La Cancillería argentina presentó una medida cautelar en favor de Duarte para que el régimen de Guillermo Lasso otorgue el salvoconducto que le permita salir del Ecuador junto a su hijo.

El canciller de ese país, Santiago Cafiero, firmó la presentación ante la CIDH que pide la intervención del organismo interamericano. Según expresó, la República del Ecuador debe dar cumplimiento a su obligación de otorgar un salvoconducto, de conformidad con las obligaciones consagradas en la Convención de Asilo Diplomático de 1954, y el deber de cooperación entre Estados en la promoción y observancia de los derechos humanos».

Argentina dice…

El Gobierno de Alberto Fernández argumenta que la decisión está amparada en la opinión consultiva 25/18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta expresa que el «principio de no devolución puede verse involucrado en caso de que personas que hayan ingresado a una embajada sean entregadas a las autoridades del Estado territorial».

En este sentido, afirman que «la devolución, como concepto autónomo y englobante, puede abarcar diversas conductas estatales que impliquen poner a la persona en manos de un Estado en donde su vida, seguridad y libertad estén en riesgo de violación a causa de persecución o amenaza de la misma».

El principio de no devolución refiere a un marco legal que evita la restitutción de una persona al territorio en el que peligra su libertad por motivaciones políticas, reseñó Página 12.

Con base en este principio, la Cancillería argentina considera que no basta con que el Estado ecuatoriano se abstenga de violar dicho principio, sino que es necesaria la adopción de medidas positivas para resguardar la integridad de Duarte.

Finalmente, también esgrimió que Argentina otorgó el asilo diplomático a la exministra de Correa «en razón del agravamiento de su situación humanitaria (y la de su hijo)».

Ecuador dice…

El Gobierno de Lasso negó el salvoconducto para Duarte segurando que la convención de 1954 no contempla el asilo por delitos de corrupción. En abril de 2020, la exministra fue procesada y condenada a ocho años de prisión por cohecho en el denominado caso Sobornos.

Por esta razón, la Cancillería del Ecuador rechazó el asilo diplomático. El expresidente Correa se pronunció frente a la decisión del canciller Juan Carlos Holguín. Señaló que el ministro desconoce de normas internacionales y que «el caso Sobornos es el paradigma del lawfare (guerra jurídica y mediática), y el mundo lo sabe».

Réplica de Argentina

Argentina expuso que «si bien Ecuador hizo referencia a la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupcón y la Convención Interamericana contra la Corrupción», tales recursos no deberían servir debido a esas medidas «norman la cooperación jurídica internacional que Ecuador no ha procurado hacer valer en ingún momento». Además, añadió que cacece de relación material y procesal con el instituto del asilo pertinente.

María de los Ángeles Duarte permanece alojada en la residencia oficial argentina en Quito, en carácter de «huésped por razones humanitarias» desde el 12 de agosto de 2020. Duarte fue ministra de Transporte y Obras Públicas y de Desarrollo Urbano y Vivienda durante los mandatos de Rafael Correa (2007-2017).

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La vicepresidenta de ese país fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

La RC señaló que la pena contra Fernández es un nuevo capítulo de persecución política. «Una sentencia que estaba previamente escrita y que lo único que busca es evitar su participación en las próximas elecciones presidenciales», reza el comunicado.

Además, agregaron que este es otro caso más de lawfare contra los movimientos progresistas de América Latina. Una estrategia que busca acabar con las ideas progresistas y restringir los derechos de participación política.

Rechazó la politización de la justicia, que ha sido masificada por los grandes medios de comunicación. Este problema solamente ha profundizado la polarización y el auge de la extrema derecha en la región. Advirtió que estas acciones son contraproducentes para la democracia y ejemplificó su paso en Ecuador, Colombia y Brasil.

El lawfare, traducido al español como guerra jurídica, es un término que explicael uso indebido de procedimientos legales para atacar a oponentes políticos. Una vez sembradas las argucias en el terreno del derecho con apariencias de legalidad, se utiliza a los medios de comunicación para influir en la opinión pública.

