«La Asamblea determinó que las Fuerzas Armadas no podían complementar el trabajo de la Policía Nacional de manera permanente, entonces le han puesto un límite de tiempo. Máximo 180 días con una prórroga de 30 días. Nosotros (en el gobierno de Lasso) propusimos que el acompañamiento sea permanente debido al carácter permanente de la delincuencia», dijo en una entrevista con Teleamazonas.

Agregó que «nadie está apoyando que la Fuerza Pública se exceda en el uso de la Fuerza, pero la Justicia tiene que activarse en esos momentos. Considero que es importante esta propuesta para fortalecer la Fuerza Pública, es necesario para apoyar al Gobierno en la lucha contra la delincuencia».

Un segundo round

Sichel saltó a la opinión pública en la Consulta Popular de febrero de 2023, donde abogó por el Sí, al ser parte del gabinete de Lasso. No obstante, unos días después de que el No se llevara la victoria en la Consulta, renunció a su cargo, al igual que otros funcionarios como el exministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

En febrero del 2023, la Consulta Popular de Lasso tuvo un rechaza del 50% en sus preguntas:

• La pregunta 1, el No obtuvo el 51.54% de los votos.
• La pregunta 2, el No obtuvo un 56,71% de votos.
• La pregunta 3, el No registró un 53,07% de votos.
• La pregunta 4, el No obtuvo el 54,55% de votos.
• La pregunta 5, el No contabilizó el 57,63% de votos.
• La pregunta 6, el No obtuvo el 57,87% de votos.
• La pregunta 7, el No obtuvo el 55,41% de votos.
• La pregunta 8, el No obtuvo el 55,96% de los votos.

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»Todos sabemos que las consultas tienen limitantes, no se puede preguntar cualquier cosa; pero con esto, se nos burlan en la cara. Esperemos que la Corte decida como corresponde», publicó Sichel en su cuenta de X.

A su criterio, las preguntas de la Consulta Popular muestran »irresponsabilidad y profundo desconocimiento» de los parámetros que ha fijado la Corte Constitucional (CC). »Se nos llamará a las urnas para aprobar que el Presidente mande proyectos de ley –algo que puede hacer sin consulta», resaltó.

Durante su tiempo en el sector público se convirtió en la vocera principal de la campaña a favor del “Sí” en el referéndum, promovida por el expresidente Lasso, en febrero del 2023.

Para cumplir con este propósito, Sichel recorrió distintos puntos del país para grabarse a sí misma para detallar los beneficios de la propuesta gubernamental que fue rechazada por los ecuatorianos. Tras reportar apenas USD 650 en viáticos, presentó su renuncia a su cargo de subsecretaria.

Otra a la lista

«Esta consulta popular, en la práctica, es una llamado tibio y podría parecer poco trascendente», dijo el exministro de Gobierno, Henry Cucalón en entrevista a Teleamazonas.

El exfuncionario manifestó que las preguntas de esta convocatoria de referéndum no guardan relación con la importancia y con los requerimientos que los ciudadanos demandan.

Agregó que la iniciativa del Gobierno es débil porque no existen cambios directores a la Constitución. Resaltó que las propuestas sirven para modificar normativas legales de inferior jerarquía y tampoco existe aplicación directa normativa.

Durante su rol de asambleísta del PSC apoyó firmemente a la Consulta Popular impulsada por el expresidente Lenín Moreno. En aquel momento sostuvo que este llamado estaría ligada »a cambiar las deformidades» que dejó el gobierno de Rafael Correa. (AGM).

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La audiencia de acceso a la información pública se realizó hoy a las 15h30 en el Complejo Judicial Norte. Los actores ofendidos que presentaron la acción constitucional son Angélica Porras Velasco y Nelly Schettini Castillo.

Las ciudadanas ya habían conseguido que se citara a Karen Sichel, en condición de Subsecretaria de Asuntos Regulatorios, y a Fabián Pozo, en condición de Secretario Jurídico de la Presidencia, con el fin de entregar testimonios y sustentos.

Sin embargo, Schettini y Velasco, apoyadas en la organización Acción Jurídica Popular, anunciaron en redes que ganaron la acción constitucional. Es decir, el Juez otorgó el recurso de acceso de información.

Se veía venir

El 15 de marzo, el juez Byron Vallejo admitió la legalidad de la acción de acceso a la información pública. Además, dispuso que se realice la audiencia del 22 de marzo y se exponga pruebas y documentos.

