«La ciudadanía debe conocer que este proyecto no se tramitó durante el gobierno de Guillermo Lasso, del cual fui ministro de Ambiente, Agua, Transición Ecológica. Nosotros tuvimos una política ambiental clara, para la protección de la bioversidad ecuatoriana», escribió en el documento.

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Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron a diario La Hora que se abrió una indagación previa por el caso en la población de Olón, Santa Elena. «Como en todos los casos de los cuales tiene conocimiento la FGE, se abrió una IP (indagación previa)». (MIB)

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El tratado fue impulsado por el expresidente de la República, Guillermo Lasso, en mayo del 2023. Sin embargo, no logró concretarlo durante su estancia en el poder. Tras su aprobación en la Corte Constitucional (CC), el documento del TLC fue enviado a la Asamblea Nacional el 22 de noviembre del año pasado para su posterior análisis.

El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Jonathan Parra, resaltó que este sería el primer tratado que el Ecuador firmaría con un país asiático.

Agregó que la aprobación de esta iniciativa traerá un incremento de USD 3 mil millones a las exportaciones »plata que ahora necesitamos y no tenemos, ya sabemos porqué», dijo en su intervención. Destacó que en China hay un mercado de 1.400 millones de personas a quienes el país puede venderles productos con ventajas que no tienen otro países

Daños ambientales y críticas

De acuerdo a la crítica de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, este tratado enriquecerá a los grandes grupos de poder económico, especialmente a la agroidustria exportadora. En este sentido, los campesinos y pequeños emprendimientos serían los principales afectados.

No obstante la preocupación más grande, es la afectación ambiental. Parte del trato sería convertir a Ecuador en un «basurero», pues el país recibirá toda clase de desechos por cinco años, entre ellos residuos químicos y farmacéuticos.

«La gente que negocia por parte de Ecuador es gente que no ama a su país», dijo la asambleísta Esther Cuesta.

En términos ambientales, el TLC violaría el Convenio de Basilea y sus enmiendas, comprometiendo a Ecuador a cesar el comercio transfronterizo de desechos. El pasado noviembre del 2023 movimientos ecologistas presentaron un recurso de amicus curiae para frenar este acuerdos.

También se destacó que el acuerdo abriría las puertas a las semillas transgénicas y agrovenenos, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, el patrimonio genético, los derechos de los pueblos y la naturaleza.

¿Qué plantea el tratado?

El acuerdo pretende la reducción de aranceles en el intercambio de productos, es decir, un acceso preferencial del 99 % de las exportaciones actuales de Ecuador a China. 

Entre los productos se destacan principalmente productos agrícolas y agroindustriales como rosas y flores, cacao, café, entre otros. Por ejemplo, el banano y camarón tendrán una desgravación gradual en un período de 10 años

Además, se incluirá mercancía de exportación de productos no tradicionales como la piña, mango, arándanos, alimentos procesados, frutas frescas, pitahaya, arándano y quinua, estos tres últimos productos tendrán una desgravación inmediata lo que significa un 0 % en aranceles.

Otro de los beneficios planteados sería el acceso directo a tecnología china, mucho de los productos tendrían una desgravación inmediata entre los que se encuentran celulares, lámparas led, accesorios de computadora, cámara digitales, motos eléctricas y bicicletas.

Productos excluidos

Para proteger la industria local de la negociación se excluyeron a 828 productos entre los que se encuentran algunos relacionados a los textiles y confecciones; metalmecánica; calzado; madera y muebles; línea blanca; aluminio y sus manufacturas; plásticos; sombreros; vidrio y sus manufacturas; llantas; entre otros.

»No es cierto que el zapato chino va invadir la bahía la Guayaquil» , resaltó el asambleísta Parra. (AGM).

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Mabeca Corporation, el nombre de McCann en Ecuador es también la empresa publicitaria con la que la presidencia tiene un contrato de USD 2.2 millones en servicios publicitarios para mejorar la imagen del presidente Guillermo Lasso.

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El proceso

Una publicación en el Servicio Nacional de Compras Públicas (SERCOP) señala como fecha 29 de septiembre del 2022 la publicación para el concurso de Contratación del servicio para el desarrollo de la estrategia comunicacional y diseño de la marca país. En los archivos se indica que dos empresas Mindshare, con sede principal en Nueva York y con oficina en Quito y Mabeca Corporation. Sin embargo, al no presentar los requisitos pedidos, este primer concurso quedó desierto el 31 de octubre del 2022.

Una segunda publicación para este mismo concurso presentó cinco concursantes, entre los que se encontraba o accionista mayoritaria a la compañía Alxima Holding Corporation S.A, una de las accionistas de Mabeca. También figuraba el nombre de Mario Benavente Cannon, un ciudadano peruano que es su mayor accionista.

La Resolución NRO. 2022-217 adjudicó al consorcio formado por FutureBrand y McCann como los ganadores para desarrollar la marca país. La ejecución tenía que hacerse en 273 días y se les pagó USD 698.896 por el trabajo. Puede revisar el contrato, aquí.