Es ganar una guerra política pasándola al ámbito jurídico-mediático con fines económicos, políticos o geopolíticos y engañando a la ciudadanía para anestesiarla contra la violación del debido proceso.

La sentencia contra Fernández

La justicia de ese país la declaró culpable de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública por extracción de fondos del Estado durante los dos periodos en los que fue presidenta (2007-2011; 2011-2015). Según medios internacionales, Fernández habría desviado mil millones de dólares.

La Fiscalía acusó a la vicepresidenta como figura principal de un entramado de corrupción por asociación ilícita. Ella, junto a otros funcionarios, habría dirigido contratos millonarios de obras viales incompletas y con sobreprecios.

Sin embargo, pese a la condena, Fernández no irá a la cárcel porque cuenta con inmunidad debido a su cargo como vicepresidenta. Su dignidad la protege en ámbitos legales y civiles.

Por su parte, la vicepresidenta negó los cargos y enfatizó que se trata de una persecución política. Refirió que el caso «Vialidad» no tiene fundamentos y es pura persecución no solo contra ella, sino contra el proyecto político que integra.

Tras conocer la condena, la vicepresidenta negó los cargos, pero precisó que no se postulará a las próximas presidenciales, aunque con todo y sentencia no está impedida de hacerlo.

Esta es una condena histórica para Argentina. Nunca antes un vicepresidente en funciones había sido condenado por la justicia. Sobre todo de la dirigente más influyente de las últimas dos décadas en el país.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se pronunció a través de redes sociales. Expresó su respaldo hacia su vicepresidenta y apuntó que es inocente y que se utilizó a la justicia y a los medios de comunicación para condenarla.

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El medio hace referencia al paso por la prisión del líder sindical y la decisión de un tribunal de anular sus juicios que lo llevaron nuevamente a la palestra electoral. «La decisión explosiva puso a Brasil en camino a un enfrentamiento entre el izquierdista Lula y el actual presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, en las elecciones de octubre de 2022. Las encuestas ahora colocan al retador en 45% y al titular en 31%, con más candidatos centristas casi fuera de la carrera».

Lula no dudó en que iba a regresar a la política tras la destrucción de las políticas que impulsó mientras fue presidente. «En verdad, nunca me di por vencido”, retumba con su famosa voz grave, que se vuelve más ronca por la edad. “La política vive en cada célula de mi cuerpo, porque tengo una causa. Y en los 12 años desde que dejé el cargo, veo que todas las políticas que creé para beneficiar a los pobres han sido destruidas”.

El expresidente no suele hablar sobre sus emociones durante los días que pasó en la cárcel,, pero si recuerdo con afecto los gritos de «buenos días presidente» que le enviaban desde afuera sus simpatizantes. «Estaba preparado para salir de prisión sin sentir ningún resentimiento, solo recordando que era parte de la historia. No puedo olvidarlo”, dice. “Pero no puedo ponerlo sobre la mesa todos los días. Quiero pensar en el futuro”.

En campaña hablará sobre el amor, si hay espacio para ello. Lula está comprometido con Rosangela Da Silva, una socióloga de 55 años.  “Si puedo, en la campaña hablaré solo de amor. No creo que sea posible ser un buen presidente si solo sientes odio dentro de ti, si lo único que quieres es venganza. No, el pasado ha terminado. Construiré un nuevo Brasil”. MIB

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Fuente: TIME

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La idea de poner en circulación a “SUR”, moneda digital, no es nueva. Fue propuesta por Gabriel Galípolo, ex presidente del Banco Fator y asesor del gobierno de Lula da Silva y por el economista Fernando Haddad. Su implementación es similar al sistema del Euro (moneda de Europa) y podría utilizarse para flujos financieros y comerciales entre los países Latinoaméricanos.

La aplicación se daría en caso de ser reelecto presidente en octubre. «Vamos a restablecer nuestra relación con América Latina. Y si Dios quiere, crearemos una moneda en América Latina», dijo en la convención.

