“Hay avances importantes en inclusión financiera. En 2017, el 57,6% de los ecuatorianos era cliente del sistema financiero nacional. Un año más tarde, en 2018, este porcentaje subió al 60,8%. Existe una mejoría, pero el camino para lograr que la mayor parte o la totalidad de los ciudadanos tengan acceso financiero aún es largo. Por eso, desde el BCE lideramos la construcción de una estrategia nacional”, dijo Verónica Artola Jarrín, gerente general del Banco Central del Ecuador.

Una estrategia que se lleva a cabo en el marco del debate del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que en su artículo 157, sostiene que, de aprobarse la ley, el BCE pasará de ser un instrumento de la política monetaria, cambiaria y financiera del Estado a ser una institución encargada de “fomentar y mantener un sistema monetario estable, coadyuvar a la estabilidad financiera y administrar su balance con el fin de preservar la integridad de la dolarización”.

Este cambio abriría la posibilidad de que se destinen los recursos de la reserva internacional para “salvar” u otorgar créditos a las instituciones financieras privadas, es decir, un nuevo salvataje bancario.

Es curioso, por tanto, que incluir a más ciudadanos al sistema financiero se convierta en el objetivo del gobierno, cuando es posible que se apruebe una ley que ponga en riesgo total el dinero de los ecuatorianos, tal como sucedió en la crisis del 99.

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