Entre los detenidos se encuentran:

• Yandry Nicomedes Macías Villamar, hermano de alias “Fito”, capturado en Quito.
• Jorge Alberto P. T., cuñado de “Fito”, detenido en Manta.
• Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S., padres de la pareja sentimental de “Fito”, aprehendidos en Manta.
• José Gregorio B. Z., hermano de la pareja sentimental de “Fito”, arrestado en Portoviejo.
• Verónica Narcisa B. Z., pareja sentimental de “Fito”, sobre quien se ejecutó una orden de detención mientras se encuentra privada de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil.

El operativo, denominado “Caso Blanqueo Fito”, tuvo como objetivo desmantelar la estructura financiera de Los Choneros. Durante las intervenciones, se incautaron 47 bienes inmuebles y 26 vehículos, cuyo valor estimado asciende a USD 12 millones. Además, se decomisaron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y documentos relacionados con actividades ilícitas.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó en su cuenta de X que esta operación representa un golpe significativo a la economía de la organización criminal liderada por alias “Fito”. “Atacamos la economía de la estructura criminal de José Adolfo Macías Villamar alias ‘FITO’”, afirmó Reimberg.

Alias “Fito” se encuentra prófugo desde enero de 2024, tras evadir controles en la Penitenciaría del Litoral. Actualmente, es buscado por la Interpol y enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico y contrabando de armas.

Este operativo se enmarca en los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por combatir el crimen organizado y desmantelar las redes financieras que sustentan a las organizaciones delictivas en el país.

Actualizaremos la información en nuestras redes sociales.

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Gjika, de 47 años, había ingresado a Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal.

Desde entonces, construyó una red criminal transnacional vinculada a tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada. Su nombre figuraba en la lista roja de Interpol y era uno de los hombres más buscados del país.

Red criminal con fachada legal

Según el Ministerio del Interior, la organización que lideraba contaba con un nivel directivo, logístico y de colaboradores que operaban en Ecuador y otros países. Empresas legales habrían sido utilizadas para blanquear fondos ilícitos y ocultar actividades comerciales y financieras asociadas al crimen.

Gjika enfrenta un proceso por delincuencia organizada en el marco del caso Pampa, una de las investigaciones más amplias contra redes narcoempresariales en el país. La captura tiene fines de extradición.

La detención de Gjika no solo representa un avance judicial. También expone la magnitud de las redes mafiosas que operan en Ecuador bajo estructuras sofisticadas y con conexiones internacionales. La pregunta ahora es: ¿cuántos más como él siguen operando bajo el radar?

La captura de Gjika llega en un momento clave, cuando Ecuador enfrenta una ola de violencia atribuida precisamente al poder creciente del crimen organizado y sus vínculos con estructuras internacionales. Aunque su extradición podría significar un avance judicial, los analistas advierten que desmontar estas redes exige mucho más que capturas aisladas: se necesita una estrategia sostenida que ataque los flujos financieros, la complicidad institucional y la impunidad con la que han operado por varios años.

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«Estas personas serían parte de un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra venta de divisas y/o prestamistas. Uno de los detenidos es funcionario de la @UAFE_EC, cuyo cargo le ha permitido que los investigados no sean reportados por dicha institución», colocó Fiscalía en un tuit.

Según las investigaciones de la institución, el monto de ingresos de los sujetos de 2016 a 2023 sería de màs de USD 21 millones. La audiencia de formulación de cargos se desarrolla en el COmplejo Judicial Norte. Fiscalía solicitó prisión preventiva para Édgar J. y Diego J. (funcionario de la UAFE). Para Roberto Z., prohibición de salida del país, presentación periódica y uso de grillete electrónico. Petición a la que el juez dio paso.

¿Quién es el funcionario?

Diego J. es funcionario público desde 2014. En la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos ocupó diversos cargos hasta 2017. En 2018 estuvo en la Unidad de Análisis Financiero y Económico y en Petroecuador. Su trabajo a la UAFE se extiende hasta 2024. Entre 2023 a 2024 trabajó en la Superintendencia de Bancos, de acuerdo con sus declaraciones juramentadas en Contraloría.

Su hermano Edgar J., corrió como candidato a la Alcaldía de Quito en las elecciones seccionales de 2019 por el Movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante, lista 7 del excandidato presidencial y empresario Álvaro Noboa. (MIB).

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La entidad señaló que el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención del Delito de Lavado de Activos obliga a la UAFE a enviar el reporte de operaciones inusuales e injustificadas y entregar todas las sustentaciones necesarias. Luego, el proceso y sentencias queda en manos de la FGE.

