La madrugada del 5 de abril  los habitantes de Cahuasquí prendieron las alarmas comunitarias al ver dos camiones sin placas. Los 80 defensores de la localidad detuvieron los vehículos y se declararon en resistencia a la minería ilegal y legal.

«Nosotros no queremos minería legal ni ilegal, nosotros queremos tranquilidad y seguridad para nuestro pueblo, ya que estas actividades ponen en riesgo el futuro de nuestros hijos», afirmó una defensora.

Los vehículos retenidos con el material aurífero fueron llevados a la UPC del cantón de Urququí, el pueblo exige a la Fiscalía y a las instituciones de regulación y control tomen la atención pertinente a estas problemáticas.

Los vehículos retenidos con el material aurífero fueron llevados a la UPC del cantón de Urququí. El pueblo exige a la Fiscalía y a las instituciones de regulación y control tomen la atención pertinente a estas problemáticas.

La resistencia de los comuneros de Cahuasquí

El pueblo de cahuasqueño, pertenece al cantón Urququí, en Imbabura, donde se mantienen asambleas comunitarias permanentes ante la fiebre del metal que atrae la presencia de intereses de grandes multinacionales y pequeñas empresas.

Entre el 2017 y 2019,  alrededor de 6 mil  personas fueron desalojadas de las minas que se mantenían abiertas, este operativo estuvo a cargo por la fuerza policial y militar.

A partir de mayo, la asamblea de la parroquia acordó declararse en resistencia contra la minería legal e ilegal. Como acción principal prohibieron el paso de vehículos y camiones que trasladaban maquinaria y herramientas hacia Buenos Aires. De igual manera, impedían el paso de los minerales. (C.A.V).

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Desde hace casi 3 meses, los moradores de la comunidad cerraron el camino hacia las minas en las montañas de Buenos Aires, Ibarra. Se oponen a la minería legal e ilegal en la zona y se manifiestan, particularmente, contra la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining. La firma extranjera posee cinco concesiones, en más de 12.000 hectáreas, para realizar exploración inicial.

Según un boletín de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y Ambiente (CEDENMA), en la madrugada del 3 de agosto, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervinieron con “7 buses y decenas de patrullas y camionetas con más de 500 policías, mientras, aparentemente, un grupo de militares se habría dirigido directamente a la zona de la concesión minera de la empresa australiana Hanrine”.   

Testimonios recopilados por la CEDENMA, exponen que “los policías patearon a varias mujeres” y “les echaron gas a los ojos”. Se registran varios heridos y cuatro detenidos.

A las 7h00, ingresaron 10 camiones de la empresa custodiados por la Policía Nacional.

Según los dirigentes de Buenos Aires, la operación de minería sería ILEGAL, pues “no cumple con la consulta ambiental ni la consulta previa libre e informada, ni a las comunidades que conforman la parroquia, ni a la comuna Awa de Palmira”.

El medio La Barra Espaciadora, en un reporte desde la localidad, expone la denuncia de que los mineros ilegales que protagonizaron los incidentes del 2019 en las minas de Buenos Aires estarían trabajando con Hanrine. Desde la parroquia La Libertad (Ibarra) documentan la existencia de un nuevo campamento de la minera, que pretende ampliar su zona de trabajo en 4.000 metros más. Están marcando caminos a través de los bosques primarios, sin poseer fichas ambientales.

Denuncias previas

La activista Gabriela Fraga, denunció uno de los varios incidentes entre los comuneros y la empresa extranjera. El 11 de octubre del 2020, las Fuerzas Armadas, La Policía Nacional y la Seguridad Privada de Hanrine, reprimieron brutalmente a los manifestantes. “Dispararon con armas de fuego a la comunidad”, aseguró Fraga.

Varias organizaciones por los Derechos Humanos y usuarios en redes sociales se manifestaron contra la represión por parte de Fuerza Pública. Aquí mencionamos a algunos:

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