El ganador debía realizar un mínimo de «tres propuestas de identidad gráfica, con
el detalle de las razones y metodología que se utilizó para el desarrollo de la identidad gráfica de cada propuesta», según refleja el informe de necesidades del concurso.

Los ecuatorianos tenemos hasta el 26 de octubre para votar por la nueva gráfica de la marca país que se encuentra en el siguiente enlace. FutureBrand, en solitario, desarrollo los logos país de Perú, Costa Rica, Guatemala, Chile, Haití y Bolivia.

En el proceso de votación preguntan si tiene nacionalidad ecuatoriana o es extranjero. También la edad, el correo electrónico, la provincia, el género. Después presentan los tres tipos de marca país.

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»Nos faltan semanas para terminar con el procesamiento y arrancar con el análisis de aproximadamente cuatro semanas», dijo en entrevista para Radio Sonorama.

El censo, que arrancó el 7 de noviembre de 2022, tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre, después a enero de 2023 y finalmente a marzo. El fin es “asegurar la cobertura de todas las viviendas del país”.

El 5 de abril el INEC concluyó la fase de verificación y control de calidad para empezar con el procesamiento de información. Este proceso lo harían con el acompañamiento de organismos internacionales para garantizar su transparencia.

Desajustes en los tiempos

Dentro de la primera planificación del INEC se tenía previsto que la entrega de resultados sea en mayo del 2023. Según la entidad, los eventos de inseguridad suscitados en el último trimestre de 2022 generó una significativa deserción de censistas en varias provincias del país, lo cual limitó el cumplimiento de los plazos previstos.

Ante la justificación expuesta en su página web la institución anunció la reestructuración de nuevas fechas. En agosto del 2023 se tiene previsto la entrega de resultados con información básica »sobre cuántos somos, donde estamos y cómo vivimos».

Para noviembre del 2023 se tiene planificada la segunda entrega de resultados, que contempla la liberación de la base de datos y análisis especializados sobre temáticas de interés nacional. En conclusión, el proceso general del censo poblacional tardó un año en dar resultados al país.

La deserción de censistas

En diciembre del 2022, excensistas y exsupervisores comentaron a Radio La Calle toda la serie de irregularidades que estaría cometiendo el INEC en la fase presencial del Censo.

Las fuentes manifestaron que ocurrió de todo. Unos explicaron que el INEC vulneró sus derechos laborales, otros expresaron que sus superiores los obligaron a registrar datos erróneos de las personas censadas. Se reportaron robos y hubo censistas mujeres que sufrieron acoso sexual.

El exdirector del INEC, Byron Villacís advirtió no se puede confiar en los datos de este censo. Añadió que las consecuencias políticas son nefastas. Sin estadísticas certeras todas, las acciones y medidas de política pública del Estado serán erróneas. (A.G.M).

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Durante un Consejo Ampliado llevado acabo el 1 de junio la Conaie, Confenaie, Ecuarunari y Conaice decidieron retirar la precandidatura de Iza para la Presidencia de la República.

Uno de los principales pedidos de las organizaciones indígenas era separar del siguiente proceso electoral a los exasambleístas que apoyaron al actual Gobierno de Guillermo Lasso.

Su propuesta se basaba en que los curules de la Asamblea Nacional sean ocupados por activistas feministas, miembros de la Fenocín y la Feine, y víctimas de los paros nacionales.

Sin embargo, se expuso que PK ya habría tenido una lista de consensos para lanzar a sus propios legisladores, sin tomar en cuenta las observaciones de los demás movimientos indígenas.

Las acciones de la Conaie

»No nos vamos de PK, solo hay que sacar a esos malos elementos del movimiento», recalcó el presidente de la Conaie.

Agregó que aún esperan las resoluciones del Tribunal Conetencioso Electoral (TCE) respecto al triunfo de Churuchumbi a la coordinación de PK. También realizarán una marcha a estas instalaciones para las garantías de transparencia al proceso.

De igual manera, resaltó que el presidente del Tribunal Electoral de PK es Marcelo Tipán y no Jessica Castillo, quien habría tomado estas atribuciones sin un consenso previo.

Por otro lado, señaló que apoyarán a los candidatos que »hayan respetado la democracia» y rechazarán las alianzas con otros partidos políticos que no sigan con su línea ideológica.

«No vamos a acompañar a candidatos puestos a dedo», acotó el presidente de la Confenaie, Marlon Vargas.

La otra opción, Salvador Quishpe

La exasambleísta y miembro de PK, Jessica Castillo informó que Salvador Quishpe y Leonidas Iza competirían por la candidatura presidencial en el primarias de PK. Este proceso se llevaría a cabo el próximo sábado 3 de junio en modalidad virtual.

En este sentido, Iza argumentó que Quishpe no había ganado en las primarias de la Ecuarunari y le sorprendió ver su postulación en Pachakutik. (A.G.M).

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Sin embargo, en la otra orilla, se hablaba de otras opciones para la presidencia. Sofía Sánchez e incluso Ricardo Vanegas, ambos de Pachakutik, podían ser los ases bajo la manga del oficialismo. El jefe de bloque de CREO, Juan Fernando Flores anunció que se venían sorpresas.

