Según la fuente, Lasso no esperará a que el Legislativo vote en el juicio político, sino que antes de la convocatoria decretará la muerte cruzada. Sin embargo, semanas atrás, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, advirtió que de activar este mecanismo, el Gobierno Nacional enfrentaría un paro nacional.

Además, comentó para diario La Hora que Lasso no solo presentará su defensa ante el Pleno, sino que hará «importantes revelaciones» de los manejos de algunos legisladores.

«Al interno de Carondelet hay frustración, tristeza y confusión por la decisión de la Corte Constitucional (CC)», fueron las palabras del alto funcionario, que reseñó el medio.

¿Qué consideró la Corte?

Señaló que La CC acogió la acusación de los proponentes que aseguraba que Lasso y Hernán Luque habrían definido los contratos de transporte petrolero en favor de terceros, pese a saber que esto significaría una pérdida para el Estado.

Los jueces tomaron esto como el inicio de la presunta red de corrupción en Flopec EP, por lo que los opositores evidenciaron un desvío de fondos.

«La referida conclusión fáctica guarda conexión con los elementos típicos de peculado, según el artículo 278 del COIP. Sin que implique un pronunciamiento sobre la responsabilidad o participación», afirmó.

Y lo más temido llegó…

La noche del 28 de marzo, la CC en su dictamen admitió solamente la acusación de peculado contra el presidente; y rechazó las dos por concusión, al no cumplir con las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la LOGJCC.

«Con mayoría calificada de seis votos a favor y tres en salvados, el Pleno resolvió inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado», confirmó la CC.

La votación obtuvo un total de seis votos afirmativos de los jueces Alí Lozada, Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Daniela Salazar. Los votos salvados vinieron de parte de Teresa Nuques, Enrique Herrería y Carmen Corral.

Cucalón dice que no

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que no habrá muerte cruzada tras la decisión de la Corte Constitucional de dar paso al juicio político contra el presidente. El funcionario mencionó que están preparando la defensa que presentaran en el Pleno.

El oficialismo no se queda atrás

La legisladora Ana Belén Cordero manifestó que acatarán el dictamen de la Corte y darán paso al juicio político. Sin embargo, llevarán este proceso «hasta las últimas consecuencias» y darle al presidente la oportunidad para que se defienda.

«Somos respetuosos de la división de poderes y de lo que establezca la CC y políticamente nos guste o no hay que acatarlo», expresó. (N.J.C)

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La resolución fue emitida el 20 de diciembre por parte de las juezas constitucionales Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Daniela Salazar. Esta cláusula de conciencia constaba en el artículo 26 de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación (Lorive).

El personal médico podía “objetar de conciencia a la práctica del aborto consentido en casos de violación, de forma personal, colectiva o institucional, en este último caso con la excepción de los hospitales públicos”, según el numeral tres.

Otras reformas

También se reformó el artículo 24 que garantizaba “la provisión de la interrupción voluntaria del embarazo en zonas remotas, alejadas y de difícil acceso. Cuando exista un profesional de salud objetor y este sea el único que pueda llevar a cabo el procedimiento de interrupción del embarazo, debe observar con debida diligencia y sin dilaciones el deber de derivación”.

La modificación de la CC «garantiza la provisión de la interrupción voluntaria del embarazo en zonas remotas, alejadas y de difícil acceso”.

Anteriormente, se eliminó la obligación que tenían las niñas y adolescentes de presentar una autorización de su representante legal como requisito para acceder a este procedimiento.

Menos obstáculos para las víctimas por violación

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Surkuna, Amazon Frontlines, Organización Waorani de Pastaza, Asociación Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas del cantón Yantzana y la Organización de Mujeres Shameco.

Según las organizaciones, los artículos modificados vulneraban los derechos de las sobrevivientes por violación. La resolución de la CC permitirá que los establecimientos salud no se nieguen a ofrecer la interrupción legal del embarazo por violación. (A.G.M)

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