A ocho meses del retorno de la Asamblea Nacional, luego de haber sido disuelta en mayo de 2023 por muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso, varios han sido los tropiezos que el Legislativo ha tenido en sus funciones de fiscalizar el accionar político del país, cada vez más envuelto en escándalos de corrupción. La falta de consenso, los saltos entre bancadas de algunos asambleístas y el divorcio con el Ejecutivo modifican casi a diario las agendas legislativas.

Los intereses particulares de los legisladores que aspiran una nueva candidatura y los cuadros para los comicios del 2025 han venido moviendo rápidamente las fichas en las últimas semanas. Las bancadas con más camisetazos en este corto periodo han sido Construye y la Revolución Ciudadana, así como una de las más beneficiadas ha sido el oficialismo que empezó con 14 asambleístas electos, en noviembre de 2023, pero a la fecha cuenta con un total de 36 curules para el voto.

A pesar de estos movimientos, la RC sigue siendo la bancada con mayor número de adheridos y a ADN aún no le alcanzan los curules para darle la gobernabilidad al presidente Noboa, más aún, luego de su intento de eliminar a Construye del listado de organizaciones políticas y del anunciado desmarque del Partido Social Cristiano de las líneas del gobierno. Sin embargo, en las recientes votaciones del pleno de la Asamblea estas dos bancadas han vuelto a respaldar al oficialismo. No es una sorpresa, pero en todo caso las agendas están permanentemente moviéndose en función de las necesidades de las cúpulas políticas y a conveniencia de los pactos que por debajo de la mesa deban hacer.

Las disputas entre asambleístas, y asambleístas y autoridades de gobierno también son parte de toda esa novelización. Los recientes episodios como la supuesta declaración de inhabilidad mental a Noboa, que saliera de su propia bancada; la necesidad de denunciar a un expresidente por declaraciones que tendrían consecuencia en la economía nacional; y, la sorprendentemente ágil investigación de tráfico de combustibles que involucraría al alcalde de Guayaquil, lejos de darnos una garantía de democracia, solo nos recuerda los vergonzosos capítulos del extinto Congreso Nacional, así como sus pocas y eficientes gestiones.

El poder legislativo y fiscalizador de la Asamblea Nacional es el nuevo poder político. Hoy, incluso, tenemos a la función judicial inmiscuida en la legislativa para coadyuvar a estos objetivos. Durante, al menos los tres últimos gobiernos, el uso de los juicios políticos ha venido reflejando la dinámica política y social del país. Este mecanismo que debería fortalecer la democracia y la transparencia en la administración pública se ha convertido en la principal herramienta para la persecución política. Se ha convertido en la nueva vieja confiable para eliminar radicalmente a los adversarios.

En poco más de medio año lo único visible ha sido la cantidad de juicios políticos a ex y actuales autoridades y la designación de autoridades de control, que ha subido las tensiones dentro del Legislativo. Hoy tenemos 3 autoridades posesionadas; 5 exministros y vocales de la Judicatura censuradas; 5 juicios archivados suspendidos, entre los que está el de la Fiscal General; y, 20 procesos de juicios políticos pendientes. Estos escenarios complejizan la comprensión del valor de la institución parlamentaria y facilita la espectacularización de la política.

Lo peor de todo es que en este fragmentado funcionamiento del sistema político del país, el pueblo, el mandante, ha sido omitido de todos estos repartos. Aunque la historia política es cíclica y siempre permitimos que vuelva, debemos dejar de ser meros espectadores y exigir a nuestros gobernantes que nos den resultados de su función pública. Estamos atravesando una de las peores crisis de la historia, y no es posible que nos consuma el espectáculo que se está normalizando de manera escandalosa.

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Quito, 10 jul (La Calle).- Henry Kronfle tomó el micrófono una vez más y, en cadena nacional, salió a responder las declaraciones del presidente Daniel Noboa en un enlace radial este lunes en Guayaquil. Kronfle expresó que lo hace obligado asegurando que “la nueva política no puede ser la vieja política de las mentiras”. Aclaró que no considera su testimonio como una réplica, sino una necesidad de informar a los ecuatorianos lo que es, a su criterio, la verdad.

El presidente del legislativo recalcó la labor del parlamento en favor de la ciudadanía, destacando la aprobación de 25 leyes durante el actual periodo, asegurando que la mayoría están directamente relacionadas a afrontar el tema de seguridad.

Kronfle negó la acusación del presidente sobre la existencia de un pacto para liberar a personas privadas de la justicia. Siendo esta una supuesta referencia a una maniobra en favor del ex presidente Rafel Correa y a una supuesta alianza entre la Revolución Ciudadana y PSC en contra de la bancada del gobierno (ADN).

En múltiples ocasiones,  el legislador sostuvo que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sólo se puede recuperar siempre y cuando se trabaje con la verdad. Además, comentó sobre la aprobación de la ley que aplica la consulta popular realizada en abril pasado, rechazando la acusación de que el legislativo haya querido reducir las penas, ratificando que la ley se aprobó igual como fue enviada por el ejecutivo. A esto añadió: “Yo no sé quién asesora al presidente de la República. Pero quien lo esté asesorando no puede seguir a lado de él, lo está haciendo cometer errores garrafales.”

