¿Qué ha pasado en estos 6 años?

Según el artículo 19 de le Ley Orgánica del CPCCS, vigente desde el Referéndum del 4 de febrero de 2018 durante el gobierno de Lenin Moreno, el pleno del Organismo está integrado por siete consejeras y consejeros principales y siete suplentes “elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto”, en paridad de género y con un vocal representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Hubo dos procesos electorales, el último fue en febrero de 2023 donde se eligió al actual Consejo. Sin embargo, en menos de dos años fueron destituidos cuatro consejeros principales y dos suplentes, y una consejera renunció a su cargo para participar de las elecciones presidenciales de este año.

Pero durante el primer periodo del CPCCS, de 2019 a 2023, también hubo reemplazos con el juicio político y destitución en el Legislativo de José Carlos Tuarez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez en agosto de 2019. Luego, en octubre del 2020, la Asamblea Nacional destituyó y censuró al entonces presidente Christian Cruz. Y, en enero de 2023, la Corte Constitucional destituyó a los siete consejeros de la administración de Hernán Ulloa, por incumplir con la designación del presidente para el Consejo de la Judicatura.

Vea también: Corte Constitucional destituye a los siete consejeros del CPCCS

Durante este tiempo también hubo remociones de dos presidencias. La primera fue el 9 de febrero de 2022, cuando Hernán Ulloa junto a María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo removieron de la presidencia a Sofía Almeida por falta de confianza del pleno del organismo. La historia se repitió el 3 de abril de 2024 con la remoción de Nicole Bonifaz de la presidencia, por la apelación de Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas. La estrategia fue la misma, gracias a la asesoría de Xavier Urbina, asesor de Fantoni, quien también asesoró a Hernán Ulloa.

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En total, del 2019 al 2025, se ha reemplazado a 19 consejeros y consejeras, y aún está por verse el proceso de destitución de dos consejeras. Johanna Verdezoto, quien fue removida de la vicepresidencia en enero de este año, tiene un proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por presunto conflicto de intereses, luego de los videos donde se ve a la vocal junto al entonces postulante a la Defensoría Pública, Rodrigo Frías. Del mismo modo, la expresidenta del Consejo, Nicole Bonifaz, se encuentra en proceso de destitución en la Corte Constitucional por la designación del Superintendente de Bancos, además del examen especial que lleva la Contraloría General del Estado.

¿Cinco nuevos vocales?

Con la salida de Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, asumen la principalización Gonzalo Albán, Piedad Cuarán y David Rosero. Le correspondía asumir el reemplazo de Saltos a Vielka Párraga, en orden de mayor votación, pero también fue parte del caso de la denominada “Liga Azul”, como lo determinó el TCE este 31 de enero, y no podrá ser parte del Organismo. Frente a esta decisión hubo reacciones de los consejeros destituidos. Verduga fue el primero en manifestarse en su cuenta de X, atribuyendo una contradicción en las posturas de los jueces Coloma y Ortega.

Yadira Saltos, quien estuvo en la presidencia menos de una semana, también se refirió a la actuación de los jueces del Contencioso indicando que responden a intereses políticos.

El recién titularizado vocal, Eduardo Franco Loor, en reemplazo del también destituido exconsejero suplente Juan esteban Guarderas, dijo que por varias veces había solicitado ser oído en la audiencia como parte de su derecho a la defensa.

Sin embargo, también hubo reacción del Ejecutivo mediante un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, refiriéndose a las funciones que los tres consejeros habrían ejercido usando artimañas jurídicas para aferrarse al cargo.

Ahora, si Johanna Verdezoto es también destituida por la Asamblea, asume Ángel Chela, como segundo más votado en la lista de pueblos y nacionalidades; mientras que, si Nicole Bonifaz es destituida por la Corte Constitucional, sería reemplazada por Mónica Mosquera. Esto significa que cinco serían los consejeros reemplazados en este año.

Futuro incierto para el Consejo de Participación

Durante el gobierno de Guillermo Lasso se realizó una consulta popular en febrero de 2023 con el objetivo de eliminar la atribución de designar autoridades de control en el CPCCS y de revertir la elección por sufragio universal, que modificó Lenin Moreno en el 2018. Sin embargo, el Referéndum no tuvo los votos suficientes y nada cambió. Hoy, luego de estas últimas destituciones, el presidente-candidato Daniel Noboa propone en su campaña una nueva constituyente con lo que sí se podría eliminar el Consejo de Participación.

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El jurista explica que no habían novedades durante el período de asilo en la embajada ecuatoriana en Londres y que las cosas se complican en la transición al gobierno de Moreno. «En una de las audiencias recuerdo al exprocurador del Estado, Íñigo Salvador, de viva voz y frente a la audiencia, estaba también conectado Julian, dijo que había que buscar el procedimiento legal para sacarle de la embajada», le dijo a La Calle.

Durante el gobierno de Moreno cuando Assange se encontraba aún en la embajada, la situación se volvió difícil. «No se permitía el ingreso de abogados, de médicos. Aumentó el nivel de espionaje, se aumentaron cámaras, 25 más. Las empresas de seguridad enviaban información a las agencias de inteligencia. Hasta abril de 2019 cuando, de forma arbitraria, Moreno le sacó de la embajada», indicó Poveda.

