defunción, el narcotraficante había muerto por covid-19 en una vivienda de El Paltar. Por este delito estuvo relacionado el peruano Darwin Soto Martens, que declaró el uso de sus documentos al robárselos.

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Las cinco personas fueron detenidas la tarde de ayer, 15 de noviembre tras 31 allanamientos en Cotopaxi y Pichincha ejecutados por la Fiscalía. La Fiscalía de Pujilí y el Complejo Judicial de Cotopaxi fueron intervenidos.

Las autoridades investigan a funcionarios de su misma institución y a servidores del Consejo de la Judicatura (CJ) en los mencionados cantón y provincia, respectivamente.

El impulso fiscal sostiene que los servidores públicos habrían ejercido influencia en otros funcionarios para obtener un beneficio económico, con el objetivo de favorecer a terceros en procesos judiciales y de contratación de personal.

Ante la situación, por voto unánime en sesión extraordinaria, el Pleno del CJ decidió remover del cargo a su directora en la provincia de Cotopaxi, la noche de 14 de noviembre.

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La activista y defensora de derechos humanos busca demandar al Estado ecuatoriano por las irregularidades en el caso de su esposo, quien está preso desde el 16 de mayo de 2021, más de dos años.

Asimismo, exigirá sanciones para las autoridades que no han seguido el debido proceso, como la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y los jueces que detuvieron y sentenciaron a Carrión.

«Sigo luchando por la inocencia de mi esposo. Nos hemos enfrentado al lado más cruel, inhumano e injusto del poder estatal. En Ecuador no existe justicia, por eso quiero llevar el caso a nivel internacional. Quiero pedirles a ustedes su apoyo económico para continuar con nuestra lucha», dijo en un video en redes sociales.

Schettini señala que el proceso judicial que enfrenta ha mermado sus recursos económicos. De igual modo, precisa que la persecución por parte de Fiscalía la ha dejado sin trabajo y cerró toda posibilidad laboral.

En la página www.libertadparafreddycarrion.com/donaciones.html puede conocer los datos bancarios y demás detalles para contribuir a esta causa.

Caso Carrión

El exdefensor del Pueblo fue una autoridad incómoda para el régimen del Lenín Moreno. En el paro nacional de Octubre de 2019, Carrión acusó al expresidente de crímenes de lesa humanidad y solicitó a la Fiscalía que impida su salida del país.

Sin embargo, los llamados fueron ignorados por la fiscal general Diana Salazar. Ya en 2021, fue acusado del presunto delito de abuso sexual durante una reunión con el exministro de Salud, Mauro Falconí.

El exdefensor fue condenado a tres años de prisión por ese presunto delito. Sin embargo, Radio La Calle tuvo acceso a un documento de Fiscalía que confirmaba que el ADN de Carrión no se encontró ni en la ropa ni cuerpo de la víctima.

Desde entonces, su familia y el colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) han denunciado las irregularidades en el caso. El último episodio ocurrió el 6 de junio cuando un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la sexta petición de hábeas corpus a favor de Carrión.

La defensa de Carrión alegó que su cliente cumplió más del 70 % de la sentencia. Además, detalló que lleva cerca de 25 meses bajo la modalidad de prisión preventiva, cuando la ley estipula un máximo de seis meses.

Schettini señaló que el tribunal no le permitió presentar las pruebas que ratificarían la inocencia de Carrión y no revisaron todo su expediente.

Amenazas de muerte

La lucha de la familia Carrión le ha valido desde intimidaciones hasta amenazas de muerte. Por tal motivo, la Fiscalía ingresó a su esposa y tres hijos al programa de protección de testigos en 2022.

No obstante, los retiró el 19 de mayo de 2023 tras las denuncias de Schettini por el ilegal proceso contra su marido y los presuntos plagios de Salazar en documentos académicos, impulsados por AJP. Actualmente, el linchamiento digital y ataques contra Schettini continúan.