«Bullying político»

De igual manera, el presidente del Parlamento habló sobre las reformas del COIP derivadas de la consulta popular, impulsadas por la bancada del PSC. Kronfle acusó al oficialismo de realizar un tipo de “bullying político” al asegurar que la Asamblea se había pasado de la fecha límite de aprobación de las leyes. Aseguró que se aprobaron dentro del tiempo establecido. Además afirmó que, en cambio, las reformas no recibieron apoyo del oficialismo en el Pleno, con el motivo de darle impulso a la consulta popular.

Durante la emisión, Henry Kronfle también expresó su sospecha de que esta guerra mediática por parte del ejecutivo se debe a la cercanía de las elecciones presidenciales del 2025. Recordando que al inicio del mandato el Gobierno y la Asamblea eran “mejores amigos». Cuando el ejecutivo buscaba apoyo a la declaratoria de conflicto armado y se buscaba aprobar leyes económicas urgentes, y “hoy que entramos en una contienda electoral, ya somos enemigos.”

Asimismo, Kronfle calificó como falsa acusación, su participación detrás del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, promovido por la Revolución Ciudadana, debido a la incursión de la Policía a la Embajada de México en la capital. Recordó que, dentro de las 40 firmas de respaldo en el proceso de fiscalización, ninguna lleva su nombre y tampoco el de ningún miembro de PSC.  

¿Un pacto?

Finalmente, Kronfle desmintió la idea de un pacto para salvar a Willman Terán, reiterando que su bancada (PSC) votó a favor de que el proceso continúe. De la misma forma, Kronfle también fue confrontado con el hecho de la Asamblea rechazó ya tres veces la solicitud de la bancada de ADN para la creación de un Comité que analice las controversiales declaraciones del ex mandatario Rafael Correa sobre invadir el puerto de Guayaquil y parar la economía del Ecuador.

Frente a esto, el legislador respondió que la Asamblea solo puede fiscalizar a los servidores públicos durante sus funciones o hasta un año después de haber dejado el cargo, con base a la ley orgánica de la función legislativa, asegurando que “no estamos protegiendo al expresidente Rafael Correa». Además, recomendó que si el Gobierno quiere tomar acciones frente a Correa «vayan a la Fiscalía y presenten su denuncia».

Al concluir la entrevista, Kronfle ratificó que no permitirá que se manche el trabajo de la Asamblea por motivos electorales, que el Legislativo “dialoga, resuelve y avanza” y lo más importante que es hora de “menos bla bla bla y más acción.” (N.C)

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La legisladora reelecta Sofía Sánchez presentó la reforma en julio de 2022, cuando formaba parte de la bancada de Pachakutik. Según reporta Ecuavisa, el objetivo de la propuesta es que quienes busquen una curul en el Parlamento cumplan, además, una de las siguientes tres condiciones:

1. Probidad notoria a través de una declaración juramentada bajo pena de perjurio;
2. Experiencia relacionada con el puesto; también cuenta participación social o vinculación política; y,
3. Formación justificada, es decir, estudios formales o capacitaciones en procesos legislativos.

Por el momento, la ley obliga solamente a cumplir con dos requisitos: ser ecuatoriano en goce de sus derechos políticos y tener más de 18 años.

Hay una segunda propuesta

Otra enmienda constitucional cayó por sorteo a la magistrada Nuques. Se trata de incluir a los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a que puedan ser sometidos a juicio político.  

Para ello, habría que reformar el artículo 131 de la Carta Magna que limita el enjuiciamiento político a ministros o altas autoridades de otros poderes del Estado y entidades de control, reseñó el medio. La propuesta fue planteada por el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, en enero de 2023.

La jueza Nuques ya notificó a la Asamblea Nacional, que apenas posesionada deberá resolver los dos temas en el término de cinco días como máximo.

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El 20 de agosto los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir las dignidades de presidente, vicepresidente y un total de 137 representantes para el Legislativo.

Según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Revolución Ciudadana lleva la delantera tanto tanto en el apartado de asambleístas nacionales (39.37 %) como en provinciales (29.74 %), lo cual indica que serán mayoría dentro de la nueva Asamblea.

Al liderazgo de esta lista también se suma el movimiento Construye 25, que respaldó al excandidato Fernando Villavicencio, con un 20.14 % en asambleístas provinciales y 20.65 % en nacionales.

Entre los rostros más polémicos que alcanzaron el triunfo en la Asamblea se encuentra el expresidente Lucio Gutiérrez, el exministro del Interior Patricio Carrillo, la exasambleísta Ana Galarza, entre otros.

Lucio Gutiérrez

Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa llegó a la Presidencia de la República en 2003 con el respaldo de Sociedad Patriótica y Pachakutik, luego de liderar el levantamiento contra el gobierno de Jamil Mahuad. Sin embargo, solo duró dos años en el poder y fue derrocado en 2005 por la »Rebelión de los forajidos».