Características de “SUR”

Sería emitido por el Banco Central Sudamericano. La capitalización inicial será directamente proporcional a la participación de los países en el comercio regional. Asimismo, se utilizarán las reservas internacionales de cada país y se implementará un impuesto a las exportaciones que salgan de Latinoamérica.

«Recibirían una dotación inicial de SUR, según reglas claras acordadas, y serían libres de adoptarlo a nivel nacional o mantener sus monedas. Los tipos de cambio entre las monedas nacionales y SUR serían flotantes», aseveró el ex mandatario de 76 años.

La iniciativa no es nueva en el país, en agosto del año pasado Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, argumentó que el 15 o 20 años existirán solo 5 o 6 monedas flotantes en el mundo, entre ellas el Euro, el Yuan y el Dólar.

Además, citó el caso de Argentina y Venezuela quienes sufren la devaluación de su moneda por la inflación e hiperinflación que vive cada país respectivamente. Por ello insistió en la necesaria implementación regional monetaria en toda Latinoamérica.

El próximo 7 de mayo, Lula da Silva confirmará su candidatura en el Partido Socialismo y Libertad. Las elecciones se llevarán a cabo en octubre de este año. Aparece como favorito en las encuestas del país frente a Jair Bolsonaro quien se postulará para la reelección.

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“El trabajo que debe hacer un asambleísta es legislar y fiscalizar. En el Ecuador hay una gran cantidad de actividades que se tienen que fiscalizar. La esposa del exdefensor del Pueblo, por ejemplo, presentó una solicitud de juicio político a la fiscal por incumplimiento de funciones. Sin embargo, no vemos al asambleísta Villavicencio activar esos temas. En otros procesos como INA papers o Pandora papers que son del Estado ecuatoriano, hubo que encargar a una nueva comisión que investigue debido a las dudas de si Villavicencio tenía la capacidad de investigar el caso de Guillermo Lasso”, explicó la analista Paulina Mogrovejo a Radio La Calle.

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El legislador, a juicio de la experta, adoptó una posición política que busca generar ruido alrededor del caso Saab y hace cualquier cosa por encima de la ley. “El proceso indica que hay que presentar una denuncia, en lugar de eso se lo entrega a Iván Duque que, en términos ideológicos, no puede ser objetivo con Piedad Córdoba”.

Disparador del lawfare

De acuerdo con Mogrovejo, Villavicencio ha cumplido un rol de vocero en determinadas situaciones. “En una nueva forma de hacer política, los sectores de derecha captan a las instituciones de justicia y aplicar lo que conocemos como lawfare. El lawfare siempre necesita un disparador. En los últimos tiempos, Villavicencio ha cumplido ese rol. Sacar a la luz pública supuestas denuncias que luego se tramitan, no siempre con todas las pruebas suficientes”.

Mogrovejo añadió que este rol trascendió de un nivel local a uno regional. “El ataque a Piedad Córdoba tiene un contexto político. Son las elecciones en Colombia y el sector progresista tiene posibilidades de ganar”.

¿Estados Unidos?

El sociólogo Agustín Burbano de Lara indica que ha existido una falta de autonomía del gobierno ecuatoriano, tanto en el período de Moreno como de Lasso respecto a las “instituciones de la doctrina hemisférica de Estados Unidos” es increíble.

“El tema de seguridad está sujeto a la entrega de o no de las visas de la Embajada americana, es una vergüenza que el sistema de seguridad necesite un sistema externo de verificación y expedición de visas por encima de la Comandancia de Policía y las Fuerzas Armadas”, dijo a este medio.

Lo mismo sucede en la economía. “Por encima del Gobierno y el Ministerio de Economía está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los acreedores de la deuda. Otra vergüenza. Así se explica que un tipo que no tiene jurisdicción, competencia ni nada que hacer en Colombia esté allá”, agregó.

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“En lugar de responder sobre las acusaciones internacionales que lo vinculan con los Pandora Papers, amenaza con utilizar armas judiciales – Lawfare- en contra de quienes investigan por pedido del Pleno en la Asamblea Nacional”, escribió la organización política en en comunicado. 

