En el caso “Diezmos”, Arteaga sería la cuarta exlegisladora sentenciada. Norma Vallejo y la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, ambas exmiembros de Alianza País encabezan la lista. Nivea Vélez, exasambleísta lojana de un movimiento local fue la tercera sentenciada en este caso.

La exlegisladora podría usar el recurso de apelación ya que el fallo es de primera instancia.

Arteaga en el caso Diezmos

Karina Arteaga exigía por sí misma, contribuciones económicas a sus colaboradores con el fin de mantenerlos en sus puestos de trabajo. Los afectados entregaban el dinero a través de depósitos a la cuenta de una tercera persona.

Se presume que la cuenta era de Elizabeth M., exasistente de Arteaga, quién cancelaba las cuotas de un carro, y pagaba las tarjetas de crédito de Arteaga y su esposo. Elizabeth M. fue sentenciada con tres años de cárcel y 12 años sin participación en la política.

El esposo de la exasambleísta, Jhon A., también estaba siendo procesado en el caso. Sin embargo, el juez Walter Macías ratificó su inocencia. (D.C.)

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La mañana de este miércoles 3 de agosto, se retomó el cuarto día de juico en contra de Karina Arteaga y Jenny Muñoz, en el que se presentaron más pruebas.

El fiscal Wilson Toainga concluyó la práctica de prueba con la presentación de 31 testimonios y 24 documentos.

Además, la Fiscalía corroboró su teoría sobre la participación de Arteaga y Muñoz de Arteaga y Muñoz en el caso.

Testigos presentados por la Fiscalía

Entre los testigos presentados por la Fiscalía estuvo Verónica Pinargote., quien declaró haber entregado parte de su sueldo a Arteaga.

La acusadora informó que si bien su sueldo era de USD 2 781, solamente conservaba USD 400. Lo demás era entregado a la ex asambleísta de manera directa en su domicilio.

Por su parte, la empleada doméstica de Arteaga, Freya Orellana declaró que en 2018 enlistada en la Asamblea Nacional sin su consentimiento, con un sueldo de USD 1234, los cuales eran destinados para el pago de tarjetas de crédito de Arteaga.

Así también, el guardia de seguridad de la empresa Segircon en Chone dio a conocer la entrega de USD 40 durante 4 meses a la asistente de Artiga, Verónica C., con el fin de conservar su puesto de trabajo 

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En 2018, la asesora Andrea Utreras denunció por concusión a Karina Arteaga. Utreras trabajó en el despacho de la asambleísta de AP y aseguró que la representante de Manabí exigía dinero a sus colaboradores para pagar cuotas de su partido al que se pertenecía.

Solicitud de la Corte Nacional de Justicia

La petición para que se levante la inmunidad la solicitó el juez de la sala especializada de garantías penales de la CNJ, David Jacho, por el delito de concusión denunciado en 2018. El pedido emitió tras recibir la formulación de los cargos emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Andrea Utreras, dentro de las acusaciones que presentó ante la Fiscalía General del Estado en octubre de 2018, señaló que la asambleísta pedía mensualmente dinero a sus colaboradores. Los montos ascendían a los $400 para cubrir su cuota y financiar al partido de gobierno Alianza PAIS.

Otras denuncias

En contra de la legisladora por Manabí existe otra denuncia que presentó su exasesora Verónica Pinargote en 2019. Pinargote la acusa de exigirle la entrega de aportes mensuales por el valor de USD 2.861 a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo.

Además, en febrero de este año, Fabricio Villamar también denunció ante la Asamblea Nacional que la funcionaria habría gestionado cargos públicos para sus familiares en distintas instituciones del Estado.

Ante la decisión de la Asamblea, la funcionaria declaró que el Pleno no tiene competencia para pronunciarse sobre su investigación y que esto se trata de una “persecución política”. Recalcó que el proceso en su contra no es objetivo y que el único fin es distraer a la población de los verdaderos actos de corrupción frente a lo cual poco se ha hecho. (AB)

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Entre los nombres que aparecen está Fausto Terán del Partido Social Cristiano quien supuestamente mantiene injerencia dentro del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. También, Johanna Cedeño de Alianza PAIS que abarcaría el Hospital de Calderón e Isidro Ayora en Pichincha. Por otro lado, está Guadalupe Salazar también de Alianza PAIS con el Hospital General Monte Sinaí en Guayaquil. Así Mismo, Michel Doumet de Alianza PAIS quien habría exigido el Hospital Infantil Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil.

Karina Arteaga de Alianza PAIS estaría a cargo del Hospital de El Carmen. Por su parte, el procesado morenista Daniel Mendoza habría solicitado el Hospital de Bahía de Caráquez y el Hospital de Especialidades de Portoviejo. El también morenista Carlos Vera tiene a cargo el Hospital Verdi Cevallos.

En total 19 supuestamente asambleístas tendrían a su cargo varios hospitales públicos. De acuerdo a las publicaciones del medio digital, la ministra de Gobierno María Paula Romo sería la articuladora entre el Ejecutivo y los asambleístas. Pese a que ella lo negó, en el mapa también figuran el viceministro de Gobernanza, Fausto Holguín y el asesor del Ministerio de Salud Pública, Andrés Alarcón.

El expresidente Rafael Correa reaccionó a la publicación. “Nosotros construimos los hospitales, y estos miserables se los repartieron. ¡Cómo no estar indignados!”, escribió.

Conversaciones con Romo

El portal web también mostró unas conversaciones entre Mendoza y Romo, donde supuestamente el primero recomienda a personas para ocupar puestos públicos. Un extracto del diálogo dice:

Mendoza: Hola María Paula, te comento que estoy fuera del país, te quiero sugerir el nombre de Tito Nilton para gobernador de Manabí. Joven y haría sumar apoyos externos. Te paso su número si lo quieres llamar.

En otra conversación Mendoza le recomienda a la economista Karen Argandona para un puesto en Gerencia. A lo que Romo responde: Listo. Va Karen. En un mes evaluamos.

De acuerdo a las filtraciones, Romo niega todas las conversaciones, al igual que los asambleístas que contestaron sus llamadas. Otros siguen sin pronunciarse. (JBS-DR-AB-SGA)

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El Juez estipuló el lapso de 30 días para que el pleno de la Asamblea Nacional apruebe la solicitud o, caso contrario, «se entenderá concedida».

Según la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 128, “las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional”. Por tanto, al retirarse el fuero de Corte, Arteaga podrá enfrentarse a los procesos penales en su contra.

Antecedentes

En marzo del 2020, la FGE emitió un comunicado donde implica a la asambleísta Arteaga en el caso de entrega de diezmos. Según el documento, Arteaga habría “exigido y ordenado a sus subalternos –durante su gestión como asambleísta- el pago de contribuciones económicas de sus remuneraciones mensuales”. La primera subalterna en denunciar el caso fue Andrea Utreras. Ella se negó a entregar montos exigidos por el despacho de la asambleísta supuestamente para financiar el movimiento Alianza PAIS.

El mismo día, FGE acusó formalmente a la asambleísta Karina Arteaga y, también, a Nivea Vélez por el delito de concución. Este acto implica que un funcionario público obtiene réditos de contribuciones o beneficios indiebidos exigidos a otra persona.

Por este tipo de casos, la exlegisladora, también morenista, Norma Vallejo perdió su dignidad dentro del Legislativo. Además, el pasado 14 de julio, la Corte Nacional de Justicia la condenó a un año de prisión. (JBS)

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