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Aún tiene la nacionalidad ecuatoriana

«En la época del expresidente Moreno, quién actuó de forma arbitraria y totalmente discrecional, atropellando todo tipo de principios de una persona protegida internacionalmente. También se inició la demanda de lesividad que buscaba la nulidad de la naturalización que otorgó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad». expresó.

Explicó que para esta demanda se valieron de informe de la época cuando Pablo Celi era contralor general del Estado que indicaba que se violaron derechos y normas que regulaban la naturalización. «Esto se judicializó y empezamos una situación compleja. A criterio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría se procedió a citar a Julian cuando estaba en la cárcel sin ningún tipo de acceso, de esa forma procedió esta demanda (…) En primera instancia aceptaron esta demanda y revocar el acta de naturalización de Julian».

A modo de respuesta, el doctor Poveda, como defensa de Assange en Ecuador, interpuso un recurso de casación, ya que no hay lugar a la apelación. «Hace un año y previo a fijar una caución para impedir que se verifique la nulidad de la naturalización, él sigue siendo ecuatoriano. Ya fundamentamos el recurso en la Sala de lo Contencioso Administrativo en la Corte Nacional y hasta la presente fecha no emiten resolución. Es una situación bastante inusual, no la he visto en mis tres décadas de ejercicio profesional, que no hay mayoría de votos en esa decisión. No se puede tener un voto de mayoría (…) Es el status de que Julian sigue siendo ecuatoriano, tiene esa nacionalidad además de la australiana que es de origen«. (MIB)

La entrevista completa:

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El pasado 17 de junio se efectuó la audiencia de formulación de cargos en contra de los exfuncionarios de Presidencia. La jueza Paola Campaña dispuso la presentación periódica cada 30 días, la prohibición de salida del país para todos los procesados y el inicio de la instrucción fiscal por 90 días.

»Es una clara retaliación por haber constituido el Sindicato de Trabajadores de la Presidencia, pero sobre todo porque quieren perseguir y desacreditarle a la anterior Directora Cultural que denunció la desaparición de los objetos del museo de la Carondelet», dijo el abogado de dos de los exfuncionarios implicados en el caso.

La acción legal se interpuso durante la administración del expresidente Guillermo Lasso y sigue en trámite en los juzgados. Según el acta de audiencia, uno de los procesados murió con Covid-19 debido al contagio en una de las comisiones, en este sentido, la defensa desmintió que el servidor no haya cumplido con su trabajo y pidió que revise el reglamento de viáticos.

Además, dos de los denunciados fueron despedidos de Presidencia y la exdirectora del Museo de Carondelet, Alexandra Cepeda, quien denunció lo ocurrido con las piezas de Carondelet durante la presidencia de Lenín Moreno, ahora está fuera del país.

¿No hay delito?

Según el abogado Andrade, no hay perjuicio económico ya que algunos de los procesados ni siquiera cobraron los viáticos. Asimismo, el pago del concepto de viáticos de los ocho acusados no pasaría de los USD 4.000 entre todos por lo que se pudo considerar una falta administrativa o a lo sumo una glosa.

Dos de los acusados declararon que la acusación es maliciosa y temeraria, también resaltaron que no se aprovecharon de los recursos públicos, más bien confesaron que Presidencia les adeuda rubros.

Este medio de comunicación solicitó una entrevista con la secretaria administrativa de Presidencia, Marissa Pendola, sin embargo, seguimos a la espera de una respuesta.(AGM).

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»Te extraño Tunita y días como este, dan gasolina a la vida de uno. Por Paúl, Javier y Efraín nadie se cansa», dijo el hermano del fotoperiodista asesinado Paúl Rivas.

El 8 de abril el magistrado de la CC resolvió disponer la desclasifisicación de las actas, transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) que se relacionen exclusivamente al secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio.

La actual ministra del Interior, Mónica Palencia, tendrá un plazo de 30 días para entregar estos insumos a los familiares de las víctimas. De igual manera, el Secretario del Cosepe deberá emitir un informe a la CC sobre el cumplimiento de la sentencia.

Por otro lado, la institución llamó la atención a la ex Secretaria Nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior del período de Lenín Moreno por no presentar ante la Corte la resolución de clasificación de las actas del caso.

Una lucha de 6 años

En julio de 2021, los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra presentaron una acción a la Corte Constitucional para desclasificar la información relacionada al secuestro y posterior asesinato de los periodistas.

El expresidente Guillermo Lasso, por su parte, dijo en una entrevista con la CNN que iba a desclasificar la información y que lo haría durante la siguiente reunión del Cosepe. Sus promesas se las llevó el viento, pues hasta su salida del cargo no se ejecutaron acciones.

Lo que sabemos

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron a Mataje, Esmeraldas, una parroquia rural del cantón San Lorenzo. Buscaban hacer un reportaje sobre la explosión de un tanquero bomba que mató a tres soldados y dejó a heridos. El 26 de marzo del 2018 habían salido del hotel para realizar su trabajo, pero jamás regresaron.