Sichel y los USD 650

El 27 de febrero, se pudo conocer que la exvocera del referéndum del Gobierno, Karen Sichel, solo reportó USD 650 en viáticos.

El monto se calcularía desde que Sichel se popularizó en redes sociales promoviendo el «SÍ» hasta el 19 de febrero, día de su renuncia al cargo como subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia, según el portal web de la Institución. (B.T. R.)

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Esta información fue emitada ante la solicitud de información que realizó la asambleísta Dina Farinango (PK) para obtener datos sobre:

• Viáticos, recursos, personal, y planes de sociabilización de la consulta popular 2023;
• cronogramas de sociabilización de la consulta popular 2023, durante los años 2022 y 2023;
• recursos asignados para promover en redes sociales la consulta popular 2023 de manera detallada por red social;
• métricas, alcance, y demás aspectos de alcance sobre redes sociales manejadas por funcionarios públicos durante el años 2022 y 2023.

Desaparecieron misteriosamente…

Presidencia enfatizó que no se utilizó ni un solo centavo para la promoción del «SÍ» y desconoce haber utilizado redes sociales para su difusión. Sin embargo, en los tiempos de la campaña, se creó una cuenta en Instagram, Facebook y Tik Tok que apoyaron el referéndum, llamada Consulta Ciudadana Ec.

Desde el 8 noviembre de 2022 hasta el 5 de febrero de 2023, la página de Facebook reportó un gasto de USD 200 mil en pauta. No obstante, las cuantas de Facebook e Instagram fueron cerradas.

Más pedidos de información

La Secretaría Jurídica de la Presidencia aún no ha entregado la información que solicitó Acción Jurídica Popular sobre los gastos de Sichel.

Ante esta negativa, el organismo pidió nuevamente la información a la Secretaría de la Presidencia y a su Subsecretaría de Asuntos Regulatorios documentos sobre:

• viáticos, remuneración y licencia en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2022 y enero de 2023 de Sichel;
• financiamiento de la página Consulta Ec para la campaña del SÍ y viajes de la exfuncionaria; y,
• si hubo una delegación oficial para que Sichel se convierta en la vocera oficial de la consulta.

Además, el 10 de febrero solicitaron información al Consejo Nacional Electoral (CNE) para conocer los spots y piezas publicitarias para la campaña del SÍ, cuánto y quiénes fueron las organizaciones que patrocinaron la publicidad. Hasta la fecha esos documentos no han sido entregados.

Inconsistencias en los viáticos de Sichel

Radio La Calle reveló que Karen Sichel solo reportó USD 650 en viáticos desde que se popularizó en redes sociales promoviendo el «SÍ» hasta el 19 de febrero, día de su renuncia al cargo como subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia, según el portal web de la Institución.

Sin embargo, existen varias inconsistencias en sus registros: el gasto en las facturas supera el reportado en el general de la sección Transparencia, en algunos informes falta el monto destinado a alimentación y movilización terrestre, y posiblemente haya viajes que fueron omitidos en los documentos (¿Por qué?).

Según su cuenta de Instagram, Sichel estuvo en Loja, Cuenca, Milagro e Imbabura, viajes que no se detallan en los presupuestos de la Presidencia. No hay gastos de los pasajes de avión, hospedaje, alimentación o movilización terrestre. (N.J.C)

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Sin embargo, existen varias inconsistencias en sus registros: el gasto en las facturas supera el reportado en el general de la sección Transparencia, en algunos informes falta el monto destinado a alimentación y movilización terrestre, y posiblemente haya viajes que fueron omitidos en los documentos (¿Por qué?).

¿Cuándo se paseó…ay, viajó?

Solamente en dos meses de 2022 hay montos a nombre de Sichel. En septiembre, realizó dos viajes, ambos de Quito a Guayaquil y viceversa. De acuerdo al portal oficial, la exfuncionaria gastó en ese mes USD 260 por «asistir a entrevistas relacionadas con la consulta popular».

En cambio, en el mes de noviembre, viajó en dos ocasiones hacia el mismo destino. En dichos viajes se desembolsó USD 390 para sus vituallas. Asimismo, asistió a actividades pertinentes a la consulta popular y «sus funciones».

Según los informes de servicios institucionales, solo uno de cuatro reportes contiene concepto por «hospedaje y alimentación», lo demás marcan únicamente «hospedaje» (suponiendo que los gastos por alimentación fueron cubiertos en hospedaje).