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Según un reportaje de Primicias, ‘Bemba’ fue detenido por un enfrentamiento armado entre policías y delincuentes tras un asalto a la agencia de la Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los Ríos (Emelgur), en Samborondón, en mayo de 2006.

Una niña de tres años resultó herida por un proyectil y murió durante el incidente. Las autoridades sometieron a Castro y dos sujetos más.

El 20 de mayo de 2006, ‘Bemba’ fue sentenciado a 20 años de prisión, pero en febrero de 2013 escapó de la cárcel de La Roca, en Guayaquil. Sin embargo, en septiembre del mismo año, fue localizado y recapturado en Colombia.

El historial delictivo de ‘Bemba’ va desde asesinato, pasando por robo y asociación ilícita. Según el portal web del Consejo de la Judicatura, el criminal tiene 17 procesos en su contra.

Su relación con ‘Rasquiña’

Cuando ‘Bemba’ se fugó en 2013 de La Roca, lo hizo junto a 18 presos más, entre ellos ‘Rasquiña’, quien fue asesinado en diciembre de 2020 en un centro comercial de Manta, en Manabí.

Sin embargo, su relación va mucho más atrás. En enero de 2012, ‘Bemba’, ‘Rasquiña’ y Adolfo Macías, alias ‘Fito’ (actual líder de «Los Choneros») estuvieron involucrados en el crimen de un prisionero ocurrido en La Roca, recoge el medio. Allí ‘Bemba’ fue condenado a ocho años de cárcel como cómplice de asesinato.

Peeero... el juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, Diego Poma Chamba extinguió la pena en noviembre de 2021. 

El 19 de enero de 2022, el magistrado le concedió a ‘Bemba’ el régimen semiabierto hasta el 21 de enero de 2027 si: se presentaba periódicamente a la unidad de reinserción social más cercana; realiza actividades de reinserción laboral, social y comunitaria; usa grillete electrónico; y se le prohíbe salir del país.

Según el juez Poma, ‘Bemba’ logró el 78,25 % de la pena por 20 años de prisión, se portó bien y no tuvo fallas disciplinarias. Asimismo, presentó el certificado de reclusión en el pabellón de mínima seguridad, por lo que obtuvo su prelibertad.

El mismo juez que concedió la prelibertad a Eddy Castro Cabello, alias 'Bemba', extinguió las penas de Adolfo Macías, alias 'Fito'.

‘Fito’, con «un pie fuera» de la cárcel

El actual líder de «Los Choneros» logró que se cayeran cuatro procesos en sus contra por robo, delincuencia organizada y porte de armas; lo que le permite acceder a la unificación de penas… a centímetros de la prelibertad.

La Función Judicial es fuertemente criticada por este tipo de acciones en que libera a delincuentes y cabecillas de bandas criminales muy peligrosos.

En febrero de 2013, salió de la prisión Junior Roldán, alias ‘JR’, cabecilla de «Los Choneros», pero luego de un atentado en marzo de 2023 desapareció de los radares y se lo considera prófugo de la justicia.

Otros líderes y cabecillas liberados o en prelibertad son: Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’; Ángel Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, cabecilla de «Los Lobos»; William Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willie’, cabecilla de «Los Tiguerones»; Antonio Camacho, alias ‘Ben 10’, líder de «Los Chone Killers»; Terry Camacho, alias ‘Trompudo Israel’, cabecilla de «Los Chone Killers»; Álex Alcívar Bautista, alias ‘Ronco’, cabecilla de «Los Tiguerones».

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El expresidente de Estados Unidos comparece ante el Tribunal Criminal de Manhattan, Nueva York, para responder por los cargos relacionados con el pago a una ex actriz pornográfica que son considerados ilegales por la fiscalía.

Trump, de 76 años, se convirtió así en el primer expresidente de EE.UU. en enfrentar cargos penales.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha estado investigando un pago de US$130.000 realizado por el exabogado de Trump, Michael Cohen, a la actriz Stormy Daniels. El dinero fue entregado a cambio de su silencio sobre una supuesta relación extramarital.