Durante su estancia en el Carondelet se lo acusó de traicionar a sus socios políticos para establecer lazos con la derecha ecuatoriana representada por el PSC. De igual manera empezaron las acusaciones por la ineficiencia del Gobierno y se denunciaron casos de corrupción por parte de funcionarios públicos nombrados directamente por Gutiérrez.

Uno de los escándalos que enfrentó fue la desaparición de armamento de las Fuerzas Armadas, una de las hipótesis a este descubrimiento planteaba que el arsenal fue entregado a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia.

Por otro lado, a través de su mayoría oficialista en el Congreso destituyó a jueces de la Corte Suprema del Ecuador y sus parlamentarios nombraros a otros. Lo curioso de estas designaciones, es que el nuevo presidente de la Corte fue Guillermo Castro, quien anuló los juicios contra el expresidente Abdalá Bucaram.

No puede faltar las acusaciones del descarado nepotismo durante su período presidencial, pues había puesto en manos de una interminable parentela importantes funciones políticas y administrativas del Estado ecuatoriano.

El escape

El 15 de abril del 2005 la presión de cientos de quiteños en las calles dejó a Gutiérrez una única salida: declarar Estado de Emergencia y escapar. Desde la sotea del Carondelet el exmandatario tomó un helicóptero para huir del país, no sin antes ordenar a la Fuerza Pública que custodiaran las instalaciones del Congreso.

Esta medida no funcionó pues los legisladores sesionaron en Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal) y resolvieron su destitución por abandono del cargo. Su lugar lo tomó su vicepresidente Alfredo Palacios.

»Me drogaron»

En junio del 2023 Gutiérrez relató que su huida del Palacio de Carondelet fue porque supuestamente estaba drogado.

El exfuncionario relató que un médico capitán lo vio muy cansado y le dio unas pastillas. “Me dio unas cinco o seis pastillas y me las tomé. Tal vez mi error fue tener ingenuidad extrema”, respondió para Radio Sonorama cuando se refirió a su memorable salida del Palacio de Gobierno.

Como si todo quedara en el olvido volvió a la política en 2009 para lanzarse a la presidencia pero quedó en segundo lugar. En 2013 y 2021 postuló nuevamente para la misma dignidad y en 2017 para asambleísta sin éxito. Finalmente este 2023 logrará tener un puesto en la nueva Asamblea.

Patricio Carrillo

Uno de los rostros difíciles de olvidar es el del exministro del Interior Patricio Carrillo, el tercer funcionario en dirigir la gestión de la Policía y las acciones de seguridad durante el actual gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, solo duró seis meses en el cargo debido a que el mandatario pidió su renuncia.

Antes de su nombramiento como ministro, Carrillo era Comandante General de la Policía durante el período presidencial de Lenin Moreno de 2020 a 2021. Anteriormente ocupaba el cargo de General Inspector de la Policía y estuvo al frente de los operativos de seguridad y orden pública en el paro de octubre del 2019, esta crisis lo convirtió en la mano derecho de la exministra de Gobierno, María Paula Romo.

Aquellas manifestaciones estuvieron marcadas por casos de  ejecuciones extrajudiciales, fallecidos, personas con heridas físicas y psicológicas, personas que perdieron un ojo y tuvieron lesiones permanentes por el impacto de bombas y perdigones.

El exdefensor del pueblo Freddy Carrión presentó una demanda en Fiscalía contra varios funcionarios públicos del gobierno de Moreno, entre ellos Carrillo, por el delito de lesa humanidad. Más tarde denunció amenazas en su contra y pidió ingresar al programas de protección de testigos.

Censura

Pesa a los antecedentes de Carrillo, el presidente Lasso lo puso al frente del Ministerio del Interior. Esta decisión causó polémica en la opinión pública, por su parte el dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, expresó su descontento y señaló que Carrillo fue uno de los ciudadanos que denigraron la lucha social.

Su paso por la política estuvo marcado por el femicidio de María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía. Este hecho provocó que el exfuncionario fuera censurado en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones, no solo en este caso sino también por la represión del Paro Nacional 2022.

La resolución del Legislativo señalaba que el exfuncionario no podía ejercer cargos públicos durante dos años. Sin embargo manifestó que no está postulando a un cargo público.

«Yo estoy presentando una candidatura, he aceptado para una elección popular. Y es el pueblo ecuatoriano el que tendrá que decidir y no una Asamblea absolutamente deslegitimada», justificó.

Ana Galarza

Ya ocupó un curul en la Asamblea en el 2017 por el movimiento CREO, sin embargo, fue destituida por presunto tráfico de influencias. El informe de mayoría recomendaba solo una sanción administrativa a la exfuncionaria por el mal uso de la tarjeta electrónica ya que no encontraron veracidad en las otras acusaciones.

En la Comisión Multipartidista el esposo de la exasambleísta, Francisco Sevilla, admitió que usó la tarjeta magnética de Carmen Alvarado -funcionaria del despacho de Galarza- para ingresar al Palacio Legislativo. Galarza pidió disculpas por esta falta, sin embargo, señaló que no era una causal para su destitución.

