El proyecto de ley avanzó a trámite en materia de económica urgente, según lo propuesto por el presidente Guillermo Lasso. El trámite ahora pasa a manos de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

La delegación junto a la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control serán las encargadas de desarrollar el informe previo a su presentación.

La tarde de este martes se instaló la sesión N° 36 para evaluar el proyecto de Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Además, se revisó la Proforma Presupuestaria 2022, la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022 – 2025, entre otros proyectos de ley.

Reformas

Hasta el momento se designaron comisiones para la revisión y realización de informes sobre las reformas a diversos códigos. Así, las reformas al Código del Trabajo y al Código del Ambiente pasan a manos de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social y a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, respectivamente.

El planteamiento de reforma a la ley de compañías fue designado a la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

Sobre las proformas presupuestarias

La Proforma Presupuestaria 2022, y la Programación Presupuestaria Cuatrianual pasan a la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.

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“El Gobierno Nacional está abierto a escuchar las propuestas que se hacen desde la Asamblea Nacional y desde distintos puntos de las organizaciones sociales o de cualquier otro ciudadano (…) para avanzar en el proceso de obtener los resultados que el pueblo ecuatoriano necesita. En ese sentido, el Gobierno está analizando, en este momento, todas las alternativas que han sido planteadas, inclusive enviar el proyecto de ley de manera diferente. Es decir no conservar la unidad del proyecto como originalmente se planteó”, sostuvo Vela.

De igual forma, ante las declaraciones de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien señaló la víspera que el Legislativo no ha entorpecido ningún proceso y que está dispuesto a que se abran verdaderos canales de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo, Vela aseguró que van a abrir esos espacios solicitados por Llori.

«Existe una modificación de la postura de la Asamblea Nacional, a través del pronunciamiento que ha hecho la presidenta de la Asamblea. En esa línea, existe una apertura de la Asamblea Nacional para considerar este proyecto tan importante para generar empleo”, aseguró.

Sin embargo, Vela reiteró que en el Legislativo existe una clara intencionalidad de bloqueo y también intereses para destituir al presidente Lasso, a través de un juicio político. Aseguró que esto es claro al ver las declaraciones y decisiones que están tomando ciertos legisladores de la oposición, así como el voto igual de las bancadas de PSC, UNES y Pachakutik.

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“Desde hoy, las familias ecuatorianas deben soportar un nuevo incremento del precio de los combustibles (…) Desde que inició el incremento, en el 2020, tras el paro de octubre 2019, el diésel es 69% más caro y la gasolina es 43% más cara”, enfatiza el documento.

La organización reitera que las familias y amplios sectores populares del país no aguantan más estos incrementos. Pues, argumentan, que el costo de la vida sube, los niveles de desempleo crecen y el Gobierno se empeña en facilitar la reducción de los salarios, la jornada laboral y vulnerar más derechos.

“Atravesamos un proceso gradual y sostenido de empobrecimiento y el gobierno nacional no hace nada para solucionar la crisis económica. La CONAIE y el Parlamento Plurinacional de los Pueblos sostienen una agenda de diálogo con propuestas y alternativas para atender las necesidades y temas económicos urgentes de la población. Así como para precautelar la reactivación de la producción y el empleo”, dice el texto.

Sin embargo, lamentan que, hasta ahora, el Gobierno ignore su intención de alcanzar acuerdos. “Al contrario, ha emprendido -sin éxito- una campaña de división de nuestro tejido social y organizativo. Ha primado el desencuentro antes que un verdadero diálogo”, expresan.

Lasso en los Pandora Papers

Reiteran también que, a esta situación, se suma la escandalosa vinculación del mandatario con un entramado de propiedades e inversiones en paraísos fiscales, usados para evadir el pago de impuestos y ocultar la riqueza de la regulación de las autoridades.

