“Labores investigativas de nuestra unidad UNASE permitieron la liberación del ciudadano Felipe G., y su conductor, víctimas de secuestro en GYE. […] Nuestras unidades se encuentran realizando el acompañamiento a los 2 ciudadanos a los que la Policía liberó, para su respectiva valoración médica”, expresó la institución en la madrugada.

El procedimiento

“La policía nacional, empeñada en precautelar la seguridad de los ciudadanos, recibió la alerta de un secuestro en la vía a Samborondón de un empresario de la localidad. Se articularon todos los esfuerzos investigativos. El uso del eje preventivo levantó la información necesaria para llegar a un feliz término”, dijo a los medios el general Víctor Zárate, comandante de Policía de la zona 8.

Miembros de la Unidad Antisecuestros con el grupo de intervención y rescate realizaron una intervención. Fue así que lograron rescatar con vida al nieto del expresidente y su conductor. “Agradecemos a la familia por la confianza que depositaron en todo momento en la Policía Nacional”.

El secuestro

El automóvil donde se movilizaban las víctimas fue interceptado en Samborondón por otros dos vehículos. De allí se bajaron tres personas que obligaron a García y a su conductor a bajarse para posteriormente llevárselos del lugar. El hecho quedó registrado en un video.

El ministro del Interior, Patricio carrillo felicitó en un tuit a la Policía. «Gran trabajo Policía Nacional y su unidad elite UNASE. Liberadas las dos personas secuestradas ayer en Guayaquil, existen dos responsables identificados».

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El caso Manuela Sáenz

Según el informe de la Comisión de la Verdad (2010), el 29 de septiembre de 1986, miembros de la Policía Nacional recibieron la orden de allanar una casa en la calle Manuela Sáenz. Presumían, según investigaciones anteriores, que la vivienda servía de casa de seguridad para los miembros del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC). El operativo se produjo a las 23:00 y en la casa estaban: José Luis Flores, Sayonara Sierra y Robert Regalado.

Aunque el parte policial indicaba que hubo un enfrentamiento y que las tres personas murieron por los disparos recibidos. Testimonios recabados a lo largo de los años por los familiares de las víctimas expresan que se trató de ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el padre de Sayonara, la policía entró a la vivienda tras amenazar a la familia propietaria del inmueble para dejarlos pasar. Amordazaron a los jóvenes y procedieron a ejecutarlos. En las denuncias se habla inclusive de violación por parte de los policías hacia Sayonara por los restos de semen que se habrían encontrado en su cuerpo.

Aunque Sayonara no era parte de AVC, una conclusión a la que llega el informe visitaba regularmente a su esposo cuando entró en la clandestinidad. Aún así los informes de la Policía la tenían en la mira como miembro del grupo. Hasta 2008, muchos vecinos tenían miedo de declarar lo que había sucedido esa noche.

“En este punto, debemos resaltar que un equipo interdisciplinario de investigadores de la Comisión de la Verdad visitó el lugar de los hechos en febrero de 2009. Tal como denuncia Orlando Sierra en su oficio, y aún 23 años después del operativo, las personas que viven en el vecindario se niegan siquiera a hablar sobre lo ocurrido. En ningún caso fue permitida la grabación en audio, ni quieren hacer públicos sus nombres. Los dueños de la casa allanada en septiembre de 1986 viven en el inmueble todavía; al identificarse el equipo investigativo como de la Comisión de la Verdad, literalmente, le cerraron la puerta”.

Revise el caso completo aquí: https://www.corteidh.or.cr/tablas/26980.pdf

Prisión preventiva para Ernesto

La tía de Ernesto, Natalia Sierra ha sido clara en responsabilizar al gobierno si algo le sucede a su sobrino. La familia atraviesa por segunda vez la persecución del gobierno. Ocho miembros del Movimiento Guevaristas guardan prisión preventiva. La Fiscalía los acusa de por presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados.