El 27 de marzo, el Gobierno de Lenín Moreno confirmó el secuestro de los tres periodistas y la información que le siguió no solo fue contradictoria sino también se tradujo en amenazas por parte del frente Sinesterra y el ultimátum que el exmandatario les dio para acabar con el secuestro. Aunque se habló de una posible liberación, el 13 de abril de 2018, el Estado confirmó que se habían encontrado los cuerpos sin vida de los tres profesionales. 

Moreno también prometió desclasificar la información recopilada en el caso y tratada en el COSEPE pero tampoco cumplió con su palabra hasta terminar con su período de mandato. (AGM).

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La decisión se tomó en la audiencia de revisión de medidas cautelares para varios implicados en el caso en la sala de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Moreno debía presentarse ante una autoridad judicial en Ecuador, esto como una alternativa a la prisión preventiva, pero desobedeció esta orden en dos ocasiones. La primera en octubre de 2023 y la segunda en febrero 2024.

En su lugar, detalló que se presentará ante la justicia ecuatoriana cuando considere pertinente y el diagnóstico de sus médicos lo permitan. Además, expresó que el pedido para que responda a las autoridades sería «por pura vanidad«.

En contraparte, sí pidió prisión preventiva para María Auxiliadora P., Xavier M., y tres ciudadanos chinos. Según Salazar, estos no cumplieron con los requisitos de las medidas cautelares, como la presentación periódica. A más de esta petición, pidió difusión roja para su localización y arresto. La audiencia se reanudará el 27 de marzo.

Moreno y Sinohydro

El caso Sinohydro, indaga sobre una presunta red de corrupción asociada a la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Según Salazar, el monto de esas presuntas coimas supera los USD 76 millones: “el más alto por corrupción judicializado hasta el momento en nuestro país“.

En la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía presentó 225 elementos de convicción y se refirió a las cantidades de dinero presuntamente repartidas a cada implicado. Posteriormente, ordenó que el expresidente Moreno y su esposa, Rocío González (radicados en Paraguay), cumplan con la medida cautelar de presentación cada 15 días en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito.

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Según la Cámara de Distribuidores de Combustible, el régimen ya no utilizará un sistema de informático para la focalización de subsidios. Ahora, utilizará una franja de precios para liberar estos subsidios. El vicepresidente del gremio, Iván Casanova argumentó que el incremento se realizará cada cuatro semanas. Además, mencionó que si se cumple con este aumento progresivo, en máximo seis meses este subsidio se eliminaría por completo.

«El gobierno decidirá qué sector tendrá una compensación cada mes. El precios será igual para todos», detalla Casanova.

El gabinete de Daniel Noboa enfatizó que utilizaría un sistema adecuado para la focalización de subsidios y que este proceso «no afecte a los más pobres». Sin embargo, con esta decisión se deja de lado el sistema de cobro diferenciado en cada gasolinera. Es decir, ya no habrá una estación con información individualizada de cada consumidor, con datos de ingresos personales o cilindraje de vehículo.

Con esto, el precio de dichas gasolinas subirá para todos. Las autoridades aún no han difundido una fecha exacta para que este proceso se efectivice.

¿Una orden del FMI?

El 5 de diciembre de 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comentó que “una alternativa” que tiene el país para superar la crisis económica sería revisar la suspensión progresiva de la disminución de los subsidios a los combustibles.

Los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso trataron de implementar esta disposición y la única opción de los ecuatorianos fue salir a las calles a protestar. No obstante, la represión fue la respuesta que recibieron por parte del gobierno.

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En la comisión comparecieron: la exauxiliar de servicios de la Presidencia de la República, María Alexandra Guarderas; la experta en Gestión Cultural, Andrea Encalada; y el doctor en Historia Juan Paz y Miño.

Guarderas alegó que varios funcionarios y servidores -en ese periodo- fueron implicados en la presunta sustracción de bienes del extinto museo. También, comentó que uno de los implicados enfrenta tres procesos judiciales y otro se suicidó al no poder justificar el enriquecimiento ilícito.

La exservidora mencionó que tres meses más tarde de la posesión de Lenín Moreno, el director administrativo ordenó desmantelar el museo «de forma secreta». Además, supuestamente solicitó que los objetos se trasladen a la casa de la reserva Militar y al Museo del Pasillo. Los expertos enfatizaron que este es un grave delito contra el Patrimonio Cultural del Ecuador.

Por su parte, Andrea Encalada, advirtió que reabrir el Museo será una tarea complicada, por no decir complicada, pues Guillermo Lasso recibió un inventario con apenas 3 mil piezas, cuando realmente eran 11 mil.

«No solo se perdieron objetos valiosos, sino que también se dejó de lado la memoria histórica y se cerró las puertas de un museo importante», añadió.

Guarderas recordó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene conocimiento de todos los sucesos. Además, la asambleísta Pamela Aguirre presentó la denuncia en febrero de 2022 por el presunto delito de peculado. Sin embargo, poco o nada se ha realizado dentro de esta investigación.

El muy ofendido…

Desde Uruguay y a través de su cuenta de X, el expresidente indicó que es «perverso» que se lo involucre en la desaparición de las piezas de Carondelet. Replicó todas las acusaciones con el argumento que él fue «presiente de la República y no guardalmacén de la Presidencia».