Además, ninguno de los informes señalan los recursos por movilización terrestre pese a que el cronograma de actividades de Sichel es, básicamente, trasladarse entre instituciones públicas, medios de comunicación y el hotel.

¿Hubo viajes no reportados?

Según su cuenta de Instagram, Sichel estuvo en Loja, Cuenca, Milagro e Imbabura, viajes que no se detallan en los presupuestos de la Presidencia. No hay gastos de los pasajes de avión, hospedaje, alimentación o movilización terrestre. Además, posteó un viaje a Guayaquil el 26 de enero que tampoco registra la plataforma.

• 16 de enero, promovió el SÍ desde la Universidad Estatal de Milagro.

• 19 de enero, viajó a Cuenca, según las publicaciones de su red social.

• El 23 de enero, Sichel estuvo en Imbabura promoviendo el SÍ a la consulta popular.

• 5 de febrero desde Loja informando sobre la consulta popular.

Réplica

Radio La Calle intentó comunicarse con Presidencia. Llamó a Katihuzca Muñoz, responsable de la Unidad de Información de la LOTAIP, para despejar dudas sobre el presupuesto designado para viáticos de la exservidora pública. Se llamó al número que aparece en los informes de la Presidencia. Sin embargo, colgaron la llamada. (N.J.C/C.E.S)

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«Agradezco profundamente al presidente Guillermo Lasso. Para mí fue un honor aportar al debate público. Espero que, cada vez más, este se nutra con sensatez, honestidad y humildad», manifestó Sichel en un comunicado.

Rompe el silencio desde la derrota del «Sí» en el referéndum

Sichel era muy activa en distantas redes sociales durante el período de campaña electoral. Sin embargo, tras confirmarse los resultados de la Consulta Popular, la ex funcionaria optó por el silencio. Dos semanas despúes reaparece para dar por terminado su vínculo con Presidencia.

Durante su tiempo en el sector público se convirtió en la vocera principal de la campaña a favor del «Sí» en el referéndum, promovida por el mandatario Guillermo Lasso.

Para cumplir con este propósito, Sichel recorrió distintos puntos del país para grabarse a sí mismo para detallar los beneficios de la propuesta gubernamental. Misma que fue rechazada de manera mayoritaria en las urnas el pasado 5 de febrero.

A la renuncia de Karen Sichel se suman las partidas de Francisco Jiménez (ex Ministro de Gobierno) y Aparicio Caicedo (ex consejero de Lasso). Ambos se marcharon el pasado 9 de febrero.

JR

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La acusación contra Romo, exdirector del Hospital Luis Dávila, en Tulcán, se basa en la presunta repartición de contratos de acuerdo a su conveniencia.  Al personal del centro médico les imponía los “nombres de algunos amiguitos” para ciertas contrataciones.

Al no poder gestionar el “favoritismo” para la adjudicación de unos contratos, Romo pidió la renuncia de la gerente del hospital, Nathalia Rosas. La evidencia está reflejada en audios y chats filtrados en redes sociales.

Sichel y la consulta popular

La denuncia contra Sichel gira en torno  a su campaña masiva por el SÍ en la consulta popular.  Según los legisladores, no habría pedido vacaciones para realizar proselitismo político, utilizó personal y bienes públicos, incluso, existirían pautas publicitarias por USD 200 mil.

Sichel hizo visible su campaña por el SÍ a través de medios de comunicación y redes sociales. Esta acción la llevó a viajar por distintos rincones del país, dónde promovía esta propuesta presuntamente sin cumplir con la ley electoral.

Anteriormente, Espín solicitó a Contraloría un examen especial a Sichel para verificar sus gastos en este período de campaña. Por ejemplo, describió el altercado suscitado en la Mitad del Mundo, en donde la funcionaria del Gobierno dijo “ yo vengo en un vehículo, es mi seguridad”, por lo que se presume que venía con otros servidores públicos y estaría utilizando bienes muebles del Estado. (A.G.M).

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La Asesora Presidencial ha hecho visible su campaña por el SÍ a través de medios de comunicación y redes sociales. Esta acción ha llevado a Sichel a viajar por distintos rincones del país, dónde promueve su propuesta sin cumplir con la ley electoral.

El ámbito que más preocupa a la parlamentaria es que presuntamente Sichel, quien gana más de USD 3 mil, estaría valiéndose del apoyo de otros funcionarios y utilizando recursos financieros para el proselitismo político. Por ello, solicitó la investigación a la Contraloría.