De acuerdo con las autoridades, en los allanamientos se levantaron varios indicios como la posesión de armas de fuego y municiones. Además, Fiscalía dice que la agrupación hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en el Oriente. Esto con la finalidad de formarlos militarmente en la frontera de Colombia – Venezuela. MIB

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“Si el asesino no hubiera atentado contra la vida de mi hija, estaría a mi lado.  Seguimos en la lucha, como debe ser, por eso invito a que todos, nos mantengamos pendientes y no bajemos los estandartes”.

En cuanto a los derechos humanos, Gladys sostiene que la lucha que se desarrolla es por alcanzar apenas los “derechos animales”, pues seguimos luchando por cuestiones básicas, como la alimentación y el cobijo.  “Mi hija creyó que el pueblo necesitaba, estudiar, proyectarse, ser libre y sentirse hermano junto a otro humano. Lo digo ahora que nos han puesto un bozal para privarnos de más derechos”.

Sara

Sara era el nombre clave de Gladys Jeanete Almeida Montaluisa, una joven integrante del movimiento guerrillero Alfaro Vive Carajo, “ la verdad todos fuimos parte de Alfaro Vive, Fausto Basantes, mi hija, yo y toda la familia nos pusimos a soñar en un mundo más justo y emprendimos esta búsqueda como familia”.

¿Por qué otras familias comen todos los días?, ¿tienen zapatos?, ¿tienen futuro?, tantas preguntas fueron calando, hasta que pronto se decidieron por la lucha social. “A los 72 años, no me da miedo reconocer que si fuera posible lo volvería hacer”.

“Nadie salva el pueblo, solo el pueblo. Si delegamos la lucha estamos jodidos. En la medida que les empujemos a cumplir tendremos una alternativa y los jóvenes tienen mucho que decir”.

En cuanto al gobierno de Rafael Correa, Gladys Montaluisa sostuvo que nunca fui del partido pero que sí atestiguó los cambios que se vieron en esa época.

“Vi que los niños podían ir a la escuela, hasta los pelucones buscaban un turno en el IESS porque ahora sí funcionaba. Su error (Correa) fue crear un ejército y militantes y no un verdadero trabajo de masas”.

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Agustín Cueva (1988) describe como “lumpenización de la política” al fenómeno de León Febres Cordero y el Partido Social Cristiano: un gobierno rayando en lo dictatorial, haciendo uso de la fuerza para imponer el neoliberalismo; cuya máxima figura conectaba con ese machismo latente de la sociedad ecuatoriana. Así en 1984 llegó a nosotros el populismo de derecha, el de “pan, techo y empleo” en campaña, y “corrupción, muerte y FMI” en Gobierno.

Casi 40 años después, volvemos a presenciar – y bastantes de nosotros lo hacemos por primera vez – esa lumpenización de la política. Una derecha que no había encontrado un elemento capaz de reconciliar a la ciudadanía con su línea política desde el feriado bancario, donde la ruptura llegó hasta el punto de exclamar “que se vayan todos”. Esa derecha encontró en el anticorreísmo ese elemento cohesionador; el cual no puede soltar por nada del mundo, pues si lo hace pierde toda conexión con su único capital político que ha tenido en los últimos 16-17 años.

El anticorreísmo, además fue el elemento discursivo que les permitió llegar al poder a este lumpen de la política y una vez ahí demostraron lo que son: capaces de destruir al país con tal de amasar unos cuantos (muchísimos) dólares (sin cambios desde 1830). En una semana se destaparon; como si el diálogo con Estados Unidos los envalentonara y les diera así el impulso para nombrar a Alberto Dahik como asesor económico, felicitar a Richard Martínez por trabajar en el Banco que no es banco – a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente – y justificar a la Vicepresidenta porque se jugó la vida en su viaje al Vaticano a conocer al Papa.