Y claro que hubo sorpresas, el masivo apoyo a las autoridades electas en el Legislativo no era algo que se veía venir. Ninguno bajó de los 90 votos y dejaron al oficialismo sin ningún pedazo del pastel. 96 votos a favor, obtuvo Saquicela. No hubo ni que despeinarse y la sesión terminó más temprano de lo previsto.

¿Es una señal de que existen los votos para la censura y destitución del presidente Lasso? No, necesariamente. Los acuerdos para elección de autoridades no son los mismo para la votación en el juicio político contra el mandatario y nada está dicho hasta el inicio del proceso el 16 de mayo.

Sin embargo, demuestra que, frente cualquier escenario, ya existe una clara correlación de fuerzas en la Asamblea y que la alianza entre Saquicela, UNES y el PCS no ha hecho más que fortalecerse y eso determinará la posición mayoritaria de ciertos proyectos de ley que lleguen al Legislativo ya sea Lasso o Borrero, quien los remita.

Solo resta esperar al 16 cuando las cartas se pongan sobre la mesa. Asambleístas, lo sacan ustedes o lo hacemos nosotros. No hay otro camino.

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«La Secretaría General de Comunicación convoca a los medios de comunicación a la posesión del general (sp) Paco Moncayo Gallegos como consejero del Gobierno para Seguridad Nacional y el general (sp) Wagner Bravo como secretario de Seguridad Pública.», dijo la SECOM.

¿Quiénes son los nuevos funcionarios?

Wagner Bravo es el exjefe de Estado Mayor del Ejército, y vocal del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

Tiene estudios superiores en Seguridad y Desarrollo, Economía Popular y Solidaria, entre otros. Se ha desempeñado como especialista en temas de seguridad.

Fue combatiente en la Guerra del Cenepa de 1995 en la Brigada de Fuerzas Especiales. «El presidente de la República (Guillermo Lasso) tiene que crear ya una política pública clara que decante a que todos tengamos la prioridad de vencer al crimen organizado. Hay ideas de muchas personas, pero no hay algo conciso aún», le dijo en una entrevista reciente a diario Extra.

Paco Mocayo es un político ecuatoriano, militante de la Izquierda Democrática, con el que llegó a la Alcaldía de Quito en dos periodos y a la Asamblea por Pichincha de 2009 a 2013.

Fue candidato presidencial en 2017, enfrentándose al mismo presidente Guillermo Lasso y donde ganó el expresidente Lenín Moreno.

En el ámbito de seguridad, lideró al ejército ecuatoriano en medio de la Guerra del Cenepa, el conflicto entre Perú y Ecuador de 1995. (MIB)

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«Por lo tanto es un golpe muy duro el que le hemos dado al narcotráfico tanto en la incautación como en su capacidad de producción y sucede que los grupos delincuenciales internos no tienen droga que comerciar», dijo.

Añadió que la capacidad delictiva muta en otros delitos como extorsión, chantaje e intentos de secuestro. «También las muertes violentas que no se justifican, pero que fundamentalmente son peleas entre los grupos delincuenciales organizados».

Las declaraciones son parte de una entrevista que el mandatario ofreció a la CNN en español y que saldrá el domingo 16 de abril.

Aumento de la violencia

La criminalidad y la violencia siguen cuesta arriba en el país. El 13 de abril, acribillaron a tres guías penitenciarias frente a la Penitenciaría del Litoral mientras almorzaban. En la noche de ese mismo día, el Consulado de Estados Unidos en Guayaquil alertó de ataques explosivos en horas de la madrugada del 14 de abril. Cosa que sucedió en tres sitios de la ciudad afortunadamente sin víctimas.

En la tarde del 14 de abril, un grupo de reos de cuatro pabellones de la Penitenciaría tuvieron enfrentamientos que dejaron al menos 12 fallecidos. (MIB)

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El CAL detalló que Villavicencio debe aplicar de manera directa y sin dilataciones la normativa que corresponde en el procedimiento de juicio político al primer mandatario. La resolución fue planteada por el asambleísta de UNES y tercer vocal del CAL, Ronny Aleaga y aprobada por la mesa parlamentaria con seis votos a favor.

Además, el CAL dispuso que la Unidad Técnica Legislativa y la Coordinación de Asesoría Jurídica realicen un seguimiento del procedimiento que se llevará a cabo la Comisión Legislativa para el juicio político contra el presidente Lasso.

“La viveza criolla y la sapada no pueden ser parte del ejercicio legislativo, mucho menos la confesa simpatía y evidente complicidad de quién preside la Comisión, (…) con el presidente Guillermo Lasso”, expresó en un comunicado.

Réplicas

Por su parte, el asambleísta Villavicencio se limitó a decir que Aleaga estaba «actuando en Viernes Santo como fariseo. Democracia de Barrabás», dijo en un tuit.