Ante esto, señalan su disposición para ayudar en las acciones de control y fiscalización, emprendidas por la Asamblea. “Los nexos de Guillermo Lasso con los Pandora Papers ponen en cuestión la legitimidad de la investidura presidencial. No se puede permitir que, quién está cuestionado por usar paraísos fiscales, insista en precarizar las condiciones de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas”, argumentan.

La CONAIE informó que, en los próximos días, las organizaciones sociales, de trabajadores y del movimiento indígena mantendrán asambleas regionales, provinciales y locales.

El viernes 22 de octubre será el consejo ampliado de la CONAIE, desde donde anunciarán su postura y las acciones que tomarán, ante la situación del país y la defensa de los derechos.

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“Yo pongo en tela de duda la verdadera intencionalidad del presidente de la CONAIE. Desde luego que sería irresponsable asumir que esa es la posición de la CONAIE, porque nosotros hemos podido constatar que existe diversidad de opiniones”, señaló en una entrevista con Radio Quito.

De igual forma, enfatizó en que, personalmente, no ve sinceridad en Leonidas Iza, en torno a su requerimiento de diálogo. “Su declaración no da la pauta de alguien que hable con seriedad”, afirmó.

Además, fuentes explicó que, según la teoría política, cualquier presidente de la Republica no tendría necesidad de estar dialogando con sectores que mantienen posiciones diferentes, a lo que constituye su propuesta electoral. Porque se supone que, en las urnas, los ciudadanos entregan su voto de confianza, respaldando un plan de gobierno”, aseveró.

Dijo, que el presidente debería limitarse, en estricto sentido, a tratar de concretar esas propuestas de campaña.

También informó que en el encuentro entre la CONAIE y el Gobierno, Lasso invitó a Leonidas Iza, para que participe en la Cumbre del Clima de Glasgow, en Reino Unido. Aseguró que la idea es demostrar, frente a los interlocutores internacionales, cuál es la posición del presidente Lasso, respecto al tema ambiental.

“No sé si el señor Iza acepte. En cualquier caso, el diálogo no se agota con la CONAIE. No representa a la totalidad del movimiento indígena y tampoco el movimiento indígena es el único segmento social”, afirmó.

Gobierno vs Asamblea

Respecto a la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, Fuentes afirmó que hay vientos de desestabilización. “Lo sucedido con la propuesta de Ley no es en el fondo un tema de discusión constitucional o jurídica, ese es el pretexto. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado anteriormente sobre la conexión de los temas”, dijo.

Aseguró que existe un problema de carácter político . “Como es de conocimiento público, el asambleísta Fernando Villavicencio, desde que se inició el periodo actual de la Legislatura, ha venido denunciando una serie de hechos que ponen en evidencia un manejo poco decente de algunos asambleístas que, con anterioridad, han ejercido funciones públicas. En la Asamblea Nacional, en forma descabellada, asumen que esa actitud del asambleísta Villavicencio es parte de una colusión con el Gobierno”, mencionó.

Aseguró que el Consejo de Administración Lagislativa de la Asamblea (CAL) utilizó una figura que no existe legal ni constitucionalmente, para no tramitar la propuesta del Ejecutivo. “Si es que fuera un tema que está siendo sujeto de análisis jurídico, lo lógico es que apliquen las normas constitucionales que están en vigencia. Simplemente evitan que la propuesta sea tratada”, manifestó.

Recalcó también que, al momento, en la agenda de preocupaciones del Gobierno, no consta la opción de articular la muerte cruzada.

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«Octubre no es anarquía, es concordia. Octubre no es sumisión, es fraternidad, octubre no es oscuridad es luz. En octubre nacimos como democracia. En octubre nos unimos para decirle basta al autoritarismo que solo quiere imponer el miedo (…) A quienes digan que octubre debe significar -y aquí usamos sus palabras- violencia sagrada, nosotros les decimos que solo la libertad, nuestra independencia y las leyes son sagradas”, recalcó.

