El caso ha generado gran preocupación a nivel nacional e internacional, siendo señalado por organismos de derechos humanos como un presunto caso de desaparición forzada.

Familiares de los menores desaparecidos se reunieron el 23 de diciembre con Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, en un encuentro virtual que también contó con la participación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Durante la reunión, se abordaron los aspectos legales del caso y la importancia de que las investigaciones se realicen de acuerdo con estándares internacionales. “Es urgente emprender una búsqueda efectiva que cuente con la participación activa de las familias, con empatía y sin revictimización”, enfatizó Jarab.

Recomendaciones del Comité de la ONU

El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU emitió el 24 de diciembre un conjunto de directrices al Estado ecuatoriano:

• Implementar de inmediato una estrategia integral para la búsqueda de los menores desaparecidos y llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial.
• Informar periódicamente a los familiares sobre el progreso de las acciones realizadas.
• Aplicar medidas cautelares a favor de las familias de Josué y Ismael Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda, en consulta directa con sus allegados.
• Asegurar un enfoque diferencial que respete tanto el interés superior de los menores como su pertenencia al pueblo afrodescendiente.

El Comité fijó como plazo máximo el 7 de enero de 2025 para que el Estado informe sobre el cumplimiento de estas disposiciones.

Los hechos bajo investigación

Los menores, de entre 11 y 15 años, fueron interceptados por una patrulla militar tras jugar fútbol en su barrio. Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, la aprehensión ocurrió bajo sospechas de robo a una ciudadana, una versión que ha sido rechazada por los familiares.

Videos de seguridad muestran a militares trasladando a los niños en una camioneta. Posteriormente, uno de los menores logró comunicarse con sus padres para denunciar agresiones, pero tras alertar a la Policía, no se obtuvo más información sobre su paradero.

Fernando Bastias, abogado de la CDH, enfatizó que, incluso si los menores hubiesen cometido un delito, debían ser procesados conforme a la ley, con notificación inmediata a sus padres.

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Los menores, de entre 11 y 15 años, habrían sido secuestrados el 8 de diciembre por individuos que vestían uniformes militares. Según testimonios, los niños salieron de sus hogares para jugar fútbol en el barrio Las Malvinas y no regresaron.

Luis Arroyo, padre de dos de los desaparecidos, denunció que pudo comunicarse con uno de sus hijos tras el incidente. Según la versión del adolescente, los secuestradores, presuntamente uniformados, los agredieron físicamente y los abandonaron en Taura, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Posteriormente, la familia contactó a la Policía, pero no lograron localizar a los menores en el lugar señalado. Días después, recibieron una nueva llamada en la que se les recriminó haber involucrado a las autoridades. En esa ocasión, el interlocutor afirmó que “la mafia” tenía a los niños.

Pronunciamiento oficial

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, rechazó cualquier participación militar en la desaparición de los menores y aseguró que la institución colabora con las investigaciones. “No encubriremos ningún hecho y estamos comprometidos con el esclarecimiento del caso”, enfatizó.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Víctor Zárate, confirmó que la Fiscalía lidera la investigación bajo carácter reservado. La Policía ha recibido dos denuncias formales relacionadas con el caso: una por secuestro el 9 de diciembre y otra por desaparición involuntaria el 18 de diciembre.

Posiciones en conflicto

Loffredo también condenó las acusaciones que buscan vincular a las fuerzas del orden con grupos criminales, calificándolas como intentos de deslegitimar la lucha contra el crimen organizado. “Presentar este hecho como una desaparición forzada solo beneficia a las mafias y a quienes buscan generar caos”, sostuvo el funcionario.

El pronunciamiento ocurrió luego de que la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, convocara a Loffredo y a otras autoridades para comparecer el próximo lunes y rendir cuentas sobre el caso.

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