Por otro lado el legislador de UNES, Walter Gómez solicitó al CAL que de una vez se separe de la presidencia de Fiscalización a Villavicencio y de la vicepresidencia a Ana Belén Cordero, asambleísta oficialista. »Por no haber acatado la disposición expresa de la Corte Constitucional e interpretar de forma ilegal la LOFL», resaltó.

Sin embargo, en apoyo a Villavicencio se sumó el legislador (PK-r), Ricardo Vanegas, quien aclaró que el CAL no tiene la facultad de remover a ningún presidente de la Comisiones Legislativas. «No pidan cosas que no correspondan«, dijo.

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Cordero afirmó ser muy “crítica” con la gestión gubernamental de la seguridad y la inversión en la misma. La asambleísta por CREO trató de descargar responsabilidades del presidente apuntando al ministro del Interior, Juan Zapata y al secretario de Seguridad, Diego Ordoñez.

“Ellos tienen que ejecutar y llevar adelante. Y en caso de que no surja efecto… (chasqueó los dedos) ”, expresó la asambleísta. Además, admitió que en el país se necesita empleo, bienestar para la gente, obra pública, y seguridad.

¿Y su gestión?

Cordero es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización en el Legislativo, sin embargo, ha recibido varias críticas. En una última ocasión, la asambleísta fue blanco de cuestionamientos por hacer mofas en la sesión de la Comisión Legislativa que avocaba conocimiento del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

«Que empiece el show», resaltó.

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El legislador invocó a los asambleístas de la Comisión a no hablar sobre temas coyunturales relacionados al homicidio de Rubén Cherres, de la mafia albanesa, de Leonardo Cortázar y los supuestos casos de corrupción en Petroecuador EP.

Agregó que el Presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene que descargar sus pruebas. Señaló que “de acuerdo con la ley, en el proceso de sustentación, puede presentarse personalmente o a través de sus abogados defensores. Y, en el caso del juicio, ya en el pleno, sí tiene que estar”, dijo Villavicencio.

FLOPEC EC: una empresa más en escándalos de peculado

El asambleísta Villavicencio buscó enfocarse en el caso de peculado de FLOPEC EC en lugar de los demás temas que apremian a la población.

La Contraloría determinó indicios penales y envió un informe a la Fiscalía “por anomalías en los procedimientos relacionados con el contrato de crédito internacional que Pegasus Oil Shipping Inc. suscribió en 2019 con la intermediadora financiera Koala Financial S.L”. (B.T.R.)

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«Ya son tres intentos de desestabilización y estoy enfrentando el cuarto», dijo en entrevista para Ecuavisa.

El presidente Lasso aseguró que irá a «defender la verdad» y que no ha cometido ningún delito de peculado. Si bien ya ha expuesto su inocencia en cadena nacional, resaltó que quiere dejar marcada su justificación en el Legislativo.

¿Muerte cruzada?

El mandatario señaló que luego de defenderse en la Asamblea, analizará el mecanismo de la muerte cruzada. Resaltó que el primer interesado en que aplique esa medida es Rafael Correa.

También manifestó que se lo quiere juzgar por un hecho que ocurrió antes de que fuera elegido como Presidente de la República. Además, dijo que es necesario que las acusaciones en su contra pasen por la justicia ordinaria ya que el único objetivo de un juicio político es la censura de un presidente.

Aseguró que el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán si revocó los contratos con Amazonas Tanker después de enviarle la carta donde le advertía de las irregularidades en dicha empresa pública. La evidencia la constató en una carta de Estupiñán al Ministro de Energía de ese tiempo, es decir, Xavier Vera.

«Yo voy a gobernar todo mi período. No es que me quiero quedar es que el pueblo ecuatoriano me eligió el 11 de abril del 2021 para cuatro años de gobierno»

Las trabas de la Asamblea

Señaló que la Asamblea en ves de politiquear deberían aprobar leyes en favor de los ciudadanos. Una de ellas es la reforma parcial a la Constitución, para que las Fuerzas Armadas trabajen de la mano con la Policía Nacional.

La medida del Estado de Excepción fue necesario porque señaló que usualmente los policías necesitan una orden de allanamiento de Fiscalía para capturar a los delincuentes. Ahora podrán llegar a su «madriguera»,

Por otro lado, resaltó que en el Legislativo solo le han aprobado dos leyes, la de Inversiones y una relacionada a la «economía naranja». Manifestó que ciertos grupos de asambleístas han sido un obstáculo para cumplir su plan de trabajo, ya que requiere apoyo en materia de seguridad, inversión extranjera y reformas laborales. (A.G.M).

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La Internacional ultraderechista le ha ganado completamente la iniciativa táctica, política y mediática internacional, al Progresismo (UNES-RC), a Pachakutik – CONAIE, y al variopinto movimiento opositor político, social e indígena del país. Al punto que el tema destitución no leo entre las demandas del diverso y amplio movimiento de mujeres y GLBTI para la importante jornada de mañana 8 de marzo.