Por su parte, la exasambleísta Amapola Naranjo realizó un informe de minoría en donde consideró que el denunciante Ronny Aleaga sí demostró que Galarza gestionó un cargo público en favor de su exasesor Lenin Rodríguez para que trabaje con la exasambleísta Jeannine Cruz. Este documento fue aprobado con 91 votos a favor en el Pleno.

Tras un proceso investigativo en Fiscalía, la titular de la institución Diana Salazar solicitó el archivo del caso. La jueza Daniella Camacho ratificó esta decisión por falta de elementos de convicción que sustentaran la acusación.

Arturo Moreno

Primo hermano del expresidente Lenin Moreno y líder de Pueblo Igualdad y Democracia (PID), uno de los movimientos aliado a ADN. Según él, su organización no está relacionada con el exmandatario.

De acuerdo a un reportaje de La Historia en colaboración con la plataforma Connectas, el ahora asambleísta fue acusado por cohecho en el 2008.

La denuncia especificó que Moreno Encalada llegó al despacho del exdirector regional del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marcelo León Jara, con un maletín de USD 12.500 que habría sido parte de una coima para desvanecer una deuda con la constructora Hidalgo & Hidalgo pero el funcionario no habría aceptado.

León denunció lo ocurrido y en una emboscada en donde Moreno Encalada admitió que el maletín era suyo la Policía salió del baño y lo detuvo. Más adelante fue absuelto por un Tribunal pues consideraron que la pruebas expuestas no tenían validez porque no fueron ordenadas por un juez. (A.G.M).

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El Pleno de la Asamblea sesionó en modalidad virtual y registraron 135 asambleístas, es decir, existieron dos ausencias. La moción de prórroga fue interpuesta por la legisladora Viviana Veloz a 48 horas de cumplirse los 30 días de plazo para entregar el informe de la Comisión Ocasional.

» La comisión especializada podrá pedir justificadamente a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, una prórroga de máximo veinte días para presentar un informe detallado», dice el artículo 58 de Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

El debate parlamentario

Antes de la resolución del Pleno de la Asamblea, se discutió la gestión de la Comisión en un debate. Por parte del oficialismo, 20 asambleístas votaron en contra de la moción y cuatro se abstuvieron.

El legislador Juan Fernando Flores manifestó que «no van a avalar más mentiras y mucho menos el oportunismo político». Además enfatizó en que no existen vínculos del presidente de la República, Guillermo Lasso, con temas del narcotráfico y «no ha logrado comprobarse» esta acusación.

«¿Para qué necesitan 10 días?», dijo Flores, «¿o es que a caso están esperando que les envíen el informe desde Bélgica o desde México'», resaltó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Ocasional detalló que hasta el momento se han realizado 19 sesiones y se han recibido 40 mil hojas de información. Como justificación para el requerimiento de la prórroga señaló que no es un tema sencillo por lo que deben ser prolijos y cuidadosos al momento de fiscalizar.

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El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, manifestó que esta ley se acopla a la realidad que hoy en día viven las comunidades. Algunos vehículos llegan a lugares donde no hay movilidad y la ley no les ampara. También aclaró que el transporte comunitario no hacer referencia a los carros viejos, sin licencia y sin llantas. “Así nos han hecho ver para garantizar una ley que afecta a los usuarios”, resaltó.

Si la propuesta del legislador Peter Calo se aprueba en la Asamblea, el sector productivo y agrícola tendría mayores facilidades. La asambleísta Pazmiño recalcó que en las comunidades nace la reactivación económica. “Estamos más que seguros que el Gobierno va a vetar esta ley, como todo lo que ha vetado en favor de las comunidades”, agregó.

El proyecto fue entregado en gestión documental del Legislativo para su posterior análisis en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Luego la comisión, a la que sea asignada la propuesta, realizará un informe con las respectivas observaciones a ser debatidas en el Pleno de la Asamblea. Para su aprobación se necesitan 70 votos. (A.G.M).

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“La mesa técnica se reunirá el viernes para tratar la Ley de Inversiones; y en la mesa política nos reuniremos el lunes, esperamos que esté el ministro de Gobierno”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, detalló que en la mesa técnica participarán los asesores de las diferentes bancadas y del Gobierno y en la mesa política estarán los delegados de las 5 bancadas propuestos por la Asamblea Nacional.

El asambleísta recalcó que existió falta de voluntad de dialogo por parte del Ejecutivo, al enviar a asesores y no a un funcionario de mayor nivel como el Ministro.

Cedeño comentó que duda en que el diálogo sea realmente el afán del Gobierno, pues se pudo demostrar que en las movilizaciones de junio su estrategia fue la confrontación.

“El Ejecutivo no entiende que no puede tener mayoría en el parlamento ecuatoriano, pero si se pueden generar espacios de diálogo”, afirmó el legislador.

Por otro lado, aseguró que la bancada de UNES jamás apoyarán ninguna ley que afecte los intereses económicos de los ecuatorianos.

El asambleísta aseveró que continuarán fiscalizando al Gobierno y está centrados en el juicio político al Consejo de la Judicatura.

