Tres asambleístas de Revolución Ciudadana –Juan Andrés González, Lenín Barreto y Blasco Luna– formalizaron el 31 de julio ante la presidencia de la Asamblea Nacional una solicitud de juicio político contra Manzano. La petición, respaldada por más del 25% del Legislativo (según artículo 79 de la LOFL), alegó causales constitucionales y legales (artículos 78-79 LOFL y 131 Constitución).

Los legisladores vinculan a la ministra con el Caso Progen –contratos adjudicados el 2 de agosto de 2024 para construir las centrales hidroeléctricas El Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW)–, donde la Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal y civil.

González manifestó que «la Asamblea no puede evadir su deber de control político ante posibles actos de corrupción», mientras Barreto alertó que el escándalo «ha comprometido todo el sector energético». La Fiscalía General del Estado mantiene una investigación penal paralela por el caso.

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El pasado 14 de mayo la comisión de Fiscalización convocó a la fiscal Diana Salazar para el tratamiento del Caso León de Troya y ‘La Madrina’, denominado por Fiscalía como Caso ‘Poder Policial’.

La funcionaria acudió a la comisión por primera vez en este período legislativo para explicar y aclarar el detalle de ambos procesos. Sin embargo, resaltó que los legisladores solo deben fiscalizar temas políticos y que en el ámbito judicial a ella le corresponde rendir cuentas a los jueces.

Después de aproximadamente dos horas de comparecencia se llamó en comisión general al exasambleísta Ronny Aleaga, quien previamente aseguró mantener cercanía con la fiscal y que ahora fue acusado en el Caso Metástasis »injustamente». Este llamado generó desconcierto en la sala por lo que la funcionaria y gran parte de parlamentarios abandonaron la sesión.

Las consecuencias

»Lo más grave del tema es haber suspendido la comparecencia de la fiscal Diana Salazar para recibir en comisión general a un prófugo y generar conflicto en la comisión porque eso es lo que se buscaba», dijo el presidente del Legislativo, Henry Kronfle a los medios de comunicación.

Además resaltó que la comparecencia de Aleaga no fue socializada previamente con los demás miembros de la mesa parlamentaria, a quienes también les tomó por sorpresa este llamado.

Asimismo, a través de un comunicado Salazar le dio un plazo de 48 horas a la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, para que revele a la Fiscalía el paradero de Aleaga, pues junto al asambleísta Lenin Barreto estarían cometiendo un delito al conocer la ubicación de una persona requerida por la justicia.

La otra versión

Por su parte la legisladora Aguirre aseguró que no conoce el paradero de Aleaga y que ella junto a los nueve asambleístas de la comisión recibieron al mismo tiempo un correo electrónico en donde el exlegislador pedía participar en la sesión.

»Es imperativo que a los nueve legisladores se les requiera la misma información. Tal como usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, la justicia debe perseguir delitos, no personas», resaltó.

Además argumentó que al atender la solicitud del asambleísta Barreto no existió ninguna violación del procedimiento parlamentario y que no es la primera vez que se recibe en el seno de una comisión a una persona que se encuentra investigada.

A vísperas de un juicio político

“No le tengo miedo al juicio político”, dijo en su intervención la fiscal Salazar y recalcó que su administración se ha caracterizado por no responder a temas políticos.

Antes de finalizar el mes de mayo, la comisión de Fiscalización deberá calificar el pedido de juicio político contra Salazar y recopilar las pruebas de cargo y descargo para el sustento del proceso.

Tras concluir el juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata, seguiría el caso de la Fiscal Salazar. Según los cálculos de la asambleísta Aguirre el proceso empezaría el 22 de mayo y admitió que los informes del Caso ‘León de Troya’ y ‘La Madrina’ también formarían parte del seguimiento del tratamiento del juicio político. (AGM).

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