Este lumpen es el que no permite que avancemos como país. Deciden quién va en la papeleta y quién no; deciden quién va a juicio político y quién no, deciden a quién le aplica la justicia y a quién no, deciden a quién le afecta la pandemia y a quién no. Sólo una contundente respuesta negativa a este lumpen nos permitirá emprender este viaje que es la recuperación post-pandemia; y que nos puede llevar por un camino del desastre del #YaQueChuchas

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Pensé que no iba a volver a escribir sobre este tema, al menos no pensando en su vigencia en el presente y alertando a la ciudadanía sobre el riesgo del incremento de la violencia como política de Estado.

A propósito de las alarmantes declaraciones del candidato Guillermo Lasso y el apoyo por parte del partido socialcristiano sobre promover una ley para el libre porte de armas en Ecuador; veo necesario hacer uso de la memoria para comprender lo que significaría volver a tener un gobierno que promocione la violencia estatal de forma sistémica. Espero que estas líneas sirvan para construir conciencia crítica y establecer relaciones entre pasado y presente, que nos ayuden a comprender que la historia es cíclica y que el aprendizaje social es fundamental para evitar que los errores del pasado se vuelvan a repetir.

1984-1988 un pasado cargado de similitudes en el presente

El Ecuador no tuvo dictaduras violentas como las de Argentina, Chile o Bolivia, sin embargo, el período democrático de León Febres Cordero (1984-1988) fue uno de los más violentos y autoritarios de la historia de nuestro país. Paradójicamente y observando las similitudes con el presente, la política de represión del febrescorderato articuló tanto a Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional y sus actividades tuvieron influencia directa de otros gobiernos represores como Estados Unidos, Brasil, Panamá, Argentina y Chile. Su política se basó jurídicamente en la Doctrina de Seguridad Nacional, que fue creada en 1979 por Decreto Supremo Nº 275 durante el Triunvirato Militar.  Según el informe de la Comisión de la Verdad (2010), en base a esta ley se justificaron desapariciones forzadas, represión sistemática, violación de derechos, crímenes de Estado y tortura.

Otra de las similitudes con el presente es que, en este periodo, la gestión estatal estuvo basada en un sistema de desmantelamiento institucional que privilegió los movimientos mercantiles del sector privado, cuyas consecuencias consistieron en una baja eficiencia de lo público y una institucionalidad casi autónoma alejada de los procesos de modernización, sobre la base de una estructura incoherente y con pocas capacidades de coordinación.

Bajo estas condiciones la participación social se vio limitada por el ocultamiento de la información, que también fue resultado de un escenario de descoordinación con respecto a la gestión de la información, que pudiera garantizar transparencia y acceso. Los medios de comunicación corporativos establecieron una coalición mediática para omitir la verdadera violencia del Estado.

Con este fenómeno, efectivamente, el mercado y el poder económico lograron globalizarse, pero el Estado y sus instituciones tuvieron que enfrentar una cadena de problemas derivados de la mundialización económica, la individualización del poder, el incremento de demandas sociales, crisis energéticas y déficits presupuestarios generalizados.

Todo este panorama provocó una serie de problemas de índole fiscal que tuvieron que ser resueltos con fórmulas macroeconómicas que disminuyeron principalmente las formas de articulación social e impulsaron el endeudamiento externo como recurso de paliación de la crisis. Es decir que, al igual que hoy, se generó un estado de incertidumbre enfocado al crecimiento de la brecha entre clases sociales y el predominio de la exclusión social.

En el ámbito jurídico, el gobierno de León Febres Cordero se impuso ante la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el Tribunal de Garantías Constitucionales para justificar sus procedimientos. El gobierno central envió leyes para su aprobación con carácter de urgente, hizo caso omiso a las denuncias de corrupción de los miembros de su gabinete y deslegitimó públicamente a todos quienes se opusieran a su forma de gobierno, todas estas decisiones políticas sumadas a las económicas dieron paso al descontento generalizado de la población.