Asimismo, enfatizó en que en la Ley de Creación de Oportunidades están todos los mecanismos para cumplir con sus ofertas de campaña. El mandatario explicó que el proyecto de Ley impulsará la contratación y creará emprendimientos; reactivará la economía; y liberará el flujo de inversiones.

Dijo que en la Ley están los mecanismos para cumplir con los dos millones de empleos ofrecidos, pues se establece la ruta para crear zonas francas, que atraerán inversiones para nuevos empleos. También sostuvo que se contempla las reformas a las telecomunicaciones para que niños, jóvenes y comunidades rurales puedan acceder a estos servicios.

Respecto a las reformas laborales, expuso que le parece una enorme contradicción defender los derechos adquiridos de unos pocos, mientras se condena a los ecuatorianos más vulnerables. “Ese no es el espíritu generoso, liberal y solidario de octubre”, puntualizó.

Reiteró que la Ley es la vía para cumplir con todas las promesas por las que el Ecuador votó. «Se la puede mejorar, seguramente que sí. Se la puede perfeccionar con la contribución de todos, sería lo ideal. Pero argumentar que no se la apoya porque el Gobierno no está cumpliendo con las promesas de campaña no tiene ningún sentido”, dijo refiriéndose a las declaraciones hechas por el PSC.

Concluyó su discurso llamando a la unidad a todos los “demócratas” del Ecuador. “A todos aquellos que siguen creyendo en los armoniosos cánticos del verdadero octubre, les hago un llamado de unidad. De nuestro lado, siempre debemos estar quienes seguimos creyendo en los mismos ideales de libertad, que desde Guayaquil, se expandieron por todo el país”, dijo.

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Quito 05 de Oct (La Calle). – Ronny Aleaga, integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), sostuvo que se debe consultar al pueblo ecuatoriano, sobre si estaría de acuerdo con la reducción de los derechos laborales. En cuanto al “golpe tributario” sugiere ir a consulta.

Esta información la reveló en el noticiero La Ventana Radio La Calle. Según Aleaga, es necesario que el pueblo escoja “y que no se piense que la Asamblea Nacional está entorpeciendo el proceso de ley”.

Así también, ratificó que el CAL ha cumplido con su trabajo y que no, en la actualidad, “no está corriendo ningún tiempo” en cuanto a la Ley de Creación de Oportunidades.

Dio a conocer que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ha mantenido “una agenda en contra de la institucionalidad de la Asamblea; denunciando y deslegitimando a varios legisladores. “

Al respecto, sostuvo el presidente de esta comisión “demuestra desconocimiento de la ley orgánica de la función legislativa de la Constitución y la Ley”  

El Régimen ha demostrado incapacidad, Ronny Aleaga

Según Aleaga, esta agenda va con sintonía con el gobierno puesto que, el régimen actual ha demostrado su incapacidad y quemeimportismo.

“El mismo gobierno será el encargado de tomar las acciones correspondientes contra los funcionarios que desconocen de la Ley y no han hecho bien su trabajo. El primer paso que se debe hacer es buscar un buen equipo jurídico”

La estrategia de desgaste que ha estado implementando el Gobierno es reducir la solvencia moral de la Asamblea Nacional en su trabajo de fiscalización.

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“Sin embargo, si el presidente y su gobierno persisten en estas ideas, coincidimos en que se llame a una Consulta Popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida en las urnas sobre asuntos que afectan sus derechos constitucionales”, advirtieron.

Además, en el documento reiteran que el Proyecto de Ley presentado por Lasso, no fue calificado por incumplir los requisitos legales establecidos en el artículo 136 de la Constitución y en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. “En ningún caso ha sido negado como erróneamente informa el Gobierno Nacional”, señalan.

De igual forma, reiteran que la responsabilidad de la función Legislativa es proponer, discutir, estudiar, votar, aprobar o rechazar iniciativas y proyectos de ley, amparados en el marco Constitucional y la ley. En este sentido, enfatizan en que no puede ser entendido como un bloqueo a las iniciativas gubernamentales.