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“El Palacio Legislativo fue inaugurado el 23 de marzo de 1960. Recién allí, la función Legislativa tuvo una sede y desde entonces, con excepción del incendio de 2003, se custodian más de 10 millones de documentos históricos originales, tres murales, la representación histórica y la simbología democrática”, expresó.

Agregó que hace 34 años, el maestro Oswaldo Guayasamín propuso al Congreso Nacional un mural de 300 m2 que describa la imagen de la Patria. Así lo llamó, pero luego, por las técnicas en su diseño, prefirió llamarlo el “Mural de los mil años”. “Como institución pagamos 38 millones y medio de sucres, aproximadamente USD 200.000 para la época por su instalación”.

¿Cómo se construyó el Mural de la Patria?

Los 23 paneles del mural se hicieron en fibra de vidrio y se pintaron en acrílico. La pintura se la regaló el muralista mexicano José Clemente Orozco y Guayasamín pasó tres meses en su taller perfeccionando la técnica. “Decidió mezclar al acrílico con polvo de mármol para que resistiera al tiempo y al polvo. La técnica es el cubismo e incluye los tres períodos en que desarrolló su arte”.

En un salón, como refiere Miño, donde se detonaron disparos, gases lacrimógenos, se fumaba y se utilizan los flashes de las cámaras profesionales. “Sin embargo esta técnica mantuvo igual a la obra desde su instalación”.

El escritor debió entrevistar al artista plástico para la inauguración del mural. “Cuando ingresé me abrió la puerta Pavel Egüez, otro pintor que era asistente de Guayasamín en esa obra. Me regaló dos horas donde me describió el simbolismo de este mural”.

Tres partes

En la parte del medio está el área simbólica. “El primero son unas manos subidas hacia el cielo para dar y recibir, un gesto con los que nuestro ancestro agradecían. Manos de esperanza buscando al sol. El sol y la luna se representan juntos, dando lugar a ocho triángulos naranjas que somos todos, los hijos del sol y la luna. Los cobija el ave insignia de Sudamérica: el cóndor”.

Guayasamín lo pintó de rojo “porque es un ave en peligro de extinción y nos pide que lo protejamos, pero también de azul porque quiere renacer”.

En el lado izquierdo se encuentra el área heroica. “En la parte superior están los líderes indígenas, no importan los nombres, Daquilema o Píntag, lo importante es que existieron hombres y mujeres indígenas líderes de nuestros pueblos. No hemos estado huérfanos”, relata Miño las impresiones del maestro.

“La siguiente es Rosa Zárate, esa heroína de la Independencia asesinada por reclamar la muerte de su hijo, un joven de 22 años asesinado junto a 300 quiteños y quiteñas el 2 de agosto de 1810”. En el panel de las tres mujeres están Dolores Cacuango, Manuela Sáenz y Manuela Cañizares. En el siguiente panel se representa la CIA, una forma de control moderna, la intervención extranjera. El panel de la mano representa el trabajo diario. Los militares también aparecen en esta área. Al igual que los obreros vulnerables.

Un rostro grotesco y una mano en forma de garra representa la ambición por el dinero. La protección de una madre se representa en otro panel. Más arriba aparecen los tres pensadores y escritores libertarios: Juan Montalvo, Eugenio Espejo y Vicente Rocafuerte.

La tercera área es la de los valores. En el primer panel hay seis rostros de niños que representan el futuro de la patria. El populismo está en blanco y negro con la cara de un intelectual, pero representa aprovecharse de la ignorancia del pueblo.

En el otro panel se representa la tortura, una persona crucificada. También aparece José peralta, el promotor de la educación laica en el país. Como un ave fénix se representa al general Eloy Alfaro, que renace entre las cenizas. También el agricultor y la Iglesia aparecen en esta área. Un hombre encadenado y de rodillas representa a la Patria atada por la ignorancia y la explotación. Los caudillos representados por un hombre de mirada seria y finalmente un homenaje a Picasso con los rostros del pueblo profundo. MIB

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El Magisterio exige la equiparación salarial, que el Ejecutivo acate la resolución de la Corte Constitucional, se aplique la Ley Organica de Educación Intercultural (LOEI) y no más recortes presupuestarios para la educación.

Asimismo, Vargas pidió a la Corte Constitucional que trabaje en independencia y que actúe en derecho. Además, aseguró que la UNE no descarta hacer una demanda de destitución, en contra del presidente de la República por no cumplir con lo establecido por la Corte.

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En rueda de prensa, Llori expresó que, llamó a una mesa de trabajo con miembros del CAL y los jefes de bancada, donde acogió el sentir de todas las bancadas, excepto UNES y PSC. Esto en referencia a la cancelación de la sesión 766 , programada para este viernes a las 12h00.

Desde la Asamblea Nacional se publicó un comunicado que en esa nueva sesión del Pleno, se tramitaría la petición de la conformación de la Comisión Pluripartidista.

Además, manifestó que la sesión que mantuvo con el CAL y miembros de las diferentes bancadas fue una reunión de trabajo en la que no se votó, a favor o en contra de las tesis que debatieron.