El caso es rechazado por el exmandatario, quien considera que está motivado políticamente y es parte de una «cacería de brujas» en su contra para coartar sus aspiraciones presidenciales en la elección de 2024.

El caso de Trump, que ya fue objeto de dos intentos de destitución por el Congreso estadounidense como presidente (2017-2021), se juega también en los medios de comunicación. 

Decenas de periodistas de todo el mundo pasaron la fría noche en vela para asegurarse un lugar en la sala donde conocer al mismo tiempo que Trump los cargos que le imputa la fiscalía de Manhattan. 

A diferencia de otros estados, donde las cámaras de televisión están permitidas en las salas de audiencia, el juez Merchán no hizo una excepción en esta ocasión. Solo permitirá a los fotógrafos plasmar este momento histórico durante unos minutos antes de que se inicie la audiencia.

El tribunal donde este martes debe comparecer Donald Trump amaneció rodeado de una enorme expectación, con cientos de medios de comunicación apostados en sus inmediaciones para tratar de captar alguna imagen del primer expresidente imputado en la historia del país. Hay un gran operativo policial, con unos 35.000 agentes de Policía apostados en el lugar.

Pequeños grupos de manifestantes partidarios o adversarios de Trump también se encontraban en las inmediaciones, tras responder a sendos llamamientos de hacerse presentes en la plaza Collect Park, aledaña a los tribunales.  

La Policía había separado a los dos grupos con un vallado que los mantenía a dos metros de distancia unos de otros, y a través del vallado se iban increpando -«Es el mejor presidente» o «¡Que lo encierren!»- pero todo ello en una atmósfera civilizada y sin el menor atisbo de agresividad o violencia. El sur de Manhattan, donde se halla el tribunal, está prácticamente paralizado por las manifestaciones y la vigilancia de las fuerzas de seguridad.

Redacción: BBC Mundo / DW Español

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Dos sujetos más fueron condenados. Jefferson M., que por cooperación eficaz fue sentenciado a cinco años y 11 meses, y José M. a una pena de ocho años y 11 meses en calidad de cómplice.

La Fiscalía General del Estado (FGE) demostró que los implicados planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior muerte de ‘Don Naza’, líder de la captadora ilegal de dinero Big Money.

Según las autoridades, los procesados secuestraron a la víctima con el fin de obtener una alta suma de dinero a cambio de su liberación. De acuerdo al comunicado de prensa, los involucrados tendrían algún tipo de nexo con la banda narcocriminal «Los Lobos».

Así fue el secuestro

Miguel Ángel N. viajó el 12 de abril de 2022 a Latacunga con cuatro personas más. Sus secuestradores tenían pensando capturarlo en esa ciudad, pero la concurrencia de la gente impidió que el delito se consume.

En el viaje de regreso, ‘Don Naza’ y sus acompañantes se hospedaron en un hotel. Dos de sus captores se alojaron en el mismo lugar. Desde allí enviaban información al resto del grupo criminal que pasó la noche en un hotel cercano.

Ya el 13 de abril, ‘Don Naza’ y compañía retornaron a Quito. Sin embargo, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector El Troje, fueron interceptados por otro vehículo. Hombres encapuchados descendieron y forcejearon con ‘Don Naza’.

Producto del incidente, ‘Don Naza’ recibió un disparo en su pierna izquierda. Con el blanco herido, los antisociales pudieron secuestrarlo y llevarlo a un auto gris, con vidrios polarizados y sin placas.

En el lugar hubo testigos que alertaron al ECU 911 sobre el secuestro.

Muerte

La víctima fue trasladada a una casa de seguridad en el sector de Cutluglagua. De acuerdo a informes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, le pertenecía a la organización delictiva conocida como “Los Lobos”.

En ese lugar, ‘Don Naza’ murió a causa de una hemorragia aguda por falta de atención médica. Finalmente, sus verdugos arrojaron el cadáver la mañana del 14 de abril, en un camino de tercer orden, en la parroquia de Amaguaña, al suroriente de Quito.