“La decisión del Consejo de Administración Legislativa no anula la presentación y debate de una nueva iniciativa de ley, pero sí evita el posible cometimiento de inconstitucionalidades y deja sin efecto el plazo de 30 días para que la iniciativa del gobierno pueda aprobarse por el ministerio de la ley”, indica el texto.

También aseveran que las diversas posiciones deben respetarse como la esencia misma de la democracia y como fundamento de independencia entre las funciones del Estado.

Asimismo, reiteran que el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades no responde a las demandas sociales.

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En el documento aseguran que, en articulación con toda la bancada, tomarán una postura y compromiso a favor de todos los ecuatorianos.

“Izquierda Democrática no apoyará las reformas tributarias que afectan a la clase media y a las personas con menos recursos. Proponemos que el principio constitucional de progresividad reflejado en la necesidad de que “el que más tiene sea el que más pague” efectivamente se cumpla. De igual manera, trabajaremos bajo la premisa de crear mayores fuentes de trabajo con empleo digno”, señala el escrito.

Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) también publicó un pronunciamiento. “Más allá de que nuestra bancada legislativa es la Única que no tiene presencia en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), por decisión expresa del actual gobierno y que, por ende, no decidirá el trámite ni la calificación del Proyecto de Ley (…) siempre respaldaremos cualquier iniciativa constitucional para que sean los ecuatorianos en las urnas y a través de una Consulta Popular quienes se pronuncien sobre temas tan delicados y de tanto interésl”, señalan

Asimismo, recalcan que el proyecto de Ley tiene aspectos positivos y otros muy negativos, lo que ha generado visiones contrarias al interior de la Asamblea Nacional.

En ese sentido, advierten, que impulsarán el debate público y ciudadano como la mejor alternativa para la democracia.

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“El país demanda el tratamiento de varios cuerpos normativos que resultan, en este momento, una necesidad para la reactivación económica. En ese sentido, primero sobre la base jurídica, hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece que cuando un proyecto tiene un hilo conductor puede ser tratado de manera conjunta”, aseguró.

Durante una entrevista con Impacto Informativo, Andrade sostuvo que nunca existió un proyecto que cambie solo una Ley. Mencionó que hay más de 31 leyes y que tratarlas individuamente tomaría mucho tiempo.

Asimismo, indicó que ante una Constitución hiperpresidencialista, un proyecto como la «megaley», les brinda a los legisladores la posibilidad de modificar, moderar, mejorar y hasta incluir otros temas.

“Es decir, podemos hacer cambios (..) tenemos asesores, todo eso pagado por la Asamblea. Por lo tanto, estos equipos de trabajo tienen que ponerse, estos treinta días, a revisar la normativa, para ver en qué puntos podemos buscar un equilibrio en las propuestas”, aseveró.

Reiteró que la Legislatura no puede renunciar a esa potestad. “No podemos dejar que el país se caiga a pedazos. Estamos en una situación absolutamente crítica, tanto en el tema de la crisis económica, como en la pandemia que continúa. Ha habido una exitosa vacunación, pero hay que continuar la reactivación y para eso necesitamos estas normas. Muchas de ellas que abonan sobre al trabajo”, dijo.

Respecto a la conformación del CAL, Andrade señaló que los votos que podrían impedir el paso de la Ley a trámite, podrían ser los del legislador de UNES, Ronny Aleaga Santos; de Guadalupe Llori y Darwin Pereira, de Pachakutik; y de Bella Jiménez, ex ID.

Señaló que Nathalie Arias, de CREO; el independiente Virgilio Saquicela; y Johanna Moreira, podrían ser los votos que faciliten el paso de la normativa.

Reiteró que es una responsabilidad de la Asamblea abrir la socialización de la Ley. Asimismo, enfatizó en que no deberían existir posiciones partidistas. “Tiene que partir del beneficio del país. Nos guste o no, Guillermo Lasso ganó las elecciones y la Constitución le da la definición de la política económica y tributaria”, aseguró.

