Según la Fiscalía, la investigación está vinculada con la decisión de la CNJ de otorgar un habeas corpus al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán el pasado 12 de agosto. El tribunal autorizó su traslado de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil a la Cárcel 4 en Quito, donde cumplirá su prisión preventiva.

Esta controvertida decisión fue adoptada por las juezas Tapia y Muñoz, quienes aceptaron una apelación a este recurso legal que previamente fue negado por otro tribunal. El juez Alejandro Arteaga fue el único en votar contra de esta resolución.

Jueces en rechazo

Los allanamientos no incluyeron solo las oficinas de las juezas, sino también un domicilio. En un comunicado, la Corte pidió que se respeten las competencias y decisiones de los jueces, destacando la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia. José Suing, presidente encargado del órgano de justicia, subrayó la necesidad de mantener la independencia judicial frente a cualquier presión externa.

Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) también se pronunció, calificando los allanamientos como «una afrenta directa a la independencia judicial». El gremio advirtió sobre el riesgo de que las decisiones judiciales se vean influenciadas por presiones externas, lo que podría comprometer la imparcialidad del sistema de justicia.

¿Qué dicen las jueces implicadas?

En respuesta a las acusaciones, la jueza Enma Tapia defendió su decisión en un comunicado en redes sociales, enfatizando que actuó con «imparcialidad jurídica». Tapia criticó que, durante el proceso, ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ni el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentaron pruebas que refutaran las alegaciones de daño psicológico presentadas por Terán.

Este caso ha desatado un intenso debate sobre la independencia judicial y la posible influencia de factores externos en decisiones judiciales de alto perfil.

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