«La fijación del correísmo conmigo es enfermiza (…) Entiendo que les debe doler el haber desmantelado la egoteca de Rafael Correa», expresó.

El Decreto 501 obliga a los mandatarios a reportar todos los obsequios valorados en más de USD 400 y que hayan sido recibidos durante su periodo presidencial. “Nos damos cuenta de que parecería que era una práctica recurrente de Moreno el no reportar determinados objetos y guardarlos para él”, aseguró Aguirre en entrevista con La Calle en 2022.

Eran aproximadamente 3.000 objetos más que debieron haberse sumado a los 11.300 ya existentes. La lista no llegó ni a la tercera parte.

“Entre gallos de medianoche”

En febrero de 2018, varios usuarios en redes sociales alertaron que una de las salas del Museo del Palacio de Carondelet fue desmontada. Se trataba de la sala de los obsequios recibidos por el expresidente Rafael Correa durante su mandato. Desde entonces hasta hoy, se sabe poco o nada del paradero de los objetos avaluados en más de USD 2 millones.

El Gobierno de Moreno respondió que “algunos objetos fueron reubicados dentro de la misma exhibición y otros (como documentos personales) se depositaron bajo condiciones adecuadas, dentro de la Reserva de Bienes Culturales” de la institución.

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Según la justicia ecuatoriana, Moreno debía presentarse de manera periódica ante un juez por el delito de cohecho, en caso de corrupción de Sinohydro en el que fue acusado. Esta medida se tomó como alternativa a la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE). De la misma manera, debía declarar cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Sin embargo, el exjefe de Estado hizo caso omiso de las directrices de la Función Judicial.

En su momento, Moreno alegó que la disposición de que se presente ante las diferentes entidades judiciales se debería a una mera «vanidad«. Esta sería la segunda falta que comete el exmandatario. La primera fue en octubre de 2023 y la segunda en febrero de 2024, detalla el Expreso.

Moreno mantiene la certeza de que la fiscal General del Estado, Diana Salazar, no podrá solicitar prisión provisional para él y su esposa porque son personas de la tercera edad. Para él, lo lógico sería que pida prisión domiciliaria, de todos modos «cumple un trabajo con las personas con discapacidad». «Eso no me haría ningún daño», proliferó.

Los antecedentes

El 5 de junio de 2023, el juez Mauricio Espinosa negó el pedido de prisión preventiva para Moreno y su esposa Rocío González, pese a incumplir con las medidas cautelares dictadas. Bajo este amparo, los implicados podían defenderse en libertad, pero debían presentarse en el Consulado de Ecuador en Paraguay.

El exjefe de Estado se pronunció en su cuenta de Twitter. Aseguró que es inocente y agradeció a la “institucionalidad y a la justicia” por esa decisión. Además, rechazó cualquier vinculación y responsabilidad en la construcción de la obra Coca-Codo Sinclair.

Oídos sordos a lo que diga la ley

El 19 de abril de 2023, la FGE pidió prisión preventiva para Moreno, su esposa e hija, Irina Moreno, entre otros involucrados del caso Sinohydro. La orden llegó hasta la Interpol para que los busque y capture. Posterior a eso, el 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso en contra de 37 personas por el presunto delito de cohecho. A partir del 13 de marzo, los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia.

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente , su esposa e hija, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello.

El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil. (N.J.C)

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«Este paquetazo es para darle la razón al Fondo Monetario Internacional (FMI) y tocarle las puertas para pedir un nuevo crédito«, resaltó para La Calle.

Dávalos alertó que el pueblo ecuatoriano debe «prepararse» para pagar el IVA al 15 % en dos o tres semanas. Según el experto, durante el 2024 el país empieza a cancelar la deuda externa que renegoció el expresidente Lenín Moreno. Ante este escenario, la principal intención de Noboa es cumplir con estos plazos. Además, enfatizó que, luego de cancelar los primeros montos, pedirá otros préstamos lo que hará que el país quede con una deuda de USD 90 mil millones.

«No hay que ser ingenuos y menos con un presidente como Noboa que hace todo lo contrario a lo que dijo que no iba a hacer. El pueblo debe estar preparado«, expresó.

Explicó que en vez de incrementar recursos a los sectores que se encargan de la seguridad, el jefe de Estado los reduce o presenta un aumento mínimo. Es el caso del SNAI y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), quienes tendrán un alza mínima en su presupuesto. Mientras que la Policía Nacional tuvo una reducción en sus recursos.

Las primeras consecuencias

Si bien el presidente mencionó que el IVA no afectaría al «consumo básico» de los ecuatorianos (alimentación, transporte, salud, educación), este impuesto sí afecta a otros servicios, materias primas o portadores de los productos. Es decir, si una persona compra ahora siete panes con un dólar, en los próximos días comprará cinco o seis panes por el mismo valor. Lo mismo pasa con los ciudadanos que venden alimentos agrícolas, deberán comprar fertilizantes y otros productos que encarecerán el alimento.

«Eso influye en todo. El IVA no lo cobren en el pan, pero sí en los insumos que utilizan para hacer ese alimento», explicó.