De igual forma, argumentó que no deberían entrar en una confrontación inútil y que hay que abrir el pensamiento a nuevas modalidades de contratación. “Tenemos un código caduco, que además fue modificado en el correísmo, para hacerlo más estatista», sostuvo.  

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Quito, 27 sep (La Calle).- El ámbito laboral del proyecto de ley «Creando Oportunidades» eliminará, de ser aprobado, los procesos de inspección laboral al finalizar contratos, según lo establecido en los artículos 70 y 75.

Para Dayana esta es una preocupación permanente. Es una de las muchas emprendedoras que vieron quebrar sus negocios durante la pandemia.

«Hace quince días fue contratada en una cadena de comida rápida, allí me plantearon ya varias normativas similares a las expuestas en los artículos 70 y 75 del proyecto de ley. Dayana no estuvo de acuerdo y renunción. No aceptó, por ejemplo, el hecho de que al existir filtración de información se le cobraría un 20% de su sueldo en beneficio del empleador».

Opinión ciudadana

Jóvenes emprendedores dicen estar de acuerdo con lo planteado en los artículos 70 y 75. Según señala Mauro Llumiquinga, emprendedor, “son principios personales y laborales con los cuales un empleador debe cumplir”. Por otro lado, Marco Recalde, emprendedor, indica que no existe un análisis adecuado en torno a estas leyes. Además, indicó que este proyecto «ajusta más al empleado». Sin embargo, recalcó que estas leyes le dan apertura a que los empleadores para que puedan “inventar excusas para despedir a un empleado”.

Artículo 75

El artículo 75 menciona que en caso de que «el contrato terminase por una de las justas causas indicadas en el artículo 70 de esta ley, el empleador deberá pagarle al trabajador la bonificación por desahucio y las indemnizaciones por despido intempestivo».

¿Qué hay de fondo?

Mauro Andino, analista político, señala que la desinformación es un factor determinante para que la ciudadanía este de acuerdo con los artículos 70 y 75.

Asimismo, mencionó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) podría devolver el proyecto al legislativo. Se trata de un proyecto que engloba muchos temas que no caben dentro del económico urgente.

En cuanto al tema laboral señaló que se trata de un proyecto que no tiene unidad de materia. Los temas laborales podrían haberse presentado en un solo proyecto frente al Ministerio del Trabajo.

Inspección laboral

Respecto al artículo 70, Andino menciona que a través de la implementación de esta ley se eliminaría el trámite de pasar por un inspector del trabajo que de cuenta y regule el proceso de «trámite de visto bueno», mientras que el artículo 75, dejaría al trabajador sin liquidación y otros beneficios que plantea el «actual código del trabajo».

En el actual código del trabajo existen dos vías para terminar la relación laboral con el trabajador. El despido intempestivo, donde el trabajador tiene derecho a una remuneración por cada año de servicio y adicionalmente el 25% de la última remuneración por cada año de servicio en relación al desahucio

En el caso de trámite de solicitud de visto bueno, el trabajador solo recibe las remuneraciones correspondientes a décimos, pero no a porcentajes equivalentes a sus años de trabajo.

“No hay paridad frente a esta nueva ley, además se desencadenaría un proceso de inestabilidad laboral en el país” añadió Andino.

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El documento, en el artículo 22 del Capítulo II, indica que: “los adolescentes que han cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para celebrar contratos como trabajadores, sin necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su remuneración y los beneficios del contrato individual, del contrato colectivo y de este libro”.

La Constitución del 2008, en el numeral 2 del artículo 46, referente a la seguridad de niños, niñas y adolescentes, señala que el Estado adoptará una protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. También establece que se prohíbe el trabajo de menores de quince años y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.

Además, resalta que el trabajo de los adolescentes será excepcional y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal.