El experto en Seguridad Pública, Diego Pérez, explicó a ese medio que la reserva de información es importante. No obstante, es pertinente analizar las prioridades de las instituciones para evitar que este delito crezca.

Además, resaltó la necesidad de saber qué pasó con las irregularidades que se denunciaron y cuáles fueron las acciones que tomó la Fiscalía.

«La ausencia de datos puede ser un reflejo de la ausencia de resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado», explicó.

De la misma manera, el coordinador del Observatorio del Crimen Organizado, Renato Rivera, mencionó que el sistema judicial en el país no ha logrado erradicar el blanqueo de capitales.

No llegan al meollo del asunto

Detalló que el 40 % de los casos que lograron llegar a juicio aún no se ha logrado determinar el sector económico de donde proviene el dinero lavado. «Eso hace que se caiga el caso y quede en nada, nuevamente», insistió.

Además, cuestionó que pese a existir más reportes de Operaciones Inusuales, Injustificadas (ROII) entre 2021 y 20221, ahora las sentencias condenatorias hayan pasado de tres a una cada año. Resaltó que la UAFE se encarga de enviar las alertas, pero el proceso queda en manos de la Fiscalía.

También, cuestionó que no haya una solo sentencia de extinción de dominio, por lo que argumentó que no saben hacer la investigación.

«No existe una política pública o interés particular para impactar en las economías provenientes del crimen organizado», apuntó.

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La Fiscalía ejecutó cinco allanamientos simultáneos en Quito y Guayaquil. Los operativos se deben a una investigación contra el vocal por el presunto delito de lavado de activos.

Sin embargo, Muñoz indicó que la entidad de control supuestamente inició un ataque contra los miembros del CJ con la imputación de delitos graves y falsas infundadas. Recalcó que aunque estas acciones degradan la imagen de la institución, también la fortalecen y ratifican que están actuando de manera correcta, al punto de incomodar al poder.

«Esta campaña de desprestigio y ataques sistemáticos, ha rebasado los límites de la tolerancia y coherencia jurídica. Las acusaciones en mi contra carecen de fundamento fáctico y legal», reza el comunicado que publicó.

¿Cuál es delito?

La Fiscalía acusó a Muñoz del presunto delito de lavado de activos. El implicado comentó que la acusación se habría dado en el 2021, cuando fue nombrado vocal. Sin embargo, señaló que en los documentos de investigación aparecen hechos de años posteriores, desde el 2017 al 2020.

«En ese periodo me desempeñé como abogado y mis funciones están debidamente registradas y declaradas. Esto lo demostraré públicamente para desenmascarar la persecución de la que soy víctima», detalla.

«Esto no tiene ni pies ni cabeza»

El vocal mencionó que la fiscal General del Estado, Diana Salazar, utiliza al organismo que dirige para mecanismo de persecución política. Además, cuestionó que Salazar debería estar allanando los lugares de la delincuencia organizada y no estipular cargos a base de pretensiones.

«Está claro que ella intenta hacer una campaña de persecución política y yo la voy a desmentir. No voy a permitir que se manipule la justicia».

De la misma manera, detalló que este supuesto ataque se desembocó desde que no permitió que Lasso meta las manos en la justicia y trató de arrogarse funciones que no le compete.

Muñoz vs Lasso

Muñoz respondió al pedido de renuncia de Lasso y pide que sea él quien renuncie a la Presidencia. El presidente solicitó la renuncia del vocal alegando que sus acciones no representan al Gobierno del Encuentro.

“No nos sentimos representados por sus acciones al frente de la institución”, dijo el primer mandatario en una carta. (N.J.C)

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El funcionario ocupó el cargo de Ministro durante el período presidencial de Lenín Moreno y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2019. Además, la Fiscalía resaltó que se pretende la liberación otros procesados por el mismo delito.

«Esta institución que demostró en las instancias legales correspondientes la responsabilidad del exfuncionario y de los otros involucrados en el delito imputado, rechaza este comportamiento repetitivo (…)», dice el comunicado de FGE.

La acusación a Espinel

En el 2019, el juez Henry Morán ratificó la sentencia de 10 años a Espinel. En el caso también se encontraban involucrados Juan Carlos B., Johanna V. y quienes tuvieron la sentencia de 3 años y cuatro meses de prisión.

Según la Fiscalía, Iván Espinel se benefició con activos de origen ilícito. Los acusados, por su parte, colaboraron para ocultar la determinación real de los fondos y prestar sus nombres o el de empresas para el cometimiento de delitos. (A.G.M).