De la misma manera, explicó que quienes tienen un ingreso mínimo se verán en la necesidad de dejar de comprar algunos insumos para priorizar otros. A partir de esa analogía, mencionó que el gobierno optó por una medida que golpea a quienes menos tienen. «Es un golpe muy duro al pueblo ecuatoriano», alegó.

Nunca hubo alternativas

Dávalos puntualizó que el Gobierno Nacional no presentó otras alternativas para sacar al país del bache en el que se encuentra. Además, cuestionó que la Asamblea Nacional haya dado apertura a todas las leyes que envió el primer mandatario y no se hayan opuesto.

También, reprochó que en la nueva proforma tenga un recorte de política fiscal y de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD’s). Por lo que avizoró que los sectores populares se enfrentarán a una situación complicada por la falta de políticas y medidas económicas claras.

Con un pie en las elecciones

En el afán del jefe de Estado de participar nuevamente en las elecciones de 2025, trata de evitar a toda costa, lo que el economista tachó como, el «ruido político». Asimismo, mencionó que si los ecuatorianos le otorgan un rotundo NO en la consulta popular, Noboa desista de incrementar el IVA al 15 %.

Dávalos comentó que el presidente se abstiene de aplicar la focalización de los subsidios al precio de la gasolina, diésel y gas comercial por miedo a la respuesta de la Conaie. «El pueblo ecuatoriano hace un esfuerzo y no sabe que le están mintiendo, todo para tener la venia del FMI», dijo.

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Benavides explicó, para La Calle, que desde el gobierno de Rafael Correa y -en menor medida- en el régimen de Lenín Moreno y Guillermo Lasso se mantuvo una política abierta al mundo. No obstante, con las últimas decisiones, esta figura se desdibuja. De progresar estos desacuerdos, Ecuador generaría un acuerdo bilateral con Estados Unidos (EE.UU.), que lo haría plenamente dependiente de él.

Además, cuestionó que las autoridades diplomáticas no hayan detenido la «injerencia» del embajador de EE.UU. en Ecuador, Michael Fitzpatrick, en varios asuntos del país. Detalló que esa postura hizo que las grandes potencias (Rusia y China) vean a Ecuador como el mejor aleado de los Estados Unidos en el Cono Sur.

«Ese comportamiento solo se podía transformar en una intromisión en asuntos internos del Estado«, dijo.

El arrastre para esta decisión

Benavides planteó dos escenarios ante la decisión de Rusia. Primero por la votación del país en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de Ucrania, en el conflicto bélico de ambos países. Segundo, la decisión del presidente Daniel Noboa de intercambiar equipos y tecnología al país estadounidense.

Asimismo, apuntó que esto se podría tratar de un tema inconsulto. Es decir, el disgusto de Rusia luego de enviar el armamento a Ecuador y que el presidente decidiera trasladarlo a EE.UU. Sin embargo, aludió que la respuesta de Rusia pudo ser diferente si el punto se hubiese tratado de manera diplomática.

¿Qué se nos avecina?

Benavides señaló el principal temor es romper el acuerdo multilateral que sobrevivió a vario gobiernos de turno y ser dependientes de una entidad. También consideró el bloqueo para Ecuador, por parte de cadenas de valor ligadas a Rusia. De igual modo, recalcó que si bien otros países no bloquearían a Ecuador, el país quedaría como el laboratorio de las políticas del Pentágono «en su lucha contra el narcotráfico».

Además, comentó que la opción de subir el IVA al 15 % podría ser una de las condiciones del FMI en medio del conflicto interno. Una medida que podrá ser reformada hasta 2025, mientras tanto el país deberá sobrevivir a todas las medidas económicas.

«Así como la guerra contra las drogas no funcionó, las políticas del FMI tampoco han solucionado nada», finalizó.

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La parlamentaria dijo en entrevista a Radio Pichincha que en los últimos 7 años los gobiernos de turno prefirieron realizar 1.700 mantenimientos reactivos y emergentes, pero solo 200 mantenimientos preventivos. Esta acciones insuficientes habrían ocasionado los cortes de energía a nivel nacional.

“Fernando Santos Alvite dijo que estaba orgulloso de no gastar un solo centavo en el sector público, que estaba orgulloso de no haber ejecutado presupuesto”, resaltó.

El informe de la Comisión

De acuerdo a la mesa parlamentaria de Fiscalización, la crisis de energía dejó pérdidas que superan los USD 400 millones en los sectores productivos y USD 230 millones en el sector público debido a la importación de energía desde Colombia.

Además, la comisión responsabilizó politicamente al exministro de Energía Fernando Santos Alvite por sus omisiones en el desarrollo de la crisis energética y el incumplimiento del Plan Maestro Eléctrico.

A la lista también se suma el exministro de Economía, Pablo Arosemena al retirar los recursos de CELEC y CNEL , lo cual ahondó las dificultades financieras de las empresas públicas. Ambos exfuncionarios podrían ir a juicio político.

Según las pruebas recabadas, durante el gobierno de Guillermo Lasso se habría intentado beneficiar a Roque Sevilla, exconsejero presidencial ad honorem, con el proyecto fotovoltaico Conolophus. La mesa parlamentaria remitirá la documentación a Contraloría. (AGM).