El agente fiscal del caso probó a través de audios y videos de las cámaras de seguridad de diferentes sitios cómo fue secuestrado Miguel Ángel N. Asimismo, existen grabaciones de los todos los involucrados que se hospedaron en los hoteles.

Otra de las pruebas fue el teléfono celular de uno de los secuestradores, que mantenía conversaciones con su pareja sentimental sobre cada detalle del acto delictivo.

Reparación integral

El Tribunal de Garantías Penales dispuso el pago de una reparación integral de USD 20 mil a favor de la familia de ‘Don Naza’. Los dos autores directos deberán cancelar USD 8 mil y el cómplice USD 4 mil.

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Según diario El Universo, el mayor Carlos F. y el policía Álex P. detenidos la tarde del 29 de octubre en Ataranza (norte de Guayaquil), seguirán en sus cargos hasta que la investigación por Fiscalía determine su cargo de culpabilidad.

El coronel Fabary Montalvo, subcomandante de la Zona 8, también mencionó que el mayor Carlos F. tomó vacaciones desde el lunes 31 de octubre. Un día después de presentarse a trabajar el domingo con total normalidad, luego de que la jueza del caso, Gabriela Macías, dictó medidas alternativas contra los involucrados.

El último policía involucrado, Steven Andrés F. es, hasta ahora, el único con prisión preventiva. Andrés F. conducía el vehículo rojo en el que iba la droga, por lo cual su vinculación con el delito es directa. Aunque existen videos de seguridad que involucran a los dos policías restantes, la jueza del caso solo dispuso la detención para uno.

Fiscalía y el ministro del Interior, Juan Zapata, se pronunciaron frente a la decisión del caso. “Lastimosamente solo dictan prisión para uno de ellos, y a través de dirección de Antinarcóticos, vamos a apelar esa decisión”, dijo Zapata.

Recorrido de la detención

El 29 de octubre detuvieron a un oficial mayor de la Policía Nacional (Carlos F.), dos miembros de tropa (Álex P. y Andrés F.) y un individuo de nacionalidad colombiana (Carlos Humberto C.).

El motivo fue el presunto tráfico de 221 paquetes de cocaína, por unidades con jurisdicción en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. El informe del suceso también detalla la presencia de un arma de fuego, una ametralladora con 11 cartuchos, dos teléfonos y prendas de uso policial.

Mayor condecorado, ahora acusado

El mayor Carlos Alfonso Fuel Almeida lleva casi 20 años dentro de las filas de la Policía Nacional. En la actualidad es jefe del circuito de Ataranza y jefe encargado del distrito Modelo. En 2019, la Gobernación de la provincia de Cotopaxi lo condecoró por su combate a la corrupción. (J.P.C)

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La inseguridad en La Maná se volvió incontrolable y los habitantes del lugar colocaron letreros en los que indicaron a extorsionadores y ladrones que serán linchados. “¡Alerta! Extorsionador o ladrón no entregamos a la Policía serán linchados. La Mana unida”, detalla el letrero.

Aumento de la inseguridad en el Ecuador

En lo que va del 2022, más zonas urbanas y rurales del país aparecen en el mapeo de víctimas de robos o extorsiones. Las ‘vacunas’ como ahora se conoce a las extorsiones a cambio de seguridad amedrentan a emprendedores, dueños de negociones, padres de familia y planteles educativos.

El fiscal multicompetente del Guayas, César Peña, informó para el diario El Comercio que el cobro de vacunas va en aumento y se han esparcido por varias regiones del Ecuador. Pese a que el Gobierno tomó la decisión de militarizar las calles no ha logrado controlar los niveles de inseguridad en el país.