Ecuatorianos relevantes como el exembajador Dr. Fernando Yépez, han citado, por ello, que es urgente un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa, que rechace esta ola de comunicados en la región y el mundo, que desconocen nuestra Constitución y legislación nacional, que establece el derecho popular y parlamentario al juicio político y a la destitución, para evitar -incluso- que el cierre de una vía institucional, abra una etapa de violencias y baños de sangre represivos de Estado.

Ojalá lo vean así, con esa urgente prioridad, tal como la vemos muy pocos ecuatorianos, en la ANL y decidan cuanto antes rechazar esa ola de comunicados internacionales generados por los lassies del mundo. En general, en el campo legislativo, en el político y el social, no se observa sino solamente lo local – nacional. Nuestro aldeísmo identitario de siempre.

Solicité hace dos semanas a la talentosa y valiente asambleísta V.V. reunión urgente para informarles y proponer que me permitan como defensor de DD.HH. solicitar medidas cautelares colectivas por ella y todas ellas en la CIDH para protección internacional de ella y las otras asambleístas y funcionarios amenazados de la Comisión Ocasional Legislativa (como lo hice en el pasado con tantos amenazados en otros regímenes) pero fue hace dos semanas que propuse dialogar, aunque sea por teléfono. Sólo hubo un gracias y Cero respuesta efectiva a la propuesta de reunión. No tengo carnet partidario alguno. ¿Será por eso la falta de apremio? Y es que no puedo hacerlo sin la aceptación previa del amenazado. Porque luego sucede que los amenazados, por falta de información y formación, se niegan a recibir la medida cautelar. Sobra decir que, en pleno desempleo, era y lo es, una tarea que la haría y asumiría como siempre lo hice: gratuita y sin costo alguno, porque para mí ésta era (es) una tarea patriótica y humanitaria emergente. En el legislativo tampoco se ve que promuevan iniciativas urgentes internacionales y regionales similares en Parlatino, Parandino, Parlasur, Celac, etc. por temas amenazas de muerte, estigmatización a movilizaciones indígenas y sociales, y constitucional atribución legislativa y de la democracia al juicio político y a una destitución.

Por igual hace falta una ofensiva internacional progresista, de las izquierdas, de las centroizquierdas, de la Conaie y hasta del PSC. Me preocupa que en todos los documentos y pdf de análisis que he leído de varios variopintos y queridos frentes y autores de estas orillas, no se mencionan ni la Ofensiva de la Internacional curuchupa para satanizar tanto el juicio y la destitución como las movilizaciones (que a esta altura debiéramos a todas etiquetar con el título principal y necesario: Movilización Antimafia, así con tal nombre identificarlas y luego poner lo que quieran, como lo hizo la sociedad italiana para generar conocimiento y apoyo internacional a su lucha desigual hace décadas), ni leí en ningún documento tareas urgentes de estas dimensiones en el campo internacional. Todo foro habla de otras cosas, menos de ésto.

El comunicado aludido en el patriótico tuit del Dr. Embajador Fernando Yépez, ya es el segundo. Primero publicaron un comunicado días atrás los ex-presidentes reaccionarios y de derechas y lo suscribieron hasta un mafioso-narco como Uribe, un acusado de delitos de DD.HH. como Goni de Bolivia, y otro procesado por corrupción como L. Moreno. Sólo falta el comunicado de Vargas Llosa y los intelectuales y personalidades del Orden a palos.

¡Se nota la coordinación de la Internacional Retrógrada! Como se nota el aldeanismo de los actores políticos, legislativos y sociales de la Oposición a la mafia bancaria – albanesa.

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“Me escribieron el 22 de enero en la madrugada a mi cuenta de Twitter desde La Data diciendo si me interesa escribir artículos para ellos.  Cuando vi el mensaje respondí que encantado y que me diga de qué se trataría”, explicó el abogado a Radio la Calle.

Recibió un mensaje en Twitter a las 18:00 del 25 de enero. “Me volvieron a escribir pidiendo mi número telefónico. Escribieron por whatsapp para ofrecerme el espacio y preguntaron si podían llamarme. Les dije que no habría problema”. Posteriormente un hombre llamado Fabricio que no dio su apellido y que pertenece a La Data le habló sobre escribir acerca del plan Perú “y de la gente que está en contra del gobierno porque no lo dejan gobernar al presidente”, le dijo.

La conversación siguió. “El presidente sale de una cosa y ya le acusan de otra cosa. Le arrojan responsabilidades que no tienen que ver con él. Además, hay gente interesada en que el Gobierno se caiga porque ya han intentado hacerlo con la revocatoria. Entonces sería bueno que se escriba en contraposición a esta gente. Un ejemplo es la esposa de Freddy Carrión (Priscilla Schettini) porque ha sido una de las personas principales que ha impulsado la revocatorio del mandato. Porque lo más seguro es que después de las elecciones quieran hacer que se caiga el gobierno de Guillermo Lasso”.

Montenegro tomó sus precauciones y contestó vía mensaje si lo que le dijo era verdadero. El hombre le dijo que sí, que era verdadero y recalcando que era de La Data.