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El informe fue aprobado con ocho votos a favor y uno en contra por parte de la asambleísta de Construye, Adriana García, quien señaló que no se tomaron en cuenta sus observaciones, en donde se pedía analizar los informes del expresidente de la comisión parlamentaria, Fernando Villavicencio (+), respecto a Coca Codo Sinclair.

De acuerdo a la mesa parlamentaria, la crisis de energía dejó pérdidas que superan los USD 400 millones en los sectores productivos y USD 230 millones en el sector público debido a la importación de energía desde Colombia.

Además, la comisión responsabilizó politicamente al exministro de Energía Fernando Santos Alvite por sus omisiones en el desarrollo de la crisis energética y el incumplimiento del Plan Maestro Eléctrico. A la lista también se suma el exministro de Economía, Pablo Arosemena al retirar los recursos de CELEC y CNEL , lo cual ahondó las dificultades financieras de las empresas públicas. Ambos exfuncionarios podrían ir a juicio político.

Según las pruebas recabadas, durante el gobierno de Guillermo Lasso se habría intentado beneficiar a Roque Sevilla, exconsejero presidencial ad honorem, con el proyecto fotovoltaico Conolophus. La mesa parlamentaria remitirá la documentación a Contraloría. (AGM).

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El Pleno del CNE argumentó que MOVER no alcanzó ni el 4 % de votaciones en las elecciones del 2023. La decisión tuvo tres votos a favor (de Diana Atamaint, Enrique Pita y José Cabrera), y una abstención de la consejera Elena Nájera.

El ente electoral inició el proceso de «depuración» el 28 de diciembre de 2023. Desde entonces, el CNE mencionó que el movimiento no cumplía con los requisitos electorales establecidos en el artículo 327 del Código de la Democracia.

Según la ley, Mover debía tener mínimo tres representantes en la Asamblea Nacional; al menos el 8 % de las alcaldías; o, un concejal en el 10 % de cantones.

La decadencia de Mover

El movimiento fue fundado en 2006 y sus representantes fueron figuras destacadas como los expresidentes Rafael Correa y Lenin Moreno. Sin embargo, el CNE señaló que Mover no cumplió con el 3% de votos en las dos últimas elecciones, lo que lo hace sujeto a eliminación según el Código de la Democracia.

Además, durante las elecciones generales de 2021, el movimiento obtuvo un porcentaje de votación pluripersonal de 2,9347 %, o sea, no tuvo ningún asambleísta. Mientras que, en las elecciones seccionales de 2023, consiguió el 3,7952 %: que se traduce en tan solo cuatro alcaldes en alianzas electorales.

Todo para no desaparecer

Mover anunció su respaldo a la candidatura presidencial del ahora presidente Daniel Noboa. Según la organización política, buscarían una alianza para conformar listas en las pasadas elecciones legislativas con representación nacional, provincial y de circunscripciones en el exterior.

“En sesión del Comité Ejecutivo Nacional, Mover resolvió apoyar la candidatura de Daniel Noboa, en el marco de una alianza que permita, sobre el diálogo y participación directa, estructurar listas para asambleístas”, señala el comunicado

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»En el gobierno del presidente Lasso se hizo con fuerza todo lo que se está haciendo ahora, sin duda se lo hizo (…) ¿Es suficiente? no lo es», dijo en entrevista para Ecuavisa.

Resaltó que a pesar de que el exmandatario dictó una veintena de estados de excepción, el nivel de violencia no se redujo. En este sentido, señaló que el gobierno no debe buscar únicamente soluciones reactivas, sino dar una salida a los problemas estructurales del Estado.

Agregó que la fuerza de la estrategia es la inteligencia, lo cual implica fortalecer la capacidad tecnológica. No obstante, señaló que en el gobierno de Lasso se planificó el levantamiento de un centro de mando de inteligencia criminal, sin embargo, el proceso nunca se concretó.

La administración del gobierno de Guillermo Lasso entregó al país una tasa de aproximadamente 44,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la peor cifra de la historia.

De igual manera, la crisis carcelaria se acentuó durante su período presidencial. Durante el gobierno de Lenín Moreno hubo un registro de 79 víctimas mortales en los centros penitenciarios, sin embargo, cuando Lasso estuvo al mando se reportaron 387 asesinatos. (AGM).

La entrada »El gobierno de Lasso hizo todo lo que se está haciendo ahora», dice exscretario de Seguridad se publicó primero en La Calle.

El documento detalla que los principales focos que tiene el país son el origen, tránsito de droga, y el destino de víctimas de trata de personas, que por lo general, suelen ser personas vulnerables. Además del peligro que corren los niños que viven en la frontera con grupos armados colombianos que los reclutarían a la fuerza.

«Pese a que el Gobierno y las fuerzas del orden han acaparado este tema, se ha hecho poco para abordar el problema. Además, los homicidios relacionados al tema de drogas aumentaron en la última década», especifica.

Descontrol en todo lado

Ecuador se convirtió en un país de origen y destino de drogas, sobre todo de cocaína y heroína. De acuerdo con el informe, miembros de la Policía habría sido sorprendidos anticipando a criminales de sus operativos, brindando seguridad y supuestamente planteando asesinatos con jefes criminales locales.

