»Tanto la señora Varela como el señor Lasso conocían de una investigación de narcotráfico que prefirieron callarse y protegerse entre ellos. Esto le dio a la señora Varela la potestad de manosear a la institución y sacar de manera ilegal a cuatro generales», dijo Araúz en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

El excomandante aseguró que con la venia del exmandatario, Varela falsificó unos documentos con la intención de destituirlo de la institución policial. En 2022, Lasso cesó de funciones a Araus de manera definitiva por no cumplir con los requisitos para su ascenso.

Aseguró que en la investigación presentada por el exasambleísta Fernando Villavicencio (+) se pone en evidencia los lazos de Varela con el narcotráfico. Recalcó que fue evidente que lo sacaron »porque era un estorbo» y tarde o temprano iba a enterarse de la investigación que involucraba al cuñado del exmandatario, Danilo Carrera.

Además indicó que durante dos años ha presentado requerimientos y explicaciones respecto al tema y no ha existido respuesta hasta el momento, por parte de los involucrados en el caso León de Troya.

»La Madrina»

El excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+) elaboró un primer informe que relataba los nexos de la mafia albanesa y altas cúpulas policiales en el país. De acuerdo con la investigación, el albanés Dritan Gjika, alias Tony, coordinaba la seguridad de una banda delictiva con una policía llamada “La Madrina”.

Según el documento del Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA), la agente con la que elaboraban este tipo de planificaciones era Tannya Varela, excomandante general de la Policía con Lenín Moreno y Guillermo Lasso, detalló Primicias. Las primeras noticias de Varela se desataron con el archivo de la investigación “León de Troya”.

En los audios filtrados por un medio de comunicación, Varela confirma que el expresidente Lasso tuvo conocimiento del informe que involucraba a su cuñado, Danilo Carrera, con los albaneses. Posterior a esto, Carrera habría asistido a Carondelet, por lo que se presume que Lasso lo habría alertado de la investigación.

“Lasso me llamó y dijo que Carrera ya no va a hablar. Si quieren bajarle, bájenle (al informe) a mí no me importa”, expresa Varela. En el mismo clip, argumentó que explicaría a las autoridades que se cerró dicha investigación porque no tenía nada de valor. (AGM).

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Gjika, líder de la red, se encargaba de gestionar los pedidos de cocaína desde laboratorios en Colombia hasta Europa, coordinando personalmente la distribución. Aunque no se confirma su detención entre los 18 capturados en Ecuador y 11 en España, su nombre resuena por su conexión con el fallecido Rubén Cherres y el caso ‘León de Troya’.

Las conexiones de Gijka en Ecuador

Gjika, presente en Ecuador desde 2009, tuvo monitoreo hasta marzo de 2022. Su nombre apareció en un informe policial reservado (que posteriormente se reveló era el Caso León de Troya). En el marco de esa misma investigación, también aparecería el nombre de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, quien presuntamente gestionaba cargos públicos con la ayuda de su amigo Rubén Cherres.

Informes revelan que Cherres, Gjika y otros albaneses crearon empresas, posiblemente para actividades ilícitas, destacando Cresmark, dedicada a exportar productos agrícolas como banano, utilizado para el transporte de drogas a Europa.

A pesar de ser accionista en Cresmark y Agricomtrade, Gjika, nacido en 1976 en Albania, se mantiene elusivo, incluso después de ser deportado por falta de documentos en Italia en 2021. La investigación sugiere que viajó a Turquía en enero de 2023, manteniendo su paradero desconocido.

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La Fiscalía General del Estado informó que el «juez (Renán Andrade) -tras conocer la causa- resolvió cambiar la fecha prevista anteriormente por pedido de la institución de control», publicó en su cuenta de X. Un día antes (13/11/2023), tanto la Fiscalía como el juez se acusaron de dilatar el proceso al postergar con sus acciones la audiencia. No obstante, después de dos intentos -finalmente- se pusieron de acuerdo.

La audiencia se instalará dentro de 10 días a las 08:25 en la sala de audiencias 208 del segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.

Primer diferimiento

Para el pasado 31 de octubre se debió dar la audiencia de formulación de cargos contra Carrera y seis personas más. No obstante, el magistrado aceptó cinco pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe.