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Pólit, de 72 años, tiene la acusación formal de conspiración para lavar dinero durante su primera aparición en la Corte Federal. Pólit se encuentra en el Centro de Detención Federal y tiene una audiencia de fianza previa al juicio el 1 de abril. Su posición como contralor requería que aprobara los presupuestos públicos. Según las autoridades, le permitieron exigir USD 8 millones en pagos de sobornos a Odebrecht, la gigantesca empresa brasileña de construcción.

Los fiscales Michael Berger y Alexander Kramer dijeron que buscarían tener a Polit tras las rejas antes de su juicio, pero indicaron que podrían estar abiertos a una posible fianza que permita su liberación. Su abogado defensor, Fernando Tamayo, le dijo a la jueza magistrada Jacqueline Becerra que “estamos trabajando en un paquete de bonos que sea aceptable para el gobierno”.

La lectura de cargos de Pólit está pendiente. También enfrenta una solicitud de extradición por parte de Ecuador, donde ya tiene una condena. Su juicio se realizó en ausencia por su salida del país.

En 2019, varios medios de comunicación de Miami, incluyendo The Miami Herald, colaboraron en un proyecto de investigación que se concentró en el sistema contable paralelo de Odebrecht. Los documentos filtrados mostraron vínculos entre el hijo de Pólit, John, que reside en Miami, y una empresa ficticia de EE. UU., Ventures Overseas LLC, que se convirtió en un intermediario para los presuntos pagos de soborno de Odebrecht.

John Pólit, excorredor de valores en Miami, también recibió una pena en Ecuador por complicidad en el caso de su padre. Pero en 2020 anularon su condena en nuestro país y no figura en el caso federal de su padre en Miami. MIB

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Durante 2015 y julio del 2020, “Aguilar y otros participaron en una conspiración para pagar y ocultar sobornos a funcionarios ecuatorianos de ese entonces, incluida la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador). Con el fin de obtener y retener negocios para la empresa comercial”, indica el comunicado del organismo.

El documento continúa especificando el monto de USD 300.000 como la coima entregada a funcionarios públicos, a cambio de beneficios para la empresa.

Sin embargo, la justicia norteamericana afirmó que, según varios documentos sujetos a investigación, la cifra prometida por Aguilar a los funcionarios ecuatorianos ascendía a los USD 870.000 dólares.

Actualmente, el caso sigue en proceso de investigación. El Departamento de Justicia de los EEUU declaró que se presume la inocencia de Aguilar hasta que el proceso demuestre lo contrario. Así también, manifestó que, por el momento, los otros nombres de los implicados en este delito se mantienen en reserva.

Los cargos

Javier Aguilar, mexicano de 46 años,  trabajó como gerente comercial de la petrolera, en Houston. Según el Departamento de Justicia de los EEUU, Aguilar y otros funcionarios habrían sobornado a funcionarios del Gobierno ecuatoriano. Con el objetivo de beneficiarse ilegítimamente de contratos con la compañía.

En EEUU, Aguilar enfrenta cargos por lavado de activos y, también, por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Según la justicia estadounidense, Aguilar no solo habría entregado sobornos a funcionarios públicos del Ecuador. Además, falsificó acuerdos de consultoría para encubrir a los intermediarios de las coimas. (JEB).

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De la Torre era consejero en la petrolera estatal entre 2018 y 2019. Durante ese período conspiró con otros oficiales de la compañía para desviar millones de dólares de contratos que Petroecuador iba a firmar con otras empresas. 

Solicitó aproximadamente USD 3,15 millones en cobros ilegales de un ejecutivo de la empresa. Además que conspiró para lavar ese dinero a través de cuentas bancarias en los EE.UU., De la Torre recibió USD 32’508.970.

El sobrino del contralor se comprometió a entregar a la justicia estadounidense: documentación, estados bancarios y un recuento de todos sus activos. En junio de 2019 fue arrestado en el país norteamericano con el dinero.

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Dentro del caso también estaban involucrados Juan Carlos B., Johanna V. y quienes tuvieron la sentencia de 3 años y cuatro meses de prisión.

Además de esto, el Tribunal estableció que Walter A. no era cómplice sino coautor del delito. Como cómplice le habían dictado 3 años de prisión. Esa condena, con el nuevo delito, subió a 4 años y 10 meses de privación de libertad.

Según la Fiscalía, Iván Espinel se benefició con activos de origen ilícito. Los acusados, por su parte, colaboraron para ocultar la determinación real de fondos producto de actos ilícitos y prestar sus nombres o el de empresas para el cometimiento de delitos.

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