En materia laboral, el proyecto también contempla flexibilizar las modalidades de contratación, las jornadas de trabajo, así como extender los contratos alternativos hasta 4 años.

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Para el experto económico, Pablo Dávalos, este anuncio tiene que ver con el proyecto neoliberal y privatizador de la salud, que impulsa el Gobierno de Lasso.

Dávalos explicó, en una entrevista para Radio La Calle que en las reformas financieras se incorpora a la medicina prepagada. “Una de las atribuciones que tiene el directorio financiero es regular la medicina prepagada. Es decir, la medicina prepagada ya está considerada como una actividad financiera, no como una actividad de salud pública”.

Explica que al considerar la medicina como una actividad financiera y luego ponerla dentro de una Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), el Gobierno puede estar pensando en la desarticulación del Sistema Nacional de Salud y en la promoción y protección de un sistema privado de salud, con un régimen diferente al existente.

“Por ejemplo, tenemos una ZEDE en Tababela. Si empiezan a a venir inversiones, como hospitales, tienen un régimen totalmente distinto. Están por fuera de toda la autoridad sanitaria de salud, porque gozan de exenciones tributarias, y regulaciones en virtud de que son zonas francas. Si eso se replica por todo el país, las empresas privadas llegan a ese nuevo modelo de negocios, en las zonas francas, y se debilita el sector público de salud”, indicó.

Asimismo, advirtió la posibilidad de que el tema de la privatización de la salud podría incluirse en la consulta popular, a través de preguntas mañosas.

“Preguntarle al ciudadano si desea tener una cuenta individual de aportaciones, de tal manera que sepa exactamente cuanto ha aportado y sobre eso tener utilidades e intereses a futuro, cuando se jubile. Es decir, la privatización de la seguridad social. Son preguntas muy tramposas porque el ciudadano desconoce el contenido real que tiene eso”, aseguró.

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Recalcó que la Asamblea es una institución vital para que prevalezca la voluntad soberana del pueblo y para defender a los más humildes, contra el abuso del poder.

“Solo los necios, los oportunistas, los codiciosos, los enfermos de ambición son tan irresponsables para conspirar contra la Asamblea. No entienden que al hacerlo están arriesgando la estabilidad, la gobernabilidad y la paz”, argumentó.

Llori aseguró que con el proyecto de Ley en las manos, conocerán la hoja de ruta que el Gobierno le propone al país, para combatir la pobreza, detener el desempleo y la precarización del trabajo en el campo y la ciudad. Así como para cumplir con la garantía constitucional de acceso a salud, educación y promover el desarrollo económico.

“A partir de hoy, el país podrá analizar si en este plan se expresan realmente los anhelos de los trabajadores del campo y la ciudad. De la clase media, agobiada por las deudas y sin trabajo. A partir de hoy conoceremos si el dolor de las familias de los maestros jubilados, que fallecieron sin recibir sus pensiones, se reivindica reconociendo a los afiliados a la seguridad social lo que les corresponde por ley”, expresó.

Le recordó al presidente Lasso que esta propuesta será intensamente debatida por la Legislatura y la sociedad civil. Además, advirtió que en una democracia deben considerarse los criterios, de los distintos sectores, de manera inclusiva, responsable y sin satanizar las diferencias.

“Esta asamblea y el pueblo ecuatoriano, sus gremios, asociaciones, movimientos, partidos políticos, vamos a expresarnos con nuestros legítimos acuerdos o desacuerdos, sobre el camino que su Gobierno nos invita a recorrer (…) Esperamos se abra con más empleo digno y menos impuestos. Con mayor acceso al crédito productivo y menos intereses usureros del sistema financiero privado”, argumentó.

Reiteró que la Asamblea no legislará por capricho ni imposición de nadie. Asimismo, sostuvo que la institución se compromete a procesar la propuesta de Ley de manera responsable, rápida y técnica, cumpliendo con los plazos que determina la ley.

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