Por otro lado, la relación de Febres Cordero con el gobierno de Estados Unidos le permitió fortalecer un sistema depredador de los recursos naturales del Estado, de este modo expidieron leyes que facultaban la entrega de áreas amazónicas para la extracción minera, de petróleo e hidrocarburos afectando a pueblos originarios que habitaban esos territorios. La tensión social y las pugnas políticas propiciaron la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE (1986) para la lucha de los pueblos indígenas en contra de los abusos de poder, el despliegue de siete paros nacionales, la sublevación de militares por casos de corrupción y métodos de represión y la articulación del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC).

El ejercicio del miedo

Febres Cordero estableció un sistema de comunicación basado en el ejercicio del miedo que tenía como finalidad identificar, ante la opinión pública, aquellos grupos sociales que representaban un peligro para su régimen, entre ellos muchos relacionados la izquierda latinoamericana y a las organizaciones campesinas e indígenas. Por otro lado, el discurso gobiernista planteó la justificación de acciones represivas en beneficio y salvaguarda de la propiedad privada que, según el gobierno, estaba siendo vulnerada por la activación de focos de acción comunista. Bajo estos aspectos crearon los escuadrones volantes de la Policía Nacional que tenían como finalidad reprimir, capturar y amedrentar a los individuos que mostraran signos de oposición a sus medidas políticas y económicas.

Tal y como sucedió en otros países latinoamericanos, el gobierno constituyó una compleja estructura militar y policial al servicio de la represión de organizaciones y movimientos sociales, catalogados como insurgentes, amparado en la Ley de Seguridad Nacional de 1979. Las actividades destinadas a Fuerzas Armadas y Policía Nacional eran de inteligencia e investigación, hasta 1985 se consideraba a la PN como una fuerza auxiliar del aparato militar.

Debido a los incrementos recurrentes de los precios de combustibles, transporte público, canasta básica y servicios, las organizaciones sociales comenzaron a intensificar su oposición al gobierno. Esto provocó la persecución a los dirigentes sindicales y líderes sociales, inclusive llegando a amedrentar e inculpar a sus familiares por diversos delitos.

Represión, tortura y desaparición

El autoritarismo vigente en todo el período de gobierno de Febres Cordero impuso una dinámica de irrespeto jurídico e institucional, ya que involucró a miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en ámbitos políticos y a la empresa privada en ámbitos de control y uso de la fuerza pública, con la creación de los escuadrones volantes en 1985.

Para hacer efectiva la política de represión, Febres Cordero se valió de la declaratoria de estado de emergencia nacional, instrumento del que hizo uso en las siete huelgas nacionales que se produjeron en su contra. Con este procedimiento pudo movilizar recursos económicos e institucionales para la detención arbitraria de dirigentes políticos, religiosos, medios de comunicación, periodistas y cualquier grupo que representara alguna amenaza al orden establecido.

Es difícil no hacer relaciones directas entre el Ecuador de la década de 1980 y el del 2020, seguramente esta historia que se repite en la actualidad implica que, como sociedad, no hemos aprendido de esos errores y continuamos poniendo en riesgo un futuro que hoy vemos cargado de incertidumbres. Entre 1984 y 1988 (apenas una administración de gobierno) se identificaron 310 víctimas de violación de derechos humanos, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad los casos más representativos fueron relacionados a tortura, privación de la libertad, violencia sexual, ejecución extrajudicial y desaparición forzada (entre el 10 de agosto de 1984 y el 10 de agosto de 1988 se registraron 41 víctimas).

Heridas profundas e irreparables

Luego del gobierno de León Febres Cordero, la desconfianza ciudadana en la justicia determinó un prolongado silencio que fue acompañado por el recrudecimiento de una crisis de inestabilidad política y económica, impulsada por la adopción de políticas de corte neoliberal que hoy, luego de más de dos décadas, volvemos a sufrir. Pese a que en la Constitución del 2008 prevalece el principio de justicia social, no existe autonomía institucional que materialice el mandato constitucional y por tanto que garantice el respeto a los derechos humanos.