Reclamos

El jurista publicó la información en un tuit y Fabricio lo llamó para increparle. “Me dijo que era un mentiroso, que no es así. Le dije que yo tengo una aplicación que graba las conversaciones. Me dijo que estaba malinterpretando el mensaje. Respondí que no y que sería bueno escuchar lo que me propuso. Usted sabe perfectamente que lo que dije en Twitter es lo que usted me contó”.

El hombre borró el historial de mensajes en Whatsapp y bloqueó a Montenegro, al igual que la cuenta de Twitter de La Data. El abogado ha estado acompañando la defensa del exdefensor Carrión por lo que la propuesta de escribir en contra de Schettini era desatinada. “Fabricio” no se identificó y su foto de perfil en Whatsapp era un meme por lo que no sabemos la identidad de la persona.

Desde el punto de vista del jurista, existe una especie de reclutamiento de voces que hablen en contra de las personas que se oponen al Gobierno. “Pensaría que esa es la intención que tienen. Hacer un contrapeso en favor del Gobierno”.

La Data

El medio digital tiene cuentas en Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok y YouTube. No obstante, ni las cuentas ni la página web arrojan información sobre quienes lo dirigen. Sus publicaciones, en contexto de elecciones y la consulta popular muestran un apoyo directo a los candidatos del oficialismo y el voto por el sí en el referéndum.

Hasta el cierre de esta nota, La Data no ha respondido los mensajes de este medio para conocer sobre los mensajes y las propuestas al abogado Montenegro. (MIB)

https://twitter.com/LaDataEc/status/1618285137371992064?s=20&t=3Il_K2uWH36lg2px3AkDyA

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El procesado admitió su participación en la gestión ilícita de cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae). Limones “fue vinculado al caso Danubio junto con Abel Borbor, el 24 de octubre de 2022, tres meses después de procesar a ocho personas por la gestión en la Aduana”.

El caso Danubio

Un operativo de la Fiscalía en Guayas, Pichincha, Cotopaxi y Azuay, dejaba ocho detenidos por asociación ilícita. La investigación develaría la gestión de cargos públicos en varias instituciones públicas, a cambio de grandes sumas de dinero.

La investigación del caso Danubio inició el 23 de septiembre del 2021, por una denuncia realizada por la directora general de Aduanas, Carola Ríos. Esto, a partir de la presunta oferta de USD 3 millones para que Sergio Peña se desempeñara como Subdirector de Operaciones del SENAE.

El caso Danubio y Lasso

La Fiscalía reveló conversaciones de los procesados en el caso Danubio, una presunta red de corrupción de venta de cargos públicos en la Aduana, en agosto de 2022. Según la investigación, los implicados mencionan a cuatro personas allegadas al presidente Guillermo Lasso: su cuñado Danilo Carrera; el exconsejero Juan José Pons; el asambleísta Guido Chiriboga; y, el secretario Iván Correa.

La teoría inicial de la Fiscalía mostraba que los procesados buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano. El objetivo era la venta de cargos.  

B.T.R / B.Ch

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Empleando un lenguaje técnico, el informe elaborado entre el 13 y 20 de Enero de 2023, plantea hipótesis de las irregularidades en la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), entre otras empresas públicas. Además, se habla de la filtración de grupos corruptos que estarían integrados por técnicos, directivos de área y gerente general.

La Presidencia, en el comunicado, menciona que el propio informe establecería la integridad del Presidente y del Gobierno. Pero al mismo tiempo, cuestiona que en ningún punto se presentan políticas públicas para prevenir y enfrentar la corrupción. El Gobierno, al cuestionar el informe, dice que “El informe no establece hechos concretos. Se limita a esbozar especulaciones genéricas, mal llamadas hipótesis”.

Verdesoto, «el dormilón»

La renuncia del Secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, en el mismo día en que iba a presentar el informe, ha sido considerada como sospechosa por algunos sectores de la sociedad y ha generado dudas sobre la real intención del Gobierno de luchar contra la corrupción.

La falta de transparencia y acceso a la información, ha llevado a que la sociedad se pregunte sobre lo que realmente está sucediendo detrás de las escenas en las empresas públicas del país. La corrupción es un problema grave que afecta a la economía, la política y la sociedad en general, y es necesario que se tomen medidas efectivas para combatirla.

Es esencial que el Gobierno de Guillermo Lasso, asuma su responsabilidad

El gobierno debe tomar medidas concretas para abordar las acusaciones de corrupción en las empresas públicas. Esto incluye ser transparente y proporcionar acceso al informe completo a la sociedad, así como también implementar políticas y medidas efectivas para prevenir y combatir la corrupción en las empresas públicas.

Además, es importante investigar las acusaciones de corrupción de manera imparcial e independiente, para asegurar que se haga justicia y se sancione a los responsables de estas actividades ilícitas. El Gobierno debe trabajar en estrecha colaboración con la sociedad y la comunidad internacional para abordar este problema crítico.

En resumen, el minimizado informe sobre las irregularidades en las empresas públicas genera dudas y preocupaciones sobre la real intención del Gobierno de luchar contra la corrupción. Es esencial que el Gobierno asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para abordar estas acusaciones de corrupción y garantizar la transparencia y la justicia en el manejo de las empresas públicas del país.