La noche anterior (30 de octubre), la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes.

El juez alegó que este último hecho les permitió a las defensas de los involucrados solicitar los diferimientos debido a la acumulación de procesos, lo que significa tiempo para revisar la documentación de la investigación previa.

“Es necesario dejar constancia que la propia Fiscalía (…) un día antes del 31 de octubre habría dado la acumulación procesal, lo cual generó justamente este primer diferimiento”, reseña la causa en el portal web del Consejo de la Judicatura (CJ).

Andrade añadió que para garantizar el derecho a la defensa de los implicados se tuvo que reagendar la audiencia, pero recalcó que “se deja constancia que es exclusiva responsabilidad de la Fiscalía”.

Segundo diferimiento

Justo el viernes 10 de noviembre, la Fiscalía solicitó que se haga extensiva la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos a una persona más dentro del caso, al ciudadano Gabriel M.

El juez señaló que no pudo conocer la extensiva ese día debido a la gran carga laboral que tenía (tres audiencias de acción de protección), por lo que recién el lunes 13 de noviembre, conoció el pedido de Fiscalía y procedió a despachar de inmediato.

Asimismo, adujo que para respetar el debido proceso hacia el acusado adicional reagendó la audiencia y por tercera ocasión se convocó a los implicados el jueves 14 y viernes 15 de diciembre de 2023, fecha ya cancelada.

“Estas situaciones como se ha dejado constancia se han originado por  las actuaciones de Fiscalía“, enfatiza con negrita el escrito de la justicia.

Caso Encuentro

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones; y, Gabriel M., reciente involucrado.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal “acordaba” con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para “ubicar” a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

Foto: Cámara de Comercio de Quito

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Los ocho sospechosos por delincuencia organizada en la presunta red criminal conocida como caso Encuentro serán acusados ya cuando Guillermo Lasso esté fuera del poder.

La Fiscalía expresó su rechazo a la decisión del juez Renán Andrade de reprogramar la audiencia para mediados de diciembre. En contraste, la justicia argumentó que han sido las acciones de Fiscalía las que han postergado el proceso.

Primer diferimiento

Para el pasado 31 de octubre se debió dar la audiencia de formulación de cargos contra Carrera y seis personas más. No obstante, el magistrado aceptó cinco pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe.

La noche anterior (30 de octubre), la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes.

El juez alegó que este último hecho les permitió a las defensas de los involucrados solicitar los diferimientos debido a la acumulación de procesos, lo que significa tiempo para revisar la documentación de la investigación previa.

«Es necesario dejar constancia que la propia Fiscalía (…) un día antes del 31 de octubre habría dado la acumulación procesal, lo cual generó justamente este primer diferimiento», reseña la causa en el portal web del Consejo de la Judicatura (CJ).

Andrade añadió que para garantizar el derecho a la defensa de los implicados se tuvo que reagendar la audiencia, pero recalcó que «se deja constancia que es exclusiva responsabilidad de la Fiscalía».

Segundo diferimiento

Justo el viernes 10 de noviembre, la Fiscalía solicitó que se haga extensiva la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos a una persona más dentro del caso, al ciudadano Gabriel M.

El juez señala que no pudo conocer la extensiva ese día debido a la gran carga laboral que tenía (tres audiencias de acción de protección), por lo que recién hoy, lunes 13 de noviembre, conoce el pedido de Fiscalía y procedió a despachar de inmediato.

Asimismo, aduce que para respetar el debido proceso hacia el acusado adicional se debe reagendar la audiencia y por tercera ocasión se convoca a los implicados el jueves 14 y viernes 15 de diciembre de 2023 desde las 09:00 hasta las 16:00 en la sala de audiencias 207 del segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.

«Estas situaciones como se ha dejado constancia se han originado por  las actuaciones de Fiscalía«, enfatiza con negrita el escrito de la justicia.

Caso Encuentro

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones; y, Gabriel M., reciente involucrado.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal “acordaba” con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para “ubicar” a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

Foto: Fedenador

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La tarde de este martes 31 de octubre a las 14:30 estaba previsto que se acuse a Carrera y compañía por su supuesta participación dentro del caso Encuentro. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada para el 16 de noviembre a las 14:00.