La provocación de la derecha en los últimos días me lleva a retomar la reflexión de un libro que tiene gran vigencia en nuestros países latinoamericanos, sobre todo en medio de la pandemia. El Estado Anómico de Peter Waldman (2006) hace una revisión de la decadencia estatal de fines de siglo y cómo la desconfianza en la institucionalidad pública, provocada por altos niveles de discrecionalidad, nepotismo, favoritismo y falta de transparencia en las acciones gubernamentales, hizo que las normas jurídicas e instituciones de control se vean como instrumentos de la mitología política.

Una situación de anomia resulta cuando hay una carencia de normas o reglas legitimadas por la sociedad para dirigir su comportamiento. En nuestro caso, el escenario es un Estado desprovisto de una estructura institucional y orgánica que garantice el orden pacífico y el cumplimiento de las normas enunciadas en los instrumentos jurídicos. Por ello, candidatos de extrema derecha pretenden aprovechar ese estado de anomia para impulsar propuestas que incrementan la violencia.

Violencia y limpieza social

Hay una película de ficción, muy mala por cierto, que escenifica el futuro que Lasso y otros candidatos, proponen con el libre porte de armas. La Purga, que recomiendo solo para graficar esta crisis, supone una propuesta gubernamental de limpieza social mediante el libre uso de armas por parte de la ciudadanía. De ese modo, tanto gobierno como sociedad civil entran en una dinámica de violencia sin precedentes en donde la población se mata entre sí, con el único pretexto de la protección.

Tal vez el ejemplo es extremo y violento, pero no deja de llamar la atención que sean los candidatos los que pretendan armar a la ciudadanía como una oferta de campaña, y que además se piense que eso puede generar votos. Por eso me he permitido utilizar la memoria para traer al presente los hechos traumáticos del pasado, justamente para impulsar un aprendizaje de no repetición y poner en evidencia el riesgo latente de volver a un régimen donde la violencia se convierta en ejercicio cotidiano.

Si la propuesta de Lasso les suena contemporánea, le recomiendo revisar el informe de la Comisión de la Verdad y preguntarse ¿Ese es el futuro que queremos?

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La amistad entre miembros del PSC con Lasso no es nueva. Liliana Febres Cordero, una de las hijas del expresidente León Febres Cordero (1984-1988) subió una fotografía en su twitter donde se ve al banquero y al exmandatario sonriendo y charlando. “Una imagen vale más que millones de palabras”, escribió.

León Febres Cordero fue el segundo presidente por ese partido. Lo antecedió Camilo Ponce Enríquez, fundador de ese movimiento (1952-1956). En el gobierno de Febres Cordero se produjeron varios episodios relacionados a los delitos de lesa humanidad como la desaparición de los hermanos Restrepo. Además, emprendió una feroz persecución contra los miembros de Alfaro Vive Carajo (AVC) un movimiento armado opositor a su régimen.

La hija escritora

Liliana Febres Cordero es la tercera de las cuatro hijas de León. Muy activa en redes sociales con publicaciones relacionadas al trabajo político de su progenitor. Creó el Frente de Reconstrucción Moral. “Un espacio donde ciudadanos honestos y valientes impulsan la restauración ética del país, bajo el pensamiento liberal y de progreso de León Febres-Cordero”, indica su descripción,

A la par escribió un libro que al momento se encuentra en fase de impresión en Colombia. Se titulará León, mi padre y tiene previsto su lanzamiento para diciembre por los 12 años de fallecimiento del expresidente.

También esperan a finales de año, terminar con el trámite de registro de la fundación León Febres-Cordero. El objetivo, de acuerdo a su hija, es mantener vivo el legado y el pensamiento del expresidente a través de la creación de un museo en el que se exhibirán documentos, objetos y pertenencias personales; y la realización de foros en los que se exponga la ideología de Febres.

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