La bancada de Unión por la Esperanza (UNES) sugirió que se autoconvoque una sesión con todas las bancadas dado que la presidenta de la Asamblea ha mantenido sesiones de pleno irregulares. La gota que derramó el vaso fue el aviso de cancelación de la sesión 766 a las 23h00 del día de ayer.

Llori resaltó que las bancadas legislativas continúan dialogando, por lo que espera que lleguen a acuerdos, hasta el próximo martes, para conformar la Comisión de Evaluación, aunque enfatiza que «no existe esa figura legal ni constitucional».

Mientras sucedía la rueda de prensa , los asambleístas de diferentes bancadas expresaban su postura respecto a esta decisión y analizaban fecha y hora para una autoconvocatoria.

«Nos encontramos ante la palabra de una Presidenta, que incluso en nuestra cara, el día de ayer resolvimos que esta sesión se dé y le anuncia como cosa de ella, que hemos acordado otra cosa. Hemos tenido que salir a desmentir», dijo el legislador, Darwin Pereira, de Pachakutik.

Asimismo, el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, expresó: «Hay que buscar las alternativas democráticas, ya sea la autoconvocatoria, sea la convocatoria de la Presidenta, pero que se conforme esa Comisión para que trabaje en los temas que tenga que hacerlo”.

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«Es decir, muerte cruzada sí, pero no en estas condiciones. El presidente debería convocar a muerte cruzada, mandar a los asambleístas a la casa y empezar un engorde de su capital político», argumentó.

Dijo también que de las cinco funciones del Estado, tres están en crisis. «El país está pasando por un problema de desinstitucionalización», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que existen otras opciones como la consulta popular, pero que no resulta adecuada tomando en cuenta la situación política del país.

«La Consulta Popular es un absoluto suicidio porque no hay las condiciones para cambiar la realidad ahora. Seguir como estamos tampoco le beneficia al presidente», afirmó el analista.

Donoso también manifestó que la tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo no emerge solamente del archivo de la Ley de Inversiones. Sino que tiene que ver con cómo se realizaron las elecciones, el método de asignación de escaneos e incluso regresar al 2019 y ver cómo los movimientos políticos van emergiendo y teniendo éxito.

Recalcó que solo el 13% de la gente confía en el Estado y esto resulta grave porque finalmente los problemas y las tensiones sociales tendrán que resolverlas quienes estén inmersos en esas tensiones.

“Las cifras de pesimismo son horrorosas: 8 de cada 10 ecuatorianos sostienen que el país va por mal camino, 9 de cada 10 creen que el panorama político va a empeorar, 6 de cada 10 creen que el desempleo va a aumentar”, sostuvo Donoso.

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Quito, 09 mar (La Calle).- La Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social se aprobó la tarde de este miércoles. Con un veto parcial del Ejecutivo la Ley entrará en vigencia y reconocerá que la vivienda es un derecho convertido en servicio público, destinado al beneficio de todos los ecuatorianos.

Este proyecto de Ley presentado en 2018 e impulsado por Patricia Sánchez, asambleísta por Pachakutik, se ratifica hoy con 113 votos y 131 para allanamientos. Así, las mociones presentadas por la asambleísta a la Objeción Parcial del Presidente Guillermo Lasso, tienen luz verde por parte del Legislativo.

Patricia Sanchez, destacó que este proyecto de Ley lo viene trabajando por 30 años junto a organizaciones sociales y los barrios populares de Guayaquil. Hoy destacan los 63 artículos, cuya finalidad es garantizar la prestación del servicio público de vivienda de interés social a través de la generación y promoción de proyectos y planes habitacionales de iniciativa pública, privada o cooperativa.

¿Qué promueve esta Ley?

La ley promueve la organización cooperativa y el desarrollo de la economía popular
y solidaria en la planificación, oferta y solución de la demanda habitacional. Su aprobación exige al Estado impulsar la asignación, generación y gestión de recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros para el desarrollo de la vivienda de interés social.

Asambleístas de todas las bancadas le dijeron «sí» a la vivienda adecuada y digna para los sectores más empobrecidos del país. «Cuando de derechos sociales de nuestro pueblo se trata, nos unimos y votamos unánimemente», aseguró la asambleísta por Pachakutik.

Otros pronunciamientos, como el del asambleísta Salvador Quishpe se enfocaron en la titularización de las tierras. Planteando disposiciones transitorias para que en el plazo de un año, en coordinación entre el Ministerio de Vivienda y el de Agricultura se proceda a legalizar las tierras en favor de quienes viven por años y no tienen la titularización.

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Después de que Yesenia Guamaní propuso consultar a la Corte Constitucional las leyes derogatorias al paquetazo tributario, hoy la Asamblea niega esta propuesta.

El 30 de novimebre del 2021, un día después de que las reformas entraran en vigencia, ingresaron los proyectos de Ley para su derogatoria. Salvador Quishpe criticó el avance del proyecto. «Con mucha pena hemos escuchado que en el CAL se propone que el proyecto de Ley vaya en consulta a la Corte Constitucional», dijo.

Si bien Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea, recordó que el informe de la unidad técnica legislativa recomendaba no calificar estos proyectos derogatorios porque no cumplían los requisitos, otros asambleístas se pronunciaron.