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15 meses después de que inició sus labores, el Gobierno Nacional presentó la nueva Política Urbana Nacional (PUN). Lasso prometió la entrega de 50 mil casas en la ruralidad durante cada año de su período. Sin embargo, el Gobierno logrará ese número recién en diciembre de 2022, seis meses después de lo prometido.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, expresó a un medio digital que, para lograr el objetivo de 200 mil moradas, el Gobierno debe invertir USD 3.400 millones en los cuatro años. En la propuesta de trabajo de CREO se habló de un déficit de “dos millones de viviendas, de los cuales 1.2 millones son necesarias en zonas urbanas y 850 mil en zonas rurales”.

Los 200 mil domicilios pretenden cubrir solo el 23,53 % del déficit que el Gobierno afirmó que existen en la ruralidad. Es decir, según los datos del partido de Gobierno, quedarían sin construir 650 mil casas.

¿Qué implica la PUN?

La PUN tendrá cuatro enfoques: regularización del suelo urbano que asegura y protege el patrimonio de los propietarios, el acceso a una vivienda digna y con servicios esenciales para una buena calidad de vida, la creación de espacios públicos seguros e inclusivos y el desarrollo comunitario que impulsará y fomentará la participación ciudadana.

El combate a la pobreza, acceso a agua potable, saneamiento, desarrollo equitativo, sostenible y transición ecológica serán los ejes en el proceso. Con esta iniciativa el Gobierno y las organizaciones tienen previsto que el déficit mejore hasta el 2050. (V.D)

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«Resulta que hoy con este «malévolo gobierno neoliberal». Así entre comillas, la inversión social es la más grande de la historia del Ecuador. La mayor manera de apreciar eso es mediante una simple comparación con el gobierno pasado. Invirtió USD 11 mil millones por año y el antepasado USD 8.100 millones. Nosotros, en promedio, estamos invirtiendo USD 13 mil millones».

Algunas cifras

El Banco Central del Ecuador (BCE) tiene entre sus datos el presupuesto para obra pública o bienes de larga duración que beneficien a los ciudadanos a nivel local, regional y nacional. La inversión en el Sector Público No Financiero (SPNF), según el BCE, hasta mayo de este año abarcó el 0.6% con relación al producto interno bruto PIB, es decir USD 661 millones.

Esta cifra se ha ido reduciendo con los años. En 2017 fue del 5% (USD 5.114 millones), en 2018 del 3% (USD 3.675 millones), en 2019 también del 3% (USD 2.868), en 2020 del 2% (USD 1.857) y en 2021 igualmente del 2% (USD 2.067).

Es necesario recordar que en 2020, el año que llegó la pandemia, la economía mundial tambaleó, así como la de cada uno de los países. Es preciso recordar que una de las inversiones altas en el SPNF fue en 2014 con el 14% en relación al PIB.

En el Sector Público No Financiero (SPNF) están las entidades que conforman el
Presupuesto General del Estado, es decir, las pertenecientes a las 5 funciones del
Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social); también pertenecen a este grupo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (alcaldías, prefecturas), universidades públicas, empresas públicas y las instituciones que conforman la Seguridad Social (IESS, ISSFA e ISSPOL). (MIB)

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Sin embargo, todo apunta a que no dejará el cargo gracias a una llamada del presidente Guillermo Lasso. “El presidente de la República, Guillermo Lasso, me llamó a decirme que tengo el respaldo y que revea mi decisión”, expresó.

En un tuit escribió. «Miles de voces suman su respaldo a mi gestión de lucha contra la corrupción y me piden que no renuncie a la Comisión de Fiscalización. Yo no renuncio, solo renuncian los derrotados, continuaré mi trabajo desde el lugar donde me ponga el destino. Yo ya triunfé sobre los corruptos».

Al parecer ese lugar seguirá siendo la silla de presidencia de Fiscalización. Villavicencio también dijo que  «miles de personas» en redes sociales, así como periodistas, asambleístas y organizaciones sociales respaldan su trabajo. (MIB)

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En campaña el inquilino de Carondelet ofreció convertir a Ecuador en Dubai, al mismo tiempo  decía que  el otro candidato, economista  Andrés Arauz llevaría al país a ser  como Venezuela,  país que siempre ha  estado en todos los índices mejor que Colombia; en catorce meses ha llevado al Ecuador a ser una sucursal del vecino país del norte.

Los términos usados en este titular, no han sido parte del vocabulario de los ecuatorianos, ahora  se  los pronuncia, se  vive  con miedo que hasta los huesos lo sienten.

Atentar con explosivos, es terminar con la vida de compatriotas.  Lo asombroso es que Guayaquil desde el 15 de agosto  tiene  estado de excepción y al día siguiente, hubo  crímenes y  quejas de ciudadanos que no ven  mayor número  de policías ni a  miembros del ejército.