¿Por qué? El juez Renán Andrade señaló que se dio paso a cinco pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe, reporta Teleamazonas. Adicionalmente, el magistrado precisó que esta será la «única vez» que se acepte este tipo de recurso.

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

No es todo. La noche del 30 de octubre, la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes. En palabras sencillas, halló hechos relevantes y conexos entre las dos investigaciones.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal “acordaba” con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para “ubicar” a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

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La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

No es todo. La noche del 30 de octubre, la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes. En palabras sencillas, halló hechos relevantes y conexos entre las dos investigaciones.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus «influencias» en las contrataciones.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal «acordaba» con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para «ubicar» a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

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El pasado 10 de octubre, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que la institución abrirá un proceso interno contra el teniente. Además, enfatizó que Rengel deberá «demostrar y responder por todas las acusaciones que ha realizado».

Sin embargo, el teniente tuvo que salir del país luego de que él y su familia fueran víctimas de constantes amenazas por investigar el caso «León de Troya».

Raza, comentó para Radio La Calle, que el proceso durará 45 días. Luego entra a la fase de resolución y si el dictamen es favorable, demandarán ante los jueces.

«Con la misma velocidad aclaren las relaciones de Guillermo Lasso con la mafia albanesa», expresó en su cuenta de X.

El teniente difundió varios videos en los que aseguró que ni la entidad del orden a la que sirvió ni la Fiscalía General del Estado (FGE) le brindaron la seguridad que habían prometido. No obstante, Zapata mencionó que Rengel «nunca lo llamó para gestionar su seguridad».

Como última opción, el uniformado acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le otorgue medidas de seguridad en favor de su familia.

Una primera advertencia

El pasado 25 de mayo, el teniente ya denunció una persecución por parte del Estado y la Policía. Además, afirmó que la mafia albanesa financió la campaña de Lasso a cambio de algunos puestos en los ministerios, Aduanas, BanEcuador, entre otros, por costos superiores a los USD 20 millones.

“He sido víctima de una persecución solamente por hacer mi trabajo. Yo no tuve la culpa de que en esa investigación se cruzara un familiar del presidente Lasso”, dijo en un video difundido por el periodista Andersson Boscán.

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En rueda de prensa vía Zoom, el agente brindó más detalles sobre el caso y aseguró que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, tenía conocimiento de todos los hechos y aún así mandó a archivarlos.

«El fiscal Balda, quien llevaba la investigación, me dijo en una reunión por Zoom que ya todo era conocimiento de la fiscal y ordenaba que se cierre», explicó.

Aunque Zapata repitió que tanto la Policía como la Fiscalía «desmintieron» las acusaciones de Rengel, en una entrevista recalcó que la única autoridad para disponer el cierre de las investigaciones es la fiscal.

«Quien pide legalmente que se cierren o archiven las indagaciones es la fiscal y ahí lo hace un juez», argumentó en Noti Mundo.

Sanciones y más sanciones

El ministro señaló que la Policía abrió un proceso administrativo interno en contra de Rengel por las «faltas injustificadas» que tiene. Señaló que el marco normativo se rige para los 59 mil uniformados que hay. «Todos estamos sometidos a ese marco, por lo que aplica de igual manera para todos», dijo.

El teniente resaltó que hasta el momento no se concreta la reunión que mantendría con la Fiscalía para hablar de su seguridad y la de su familia. Además, mencionó que existen más resúmenes de conversaciones en torno al caso que no han sido investigados.

Zapata indicó que indagan si Rengel tenía autorización o sustento para difundir todas esas declaraciones. Según él, el teniente «nunca lo llamó» o se puso en discusión el tema de su seguridad. «Yo ni siquiera tengo el gusto de conocerlo», aludió.

De la misma manera, la Policía Nacional -en un comunicado- señaló que las versiones del teniente solo se representan su postura personal y no la de la entidad.

Cosillas sobre Lasso

Rengel afirmó que la mafia albanesa financió la campaña de Lasso a cambio de algunos puestos en los ministerios, Aduanas, BanEcuador, entre otros, por costos superiores a los USD 20 millones.

No obstante, Zapata -cual fiel amigo de Lasso- repitió que el propio presidente «exigió» que se reabra la investigación para determinar todos los delitos. Subrayó que la investigación esta en curso y la FGE será la encargada de revelar los datos. «Él mismo (Lasso) solicitó que la abran porque sabe que no hay nada», apuntó.