Como ejemplo, describió el altercado suscitado en la Mitad del Mundo, en donde la funcionaria del Gobierno dijo “ yo vengo en un vehículo, es mi seguridad”, por lo que se presume que venía con otros servidores públicos y estaría utilizando bienes muebles del Estado.

¿Qué dice la ley?

Para la legisladora, el problema también radica en que se trata de una  funcionaria pública y dentro de su actividades tiene las mismas habilidades y prohibiciones de cualquier otro servidor público. Según lo determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP):

“Prohíbese a las servidoras y servidores públicos lo siguiente: Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines”.

Las funcionarias de Lasso en campaña por el SÍ

El 25 de enero, la asambleísta de UNES, Patricia Núñez denunció a la viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por proselitismo político a favor del SÍ en centros educativos.

La funcionaria, quien tiene un salario mayor a USD 4 mil, promocionó las preguntas de la consulta popular de Lasso en la visita a la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez y en el Diálogo con el Gremio de Artesanos y Directores zonales de las provincias de Cañar y Azuay. Estos eventos los difundió a través de sus redes sociales el pasado 16 de enero y se puede observar su clara persuasión para votar por el SÍ.

En la denuncia al TCE también consta la asesora de la Secretaría Jurídica de Presidencia, Amalia Fernández, quien percibe un salario de USD 2.115. La funcionaria asumió la vocería a favor del SÍ en la consulta popular en entrevistas y redes sociales. (A.G.M).

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“Compré los boletos, como cualquier ciudadana. Íbamos a grabar con mi celular, cuando funcionarios de la Prefectura de Pichincha me forzaron a salir ”, dijo Sichel en un tuit

Sin embargo, horas más tarde el personal de la Ciudad Mitad del Mundo desmintió estas afirmaciones. Según el comunicado, el gerente indicó a la funcionaria que las grabaciones de tipo comercial requerían una solicitud previa.

Además, recalcaron que la empresa detalló las reglas y normas de ingreso al sitio. Una vez socializada esta información, ellos salieron voluntariamente del complejo sin ningún tipo de intimidación u obligatoriedad de abandonar el sitio.

¿Qué dice la ley?

La empresa pública recalcó administra un espacio público y debe cumplir con la ley. Según el artículo 47 del Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público, «es prohibido el uso de bienes e inventarios para fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos, o para actividades particulares y/o extrañas al servicio público o al objetivo misional de la entidad u organismo«. (A.G.M)

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La funcionaria repite y repite que la extradición de personas vinculadas al crimen organizado es una alternativa para resolver el problema de la inseguridad en el Ecuador. ¿Pero, es viable la propuesta del Ejecutivo?

La pregunta 2 señala: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución?

Sichel argumenta que esta pregunta pretende atacar el crimen organizado. «Ciertamente no existe una sola solución para vencer al crimen organizado, pero la extradición es un paso en la dirección correcta«, mencionó en su cuenta de Twitter.

No es una idea tan brillante

Los abogados Felipe Rodríguez, Rafael Oyarte y Ramiro García han expuesto que esta “alternativa” no soluciona el problema. Para que esta «solución» sea eficaz se necesitan tratados bilaterales que consideren esta idea.

García ha explicado que esta idea es válida siempre y cuando el delito se configure en ambos países: el país requiriente de la extradición y el país requerido. Aclaró que la extradición efectiva solicita un juzgamiento y requerimiento en el exterior.

“No puedo decir: ¡Ay! Lo voy a mandar a Alemania y ya está. Deben existir requerimientos y se debe establecer los delitos específicos y las condiciones para esta decisión”, expresó.

Asimismo, ha reiterado que no es «políticamente inteligente«, pues pretender vender la solución al crimen organizado a la extradición no es la calma a todos los males.

Por su parte, Rodríguez ha resaltado que no es la mejor idea la extradición por la debilidad del sistema judicial del país, la falta de recursos económicos y la imposibilidad de dar protección de las autoridades.

De la misma manera, Oyarte y García, han mencionado que la extradición no es el procedimiento con el que se pueda disponer de la noche a la mañana. «Para que se ejecute la extradición deben asegurarse esos tratados y ver si tiene otros delitos”, detalló Oyarte.

Más violencia…

Rodríguez ha detallado que esto podría incrementar los índices de violencia, porque las organizaciones criminales pueden utilizar estas armas como un método de intimidación.

También García ha precisado que las organizaciones del país dependen de otras del extranjero, por lo que, si empiezan a exterminar a sus miembros lo único que estas esperarán es buscar otros candidatos. (N.J.C)

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