La Policía investiga a 20 bandas vinculadas al microtráfico, sicariato, contrabando y extorsiones en el país. La lista está encabezada por los Choneros, Lobos, Lagartos, Tiguerones y Choner Killers. En la última semana, los gendarmes desarticularon tres bandas que pedían dinero a presidentes de las cooperativas de taxis, transporte pesado y buses en Esmeraldas, Pichincha, Lago Agrio y Guayaquil. Según las autoridades gubernamentales, el incremento de inseguridad y violencia se debe a la disputa por tráfico de drogas. (N.J.C)

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La presidenta de la mesa, Ana Cecilia Herrera (UNES), la vicepresidenta Yeseña Guamaní (ID), Mireya Pazmiño (PK), Marjorie Chávez (PSC) y Amada Ortiz (IND) deben garantizar el cumplimiento de la verdad de los hechos frente al asesinato de la abogada en apego a la onstitución.   

La asambleísta Mireya Pazmiño manifestó su inconformidad con la participación del mandatario Guillermo Lasso en cuanto a seguridad ciudadana y a los avances de la investigación en el femicidio de María Belén Bernal.

“Pediré qué comparezca el presidente de la República como el principal responsable de la seguridad ciudadana y a quien pone como autoridades, veremos que tiene que decir (…) se ve que él está protegiendo la incompetencia y esta impunidad como un delito y se puede considerar como un delito de Estado. Esperemos que dé la cara”, se pronunció.

Se esperan buenos resultados de la conformación de la mesa. La comisión tendrá 30 días de plazo para dar una respuesta. (A.M.B)     

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Familiares y amigos de Silvia convocaron a una marcha para exigir justicia ante su muerte el 21 de septiembre en las calles 10 de agosto entre Rocafuerte y Pedro frente a la antigua reina de camino.

 “Se conoce que en el 86 % de los casos, los feminicidas tenían un vínculo sentimental con la víctima y en el 14 % no tenían ninguna relación con ellas (…) En el primer semestre del 2022 se registraron 53 muertes de mujeres, existe un aumento de feminicidios en comparación al 2021”, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA).

Miembros de la Policía Nacional encontraron que el cuerpo presentaba rastros de violencia. El victimario habría golpeado a su pareja en repetidas ocasiones y posteriormente la estranguló.

El sujeto habría estado alcoholizado al momento de asesinarla y tenía indicios de sangre en su vestimenta, según Radio Limón. Finalmente, el cónyuge fue detenido por la Policía para las investigaciones correspondientes, pues enfrenta cargos por el asesinato de su esposa. (A.M.B)     

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Familiares, amigos, conocidos y gente que deseaba apoyar a Bernal se concentraron para exigir justicia y verdad en las investigaciones por la desaparición de la abogada.

Sobre el plantón

Primero llegaron los familiares y amigas de María Belén. En el transcurso del tiempo, se sumó más gente con consignas, letreros y fotos donde expresaban y exigían respuestas, información y sobre todo agilidad en las investigaciones del caso.

Los familiares de la abogada, al encontrarse consternados, prefirieron no dar declaraciones de algunos indicios, pistas o información que las fuentes oficiales entregaron sobre el caso.

Al iniciar la protesta con cánticos y gritos a las afueras de la Fiscalía, los miembros de la Policía Nacional cerraron las puertas de la Institución. Los protestantes, cuando observaron este acto se tomaron la avenida 9 de Octubre cerrando el paso vehicular.

Sobre la desaparición

María Belén Bernal, según las primeras pesquisas, desapareció el 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía Nacional.

Según Fiscalía, el martes 13 de septiembre se envió la alerta por desaparición de la ciudadana de 34 años.

Según el ministro del Interior, Patricio Carillo, las investigaciones del caso siguen en curso. En la Escuela Superior se detuvieron las actividades para realizar rastreos en los alrededores. También se tomaron versiones a 35 alumnos, de los cuales 16 hablaron.

Por su parte, la Fiscalía ha realizado sobrevuelos y verificaciones en la Escuela y quebradas aledañas. (J.P)

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La madrugada de este viernes 5 de agosto, Juan Manuel Sislema murió tras 49 días de luchar por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de haber recibido impactos de perdigones en su cabeza.

Juan Manuel junto a su hermano, Luis Armando Sislema fueron gravemente heridos mientras manifestaban cerca de la Gobernación de Riobamba, el pasado 17 de junio, durante el quinto día de paro nacional.