Pabel Muñoz, de UNES, por ejemplo, dijo que la «ley es nefasta». Explicó que solo en el impuesto a la Renta se cambia el concepto, la formula de calculo y se quitan deducciones. Los incrementos que esto propone son de 700% y hasta 100% en segmentos bajos. Asimismo, como incrementos de 30% y 50% en segmentos altos, afectando así a quien menos tiene. Es por esto que la Asamblea niega hoy esta consulta.

Salvador Quishpe se pronunció sobre los proyectos de este modo: “Mientras van pasando los días castigan con más fuerza el bolsillo de quienes menos tienen en Ecuador”. Dijo, que “se perdona a grandes empresas, pero se aplica impuestos a la clase media”.

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«Con 91 votos ha sido aprobada la moción de no acoger el informe de Fiscalización que recomienda el archivo; y llamar a juicio político a Ruth Arregui, titular de la Superintendencia de Bancos, por incumplimiento de funciones; moción presentada por Darwin Pereira», escribieron en un tuit.

El debate en la Asamblea

«¿Cómo así se quiere archivar este juicio tan trascendente para el país? Cómo quieren archivar este juicio político de una persona que ha dejado hacer y ha dejado pasar, sin cumplir con las funciones que le encomendaron», expresó el asambleísta Roberto Cuero (UNES).

Por su parte, el asambleísta proponente del juicio, Darin Pereira dijo que las investigaciones apuntan a un trabajo doloso de Arregui. «Hemos descubierto historias dolorosas. Familias que se quedaron en la calle. A las que les cobraron intereses sobre intereses. Hemos decubierto que se dilapidaron fondos de la Superintendencia de Bancos».

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, expresó que el informe de la comisión fue hecho con criterios jurídicos. «Aquí hay un criterio jurídico y político de la COmisión de Fiscalización no de su presidente, que con cinco votos de diferente orientación política concluyó que no existe motivación ni pruebas para un juicio político».

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“La Asamblea Nacional decidió arbitrariamente encargar a la Comisión de Garantías Constitucionales que efectúe la investigación correspondiente al Caso Pandora Papers. Como era de esperarse, dicha Comisión presidida por el asambleísta Cabascango e integrada mayoritariamente por miembros de la oposición radical a mi Gobierno, aprobó el 5 de noviembre, por mayoría y sin debate, un informe prefabricado”, dice parte del documento.

Lasso añade que en el informe se permitió afirmar, sin fundamento o prueba, que habría incurrido en la prohibición del Pacto Ético “dictada, por cierto, con clara dedicatoria en mi contra”. El presidente rechazó el documento e indicó que la finalidad era referir “una supuesta conmoción social” para una destitución.

Documentación

La información se entrega en el marco de un examen especial para determinar si Lasso o terceros participan en empresas en paraísos fiscales. “En un ejercicio de transparencia con la ciudadanía y la Contraloría General del Estado, pues nada tengo que ocultar, entregar la documentación certificada que indica que no estaba incurso en ninguna prohibición al inscribir mi candidatura presidencial el 23 de septiembre de 2020”.

EL primer mandatario presentó certificados apostillados y traducidos, emitidos por las autoridades competentes de que antes del 23 de septiembre, 10 empresas estaban disueltas. También indica que no tiene relación con Banisi, Bretten Trust y Liberty Trust.

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Sin embargo, hasta el momento ni Moreno ni el Legislativo con César Litado como representante se han pronunciado sobre la demanda de inconstitucionalidad a dicha Ley. De manera que el pasado 4 de octubre, los demandantes presentaron un escrito solicitando a la CC informa si hay respuesta del Estado. En caso de no existir, se debe resolver a favor y desechar la ley.

“Lo normal es que la Corte Constitucional nos dé la razón. Ya que si la contraparte, en este caso si la Asamblea Nacional y el Ejecutivo no se han pronunciado con respecto a nuestro pedido. Existe una institución jurídica que se llama aquiescencia. Bajo esa institución que se reconoce en la constitución, la CC debería automáticamente darnos la razón. Esto quiere decir dejar sin efecto la Ley de Apoyo Humanitario”, indicó Fernando Castillo, uno de los demandantes a Radio La Calle.

Otras demandas

Esta no es la única demanda que recibió este articulado. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó el pasado 26 de junio una demanda contra la Ley de Apoyo Humanitario  a la Corte Constitucional.

“Solicito a los señores jueces que en sentencia declaren la inconstitucionalidad de los artículos 16,17,18,19,20,21 (…) de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Los efectos económicos y sociales [de la Ley] tendrán un impacto de consecuencias inéditas para la sociedad ecuatoriana”, señala parte del documento.

Los artículos en cuestión refieren a las medidas a apoyar la sostenibilidad del empleo que hablan de los «mutuos acuerdos» entre empleados y empleadores, la reducción de la jornada del trabajo y las vacaciones.

