«Espero que el Gobierno ecuatoriano pueda coadyuvar en la investigación de lo que pasó en estos días tan oscuros en Bolivia», manifestó a los medios el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo.

El pasado jueves el Gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y «municiones de guerra» desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Jeanine Áñez.

El ministro boliviano estableció el flujo de comunicaciones que se produjo entre funcionarios de ambos países como parte de una «cooperación regional para la represión» que, a su juicio, se asemejaba al Plan Cóndor de los años 1970.

Del Castillo afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el Gobierno interino gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador para «proyectiles y granadas» antidisturbios en una operación que «nunca» fue de conocimiento público y que se manejó con «perfil bajo».

«Acá tenemos el acta de entrega y recepción del material de la República de Ecuador al Estado Plurinacional (de Bolivia)», estos elementos «han ingresado a nuestro territorio nacional», aseguró el ministro boliviano.

Esa afirmación se basó en Iván Inchauste documentos y contactos que sostuvieron el excomandante del Ejército de Bolivia y el entonces agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador, José Luis Frías, y que fue de conocimiento de los exministros de Defensa y Gobierno, Luis Fernando López, y Arturo Murillo, respectivamente.

Reunión de gabinete

Murillo fue detenido en EE.UU. el pasado 21 de mayo acusado de corrupción y lavado de dinero en el marco del caso en el que se investiga el pago de 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa brasileña Cóndor se le canceló solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

Del Castillo afirmó que el llamado caso «gases antidisturbios» fue una operación que se hacía «paralelamente», mientras Bolivia recibía una dotación similar de Ecuador.

El ministro boliviano señaló que los contactos para el préstamo de granadas de gas y municiones se hicieron a través del entonces director Nacional de Logística de Ecuador, Fernando Correa Gordillo, que dependía del comandante de la Policía ecuatoriana, Patricio Carrillo Rosero.

El nexo principal para la adquisición de ese material se produjo durante una reunión de gabinete el 15 de noviembre de 2019, en la que, según Del Castillo, una gestión de la entonces ministra boliviana de Comunicación, Roxana Lizárraga, permitió que el Gobierno ecuatoriano accediera a la solicitud para contar con material antidisturbios.

«¿Con quién habló la señora Roxana Lizárraga?», cuestionó el ministro de Gobierno.

Del Castillo manifestó que «Bolivia jamás se ha metido en el conflicto de otros países» y que «jamás ha enviado proyectiles o granadas en los conflictos que ha sufrido Ecuador en la gestión 2019».

Sobre el Gobierno interino de Áñez están abiertas varias investigaciones para determinar su gestión en la crisis política y social de 2019, que según el Ejecutivo de Luis Arce lo que ocurrió en ese año fue un «golpe de Estado».

En los sucesos de 2019 fallecieron 37 personas, de las que una veintena corresponden a las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.

Fuente: DW

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La Comisión estuvo conformada por Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala Egas. Ellos recogieron 519 testimonios de los cuáles 249 estaban relacionados con la vulneración de Derechos Humanos. De estos, 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional y 34 por personal de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Informe estableció que al menos 26 personas de entidades públicas, como la Fiscalía General del Estado, no actuaron conforme a sus competencias.

A esto se suman 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 83 violaciones al derecho a la libertad personal, seis ejecuciones extrajudiciales. También 22 atentados contra el derecho a la vida, tres casos referentes a violencia sexual, 20 lesiones oculares. Además, hubo 81 personas que refirieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política.

Ante estas evidencias, el primer mandatario, la cúpula policial y militar no asume su responsabilidad y se lavan las manos aduciendo que actuaron en el marco de la ley y de forma profesional.

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, también desestimó y tildó de sesgado al informe presentado por la Comisión de la Verdad. “Nosotros como Gobierno, ese informe creemos que es una versión probablemente sesgada. No recoge los hechos y que definitivamente no creemos que representa la realidad de lo sucedido en octubre de 2019”, dijo Martínez en su momento.