Ambos oriundos de la provincia de Chimborazo fueron trasladados al Hospital Docente de Riobamba.

Sin embargo, no ingresaron juntos, debido a que los hermanos no se encontraban juntos en el momento de la represión.

Juan Manuel de 36 años fue el primer ingresado a la UCI, por un trauma craneoencefálico que le ocasionó hemorragias internas en su cuerpo y cerebro.

Minutos más tarde, su hermano Luis de 29 años, también fue herido e ingresado por un trauma penetrante en el tórax, cráneo y abdomen.

El hoy fallecido entró en coma y su estado era crítico.

Mientras que, Luis Armando sigue con vida, pero sin poder movilizar la mitad de su cuerpo.

Entre llantos y gritos, los familiares esperaban recibir el cuerpo y pidieron a las autoridades ayuda para los dos niños de 10 y 6 años que perdieron a su padre.

«El Estado ecuatoriano tiene reparar, no más impunidad. Eso es lo que exigimos y alzamos la voz».

Pedidos de justicia para los hermanos Sislema

Ante lo ocurrido, varias organizaciones sociales se solidarizaron con la familia y exigieron justicia por los hermanos Sislema.

La Conaie exigió justicia para las 7 víctimas mortales que dejó la represión policial.

«Una vida más de la brutal represión de la fuerza pública en el paro nacional. Exigimos verdad y justicia para los hermanos Sislema y para todas las víctimas entre heridos, mutilados y fallecido por la represión policial y militar«.

Así también, el líder indígena, Leonidas Iza se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

«Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Juan Manuel Sislema, otra víctima mortal de la brutal represión de junio 2022. Por todos los luchadores sociales y los crímenes de Estado exigimos verdad y justicia. Paz en su tumba».

Por su parte, el presidente de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo, Fernando Huamán hizo un pedido a la Fiscalía para que de con los responsables de todos los muertos en las movilizaciones de junio.

«Ahí está la obra de este Gobierno corrupto, asesino. El pueblo ecuatoriano y de Chimborazo simplemente se ha levantado a reclamar por una vida justa y el Gobierno Nacional nos ha respondido con balas, muerte, cárcel y persecución».

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«Pudimos identificar toda esta campaña de desprestigio que habían hecho en contra de Raúl González, a través de redes sociales, que ‘tiene impedimentos’, que ‘es correísta’, que ‘tiene contratos en ejecución con el Estado”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Friend recalcó que esta medida cautelar era una posibilidad porque no quieren que Raúl se posesione ante la Asamblea.

«¿Cómo puede ser posible que quieran trasladar la responsabilidad a Raúl González? por una inobservancia del operador político del gobierno que fue el encargado de revisar los requisitos de los postulantes de la terna que envió el Presidente de la República», cuestionó el abogado.

Además, aseveró que se está utilizando la justicia constitucional para resolver desde el punto de vista jurídico lo que no se ha podido resolver desde el punto de vista político.

«Raúl González no tiene ningún tipo de impedimento para ejercer el cargo. Se respetó el debido proceso dentro de la designación para la Superintendencia de Bancos. El Presidente de la República lo puso en la terna», sostuvo Friend.

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«El Tribunal Tercero de la Sala especializada de la Familia Niñez y Adolescencia de Pichincha, por decisión unánime, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la abogada Guadalupe Llori Abarca», dice parte de la sentencia.

Así mismo, los jueces dejaron en firme la decisión tomada el pasado 16 de mayo por la jueza Raquel Herrera de que no existió vulneración de derechos constitucionales en la destitución de Llori. «No se declara abuso del derecho constitucional y deslealtad de las partes intervinientes, incluyendo sus abogados en la acción de protección».

El pasado 31 de mayo, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 81 votos positivos, decidió acoger la recomendación del informe de la Comisión Ad hoc que recomendaba la destitución de Guadalupe Llori. Las conclusiones indicaron que existió un incumplimiento de funciones por parte de la legisladora.

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