Al punto en el que el país se convirtió en la superautopista de la cocaína a través de sus puertos del Pacífico. Además, del escenario donde los casos de trabajo sexual, tráfico de armas y los tiroteos son reiterativos.

«Los narcotraficantes se benefician de la ausencia de funcionarios gubernamentales sobre todo en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos», explica la entidad.

Otras bandas se quieren extender

La Iniciativa del Crimen Organizado aclaró que si bien las bandas criminales no controlan todo el territorio ecuatoriano, algunos tienen el poder al interior de los centros penitenciarios. Resaltó que las prisiones se han convertido en el ecosistema criminal perfecto para la proliferación del crimen organizado.

Explicó que el país ya tiene presencia de algunos grupos criminales de Colombia, México, Albania y China. Sin embargo, no descartó la hipótesis de que grupos brasileños pretenderían extenderse a rutas ecuatorianas.

«Esto podría ocasionar un enfrentamiento violento entre los cárteles mexicanos que operan en el país», comenta el informe.

Liderazgo y gobernanza

Según el mismo documento, la falta de liderazgo de los últimos gobiernos provocó un retroceso democrático. Además, causó que el capital político se agote, por lo que los representantes poco a poco se quedaron sin aliados y el rechazo de la población aumentó.

Otro punto por el que las bandas se han dispersado en el país, es la desinstitucionalización del Estado. El reiterativo intento de reducir los sectores, llevó al gobierno a eliminar instituciones importantes y que -de cierta manera- las entidades pierdan su autonomía.

Finalmente, señaló que las aras de corrupción son rampantes en Ecuador, pues actores sociales, políticos o judiciales estarían involucrados en el tráfico ilegal de drogas. «Ecuador es el único país de la región que no cuenta con un Ministerio de Justicia, y la entidad de planificación pública», detalla. (N.J.C)

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MICC, a través de un comunicado, instó a todos los actores políticos y sociales a «arrimar los hombros de manera mancomunada» para afrontar estos problemas. Además, hicieron un llamado a la estructura organizativa del movimiento y de su brazo político a mantenerse en alerta.

Gabriela Lizarzaburoglizarzaburo

«Así contribuiremos desde los territorios y las instancias administrativas de los GADs para combatir la delincuencia y el crimen organizado», menciona el comunicado.

Una de las alternativas que tomará el MICC es mantener activadas las guardias comunitarias para controlar el ingreso a su territorio. A partir de eso, proteger la vida e integridad de la población.

«Llamamos a la unidad de la provincia de Cotopaxi, para sumar esfuerzos entre todos los sectores, que permiten superar esta crisis (…) El miedo y la amenaza no deben vencernos», detalla.

El MICC recalcó que la situación que vive el país es un hecho sin precedentes provocada, lamentablemente, por la radicalización de las políticas neoliberales que destruyeron el Estado. Mencionó que a eso se suma la falta de liderazgo y de proyecto político de los últimos gobiernos.

«Estos gobiernos han priorizado sus agendas particulares para favorecer a los grandes grupos económicos, a costa de la pobreza y sufrimiento de la mayoría», explica.

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»Todos sabemos que las consultas tienen limitantes, no se puede preguntar cualquier cosa; pero con esto, se nos burlan en la cara. Esperemos que la Corte decida como corresponde», publicó Sichel en su cuenta de X.

A su criterio, las preguntas de la Consulta Popular muestran »irresponsabilidad y profundo desconocimiento» de los parámetros que ha fijado la Corte Constitucional (CC). »Se nos llamará a las urnas para aprobar que el Presidente mande proyectos de ley –algo que puede hacer sin consulta», resaltó.

Durante su tiempo en el sector público se convirtió en la vocera principal de la campaña a favor del “Sí” en el referéndum, promovida por el expresidente Lasso, en febrero del 2023.

Para cumplir con este propósito, Sichel recorrió distintos puntos del país para grabarse a sí misma para detallar los beneficios de la propuesta gubernamental que fue rechazada por los ecuatorianos. Tras reportar apenas USD 650 en viáticos, presentó su renuncia a su cargo de subsecretaria.

Otra a la lista

«Esta consulta popular, en la práctica, es una llamado tibio y podría parecer poco trascendente», dijo el exministro de Gobierno, Henry Cucalón en entrevista a Teleamazonas.

El exfuncionario manifestó que las preguntas de esta convocatoria de referéndum no guardan relación con la importancia y con los requerimientos que los ciudadanos demandan.

Agregó que la iniciativa del Gobierno es débil porque no existen cambios directores a la Constitución. Resaltó que las propuestas sirven para modificar normativas legales de inferior jerarquía y tampoco existe aplicación directa normativa.

Durante su rol de asambleísta del PSC apoyó firmemente a la Consulta Popular impulsada por el expresidente Lenín Moreno. En aquel momento sostuvo que este llamado estaría ligada »a cambiar las deformidades» que dejó el gobierno de Rafael Correa. (AGM).

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La mesa legislativa recibió la documentación de sus antecesores y llamaron a comparecer a varias autoridades para «concatenar los hechos». La asambleísta Gissela Garzón señaló que la presencia del Ministerio de Cultura, encargados de Patrimonio y otros funcionarios que mantengan una relación directa con los espacios implicados es esencial para otorgar respuestas.