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Serrano, a través de videos en su cuenta de X, indicó que en una conversación del 14 de agosto de 2021, «HD le dice a Rubén Chérres que un extranjero y una tercera persona con la que almorzaron fueron a ver a la ministra».

Otros datos

Indicó que en otro audio se escucha cuando el presidente Guillermo Lasso le comentó a su hijo y a Danilo Carrera sobre la investigación León de Troya. «Esas entradas están escritas en las bitácoras de Presidencia», recalcó.

Sin embargo, apuntó que al día siguiente los teléfonos, por donde se encriptaban las conversaciones, fueron silenciados.

«Lo que no contaban ellos (Lasso, Carrera y Chérres) es que las fuentes de la Policía Nacional iban a entregar los nuevos contactos para que continúe la indagación. No obstante, eso tampoco se investigó», afirmó.

De la misma manera, otra conversación -del 11 de agosto de 2021- detalla que «RC y HD» buscaban apoyo para Guigo Chiriboga, presidente de CREO en ese momento, porque les parecía «injusto» que no puedan tener gente para trabajar en algunas áreas del país.

«Si conseguimos ese respaldo estamos del otro lado. Cómo puede ser que Lasso diga que HD está a un lado y no cumpla», es el fragmento de una de las conversaciones.

Las medidas que tomará

Serrano recalcó que no se ha investigado ni el 20 % de toda la información existente en el caso León de Troya. Según él, aún falta que se publique la información sobre «los progresivos» de otras llamadas telefónicas que constan en el expediente.

Además, entregó a su abogado una copia certificada de las conversaciones progresivas y que no se hicieron públicas en su momento. Detalló que todo estará certificado y avalado por las leyes estadounidenses, lugar donde radica.

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“He sido víctima de una persecución solamente por hacer mi trabajo. Yo no tuve la culpa de que en esa investigación se cruzara un familiar del presidente Lasso”, dijo en un video difundido por el periodista Andersson Boscán.

La indagación del caso empezó en el 2021 y habrían salido a la luz diferentes evidencias que relacionaban a la mafia albanesa con el cuñado del mandatario, Danilo Carrera. Según Rengel, el general de la Policía, Giovanni Ponce le pidió archivar el caso porque a la larga »le traería problemas al presidente».

El uniformado se opuso a acatar esa disposición y declaró que a partir de ese momento fue víctima de una persecución por parte de los altos mandos. Rengel fue separado de la unidad de investigación y trasladado a los lugares más peligrosos del país, entre ellos el Guasmo Sur, en Guayas.

Amenazas

»Recibí amenazas de que si no cerraba mi boca me la iban a cerrar», indicó.

Cuando el caso se hizo público y manchó la imagen del gobierno, el agente policial empezó a recibir amenazas que denunció en Fiscalía. »Letras que solamente quedarían impregnadas en un papel porque jamás hicieron nada», recalcó.

De igual manera, hicieron caso omiso a la seguridad que pidió para su familia, quienes ahora también corren peligro.

El 1 de abril, el alto mando institucional recibió una alerta de amenazas en contra de la vida del excandidato Fernando Villavicencio, el teniente general José Luis Erazo, el periodista Andersson Boscán y su persona.

Rengel aún es blanco de amenazas por este caso, incluso, tuvo que solicitar medidas cautelares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD). Ante la evidente falta de protección, el policía responsabilizó al presidente Lasso, a la fiscal Diana Salazar y al ministro del Interior, Juan Zapata por la vida de él y su familia. (AGM)

Solo en . El policía Rodney Rengel inició la investigación León de Troya que visibilizó los vínculos del gobierno y Danilo Carrera con la mafia albanesa.
Hoy, ha tenido que esconderse por amenazas y responsabiliza al presidente @LassoGuillermo por su vida y la de su familia. pic.twitter.com/4TEnqXIhb5

— Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) September 26, 2023

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Nos enterábamos también que tres altos oficiales de la Policía, su Comandante y 2 altos generales, decidieron  proteger al Presidente y a su círculo mafioso y no a su país; y, aunque parezca inverosímil, era el Policía investigador, quien luego de haber recabado todos los indicios necesarios para continuar investigando,  solicitó el archivo al Fiscal del caso, así mismo inverosímil que un Fiscal guiado por la recomendación del Policía haya decidido archivar el caso, ya que la Constitución y el COIP claramente establece que el director de la investigación es el Fiscal y no lo contrario.