“La inoperancia, las malas decisiones políticas y económicas, la falta de prioridades y de planificación son sus verdaderos conspiradores. El desempleo, la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos, el alza indiscriminada del precio de los combustibles, la inexistencia de oportunidades son los únicos ‘desestabilizadores’ de su Gobierno”, agregó. 

“Basta de mentir. Basta de echarle la culpa a Rafael Correa como lo hizo Lenín Moreno con quien usted cogobernó. La crisis política que enfrenta se resuelve con comparecer ante la Asamblea Nacional y presentar sus pruebas de descargo sobre las supuestas cuentas y bienes en paraísos fiscales, así como el incumplimiento del Pacto Ético. El Ecuador merece la verdad”, continúa. 

“La Revolución Ciudadana exige un cese a las amenazas y a la persecución política. No mienta, no somos golpistas ni conspiradores. Somos oposición democrática que presenta salidas constitucionales ante esta crisis política, social, ética y moral”, finalizó. 

Pandora Papers

Según una investigación de 600 periodistas de hispanoamérica, Lasso recurrió a 14 sociedades financieras opacas en Panamá y Estados Unidos. En ellas se deshizo de gran parte del entramado offshore después de que, por ley, se prohibió a los candidatos presidenciales ser beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales.

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“Realmente aquí lo que existe es un show jurídico con el único objetivo de proscribir a actores políticos como al expresidente Rafael Correa, la prefecta Paola Pabón y Jorge Glass. No puede ser posible que en un Estado de Derecho se use las herramientas de la justicia para cometer injusticias contra estas personas”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

Vanegas indicó que, si se analizara el proceso judicial de Rafael Correa, Jorge Glass y Paola Pabón se encontrarían irregularidades tales como: la celeridad en los procesos judiciales, los falsos testimonios, entrega tardía de informes, valoración de las pruebas, entre otros. 

“El sistema de justicia tiene tantas falencias que en 48 horas fue resuelto el recurso de casación para Rafael Correa, mientras que en 20 años no se ha judicializado a Jamil Mahuad. En el caso de Pabón, la Embajada mexicana tuvo que aclarar que la prefecta no apelará al asilo político en el país”, acotó.

Apoyos a la prefecta de Pichincha

El 3 de septiembre, las autoridades de la Embajada de México negaron que exista una petición de asilo político por parte de la prefecta Pabón. La aclaración llegó después de que se la acusara a de “evadir el accionar de la justicia”, de acuerdo con la documentación de la Fiscalía. La funcionaria respondió a través de su cuenta de Twitter: “No he pedido asilo político, soy la prefecta; no voy a ir a ningún lado, estaré trabajando como hoy hasta el 2023. ¡Basta de persecución política!”.

Pabón informó de la audiencia a la Organización de Naciones Unidas en el marco de los derechos humanos. El organismo respondió de forma favorable a la petición. «En conocimiento de mi situación, la comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas pondrá mi caso bajo consideración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU», informó la prefecta.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CONFEPEC) también se pronunció a favor del debido proceso contra la autoridad provincial. “La prefecta, por la información dada, no ha solicitado asilo político, ni ha hecho acercamiento con ninguna representación diplomática en Ecuador. Como presidente de la CONFEPEC, solicitó, de la manera más respetuosa, que se continúe el debido proceso y su defensa como se ha venido haciendo hasta hoy”, dice una carta del presidente Eugenio Arellano al juez a cargo del caso, Vladimir Jhayya.

Resolución del Caso Sobornos

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) se reunirá este lunes 7 para resolver el recurso de Casación del denominado caso Sobornos. En él se encuentra implicado el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, entre otros. En cuanto se resuelva la sentencia verbal deberá notificarse por escrito. Dentro de los siguientes tres días, los abogados de los procesados, la Fiscalía y la Procuraduría pueden pedir ampliaciones y aclaraciones. (GG)

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