El presidente de la Comisión, Patricio Chávez, resaltó la necesidad de continuar con esta investigación con la presencia de un notario. «En dónde están los bienes que le pertenecen al país ecuatoriano», cuestionó.

En enero de 2024, los legisladores presentarán en el Pleno un informe de fiscalización de recomendaciones y conclusiones con posibles responsabilidades políticas.

«Entre gallos de medianoche»

En febrero de 2018, varios usuarios en redes sociales alertaron que una de las salas del Museo del Palacio de Carondelet fue desmontada. Se trataba de la sala de los obsequios recibidos por el expresidente Rafael Correa durante su mandato. Desde entonces hasta hoy, se sabe poco o nada del paradero de los objetos avaluados en más de USD 2 millones.

El Gobierno de Moreno respondió que “algunos objetos fueron reubicados dentro de la misma exhibición y otros (como documentos personales) se depositaron bajo condiciones adecuadas, dentro de la Reserva de Bienes Culturales” de la institución.

En manos de la Fiscalía

En 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa por la presunta desaparición de los bienes. La entidad informó a Moreno y a su esposa, Rocío Moreno, que tiene una denuncia por presunto peculado en el caso. La denuncia la interpuso la asambleísta por UNES, Pamela Aguirre.

También advirtió al Consejo Nacional Electoral (CNE), Registro Civil, Presidencia de la República y Contraloría General del Estado (CGE) para que remitan la información pertinente de manera inmediata.

Moreno ahora tiene una acusación por el delito de peculado en la Fiscalía por desaparecer más de 8 mil piezas del Museo del Palacio de Carondelet”, afirmó Aguirre en entrevista con Radio la Calle.

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Asistí a la reunión y estaba el presidente Lenín Moreno con uno de sus asistentes y – entre otras cosas – entregaron una información con un pendrive y que debía entregarlo a la justicia. Que su gobierno había tomado la decisión de procesar estas denuncias y encarcelar inmediatamente a Jorge Glas», dijo a Noticias de Ecuador.

Bucaram añadió que Moreno le garantizó que Fiscalía iba a llamarlo inmediatamente al rendir su versión en el caso, dado que él era el denunciante para que no se relacione al gobierno sino una denuncia externa. «Él garantizaba que me iban a llamar, como en efecto sucedió, a los pocos días, me convocaron a dar versión. Eso es público, pueden revisarlo en los portales de internet. La Fiscalía actuó con mucha celeridad».

Entre los actores que tenían adversarios políticos que planeaban aniquilar estaba la exministra Romo y en ese período se fraguaron casos para deshacerse políticamente, no solo de Jorge Glas si no de todo lo que significaba el correísmo.

Según Bucaram, el contenido de ese pendrive era lo que le llamaban «La ruta del dinero». Sin embargo, el peritaje demostró que los documentos fueron manipulados por el gobierno del expresidente Moreno. «Yo pensando que Moreno, en un acto de honestidad, había hecho una investigación y recabado información». (MIB)

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Los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso trataron de implementar esta disposición y la única opción de los ecuatorianos fue salir a las calles a protestar. No obstante, la represión fue la respuesta que recibieron del gobierno.

Pese a que esta medida se había suspendido en 2022, Lasso presentó un proyecto en el que revivió quitar el subsidio a los combustibles y se desató otro paro en la capital.

La entidad señaló que otro problema para que el programa crediticio no prospere son las modificaciones que recibió la reforma tributaria.

El FMI mencionó que se aplicaron gran parte de las condiciones del programa, pese a que existieron algunos retrasos en las reformas fiscales y estructurales.

Para la entidad financiera, la solución para garantizar la sostenibilidad fiscal es «profundizar las reformas económicas» y con eso abrir campo a otros mercados de deuda. Pero los datos muestran otra realidad, pues ni Lasso que se aferró a esta entidad pudo reducir el déficit fiscal.

De hecho, el actual ministro de Economía, Juan Carlos Vega, anunció que el déficit fiscal proyectado para el cierre de 2023 superará los USD 5.000 millones, es decir el 5 % del PIB del Ecuador.

El FMI evaluó el programa crediticio de USD 6.500 millones que se dio a Ecuador entre septiembre de 2022 y diciembre de 2022. Según la institución, ese financiamiento «permitió una reestructuración de la estabilidad económica tras la pandemia por Covid-19». No obstante, analistas y economistas ratificaron que Ecuador es uno de los pocos países que no logra superar la crisis que generó.

La relación tóxica con el FMI

Aunque la propia entidad detalló que solo se deben realizar préstamos como última opción y en casos excepcionales, el país generó casi una dependencia a esta institución.

Hasta el 18 de abril, Ecuador estuvo entre los cinco primeros países que más deben al FMI. La deuda superaba los USD 8.200 millones y sus posibilidades de crecer aumentaban.

La deuda con el FMI creció aún más con el último acuerdo de 2022, en el que Lasso pidió USD 700 millones “para beneficio del país”. El expresidente Lasso siempre consideró a esta entidad casi como un Dios que podía remediar los vacíos económicos.

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