Ahora, hasta la fecha, ha existido una alta funcionaria del Estado que frente a todo lo que pasaba a su alrededor, le ha querido convencer al país que nada sabía, sí, la Fiscal General del Estado tiene respuesta para todo, incluso para decir que nada sabía de una investigación que involucraba al círculo más cercano del Presidente; y,  frente a ello nos asalta una pregunta ¿Si tamaña fue la negligencia del Fiscal que dispuso archivar aún cuando tenía elementos para continuar investigando una red de narcotráfico, qué ha hecho la Fiscal para sancionarlo?. Hasta ahora no hemos tenido noticias de si la Fiscalía allanó la casa de ese Fiscal como cuando ante la mera sospecha y de un personaje público se trata, lo hace. No conocemos si en su contra se ha iniciado una investigación previa o si por lo menos ese funcionario fue sancionado.

Pero bueno, “creyendo” que la Fiscal desconocía de lo primero, es decir, del archivo ¿Qué pasó con el caso a partir de que aparatosamente dijo que había decidido reabrirlo? Y nos referimos específicamente a que si ya con su “reapertura”, la Fiscalía al tenor de lo establecido en el artículo 530 del COIP, solicitó la orden de detención por 24 horas de Rubén Chérres con el fin de que la Policía comience su búsqueda, y con su captura conocer a los miembros de toda la estructura narco criminal que se había instalado en el gobierno, ofreciéndole en este caso sí (no como en el caso de los “cuadernos”) protección; y, efectuar con él una cooperación eficaz.  No lo sabemos, habrá que preguntarle a la que para todo tiene respuesta por más mediocre que sea, tapiñada por sus acólitos de la prensa que la han calificado como la fiscal “anticorrupción” y a los que entrega las primicias de los casos más sonados para mantener su relación.

Entonces, si bien es evidente que ya en el primer archivo tiene responsabilidad política por el incumplimiento de sus funciones, mucho más por la “reapertura” y falta de una solicitud al Juez de una orden de detención por 24 horas para la búsqueda de Rubén Cherres y de esta manera evitar que lo MATARAN, curiosamente a pocos kilómetros de la casa de playa del Presidente!

En este contexto, debe la Asamblea iniciar un proceso de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado para verificar un incumplimiento de las funciones encomendadas a ella, llamando en primer término al Fiscal que le “tocó” disponer el archivo de un caso de delincuencia organizada internacional en la que estaba involucrado el círculo más íntimo del Presidente, para que hable y cuente lo que hasta ahora no le han permitido decir.  Proteger su vida es fundamental para que no le pase lo que a Chérres!

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La Dirección Nacional de Asuntos Internos sostuvo que no puede iniciar el proceso debido a que los generales ya no pertenecen a la institución policial. Sin embargo, la denuncia se realizó antes de la salida de los uniformados de alto rango.

«Al no cumplirse con uno de los requisitos (servidores activos), impide que el Departamento admita a trámite de sumario administrativo los hechos», reza el comunicado.

Según la entidad, bajo esta justificación y conforme a la que le dicta le ley dispuso el archivo del expediente.

Además, el abogado del coronel Wilson Torres, Alberto Montengro, publicó la denuncia que interpuso contra el comandante general Fausto Salinas por no iniciar con el procedimiento contra los exgenerales.

Al parecer, esta solicitud fue enviada por el propio Salinas a la Dirección Nacional de Asuntos Internos para que inicie su investigación.

«Hay que estar pendientes no vaya a ser que también la indmitan -porque sí-«, expresó a través de cuenta de Twitter.

Lo intentaron callar

Torres enfrenta una sanción por hacer pública su denuncia sobre la presunta corrupción y la falta de recursos al interior de la institución. La respuesta, procesos administrativos en su contra.

