El MEF recalcó que esta obligación se debe al gobierno del expresidente Rafael Correa. «En ningún momento ha existido la intención del país de no cumplir con este laudo, que es el resultado de decisiones adoptadas por el gobierno de Rafael Correa».

Según explica el Ministerio, «el proceso arbitral del caso Perenco inició en abril del 2008. La petrolera exigía un pago de USD 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de una ley en 2006». Dicha ley estableció una participación mínima del Estado equivalente al 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados. Mediante el decreto Ejecutivo 662 en 2007, dictado en el Gobierno de Rafael Correa se incrementó en un 99%.

El problema del pago

El pago del laudo se ha detenido, según el MEF, por la falta del pago de impuesto que tiene Perenco con el Servicio de Rentas Internas (SRI). «Se espera llegar a un acuerdo con esta compañía que ya no opera en el país para establecer un mecanismo adecuado de pago hasta que se alcance una definición legal sobre las obligaciones tributarias, aspecto que se está tramitando en instancias judiciales de Estados Unidos».

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Quito, 10 jun (La Calle). – La vicepresidenta administrativa de Gente Oil, Silvana Pastor conversó con Radio La Calle sobre el laudo final de un tribunal arbitral internacional que sentenció a favor de la empresa y obliga al Estado ecuatoriano a pagar USD 11 millones en torno al caso Singue.

¿Cómo termina el arbitraje internacional revisando el caso de Gente Oil y el Estado ecuatoriano?

En agosto de 2017, la Contraloría General del Estado emite un informe con indicios de responsabilidad penal y acusaciones civiles – administrativas ante algunos funcionarios. Dichas acusaciones también iban en contra de la empresa Gente Oil básicamente por un supuesto peculado en la adjudicación del Campo Singue.

La compañía decide en abril del 2018, al ver que no había intención judicial de aceptar las pruebas de descargo, iniciar un proceso arbitral, ya que se sintió que en las instancias locales se cometía una injusticia. Se plantean varios temas: las razones de incumplimiento del contrato a la compañía Gente Oil y el arbitraje se realiza por incumplimiento de contrato, lo que implicaba también el informe de Contraloría. Incumplimientos desde el punto de vista operativo: transporte de entrega de crudo, tarifas económicas y una glosa que incluía a la empresa.

¿Cómo analizan que Contraloría haga informes con irregularidades y generan el perjuicio al Estado?

Eso es el gran problema del país y que no permite desarrollarnos como industria sobre todo en la petrolera. Si pregunta a los funcionarios de esta industria, no se mueve nada porque le tienen terror a la Contraloría. Por más que los técnicos petroleros explican los temas, la Contraloría es un ente que lamentablemente en estos años, no es técnica.

La persona que hace el informe de Contraloría que lleva a todos estos procesos no tenía título, ni experiencia en el tema petrolero, no había hecho auditorias de este tipo. Nos exponemos a que personas sin conocimiento empiecen a evaluar las acciones de compañías multinacionales que quieren invertir, sin el menor conocimiento de cómo funciona la industria. El laudo de singue era muy esperado porque la mayoría de las empresas operan de la misma forma. Una tarifa que se negocia y un monto de reservas.

Este caso empieza en 2015 con la publicación de un artículo que denuncia irregularidades en el Campo Singue, publicado por Focus, un portal administrado por Fernando Villavicencio ¿Cuál es su opinión sobre ese tipo de denuncias donde no hay una certeza al 100%?

Yo critico al sistema judicial ecuatoriano. No puede ser que los ciudadanos estemos expuestos a cualquier denuncia infundada sin garantías de los derechos. Estamos propensos a denuncias y no hay una estructura judicial que proteja y busque la verdad.

Personas con intereses y malicia hay siempre, pero si el sistema de justicia fuera responsable y apolítico esto no pasaría.Si hay una denuncia mal infundada no debe pasar los filtros de Contraloría, Fiscalía o Procuraduría. No se puede usar el revanchismo político para llevar presa a gente inocente. Además de la pérdida de inversionistas. Es criminal.

¿Hay posibilidad de revertir esta sentencia? La Procuraduría solicitará una acción de anulación

Creo que no es posible. Ha sido contundente lo que hemos presentado. Obviamente la Procuraduría puede apelar, lo mismo hubiese sido si perdíamos nosotros. Los tribunales internacionales son bastante técnicos y no están politizados. Es muy difícil que se pueda anular. Habrá que ver cuáles son los resultados.

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