La versión de la Defensoría

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, asegura que en las protestas de octubre se cometieron al menos tres delitos de lesa humanidad. Él espera que la Fiscalía investigue estos hechos, identifique a los culpables y que los familiares de las víctimas reciban la respectiva reparación.

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«Por esta ocasión, debido a la emergencia sanitaria global, la reunión se realizará en formato virtual, el próximo jueves 26 de noviembre», dice el comunicado.

Durante el encuentro se abordarán los avances registrados por ambos países en los ejes de seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos. Tienen previsto además analizar el Plan Binacional de Integración Fronteriza.

Según el texto, el encuentro buscará también profundizar las relaciones bilaterales en sectores como economía, comercio, ambiente y cultura. Ellos forman parte de los compromisos adoptados en la Declaración Presidencial de Cali (Colombia) de 2019.

La reunión concluirá con la suscripción de una Declaración Presidencial, en la que se establecerán los aspectos de mutuo interés, abordados en este Gabinete Binacional.

Desde 2012 hasta la fecha se han realizado ocho gabinetes binacionales que han permitido transformar y redimensionar la relación bilateral.

Este gabinete encuentra a ambos presidentes con los peores índices de popularidad respecto de su gestión. Moreno, que enfrenta los últimos seis meses de su mandato, tiene una popularidad de menos del 4%. Su trabajo se percibe como el más corrupto por parte de los ciudadanos, de acuerdo a un informe de la encuestadora argentina “Trespuntocero”.

De su lado, Iván Duque tiene una desaprobación del 61% ,mientras que su imagen positiva bajó de 38 a 31 por ciento. Su desaprobación mayor llegó al 71% en febrero de este año.

También el presidente Iván Duque sigue cayendo en desfavorabilidad, aumentó al 69 por ciento, cuatro puntos más que el mes pasado. Este es el nivel de desaprobación más alto que ha tenido Duque durante su mandato, según Gallup. 

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«Una cosa preocupante vimos en el COE (Comité de Operaciones de Emergencia) nacional: hay pruebas PCR falsificadas (…) El Gobierno está atrás de esta investigación y estas personas tendrán consecuencias legales», dijo Zapata, entrevistado medios locales.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) instó a la ciudadanía a denunciar posibles casos de corrupción a través de su página web.

Con respecto a la situación del COVID-19, Zapata comentó que en el último feriado por el Día de Difuntos y la independencia de la ciudad de Cuenca (sur), el 2 y 3 de noviembre, las aglomeraciones en el país crecieron en 195%. Las fiestas aumentaron un 185%, en comparación con el mismo período de 2019, cuando no había pandemia.

«La conclusión es clara, fuimos más incumplidos, más indisciplinados durante la pandemia», resaltó.

El COE nacional exhortó a los municipios, instituciones públicas, empresas privadas, centros comerciales, ferias, restaurantes y ciudadanía en general, para que durante las próximas festividades de Navidad y Año Nuevo eviten aglomeraciones y respeten las medidas de bioseguridad.

Hasta el viernes 20, el MSP de Ecuador registró 183.840 casos positivos de COVID-19 confirmados con prueba PCR. Asimismo, hay 8.750 fallecidos por la enfermedad, así como otras 4.345 muertes probables relacionadas con el virus. 

Conozca las 10 provincias con más casos de Covid-19 en el Ecuador

Pichincha encabeza la lista de las provincias con las cifras más altas de casos de Covid-19 en el país. De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, Ecuador registra 183.840 casos confirmados de Covid-19 con pruebas PCR y 8.750 fallecidos por la misma causa.

A nivel nacional se tomaron 611.881 pruebas PCR con un total de 160.639 pacientes recuperados. Pichincha tiene 66.031 casos confirmados de coronavirus, le sigue Guayas con 23.488 casos, Manabí con 12.345 casos, Azuay con 11.326 casos. Luego están El Oro con 6.933 casos, Loja con 6.769 casos, Tungurahua con 6.418 casos, Santo Domingo de los Tsáchilas con 5.441 casos, Imbabura con 5.194 casos y Cotopaxi 4.913 casos.

Fuente: Sputnik

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