Procesos administrativos, traspasos de una zona a otra y, finalmente, sanciones. En agosto de 2022, el coronel Wilson Torres revelaba la crítica situación de seguridad en Quevedo, Los Ríos. Lo decía como un grito de auxilio a las autoridades nacionales y locales. Pero sus palabras golpearon los oídos sordos de una institución que prefirió resolver el problema con el traspaso de Torres, detalla Radio Pichincha.

Se fueron antes de ser juzgados

Los exgenerales presentaron la solicitud de baja el pasado 15 de marzo, por lo que, al interior de la Policía no tiene nada que ver con los con las acciones penales que iniciaría la Fiscalía, indicó el abogado Marcelo Dueñas.

También, aclaró que aunque los exuniformados hubiesen sido declarados culpables, eso no les prohibiría de recibir la pensión jubilar que se estima está sobre los USD 4 mil mensuales.

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Lasso exigió la «inmediata separación» de los dos implicados el 14 de marzo. No obstante, recién el 17 de este mes firmó el Decreto Ejecutivo 691 que dispone que ambos miembros de la Policía Nacional sean retirados oficialmente de sus funciones.

Sin embargo, los ahora exgenerales se adelantaron y presentaron la solicitud de baja el pasado 15 de marzo.

Aunque los exgenerales tienen implicaciones graves por la información filtrada, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) les permite solicitar su baja voluntaria y salir de la Institución con todos los beneficios adquiridos, entre ellos la pensión jubilar.

El abogado Marcelo Dueñas aseguró que no se puede negar este pedido, pues consta en el artículo 11 del Coescop. También señaló que no se puede iniciar una sanción disciplinaria si la solicitud de baja ya fue enviada.

«El destino de los generales no variará, incluso con su destitución, pues ambos han completado el tiempo mínimo de servicio, y ya tienen derechos que no pueden perder», dijo para Radio Pichincha.

Se van con pensión y todo

Dueñas explicó que los procesos al interior de la Policía no tiene nada que ver con los con las acciones penales que iniciaría la Fiscalía. Aclaró que aunque los exgenerales hubiesen sido declarados culpables, eso no les prohibiría de recibir la pensión jubilar que se estima está sobre los USD 4 mil mensuales.

Ya tienen su reemplazo

El exgeneral Mauro Vargas entregó su relevo administrativo al general Fausto Olivo que actualmente se desempeña como Director General de Investigación. Aún no se define el reemplazo de Ponce como Director Administrativo-Financiero y tampoco se conoce quién será el nuevo Director General de Investigación, según El Comercio.

¿Qué decían los audios?

El propio Gobierno Nacional habría cerrado la investigación de «El León de Troya». Nuevos audios filtrados por el medio digital La Posta revelan cómo los generales de la Policía, Vargas y Ponce recomendaron archivar la indagación porque afectaría al presidente Guillermo Lasso.

En los audios se escucha cómo Ponce menciona que existen varios casos que no han investigado y justo a este entramado, en el que está involucrado Lasso, le están «metiendo corazón». Ante esto Vargas apoya esta «recomendación».

El general Ponce, en otro audio, indica que abrirán otra IP (investigación Previa) en la que no aparezca el nombre del presidente ni de su cuñado, Danilo Carrera. Con esto, alegaron que abrirían una nueva indagación, pero por el delito de lavado de activos.

«Hay que decir que no está el presidente. Que él vea y analice porque al final de la historia nos va a echar la culpa a nosotros», dice Ponce. (N.J.C)

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Según el funcionario, el objetivo de esta investigación, que actualmente desembocó el caso “El Gran Padrino”, era ir tras la pista de generales de la Policía presuntamente vinculados en actividades delincuenciales.

“Cuando se inició la investigación el Secretario de Administración, en ese momento, y yo asistimos donde la Fiscal a decirle que teníamos la total apertura y colaboración en el caso”, dijo en entrevista para Teleamazonas.

Una acción de protección

El 17 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 96 votos la recomendación de juicio político por el caso María Belén Bernal. En el informe se encuentra al exministro del Interior, Patricio Carrillo; secretario de Seguridad, Diego Ordoñez y secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores.

Por su parte, Ordóñez ya interpuso una acción de protección en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. La medida cautelar fue puesta contra el titular del Legislativo, Virgilio Saquicela, y el presidente de la Comisión de la Fiscalización, Fernando Villavicencio. (A.G.M).

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