SE AGREDE AL PUEBLO

Se atenta con el pueblo señor Lasso,  cuando  le miente de la forma más descarada como lo  ha venido haciendo.  Una de las tantas  fue la pronunciada el 10 de agosto “Este  gobierno invierte USD 13.000 millones  anuales  en el sector social; 60% más que los dos gobiernos anteriores” es muy fácil  pronunciar cualquier cosa para mentir y engañar,  los ecuatorianos no son sus empleados, esta tierra es de gente buena, de la que usted abusa. Por favor detállele  al país en que ha gastado esa cantidad de dinero,  ¿algún hospital nuevo? ¿alguna universidad nueva? ¿alguna escuela nueva? ¿algún colegio nuevo? ¿implementación educativa? ¿mejoramIento  hospitalario?

Debe entender lo que significa su cargo: administrar, rendir cuentas, saber invertir dineros ajenos. Cada que habla debe presentar pruebas,  señalar  el  dónde,  el cómo, el cuándo,  el por qué, el para qué;  precisamente  porque   maneja  bienes que no son  de su propiedad, son  de los  18 millones de ecuatorianos.

ROMPE LA CONSTITUCIÓN

También  agrede cuando pisotea “La Constitución de la República del Ecuador, es la Norma Suprema, a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana,donde seestablecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos, así como las del Estado y las instituciones del mismo” Ecuador tiene 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, y de transparencia y control social. Ud. Está sometido a esta Carta Magna, no es rey, capataz, ni tampoco dictador porque existen las otras funciones.  Irrespetarla es creerse capataz de  hacienda,  aquí no hay peones, ni súbditos.

Pone a su gente en los órganos de control, y no acepta  el trabajo de la Asamblea ¿cuál es el miedo? Recuerde una vez más, Ecuador NO ES SU EMPRESA  a  tanto descontrol ha llegado su falta de entendimiento  del cargo,  que hasta decide quienes sí y quiénes no pueden ocupar puestos y quienes pueden vivir en libertad; sabe perfectamente que el Ing. Jorge Glas Espinel, es inocente de los cargos que se le imputan, que hace dos años tuvo el derecho de  salir de la cárcel, es más que nunca debió  ser encarcelado. ROBARLE LA LIBERTAD A UN HOMBRE INOCENTE ES LO MAS RUIN QUE EXISTE  Nada es para siempre, los cargos se terminan, viva sin odios, ame al pueblo, deje  de amar al dinero. Créalo  EL DINERO  no compra lo más caro, sino no estarían muertos Steve Jobs, Aristóteles Onasis, y tantos más. Escriba la historia de su vida,  tiene oportunidad  de arrepentirse,  cambiar el rumbo y  dejar huellas positivas. Solo tiene compromisos  con Dios y la Patria, no lo olvide  frente a Ud. está  la historia,

La inseguridad  supera  todas las expectativas: atentados, narcotráfico, delincuencia común, crimen organizado. Las crisis carcelarias son recurrentes, sin visos de solución. Todas las estadísticas sostienen que se  vive la criminalidad  y asesinatos más alta  desde hace una década.

INSEGURIDAD

Tanto es así,  que  EL COMITÉ PERMANENTE  POR LA  DEFENSA  DE LOS DERECHOS HUMANOS  CDH se pronuncia y propone  enfrentar las causas de la inseguridad  ciudadana en el Ecuador y principalmente en Guayaquil

La inseguridad se desarrolla cuando no hay atención,  no hay ejemplo desde la cúpula, cuando la tiranía se  consolida.  A  toda la inseguridad se suma los altos precios  de la canasta básica,  la ausencia de plazas de  empleo.

Es que el gobierno  deliberadamente es escaso en eficiencia,  nulo en bienestar social.

Como ejemplo, renovar  la cédula cuesta $ 17,00  y es en blanco y negro  y de muy mala calidad. El servicio  de cedulación no debe costar más allá de $5,oo  el Instituto  geográfico militar está para prestar  ese  servicio ciudadano.  Lasso debe decirle al país,  por qué cuesta tanto.

FALTA DE PATRIOTISMO

El atentado  dejó  cinco fallecidos  y alrededor de 20  heridos,  con casas dañadas y problemas emocionales.

Los llamados custodios de la seguridad  nacional  comprometidos seriamente  en actos de corrupción,  los narcogenerales   con mucho dinero,  y todavía reciben altos sueldos del estado y muy jóvenes se  jubilan.  Debería haber una nueva ley que trabaje en la decencia de los cuerpos militares, si son hallados  en actos de corrupción, deben pagar esas consecuencias, quitándoles  la jubilación. Antes la nación sentía orgullo  por los miembros de las FFAA. Ahora  causa escozor leer y saber que  ganan sueldo de los impuestos de todos los ecuatorianos, y no cumplen los  deberes con la nación,  no son todos, pero la institucionalidad se cuida.

Últimamente ocho tripulantes de la armada  fueron detenidos  por transportar  cargamento de droga  oculto en una bodega,  que habría sido incautada  en operativos anteriores ¿Se  imaginan  esto?  Fiscalía ya está en el trabajo de investigación,  pero es que la Fiscalía también ha dado muestras de estar divorciada de la nación.

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