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En rueda prensa, Romo aseguró tener el respaldo presidencial para aferrarse a su cargo. La ministra mencionó que Moreno “ha ratificado esta mañana su apoyo, respaldo y, también su sorpresa, su molestia por esta actuación desde el punto de vista de la Asamblea Nacional”, juzgando así las decisiones del Legislativo.

Romo expresó un rotundo rechazo a los pronunciamientos de la Asamblea. Así, los desafió públicamente: “estaré cumpliendo con mi deber, aunque le estorbe a la Asamblea Nacional”, sostuvo la ministra.

El reparto de hospitales

El miércoles 16 de agosto, un portal digital filtró información reservada sobre el presunto reparto de hospitales, que tendría por centro a la actual Ministra de Gobierno. Fiscalía General del Estado (FGE) cuestionó la filtración de la información. Por ello, aseguró que podrían invalidarse esas pruebas. “La exhibición de información (…) hecha hace pocas horas por un medio de comunicación podría incluso invalidarlas como prueba” sostuvo en comunicado oficial.

Frente al escándalo, la Asamblea Nacional se pronunció al respecto de las acciones de Romo, cuestionadas desde el Legislativo. La ministra lleva ya tres intentos de juicio político y, pese a ello, se mantiene enquistada en la cúpula de poder. La noche del 27 de agosto, 123 asambleístas en pleno decidieron exigir la remoción de Romo de su cargo como actual Ministra de Gobierno. (JBS)

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Una de las funciones principales de los legisladores es la iniciativa de presentar proyectos de ley ante el Presidente de la Asamblea Nacional. Él, junto a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) califica la propuesta. Una vez revisada, el Secretario General del órgano distribuye el proyecto a todos los asambleístas. Finalmente, el CAL y una comisión especializada determinan la prioridad de la iniciativa, señalan los artículos 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Los proyectos aprobados presentados por Pachakutik son reformativos. Es decir, modificaron artículos de leyes ya vigentes. La mayoría de sus propuestas apenas obtuvieron la calificación del CAL. Mientras que otros ni siquiera pasaron de la etapa de iniciativa.

Aunque ninguna ley especifica el número de proyectos que un asambleísta debe presentar, Eddy Peñafiel Izquierdo cuenta apenas con tres proyectos frente a sus homólogos por Pachakutik que registran entre siete y nueve propuestas.

Apoyo a la derecha

Aunque Pachakutik es un movimiento que históricamente busca los derechos con ideología de izquierda, los asambleístas no mostraron ese sentir. Por el contrario, un caso sonado sobre el tema fue el de finales de 2019. Cuatro legisladores apoyaron la propuesta económica neoliberal remitida por el presidente Lenín Moreno.

Por este motivo, la la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pidió a Pachakutk la sanción para Elio Peña, Jaime Olivo, Eddy Peñafiel y Encarnación Duchi. (CE)

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Cedatos también afirma que la corrupción y el mal manejo de la justicia, por parte de las autoridades, se encuentran en un 29% a julio del 2020. Esto, en comparación con el 12% registrado en agosto del 2017.

Antecedentes

Varios asambleístas fueron protagonistas de escándalos en torno a la corrupción y manejo de recursos del Estado, así como de funciones que no competen al cargo que ostentan. En 2018, por ejemplo, José Serrano, miembro de Alianza País, fue destituido de su cargo como presidente de la Asamblea por mantener conversaciones telefónicas con el prófugo Carlos Pólit. Pólit era el contralor general del Estado y, tras su fuga, fue juzgado por concusión. Ya en 2019, la asambleísta Ana Galarza fue destituida por el delito de gestión de cargos públicos, caso conocido como “Diezmos”.

La fiscalización de la Asamblea Nacional hacia miembros del Gobierno también sufrió dificultades. Son 3 los juicios políticos en contra de María Paula Romo y 5 los juicios políticos a Richard Martínez que no los solucionó el Legislativo.

En mayo de 2020, la Asamblea aprobó la Ley de Apoyo Humanitario. Esta ley permite al Gobierno y a las Empresas reducir la jornada laboral y los sueldos, crear contratos emergentes de hasta 2 años de duración y hacer que los términos de trabajo deban ser acordados entre empleadores y trabajadores.

Números históricos

Según la encuestadora Cedatos, en agosto del 2017, cuando inició su gestión, la Asamblea Nacional gozaba del 49% de aprobación y el 29% de los ciudadanos creía en su palabra. Ahora nada es como antes. (DR)

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Además creará una nueva propuesta de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). Ambos proyectos se suman a otras iniciativas que el presidente envió al Legislativo en lo que va de su gobierno. Todo esto como parte de una estrategia de lucha contra la corrupción.

Para la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña (AP), «la lucha anticorrupción no es un tema solamente de leyes”.

La Secretaría Anticorrupción tiene 100 sentencias por glosas a exfuncionarios. Sin embargo, los 982 millones de dólares todavía no son reembolsados.

Otros USD 114 millones son producto de 12 sentencias por casos de corrupción. De esa cantidad, 40, 4 millones de dólares tienen que ver con el excontralor Carlos Pólit, actualmente prófugo de la justicia y con una condena por concusión. Sin embargo, sólo USD 18 millones han vuelto a las arcas del Estado.

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